La construcción de un tangram político: Ecuador y la lista negra del GAFI

En diciembre de 2009, Ecuador fue incluido en la lista de alto riesgo del organismo intergubernamental GAFI1 (por sus siglas en francés), por insuficiencia de esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las fallas técnicas, al parecer, se muestran en la reunión plenaria del GAFISUD,2 organismo que responde y se encuentra bajo la jurisdicción del GAFI. En esta reunión, los estudios que comenzaron a partir de finales de 2006, demostraron que el Ecuador cumplía con tan solo una de las 40 Recomendaciones que el GAFI establece y con ninguna de las recomendaciones especiales, que tratan específicamente sobre el financiamiento al terrorismo.3 La situación se torno más grave aún, cuando Ecuador, que debía presentar un «Informe de Avance» demostrando los esfuerzos por cumplir con las normativas, únicamente presentó datos independientes que no solo generaron inconvenientes dentro del GAFISUD, sino que a raíz de los pocos datos con los que se contaba, el organismo tan solo pudo presentar un reporte parcial.

Agricultura e integración: potencialidades de la CAN frente a la crisis mundial

La crisis alimentaria mundial de 2007-2008 marca una nueva etapa en la inseguridad alimentaria mundial y presenta una naturaleza bien distinta a la de crisis anteriores. Dos son las principales características que definen la naturaleza de la actual crisis alimentaria mundial: factores de corto plazo y factores estructurales o de largo plazo. Esta compleja naturaleza de la actual crisis alimentaria estuvo en la raíz de la enorme dificultad de los Gobiernos y de las instituciones internacionales para afrontar la crisis y aliviar los impactos negativos sobre la seguridad alimentaria mundial. Algunos de los factores que inciden en la crisis están en manos de los Gobiernos, como las políticas, pero otros son muy volátiles y no están en sus manos sino que son dirigidos por los mercados. En los mercados de Sudamérica, aquellos países ricos en materias primas, la crisis se presenta como una oportunidad para el crecimiento sostenido y la posibilidad de pasar a una producción con mayor valor agregado: de las materias primas a la agroindustria. El desafío en Sudamérica hoy por hoy es crecer sostenidamente, al tiempo que se enfrentan las nuevas condiciones globales y regionales. Dentro de Sudamérica han existido, por muchas décadas, iniciativas de integración subregional que buscan profundizar el comercio agrícola. Según la FAO y ALADI una de las regiones que se vería menos afectada es la zona andina (con excepción de Bolivia y Ecuador que tienen mayor grado de vulnerabilidad). Es dentro de ese escenario de desarrollo rural e integración donde se plantean potencialidades que tiene la CAN para enfrentar la crisis alimentaria, mediante políticas compartidas en el sector agrícola que permita mejorar las convergencias de la subregión andina para alcanzar acuerdos mínimos de cooperación, tales como: Organismo Supranacional, Comité de Monitoreo de precios, Intercambio de tecnología e investigación, Ventajas competitivas y Aumento de la Productividad.

Elecciones en el Cabildo quiteño y filiación socio-política de sus miembros: 1895-1906

La historia del Cabildo es la historia de la ciudad, pues a través de su accionar cotidiano se define la vida de la urbe y de su gente. Históricamente esta instancia capitular ha tenido amplios poderes jurisdiccionales. Sus miembros, por lo general, han sido una minoría selecta y rectora de tales decisiones, llegando la misma a configurarse en una élite con gran poder y prestigio local; y manteniendo relaciones de parentesco entre algunos de sus integrantes. La presente tesis investiga cómo estuvo configurado –social y políticamente- el cabildo quiteño entre 1895 y 1906, escrutando las actas capitulares de dicho período y analizando los procesos eleccionarios municipales que llevaron a ciertos ciudadanos al seno de dicho organismo; en concordancia con lo establecido en el marco jurídico de la época. Ello nos conduce a develar las principales ‘redes familiares’ que se crearon dentro del cabildo de Quito y lo controlaron durante esos años, intentando permanecer en él para defender sus espacios de poder individual y de clase. A ello se suma el análisis de una serie de tensiones políticas entre el poder local y el poder central, que reflejan, por un lado, la lucha de aquellas élites capitulares por defender su espacio de influencia política y social, corroborando el hecho de que ciertamente aspiraban precautelar sus intereses. Por otro lado se patentiza el afán gubernamental de controlar de manera directa o indirecta la instancia municipal, a través de diversas injerencias o atropellos a su autonomía, en la necesidad última de restarle competencias y poder político al Cabildo.

Integración andina y convergencia suramericana

El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración2 (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)3, pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.

