49 resultados para Columna 9 de octubre (Guayaguil, Ecuador)


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El presente trabajo está orientado al análisis, evolución y proyección del Sector Cooperativo controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros en el Ecuador en el período comprendido 2002 – 2009, para lo cual se ha considerado la evolución y Crecimiento del Sistema Financiero Ecuatoriano en los últimos 9 años junto con la importancia del Sistema Cooperativo en el Ecuador, además de la participación del Sistema Cooperativo en las principales cuentas del Sistema Financiero siendo estas: Activos, Pasivos, Patrimonio, Obligaciones con el Público y Cartera, bajo este contexto también se muestra una breve descripción de la Bancarización y Profundización del Sector Cooperativo y su comportamiento durante el 2002 al 2010. Otro aspecto importante dentro de este estudio es la manera en la que el sector cooperativo administra sus recursos financieros, en tal virtud se realizó una evaluación financiera orientada a las cooperativas grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas junto con la permanencia en el tiempo a través del CAMEL, éste método permitió evaluar el comportamiento del sector cooperativo regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros de forma integral y el tipo de calificación de acuerdo a su manejo; alcanzando para el 2010una calificación A (2 cooperativas) y una calificación D (5 cooperativas) en tanto que para el 2002 se obtuvo una calificación de BBB (1 cooperativa) y calificación D (5 cooperativas),lo cual evidencia un mayor control en el manejo de balances para el año 2010 en comparación al 2002. Finalmente, se elaboró una regresión Arimade la cual se pudo visualizar que para diciembre de 2014 los Activos, Pasivos, Patrimonio, Obligaciones con el Público y Cartera de Crédito tendrán un crecimiento de 3.480 millones, 2.946 millones, 525 millones, 2.627 millones, 2.443 millones respectivamente, siendo mayor que para diciembre de 2011.

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Fichas didácticas anexas a las guías de comprensión lectora para el trabajo docente, para cultivar la conciencia fonológica en los niños sobre los fonemas a; e; i; o; u.

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Este artículo analiza la relación comercial de Ecuador con Brasil, la cual ha vivido prácticamente tres años de inmovilidad o “tiempo de reposo”, como lo calificó la excanciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, el 16 de octubre de 2008, luego que el presidente Rafael Correa expulsara, a través de Decreto Ejecutivo, a la constructora brasileña Norberto Odebrecht.3 La justificación para esta acción fue que aproximadamente a un año de la terminación de los trabajos de Odebrecht en la central hidroeléctrica San Francisco se produjo una serie de daños en la misma, con la consecuente crisis energética. El gobierno del Ecuador responsabilizó al consorcio brasileño de una deficiente labor técnica en la construcción de la central hidroeléctrica lo que ocasionó su paralización por varios meses y la consecuente interrupción de la producción y suministro de energía eléctrica en el territorio ecuatoriano.

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La presente tesis tiene la finalidad de conocer cómo se manifiesta el aprendizaje significativo en los niveles de lectura, en los docentes del área de Lengua y Literatura, a través de la revisión académica de la teoría ausubeliana, de qué manera ha contribuido, al mejoramiento y al desarrollo de la educación a lo largo de este tiempo. De igual manera se insertan pensamientos sobre esta teoría que otros autores realizan y profundizan desde su experiencia. Además se conceptualizan los niveles de lectura. En un segundo momento se recorrerá el espacio de la institución educativa, su reseña histórica, las características sociales, culturales, de género y las relaciones de convivencia de los actores de la comunidad educativa “13octubrina”. En esa misma dirección se realiza una mirada al quehacer de los docentes del Área, su experiencia en los procesos de la reforma educativa, los enfoques pedagógicos institucionales y de los que se sirven los catedráticos frecuentemente en el aula de clases. En el último capítulo, se encuentran los niveles de lectura que deben manejar los profesores, las implicaciones curriculares del aprendizaje significativo; luego se analizan e interpretan los resultados de la encuesta realizada, concluyendo con una propuesta para los docentes del Área. En la misma se ubica la literatura académica que se ha utilizado como fuente de exploración y los anexos para referencia de lo investigado. En este documento se recoge la experiencia docente sobre los niveles de lectura, y como éstos permiten que los estudiantes adquieran mejores aprendizajes. La encuesta y el diálogo con los maestros lo fortalecerán.

