58 resultados para Acción de cumplimiento


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El presente trabajo aborda los efectos que tienen los derechos constitucionales en las relaciones entre particulares. La doctrina ha distinguido en este campo entre el efecto inmediato, el efecto mediato y el deber de protección de los derechos constitucionales, este último que incluso se encuentra presente dentro del compromiso internacional adquirido por el estado ecuatoriano a través de la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Además, se revisan algunos fallos constitucionales dictados por nuestro ex Tribunal Constitucional y la Corte Constitucional de Colombia en este ámbito, que nos muestran una vista panorámica de la irradiación de los derechos constitucionales.

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Los objetivos de esta tesis fueron: analizar las prácticas y discursos de los movimientos sociales antiglobalización, a más de los modos de su relación; proponer un conjunto de instrumentos estratégicos que sirvieran para la acción e interrelacionar esas prácticas con debates teóricos provenientes del pensamiento crítico. Se estudia la conformación de los movimientos sociales antiglobalización en su emergencia de los procesos de globalización neoliberal y de cara a los proyectos mundiales del capital. Estos movimientos que se caracterizan ante todo por su enorme diversidad encuentran su lugar de articulación precisamente en la confrontación con dichos proyectos planetarios del capital. De manera que sin abandonar cada uno de ellos las prácticas y los discursos que marcan su identidad, terminan por confluir igualmente en prácticas y discursos unitarios, especialmente cuando se alcanzan los niveles de principios y de programas. Así se exige el retorno de un pensamiento y una acción con contenido estratégico, desde una perspectiva orientada hacia el cambio radical de la sociedad en la que vivimos y los caminos necesarios para llegar al cumplimiento de esta finalidad. Los modos de constitución aún iniciales de los movimientos sociales antiglobalización dejan abierto su carácter y su futuro. En la medida en que es una experiencia inédita la relación entre prácticas y discursos adquiere un matiz ontológico, por el que discurso y realidad tienden a fundirse. La dinámica general del movimiento en este momento histórico de su emergencia nos lleva a debatir si su tendencia conduce a un modelo de tipo multitud espontánea que echa abajo el sistema constituido; o si, por el contrario, se ve aparece en sus intersticios la prefiguración de una comunidad que viene.

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El énfasis en la justiciabilidad de los derechos de los ciudadanos es una característica central del nuevo constitucionalismo latinoamericano y particularmente de Ecuador con su nueva Constitución de 2008. Este texto busca problematizar el asunto de la legitimidad de los sistemas de justicia constitucional en relación con la efectividad de los derechos. Se busca primeramente, examinar teóricamente el papel de la Acción de Protección (AP) como garantía jurisdiccional principal en el marco del reforzado sistema de justicia constitucional ecuatoriano actual. Luego, mediante una revisión de ciertas evidencias empíricas, se explora en qué medida la AP puede devenir en una forma de legitimación de la justicia constitucional al convertirse en un mecanismo de poder ciudadano y de vinculación entre el juez constitucional y la ciudadanía, cuando es implementada de forma efectiva.

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Presenta el estado de cumplimiento de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado ecuatoriano, a través de la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, concluyendo en la falta de implementación de forma completa, lo que influye negativamente en la vigencia del derecho a la vida. Plantea difundir el informe del Relator Especial y facilitar la participación ciudadana para impulsar su cumplimiento.

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Es misión de la UASB Sede Ecuador la transmisión y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos a través de la investigación, acción que ha venido realizando desde sus inicios, hace ya 20 años. Asimismo, es parte de sus objetivos estratégicos potenciar la investigación como un proceso articulado a la docencia y a los programas académicos y para el cumplimiento de las acciones claves mencionadas en pos de dicho objetivo, es necesario partir de un conocimiento preciso del trabajo investigativo realizado hasta el momento dentro de la institución. Es así que surge como objetivo de la presente investigación, realizar una sistematización cuantitativa de las investigaciones realizadas, su procedencia, temáticas, autores y la forma en que han sido difundidas en el período 1992-2012, cuyo procesamiento permitirá concluir en una serie de recomendaciones que facilitará la detección de las principales fortalezas y debilidades de la investigación realizada en la Universidad Andina hasta la fecha.

