61 resultados para Declaración de la Independencia
Resumo:
Comentarios a Jaime Rodríguez, La revolución política durante la época de la Independencia. El Reino de Quito, 1808-1822, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E)/Corporación Editora Nacional (CEN), 2006.
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Comentarios a Jaime Rodríguez, La revolución política durante la época de la Independencia. El Reino de Quito, 1808-1822, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar (UASB-E)/Corporación Editora Nacional (CEN), 2006.
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Trata de la justicia como un derecho, se enfoca en la crisis de la justicia ecuatoriana, analizando la relación entre justicia y el nuevo marco constitucional del 2008, su adecuación, la normativa secundaria a la misma y los proyectos de ley presentados. analiza la institucionalidad que se establece a partir de la nueva Carta Magna. Análiza las políticas públicas de justicia desarrolladas en el año 2009, tomando como referentes: el Plan Nacional de Desarrollo, los programas institucionales específicos, el presupuesto y algunos de los ejes del proceso de modernización de la justicia. Detalla los ejes del proceso de modernización y la independencia judicial. Da a conocer los casos de sentencias por violaciones a los derechos humanos en el 2009.
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Impulsado por las experiencias vividas en cuatro años de Magistratura en el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, considero importante investigar y razonar sobre la facultad oficiosa del juzgador tributario para ordenar a las partes la presentación de nuevas pruebas o disponer la práctica de cualquier diligencia investigativa para el mejor esclarecimiento de la verdad o para establecer la real situación impositiva de los sujetos pasivos. El trabajo se compone de dos capítulos; en el primero considero adecuado partir del concepto de Jurisdicción, y los poderes que surgen de la ella. Luego me refiero a las cualidades que deben tener los órganos jurisdiccionales tributarios; sin duda, dos esenciales, la independencia y la especialización. Incluyo un sucinto estudio del contencioso tributario. En el Capítulo Segundo, desarrollo el tema central de la investigación “la facultad oficiosa del juzgador en los juicios tributarios”. La capacidad del juez para determinar con precisión, frente al caso concreto, la prueba que los obligados directos, responsables o terceros o la administración, deben permitir, exhibir o incorporar al proceso. No se debe olvidar que el sistema ecuatoriano, prevé que la sentencia debe decidir los puntos que conforman la litis y además aquellos otros que tengan relación directa y comporten control de legalidad. Previamente se hará referencias a la ponderación que debe observar el juez para ejercer la facultad oficiosa; y al razonamiento jurisdiccional frente al hecho incierto; normalmente la divergencia no se sitúa en las fuentes de prueba, sino en demostraciones fácticas. Finalmente, propongo algunas conclusiones sobre el tema central propuesto.
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Don Simón Rodríguez, el educador popular, impugnó a finales del siglo XVIII la que denominó, construcción de una ciudad escrituraria, montada en la negación cultural, política, social y económica de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los criollos pobres, los expósitos. Esta tesis busca restaurar la dimensión histórica de don Simón Rodríguez, creador contra-hegemónico y anticolonial, presente en los movimientos de liberación y emancipación que alimentan la educación popular en América Latina, en las últimas tres décadas; explicita sus aportes teóricos, revela su práctica pedagógica y política. La tesis está dividida en cuatro capítulos y las conclusiones: 1. La matriz colonial educativa imperante en el momento de la independencia. 2. Semblanza de Don Simón Rodríguez. 3. Don Simón Rodríguez: un nuevo lugar de enunciación 4. José Martí y Simón Rodríguez: viaje descolonizador. 5. Conclusiones. Como educador popular pretendo que dialoguen saberes y conocimientos de la educación popular con la academia y entregar una reflexión a los educadores populares; un instrumento para que en distintos contextos amplíen su caja de herramientas pedagógicas y políticas, a punto de conmemorar el bicentenario de la independencia.
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A nivel internacional existe consenso respecto a la importancia que tiene el marco institucional para el funcionamiento eficiente del sistema financiero y para la generación de incentivos correctos para mantener la disciplina de mercado. Por eso mismo, durante los últimos diez años, se ha estado discutiendo, especialmente a nivel técnico, respecto de las condiciones de una nueva arquitectura financiera internacional que se ajuste a la realidad de un sistema financiero globalizado, y se han generado políticas, lineamientos y mínimos estándares para los sistemas financieros que han sido recogidos fundamentalmente por normas informales conocidas como softlaw y por órganos igualmente informales. La Declaración de la Cumbre del G20 en Washington de noviembre de 2008 estableció cinco principios comunes para reforma del sistema financiero que deben ser considerados en esta nueva arquitectura, a la que se puede definir como ""el establecimiento e implementación, a nivel nacional e internacional, de reglas, principios y arreglos institucionales que aseguren la estabilidad del sistema financiero internacional, previniendo las crisis y estableciendo los mecanismos institucionales para enfrentarlas o mitigarlas"". Sin embargo de esto, no existe una conciencia clara de que el problema de la nueva arquitectura financiera internacional es un problema ante todo jurídico: los órganos informales creados y el softlaw son insuficientes para crear las condiciones necesarias para asegurar el obligatorio cumplimiento y la aplicación general de este marco de regulación financiera global. Además, el principio de la soberanía de los Estados, base de los ordenamientos y sistemas jurídicos actuales, de naturaleza fundamentalmente nacional, y norma fundamental para las relaciones entre Estados, en el Derecho público internacional, vuelve complejay demorada la creación de un nuevo sistema de gobernanza global que viabilice esta nueva arquitectura financiera internacional y permita devolver rápidamente la confianza perdida y la estabilidad de este nuevo sistema financiero global.