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El propósito de la presente tesis es realizar un estudio comparativo de los derechos, obligaciones y prohibiciones de las y los servidores públicos permanentes y ocasionales desde octubre 06 de 2010, en el marco de la legislación ecuatoriana, ya que desde dicha fecha se encuentra legalmente vigente la Ley Orgánica del Servicio Público. Para el desarrollo del presente documento se iniciará conceptualizando algunos términos y conociendo algunos de los principios universales que regula el derecho al trabajo. Posteriormente se identificarán los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos, contemplados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Servicio Público; subsiguientemente se realizará un contraste de los derechos entre los servidores permanentes y ocasionales, asimismo se efectuará un breve contraste de las formas de desvinculación laboral entre la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo. Finalmente este trabajo pretende proponer políticas que eviten la precarización laboral de los servidores públicos bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales en el servicio público, de tal manera que las unidades de administración del talento humano de las instituciones del Estado, actúen objetivamente para reducir la brecha de desigualdad de derechos de los servidores ocasionales con respecto a los servidores permanentes en el servicio público.

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La investigación se concentra en la producción legislativa en el 2010 Y dentro de ella a algunas de las leyes, que se consideran relevantes para el ejercicio de derechos. Por otro lado, muy brevemente se específica, como información que debe ser compartida y conocida, normativa relevante para los derechos humanos y tratados internacionales que han sido ratificados por el estado ecuatoriano. Luego se exponen observaciones generales sobre el proceso legislativo. Una segunda sección del informe relativa a garantías jurisdiccionales estudia el funcionamiento de las mismas en base al análisis estadístico de 1815 procesos constitucionales en la provincia de Pichincha de Enero a Octubre del 2010. Los resultados tanto respecto a las garantías normativas como en a jurisdiccionales arrojan, pese a ciertos avances, un claro déficit en la eficacia de estas garantías, en contraste con la importancia que formalmente les da la Constitución del 2008.

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El proceso de modernización del Estado, iniciada en el primer lustro de los años 90 bajo lineamientos de la Ley de Modernización del Ecuador, dio lugar al concepto de rentabilidad social, caracterizada principalmente por promover el acceso del mayor número de ecuatorianos a los servicios públicos básicos. Dicha ley habilitó al Estado ecuatoriano para delegar a empresas mixtas o privadas, la prestación de los servicios públicos, entre ellos los de telecomunicaciones, utilizando mecanismos legales reconocidos por el derecho administrativo e implementado por el Poder Ejecutivo del Ecuador. Es así, que la Ley Especial de Telecomunicaciones en 1992, habilitó al Estado para otorgar concesiones al sector privado para la prestación de varios servicios de telecomunicaciones, por lo que, en 1993, la Superintendencia de Telecomunicaciones creada por dicha ley, suscribió contratos de concesión con la compañías privadas COnECEL S.A. y OTECEL S.A., autorizándoles a operar servicios de telefonía móvil celular con cobertura limitada dentro del territorio nacional ecuatoriano por un período de 15 años. Posteriormente, una nueva constitución política de la República del Ecuador expedida en 1998, facultó al Estado la explotación racional de los bienes de su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado, lo cual motivó también una nueva reforma a la Ley Especial de Telecomunicaciones para que el Consejo nacional de Telecomunicaciones instituya el régimen de libre competencia en todos los servicios de telecomunicaciones prestados en nuestro país.