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Con la Constitución de Montecristi de 2008 nace una novedosa garantía constitucional denominada acción por incumplimiento, originaria del derecho comparado y que en la presente investigación se intentará demostrar que es una garantía constitucional que arrastra consigo problemas al momento de hacerla efectiva ante la omisión de autoridades públicas y de personas que incumplen con lo que imperativamente les imponen las normas que integran el sistema jurídico, los actos administrativos de carácter general y las sentencias e informes de organismos internacionales de derechos humanos. Analizaremos su objeto y naturaleza, así como el procedimiento de la Corte Constitucional, y el estudio de los denominados malos casos que han vulnerado los derechos que esta acción está llamada a proteger. El lector además verificará los vacíos legales que dejan las normas que regulan esta acción y las limitantes que tienen los usuarios de la justicia al momento de querer hacer efectivas sus garantías.

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La presente investigación tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva crítica, la aplicación de la garantía jurisdiccional denominada acción extraordinaria de protección, AEP, tal como fue concebida y creada por la Constitución 2008: para proteger los derechos constitucionales cuando han sido lesionados dentro de un proceso por parte de los administradores de justicia. Se han utilizado los métodos jurídico-comparativo, histórico y jurídicoconstitucional porque el análisis incluye la revisión de la institución en otros países, la historia de la garantía en el Ecuador y su fundamento constitucional. Se optó por la investigación aplicada para examinar y determinar si los ciudadanos han alcanzado la efectividad de sus derechos con base de los datos estadísticos existentes sobre su atención en la instancia constitucional. El trabajo se presenta en tres capítulos: en el primero se parte del estudio comparativo de las garantías en los textos constitucionales de otros países, se refiere la evolución de las garantías en las constituciones del Ecuador y se determina el escenario que propició la creación de la AEP. En el segundo capítulo se realiza el estudio de la naturaleza jurídica de la garantía y el fundamento jurídico constitucional, así como el procedimiento establecido para la sustanciación en la Corte Constitucional; en varios apartados se analiza sentencias de AEP. El capítulo 3 está dedicado al análisis cuantitativo de las causas despachadas y su incidencia en diferentes aspectos, como son la necesidad de capacitación y publicación de todos los fallos, tiempos de despacho, derechos reclamados/aceptados/negados, predominio de reclamos del debido proceso. Se incluyen los gráficos que corresponden a los datos. En la última parte se consignan las conclusiones, cuyo corolario final es que la aplicación de la AEP por parte de la Corte Constitucional no cumple con la concepción constitucional original de salvaguardar los derechos lesionados en las sentencias judiciales.

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La Constitución vigente trae consigo una serie de modificaciones sustanciales en relación a la Constitución de 1998. Una de ellas, acorde con el nuevo modelo de Estado que rige al Ecuador constitucional de derechos, es la implementación de la acción de protección, garantía jurisdiccional de derechos constitucionales sustituta de la acción de amparo constitucional. La acción de protección, a diferencia de la acción de amparo, aparece desde la norma constitucional como un proceso de conocimiento ampliamente reparatorio y no residual. El análisis objeto de la investigación fue elaborado en el año 2009, antes de la expedición de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) y durante la vigencia de las Reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el período de transición. No obstante, la inminente problemática que en ese entonces advertíamos se materializó en los presupuestos de admisibilidad y procedencia previstos en la vigente LOGJCC. Esperamos que las conclusiones y recomendaciones aquí señaladas aporten al debate jurídico en torno a esta garantía y, principalmente, a la regulación y no restricción de los presupuestos de la acción de protección tanto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como en las necesarias reformas a la LOGJCC.

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Esta obra analiza el rol del juez garante en la protección de las normas y los derechos dentro del paradigma neoconstitucional garantista consagrado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. En la primera parte se aborda la reflexión sobre las características primordiales o notas caracterizadoras del neoconstitucionalisrno, los postulados garantistas y los nuevos métodos de la hermenéutica que el juez creador y crítico debe aplicar para garantizar las normas y los derechos. En la segunda parte se examina el sometimiento del juez: al principio de juridicidad integrado por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley; al principio de estricta legalidad, y al principio de supremacía y sujeción constitucional por el cual las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad gozan de aplicabilidad directa. En la parte final se evidencia que estos postulados y principios que el juez debe concretar son controlados a través de la acción extraordinaria de protección estatuida con un triple carácter: mecanismo de control constitucional de las actuaciones judiciales; garantía para la protección del debido proceso, la tutela judicial u otro derecho constitucional, y acción que genera un proceso, sujeta a presupuestos formales y sustanciales para su admisibilidad y aceptación, según la doctrina, normativa y jurisprudencia analizada.