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El tema de la comunicación política y sus efectos en la sociedad, ha sido motivo de numerosos análisis en la actualidad, por haberse producido un descentramiento de la política como mediadora entre los ciudadanos y el gobierno, estableciendo los medios de comunicación la agenda política y generando una opinión pública vacía de contenidos. El discurso político obedece más que a una ideología seguida por partidos políticos a las estrategias publicitarias del marketing político y la video-política, empleando técnicas de mercadeo que convierten al líder político en un ‘producto’ y al ciudadano en un ‘consumidor’. De ahí que nos interesara examinar en la política sus procesos, y formas expresivas: en el teatro, la pervivencia de la ritualidad, y en el marketing y la video-política, las técnicas y procesos empleados en la construcción del personaje político. Los cambios que se han dado en la política responden sobre todo a la economización de los medios, al surgimiento de los canales privados de televisión, que actualmente representan a los intereses de consorcios globalizados. Analizamos este proceso en la realidad colombiana y aplicamos las nociones de teatralidad y videopolítica al surgimiento de un liderazgo como el de Antanas Mockus. De ello concluimos que la evolución de los procesos políticos, el cambio de valores y la inmediata emergencia de símbolos que los legitiman, son teatrales y que el ‘Estado seductor’ deberá comprender y servirse de las técnicas y recursos del teatro y la videopolítica, campos donde el orden simbólico se expresa con claridad y contundencia, para recobrar el sentido de la política, que la academia tiene mucho que aportar en este sentido, que de ello depende la independencia ideológica de América Latina y la posibilidad de dar respuestas acertadas a las demandas sociales.
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¿Qué es el poder local? y ¿Cuáles son las potencialidades de estos actores para la construcción nacional? son las dos preguntas clave que articulan este trabajo, realizado en el Corregimiento de Riobamba, entre los años 1750 y 1820. Espacio con población predominantemente indígena, ubicado en la sierra centro de la Audiencia de Quito y especializado en la producción obrajera. En esta temporalidad, abordamos la constitución del poder local y el comportamiento de los actores en coyunturas producidas antes, durante y posteriores a la revolución de Quito de 1809, que es el hito fundacional de la construcción del estado nacional, para lo cual, hemos revisado una gran cantidad de fuentes primarias, rescatando la fuerza de la narrativa histórica y el análisis estructural de su principales elementos económicos, sociales e ideológicos. El estudio analiza el funcionamiento del poder local que se basa en elementos de antiguo régimen: venalidad, exclusión indígena, transgresión, corrupción y control ideológico. Analiza las continuidades y los modestos cambios que ese pensamiento experimentó, sobre todo en algunas de sus facciones más dinámicas. Analiza las redes cerradas integradas por facciones familiares y grupos de interés, que mantienen una serie de disputas y/o alianzas en las diversas coyunturas, donde las facciones plantean proyectos para procesar la crisis obrajera, desarrollar un proyecto minero, la consolidación de la hacienda, el traslado de la ciudad y la participación en las primeras guerras de la independencia. Hemos encontrado una elite periférica, poco activa y de escaso peso en las transacciones en la construcción del estado nacional, tanto por su dependencia con la administración de Quito y Bogotá, como por su carácter tradicional, que terminó construyendo una hacienda que impidió el desarrollo de ese espacio. Al mismo tiempo, vemos una elite con escasa potencialidad para construir una nación incluyente, que en la transición profundizó prácticas raciales que los llevó a excluir a los mestizos, a los indios e incluso a los caciques, como por su alineamiento con el pensamiento de antiguo régimen, que los hizo desechar cualquier reforma. Sin embargo, los acuerdos de las diversas facciones y los distintos alineamientos con las elites de otras regiones, les permitió mantener el control de la provincia, sujetar a los subalternos y participar a través de una serie de enlaces con facciones inter-regionales en la construcción del Estado.