Informe sobre derechos humanos Ecuador 2012

El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, inició en 2009 la publicación anual de un informe sobre derechos humanos como una contribución a la reflexión y observancia de su cumplimiento. Tomó como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado a finales de 2008, el cual plantea nuevos desafíos al Estado ecuatoriano y al conjunto del país en el fortalecimiento del catálogo de derechos y de garantías y sus principios, entre ellos integralidad, interdependencia, pro homine, aplicación directa y progresividad. Cada nueva entrega del Informe fue sujeta a una evaluación y fue incorporando ajustes y modificaciones. El correspondiente al año 2011, publicado el año pasado, tuvo gran impacto nacional e internacional. En muchos sectores fue muy bien recibido, pero provocó el rechazo del Gobierno. La Universidad y el PADH explicaron ante la opinión pública el contenido y alcances de la publicación, pero se generó un conflicto público. Ante ello, el presidente del Consejo Superior, de acuerdo con el rector de la sede ecuatoriana, en ejercicio de la autonomía universitaria, consultó a los miembros de ese organismo sobre la posibilidad de que se designara una comisión internacional para que estudiara el Informe y presentara sus observaciones y sugerencias. La respuesta de los miembros del Consejo Superior fue afirmativa y la comisión internacional fue designada. Así se lo comunicó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la República del Ecuador. La comisión, integrada por el Dr. Enrique Bernales Ballesteros (Perú) y la parlamentaria andina Gloria Florez Schneider (Colombia), trabajó por varios meses y visitó Quito, entre enero y febrero de este año. La comisión internacional delimitó su labor a examinar la metodología del informe y a establecer recomendaciones para su fortalecimiento. Presentó su informe en abril y su versión final estuvo lista para publicación en junio. El contenido completo del documento ha sido publicado, por disposición del Presidente del Consejo Superior, en la página web de la Universidad: ‹http://www.uasb.edu.ec/ padh_contenido.php?cd=1158&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=ac›. Desde mediados de 2012, el PADH continuó con las actividades necesarias para realizar el Informe correspondiente a 2012, pero a inicios de 2013 se resolvió esperar el informe de la comisión internacional para concluirlo y publicarlo. Una vez que lo conoció, el equipo de PADH procuró recoger las observaciones y recomendaciones. Es así como se han realizado algunos ajustes. El principal fue una división entre el “Informe” propiamente dicho, que prepara el PADH en forma institucional, y las contribuciones, bajo la modalidad de artículos, de la sociedad civil, docentes y entidades del Estado. Por ello, desde este año, aparecerán dos publicaciones. Por un lado el Informe sobre Derechos Humanos, un balance preparado por el equipo responsable. Por otro lado, una publicación colectiva titulada Horizontes de los derechos humanos que analiza varios casos y temáticas relevantes de 2012, con la contribución de varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y docentes. También se incorporan los dos artículos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y por el Ministerio Coordinador de la Política Interna y Externa.

Dispute board como mecanismo alternativo de solución de controversias contractuales en obras de infraestructura

Esta Tesis tiene como objetivo fundamental poner en conocimiento de la comunidad académica la figura jurídico – contractual denominada de manera genérica cómo Dispute Board¸ consiste en un panel de expertos conformados por la voluntad de las partes que celebran un Contrato. El Dispute Board cumple con el rol de ser un organismo técnico independiente que conoce y resuelve los conflictos de las partes y brinda asistencia informal en los temas de su experticia y su aplicación en el campo de la ingeniería que lo han utilizado como herramienta efectiva a las necesidades urgentes que se les presentan en grandes obras de infraestructura provienen precisamente de préstamos internacionales que viabilizan la ejecución de estos mega proyectos. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el paradigma jurídico del Jusmarxismo y el Jussociologismo o Realismo Europeo. Las fuentes de investigación han sido obtenidas de fuentes publicadas bibliográficas, de publicaciones, normativa, Contrato EPC, de Internet y de la experiencia profesional sobre este mecanismo de solución de controversias. El alcance del trabajo es determinar la naturaleza jurídica del Dispute Board y todos los factores generales involucrados para su funcionamiento, el análisis del primer contrato ecuatoriano que aplico este mecanismo, las normas jurídicas aplicables y cuáles son los principios constitucionales y procesales aplicables. Se colige que este mecanismo de solución de controversias contractual requiere de normativa específica para su aplicación en el ámbito de derecho público y ese debe analizar la juridicidad de la aplicación de las Determinaciones que emite el Dispute Board y en el derecho privado basta con la autonomía de la voluntad de partes contractuales.