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Más allá de las debilidades que tiene la administración centralizada del espectro radioeléctrico, se reconoce que los agentes del mercado: operadores y fabricantes de equipos, poseen más conocimiento sobre el espectro que requieren, así como también, más información con respecto a las tecnologías apropiadas para desplegar redes, proveer servicios y las preferencias de los consumidores, en este sentido, puede pensarse que algunas de las decisiones que le correspondería a la administración, deberían ser tomadas por los que usan eventualmente el espectro. Para hacer frente a la presión de los mercados y al rápido cambio tecnológico, un número creciente de países han empezado a desregular partes de sus regímenes de la gestión del espectro, sustituyendo su acción tradicional centralizada de comando y control sobre este recurso, por un acercamiento basado en el mercado. Su objetivo fundamental es llegar a gestionar el espectro radioeléctrico como recurso limitado, asegurando su disponibilidad para usos públicos y privados, bajo los principios de eficiencia, técnicos, económicos y sociales. En Ecuador, particularmente para la prestación de los servicios de radiodifusión, se identifica, que hay una demanda creciente, tanto para el acceso a las frecuencias principales como para las frecuencias auxiliares de dicho servicio, las que al momento han agotado en un gran porcentaje su disponibilidad, no obstante, también se aprecia, que ciertos operadores han empezado a utilizar de manera más eficiente algunos segmentos del sistema de transmisión inalámbrico, como es el caso de los enlaces que transportan las señales de radiodifusión de televisión, desde las estaciones matrices hacia las estaciones repetidoras o relevadores, agregando el audio de operadores de radiodifusión sonora, a la subportadora de sus enlaces.

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La presente tesis estudia el cambio de esquema realizado en el Ecuador a partir de la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el 4 de agosto de 2008, incluyéndose sus reformas de 14 de octubre de 2013, partiendo de un análisis histórico donde se expondrán los problemas estructurales de las compras públicas ecuatorianas, y la forma en que la nueva legislación plantea superarlos. La contratación pública en el Ecuador, por décadas, estuvo regulada por leyes de corte eminentemente procedimental. Su normativa además permitía escapes y exclusiones de su ámbito. Los procedimientos estaban totalmente divorciados de aplicaciones tecnológicas. Jamás se dibujó un objetivo o finalidad que no fuera regular procesos y contratos. Ello contribuyó a que en el mundo de la contratación pública ecuatoriana campeara la discrecionalidad en la ejecución y la dispersión normativa. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente en el país desde el 4 de agosto de 2008, creó un sistema, en el que confluyen y se articulan las diferentes fases y organismos involucrados en la materia, a saber: la planificación, el presupuesto, el control, la ejecución, la regulación y rectoría. Forman parte de este sistema algunos objetivos prioritarios como son: buscar la trasparencia; evitar la discrecionalidad; hacer a la contratación pública objetiva; obtener ahorro del presupuesto estatal; dinamizar la economía nacional y local; buscar una amplia participación de los micro, pequeños y medianos empresarios en el mercado público; modernizar los procedimientos de contratación con el uso de la tecnología, entre los más importantes. Esta tesis profundizará en el análisis de estos grandes objetivos de la contratación pública y la forma en que se busca conseguirlos.

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La obra da cuenta del proceso de configuración del escudo de armas del Ecuador como el resultado del tráfago de los acontecimientos políticos del siglo XIX, que dieron sustento al proyecto nacional. La investigación -profusamente ilustrada con imágenes- pone en evidencia las decisiones tomadas por el poder hegemónico conformado por las élites ilustradas y políticas del país, en detrimento de las subalternidades sociales, en torno a los elementos que a su parecer resultaban los más representativos de la nación, para formar parte de la estructura del escudo nacional. Y devela los diversos mensajes que, en cada una de las transformaciones, se quisieron transmitir e insertar en el imaginario colectivo, como símbolo de unidad nacional.