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La Revolución de Quito de 1809 no fue un movimiento por la independencia. Lejos de ello, se trató de una reacción local ante la crisis de la monarquía española. A lo largo del siglo XVIII, el Reino de Quito experimentó un declive económico, político y jurídico. Supeditado a las capitales de dos virreinatos –Lima y Santa Fe–, Quito buscaba el estatus de una capitanía general independiente con el fin de liberarse del dominio de Nueva Granada y Perú. Convencido de que España estaba perdida y de que los españoles en Quito traicionarían al reino y aceptarían el gobierno francés, un grupo de quiteños tomó el control del gobierno y puso en práctica un programa que garantizara la autonomía y que promoviera sus intereses económicos. No obstante, otras provincias del reino, cuyos intereses se vieron amenazados, se opusieron a Quito y unieron fuerzas con los virreyes de Perú y Nueva Granada para extinguir el levantamiento que duró unos tres meses.
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A partir de la conjugación entre historia de la historiografía e historia de la colonización portuguesa en América, este artículo propone el uso de las categorías pasado y futuro desarrolladas por Reinhart Koselleck como herramientas para la comprensión de los significados de construcción de una Historia de Brasil en el siglo XVIII. En esta perspectiva, el trabajo recurre a los soportes formales de las narrativas sobre el pasado colonial portugués, de matriz setecentista y seiscentista, así como a otras fuentes relacionadas. En este sentido, el artículo reevalúa las formas narrativas que, en los años posteriores a la independencia brasileña, forjaron un relato histórico unificador del pasado nacional.
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Los derechos colectivos indígenas al territorio y autodeterminación en la Constitución ecuatoriana del 2008, son analizados con base en dos elementos fundamentales: la injusticia cultural y a la injusticia distributiva de las que han sido objeto los pueblos originarios a lo largo de los siglos. Para el efecto se parte de una caracterización del Estado de Derecho y se concluye con la del Estado plurinacional. La crisis del Estado de derecho y del Positivismo jurídico, introducen al estudio del paradigma neoconstitucional; en el marco del constitucionalismo social latinoamericano y de lo que en esta investigación de designa como constitucionalismo originario indígena, y su incidencia en la conformación del Estado constitucional de derechos, plurinacional. Los derechos colectivos al territorio y autodeterminación se elucidan en el marco de la acción emancipadora del movimiento y su enfoque socio-cultural, considerando las prescripciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita en el 2007. Tales derechos se problematizan a partir del “Proyecto histórico” de la CONAIE, su positivación en la Constitución ecuatoriana del 2008, y como se operacionalizan en el gobierno de la Revolución Ciudadana, para la transferencia de las competencias políticas, administrativas, económicas y legales que demanda el ejercicio del poder indígena en los territorios ancestrales. Desde esta perspectiva se connota la tensión de las relaciones entre el movimiento indígena y el Estado, debido a la inobservancia de la prioridad axiológica de los derechos de los pueblos originarios establecida en los instrumentos internacionales y en la propia Constitución. Se trata de ver si la constitucionalización de los “derechos al territorio y autodeterminación” coadyuva a profundizar la base teórica, categorial e institucional del Estado plurinacional, que guie a la subsunción del Estado en lo colectivo y a la transformación de las relaciones de poder.
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La presente investigación tuvo como principal objetivo el realizar una propuesta estratégica para el sector palmicultor de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia, caso “La Villegas”. En el Capítulo I se detalla el marco teórico que se utilizó como base para el desarrollo de la investigación realizada. En el Capítulo II se realizó un análisis del sector productor de palma africana, iniciando con una descripción general del proceso productivo, observando factores como precio, canales de distribución, competitividad, mercado, niveles de producción y productividad. El Capítulo III contiene un diagnóstico de la situación actual de la hacienda La Villegas, destacando su principal problemática como la disminución de los niveles de productividad y competitividad del sector, dentro del análisis del macroambiente, se utilizó el modelo de las fuerzas competitivas de Porter, que incluye la competencia de los productores de palma aceitera, potenciales competidores, productores sustitutos, poder de negociación de compradores y distribuidores. Además se realizó un análisis PEST, en el que constan los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Para el análisis del microambiente se revisaron niveles de producción, ventas y situación financiera de la hacienda, así como la identificación de los clientes tanto internos como externos y las matrices de perfil interno, externo y levantamiento del perfil competitivo, también se realizó la matriz DOFA, mediante la cual se identificaron fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con sus respectivas estrategias. En el Capítulo IV se realizó la propuesta estratégica, que contiene la declaración de la misión, visión, valores, objetivos, estrategias y planes operativos. En el Capítulo V se detallan las conclusiones y las recomendaciones de la investigación.