Problemas de recepción de la comunicación científica: caso jornadas de telecomunicaciones

La realización de un evento público de divulgación científica demanda complejidades que pueden afectar la recepción de un mensaje en una audiencia determinada, esta investigación centra su análisis en los problemas que se presentan los eventos denominados “Jornadas de Telecomunicaciones”, realizados por la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, organismo estatal ecuatoriano encargado del control del sector. El estudio se realizó sobre tres de estos eventos de divulgación científica, en las ciudades de Baños, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manta, ciudades en las que se detectaron deficiencias en cuanto a los mecanismos de comunicación, al empleo del lenguaje y al montaje tecnológico de las Jornadas, evidenciando así los problemas que se presentan en la divulgación de un mensaje científico. Esta tesis propone además una visión de los eventos de divulgación no solo como espacios de capacitación sino como escenarios en los que se desarrollan propuestas comunicacionales y en donde el Estado pone en juego sus reglas, sus programas y sus mecanismos para el ejercicio de derechos ciudadanos. Como respuesta, los datos obtenidos por esta investigación hacen evidente que las audiencias muestran diversas reacciones que van desde el desinterés hasta la preocupación, en medio de esta puesta en escena hay un juego de resistencias a los mensajes recibidos. En el contexto de este trabajo también se analizan, desde la óptica de causa y efecto, algunas conceptualizaciones de lo que es la comunicación, toda vez que las Jornadas están estructuradas de forma mecanicista, con un emisor que transmite un mensaje convencido de que este hecho permitirá un cambio de conducta del receptor, objetivo que no se logra como se comprobó tras la investigación.

El arancel registral en el Ecuador: elementos para su correcta configuración

El presente trabajo tiene como objeto, el identificar la naturaleza jurídica de los aranceles registrales conforme a los elementos, características y campo aplicativo; en otras palabras, su naturaleza nomen iuris. Por ello abordo inicialmente el campo de las prestaciones patrimoniales impuestas, pues se constituye en la base jurídica del nacimiento de toda exacción particular en favor del ente prestador de un servicio público; por tanto, estableciendo como elementos inherentes a este tipo de prestaciones: reserva de ley y coactividad. A pesar de esto, su control en cuanto a naturaleza y clasificación en muchos casos se ha visto imposible, ya que las características que componen su naturaleza la ubican en una figura sui generis, siendo tal el caso el arancel registral, enfoque jurídico que se debía a su concepción privatista. La naturaleza del arancel registral conforme lo establece la actual Constitución de la República del Ecuador cambio; abandona su elemento privatista e incorporó todos sus elementos al sector público, sujetándose de forma absoluta a las reglas derecho público; ámbito que permitió al constituyente orientar los ingresos económicos obtenidos por un lado para el financiamiento del servicio prestado y por otro, su remanente ingresará al presupuesto de la municipalidad a la que pertenece y a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, organismo perteneciente al Ejecutivo. Cambio circunstancial que enfoca al arancel registral con una visión diferente y por tanto con una posible naturaleza tributaria como no tributaria.

El control constitucional en el Ecuador

La presente tesis tiene como propósito contribuir a profundizar en el conocimiento del nuevo sistema de control constitucional, que surge a raíz de la expedición de la constitución del 2008, que clarifica la supremacía constitucional y el mandato de que las normas y los actos del poder público deben imperativamente mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, pues en caso contrario el efecto es que estas carecerán de eficacia jurídica, siendo obligación de las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicar directamente tales normas constitucionales, además de que la Corte Constitucional, se constituye en el máximo órgano de control interpretación constitucional y de administración de justicia, fijándose exclusivamente este rol en este organismo del Estado, despojándoles a los administradores de justicia de la potestad de ejercer este control constitucional como ocurría con el sistema anteriormente vigente. En camino hacia tal objetivo el trabajo contiene una primera ubicación del tema que esclarece el fundamento jurídico de esta nueva concepción de control constitucional en el marco de la orientación garantista, apoyado con un análisis de temas de derecho comparado, se desarrolla un estudio detallado de la normativa constitucional y legal sobre el tema, ofreciendo una visión general de aspectos sobre la supremacía de la constitución, competencia privativa del órgano de control constitucional, los objetivos, funciones y actos provenientes además del procedimiento y las resoluciones con sus efectos, bajo cuyos contenidos se realiza el análisis de casos que han sido de conocimiento y resolución de la Corte Constitucional en aplicación de la nueva normativa constitucional y legal para arribar finalmente a la estructura de conclusiones que señalan la situación actual del tema constitucional en el país.