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El régimen tributario en el estado contemporáneo resulta trascendental para su propia sobrevivencia, más en época de crisis como la que afrontamos, en la que las otras fuentes de ingresos públicos, como los patrimoniales o los préstamos, se hacen cada vez más escasos y difíciles de obtener. Por su parte, la Constitución expedida por la Asamblea Constituyente y publicada en el Registro oficial Nº 449 de 20 de octubre del 2008, pretende la configuración de un nuevo Estado basado en principios de solidaridad, de equidad, de redistribución de la riqueza entre todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. En este contexto, resulta de gran importancia analizar los cambios que en el régimen tributario ecuatoriano ha propuesto la nueva Constitución, en particular en los artículos 300 y 301, que sin duda vienen a complementar aquellos que, ya figuraban en la Constitución de 1998. Pero es en su espíritu el verdadero cambio; pues, tales principios están vigentes en cada relación jurídica y no solamente como una mera declaración sino como normas de aplicación directa a través de su fuerza vinculante y, además, de inmediata aplicación. Por otra parte, resulta trascendente para la materia tributaria, los cambios de varias instituciones del Código Tributario, entre ellas y de manera especial al régimen penal tributario, implementadas por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 242 del 29 de diciembre del 2007. En ella, se ha convertido al <delito tributario> en un <delito común>, es decir alejado de la filosofía impuesta por los autores del Código Tributario, que creyeron que este tipo de infracciones, por ser especiales, debían tener un tratamiento diferente. Con el nuevo régimen y la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial y las Reformas al Código de Procedimiento Penal, son los jueces ordinarios los que conocerán y juzgaran a los infractores tributarios. Debemos anotar que el endurecimiento de las penas, impulsado por esta nueva Ley Reformatoria, es drástica, al extremo de imponer hasta reclusión menor ordinaria> de 3 a 6 años a los infractores tributarios, mientras que el Código Tributario se contempla prisión de 3 a 5 años, como máximo de la pena. El presente trabajo intenta un estudio comparativo entre el nuevo régimen y el ya superado con la expedición de la Constitución y Ley ya referida.

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En esta investigación realizo un análisis respecto del derecho a la participación social en el procedimiento legislativo, derecho que está contemplado en la Constitución, a fin de determinar su nivel de ejercicio por parte de la sociedad civil y su respeto, garantía y cumplimiento por parte del Estado. Se considera al derecho a la participación social en el procedimiento legislativo como una de las expresiones de la vigencia de una democracia participativa y deliberativa, garante de la adecuación material de la legislación a la Constitución. Luego de la presentación de los marcos doctrinario, constitucional, legal y reglamentario, analizo el procedimiento legislativo adoptado en la tramitación de una muestra de proyectos de ley en materia de derechos humanos, tramitados por la Asamblea Nacional, AN, en el período comprendido entre octubre de 2010 y noviembre de 2011. Del análisis, evidencio las limitaciones del procedimiento adoptado en la mayoría de las comisiones especializadas permanentes u ocasionales de la AN y planteo alternativas para lograr la vigencia del derecho a la participación social en la creación legislativa del derecho.

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Según la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, la evolución nacional urbana refleja un incremento de 3,2% de la ocupación plena durante el período septiembre 2011 y septiembre 2012, que va de 47,9% en 2011 a 51,1% en 2012. Aporta a esta situación la disminución del subempleo en 3,4 (de 45,7% a 42,3%), y en menor medida la del desempleo en 0,9 (de 5,5% a 4,6%). Dentro de los ocupados urbanos, se mantienen los niveles de empleo en el sector privado correspondientes a 78,55% en septiembre de 2011, y 78,67% en septiembre de 2012, y en el sector público 21,45% en septiembre de 2011 y 21,33% en septiembre de 2012. Cabe señalar que, respecto de quienes tienen un empleo pleno, faltan datos que den cuenta, en el sector privado, del porcentaje de ocupados por tipo de actividad económica; y tratándose del sector público, del número de salidas e ingresos que se han producido en el período de análisis, lo que permitiría hacer una valoración más completa de la situación del empleo en Ecuador. Debido a este vacío de información, se ha centrado este informe en el análisis cualitativo del desarrollo normativo relevante en materia de derecho laboral, aplicable principalmente al sector privado, por cuanto se cuenta con datos precisos que permiten realizar una valoración adecuada.