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El presente trabajo tiene como propósito ratificar la importancia del derecho procesal enfocado desde la garantía jurisdiccional de la acción de protección contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República, como herramienta idónea y eficaz para tutelar de los derechos de los servidores públicos ante el advenimiento de la compra de renuncias obligatorias con indemnización como causal de cesación de funciones. Para el efecto se ha realizado el análisis cuantitativo de las sentencias de acción de protección interpuestas por servidores públicos en el trimestre de noviembre de 2011 a enero de 2012 en la ciudad de Quito, en una suerte de inseguridad jurídica ante la ausencia de argumentación jurídica y motivación de estos fallos. En el primer capítulo se aborda la acción de protección en el estado constitucional en línea con los derechos al debido proceso y la motivación. Un segundo capítulo trata sobre la argumentación jurídica de las sentencias frente a las compras de renuncias que inmiscuye: la admisibilidad y procedencia de la acción de protección, sus filtros procedimentales -fondo y forma- , la independencia judicial y la desnaturalización de la esta garantía ante el tema de fondo –la compra de renuncias obligatorias con indemnización. Finalmente, se realiza un análisis de la Sentencia No. 003-13-SIN-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 154 de 03 de enero de 2014, respecto de la acción de inconstitucionalidad interpuesta respecto del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813.
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La presente tesis tiene como propósito determinar si la acción extraordinaria de protección ha generado en Ecuador la denominada guerra de cortes, entre las altas cortes de justicia ordinaria y constitucional, a partir de la Constitución de 2008. Sus objetivos son establecer la naturaleza, objeto, características y trámite de la mencionada acción, para poder determinar sus alcances y límites; y conocer los motivos por los cuales se origina una guerra entre cortes, para lo cual se revisará brevemente lo ocurrido en los casos italiano, español y colombiano. Adicionalmente se estudiará el caso ecuatoriano con la finalidad de concluir si tal guerra se da en las circunstancias bajo las cuales se ha desarrollado la acción extraordinaria de protección. Se utilizó los métodos de investigación: descriptivo, comparativo y analítico, siendo la jurisprudencia una fuente de información muy útil durante todo el trabajo, la cual alimentó los capítulos que componen la tesis. Se concluye que la acción extraordinaria de protección, es una garantía jurisdiccional excepcional, de carácter residual, cuyo objeto es la protección de derechos constitucionales que puedan ser vulnerados a través de fallos judiciales. Esta acción se constituye en un avance en la materia, siempre que no sea tergiversado su propósito, se cumplan sus fines y no se convierta en una nueva instancia. Finalmente, se determina que han existido varias fricciones entre la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia, en un inicio, advirtiéndose la acción extraordinaria de protección como una amenaza a la independencia de la justicia ordinaria; por existir contradicción entre jurisprudencia vinculante; y por considerar que existen algunos casos donde la Corte Constitucional ha invadido indebidamente ámbitos que le conciernen a la justicia ordinaria. Sin embargo, pese a estos problemas, existe voluntad entre las dos altas cortes de justicia del país, para buscar acuerdos a través del diálogo jurisdiccional, no habiéndose conocido enfrentamientos entre la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia, que hayan sido de gran trascendencia, motivos por los cuales se concluye, que no existe “guerra de cortes” en Ecuador a partir de la Constitución de 2008.
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La autorización de comercialización de un medicamento requiere como uno de sus requisitos la presentación de información referente a los estudios de seguridad y eficiencia de sus principios activos, información que es considerada como un secreto industrial o empresarial dependiendo de la legislación, figura que se comenzó a proteger debido a sus implicaciones económicas relacionadas a un mejor aprovechamiento de la patente desarrollándose de manera diferente en las normativas, que a su vez le ofrecieron distintas formas de protección y utilización. En el contexto internacional, los datos de prueba de medicamentos son legislados por primera vez en 1965 dentro de las directivas emitidas por la Comunidad Europea, en la que se otorgaba un derecho subjetivo al titular por un determinado periodo de tiempo. En el contexto multilateral de marco de la OMC, se introduce el tema de la protección a la información no divulgada en 1994, con la creación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en los cuales se reconoce una protección indirecta, que se basa en el derecho de la competencia, situación que además genera una reacción por parte de los países en desarrollo, debido a que el establecimiento de una protección a este tipo de información por medio de la propiedad intelectual no solo significaría el aumento en el costo de medicamentos sino también incidirá en el problema de falta de inversión en la investigación y desarrollo de medicinas que respondiesen a sus necesidades, situación que propició una declaración en la que se compromete a los países desarrollados a paliar estas diferencias. De la misma manera que en el ADPIC, en el ámbito de la Comunidad Andina se reconocía una protección indirecta a esta información no divulgada, situación que se modificó finalmente en vista de la firma de Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos de dos de sus países miembros, que alteraron sus normativas internas en base a los requerimientos de su socio, situación que propició una serie de acciones impulsadas por particulares que concluyeron colocando en posiciones contradictorias no solo a los órganos comunitarios sino también a los particulares de los países y sus gobiernos.