Democracia e integración: una propuesta para UNASUR

El presente trabajo de investigación tiene como propósito inmediato determinar por qué en el proceso de integración de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), deben existir bases democráticas que permitan una mayor participación de los habitantes de la región. Un proceso de integración tan serio e importante como lo es actualmente la UNASUR, debería contar con un Órgano Parlamentario que tenga las atribuciones para generar normativa y también ejercer los controles que, con el tiempo, la misma organización demande. En relación con los parlamentos de procesos de integración, el problema más grande es que casi todos éstos no son elegidos por el pueblo, tienen una representación indirecta, y esto provoca una distorsión del principio de representatividad; en el caso de que la representación sea indirecta, difícilmente habrá representantes de ciertas minorías. La creación de un organismo de integración como UNASUR es de vital importancia para la región, tanto en temas de soberanía o la defensa de ésta, como respecto a los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, la predominancia de los órganos ejecutivos en los procesos de integración de la región, sobre los parlamentarios, demuestra el déficit democrático de éstos últimos; y, es frente a este nuevo proceso de integración que se intentará plantear las razones que permitan la inclusión de un órgano democrático, que posibilite a la UNASUR construir elementos que garanticen que, en su estructura, se permita una mayor participación de los ciudadanos de la región. Para ello explicaremos conceptos sobre democracia e integración, el nexo que existe entre ellos y el rol fundamental que juegan en un proceso integrador; posteriormente, explicaremos las clases de procesos de integración por su naturaleza y objetivos, después veremos cómo está conformado el proceso de integración de la UNASUR, para finalmente plantear una propuesta del Parlamento Suramericano.

Incidencia del Acuerdo Comercial Multipartes, ACM en el Sistema Nacional de Contratación Pública

El presente trabajo trata sobre la apertura del mercado de la contratación pública prevista en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) y las incidencias que generará en el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y en las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). Habiendo transcurrido más de un año desde que en julio de 2014 la Comisión Negociadora del Ecuador suscribió el acuerdo preliminar, no se han generado acciones tendentes a informar y capacitar a los operadores del sistema (entidades contratantes, proveedores, organismos de control, organismo rector, veedurías) ni se han tomado medidas destinadas a la adecuación de las herramientas electrónicas con las que opera el portal institucional del SERCOP. El país desconoce el alcance del ACM en materia de contratación pública, qué sectores productivos podrían verse afectados con el libre comercio, qué modificaciones se realizarían a las condiciones de participación, si se mantendrá igual o con ciertas limitaciones el sistema de preferencias que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevén para la producción nacional en especial aquella que proviene de micro, pequeñas y medianas empresas y de los actores de la economía popular y solidaria. Acercarnos a esta temática a través de la revisión y análisis jurídicos del mencionado acuerdo internacional, limitándolo a la materia de contratación pública, comparándolo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin de encontrar, por una parte, los retos y oportunidades; y, por otra, realizar con los datos que nos proporciona el SOCE el cálculo aproximado del porcentaje de apertura del mercado de contratación pública al libre comercio, a fin de encontrar mecanismos que contribuyan a sustentar la política de compras públicas destinada al desarrollo de la economía nacional; temas éstos que son el lietmotiv de esta aportación.

Estrategias para el sector de la economía saludable localizado en el norte de Quito. Caso: alimentos preparados por empresas de catering para eventos

La mala alimentación ha generado que el organismo de los individuos no funcione bien provocando enfermedades crónicas. Comer es un acto tan normal, como cotidiano y se ha convertido en un problema de salud pública. Por consiguiente, el Plan Nacional del Buen Vivir plantea que hasta el 2017 se reduzca la incidencia de la obesidad y sobrepeso en niños de cinco a once años. El país está actuando con intenciones de cumplir lo que se ha propuesto y por consiguiente, nació la necesidad de realizar está investigación. El objetivo general es determinar estrategias para el sector de la economía saludable localizado en el norte de Quito, con relación a la elaboración de alimentos preparados por empresas de catering para eventos. Para esta investigación, se optó por un estudio descriptivo para determinar cómo está estructurado el sector de la economía saludable en el distrito metropolitano de Quito y se utilizó un método empírico basado en la realización de entrevistas y encuestas a un grupo objetivo. Se sustentó en diferentes bases teóricas, siendo útiles para la orientación de los procedimientos investigativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos planteados, y por otro lado esta investigación demandó el uso de herramientas que permitan disponer de información actualizada para la propuesta de estrategias. Los resultados muestran que el sector de catering se encuentra en desarrollo, siendo sus fortalezas mecanismos para impulsar un crecimiento sostenido que aporte a elevar la calidad de vida de los consumidores. Se describen varias estrategias especializadas relacionadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Éstas pretenden fortalecer la descripción del Objetivo No.3, el que indica mejorar la calidad de vida de la población, en donde se establezcan lineamientos específicos que sustenten acciones concretas con referencia a la salud y el bienestar. En el diseño de las estrategias, se resalta la iniciativa de formar una asociación que permita asistir a las empresas interesadas para que adopten procesos de calidad y oferten alimentos nutritivos. La ejecución de éstas demandan de una estructura que faculte su gestión por fases y se presenta un plan operativo, el cual muestra las actividades que cada estrategia contiene, así como su relación y temporalidad. Finalmente, los impactos evaluados señalan que la propuesta incide a nivel económico, social y ambiental, siendo un aporte fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.