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El piropo callejero ha dejado de ser visto exclusivamente como una práctica “positiva” para comprenderse como un problema social. Así, gobiernos, organismos internacionales y activistas han generado iniciativas que lo abordan como una forma de acoso basada en la desigualdad de género. Un boom de experiencias latinoamericanas de rechazo, la diferencia de sus propuestas y sus coincidencias en formatos que van desde leyes hasta expresiones artísticas, pasando por un agitado activismo, fueron el punto de partida de este trabajo. Preguntarse ¿cómo un piropo se convierte en un problema social?, y ¿cuáles son las estrategias que se usan para enfrentarlo?, permitió acercarse a un complejo objeto de estudio que da cuenta de varias relaciones de convivencia en las ciudades contemporáneas, surcadas situaciones de violencia y desigualdad de género. Este trabajo explora diversos escenarios del piropo callejero. Desde su historia, hasta sus principales rasgos culturales; la forma en la que entran a operar estas iniciativas que lo objetan en Suramérica y se detiene en dos experiencias concretas: Quito y Bogotá. La primera, “Quiero andar tranqula, calles sin acoso”, cuenta con una campaña estatal y la segunda, “¡Atrévete!”, con un proceso de tipo activista. En ambas la relación con la Internet y la comunicación es determinante para operar. Finalmente, este estudio se presenta como una propuesta para comprender las relaciones de “socialidad” a partir de prácticas de comunicación en la ciudad. El piropo callejero se asume como un asunto social que problematiza la relación de las mujeres con el espacio público. Transforma la experiencia de habitar el escenario indivisible de la comunicación determinada por la cultura e interpela los códigos de convivencia urbanos, en suma, la tradición.

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La compraventa de vehículos usados es una de las actividades más informales que se desarrollan en diversos lugares del Ecuador, en donde el comprador y el vendedor asumen en virtud de un contrato diversas obligaciones, que se formalizan con la legalización y otorgamiento del contrato compraventa; para posterior registro en el Servicio de Rentas Internas y actualización de la especie de la matrícula ante las instituciones de tránsito competentes. En ocasiones la transferencia del bien culmina con el intercambio del vehículo y del dinero sin dar cumplimiento con las obligaciones generadas; por lo que, mediante la presente investigación se desea analizar las posibles oportunidades de mejora para que la Administración Tributaria y las instituciones relacionas en este campo, controlen la informalidad y la evasión de impuestos generando mayor transparencia en la propiedad de los vehículos. Para el desarrollo, se debe despejar el siguiente cuestionamiento general: ¿Cuál es el efecto de la legalización del contrato de compraventa de vehículos usados en las obligaciones tributarias derivadas de dicha convención? La investigación es de tipo crítica y descriptiva por cuanto se pretende analizar la normativa vigente relacionada mediante la cual se utilizaran estrategias flexibles para la legalización de los contratos de compraventa de vehículos usados y el cumplimiento de las obligaciones generadas por dichas convenciones. El enfoque a aplicarse será el cualitativo pues se describirá las estrategias de legalización y cumplimiento de las obligaciones generadas por la compraventa de vehículos usados y el cuantitativo porque se analizará la información obtenida para definir la evolución en la venta de vehículos usados y el pago del impuesto del 1% de las mismas. En este documento se lleva a cabo un análisis de la evolución del contrato de compraventa a nivel global del mundo y a nivel nacional, la evolución de los registros de los contratos de compraventa de vehículos usados en el Ecuador, las obligaciones que se generan con este tipo de transacciones para el comprador y vendedor en los campos civiles y comerciales, tributarios y de tránsito y seguridad vial, las estrategias y mecanismos paliativos y preventivos necesarios para la legalización de los contratos de compraventa de vehículos usados para el cabal cumplimento de las obligaciones que se generan.

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El presente trabajo tiene el propósito de profundizar en un tema que a pesar de su trascendencia en el contexto de la acción extraordinaria de protección, no ha sido objeto de un estudio profundo en nuestro país, lo cual ha ocasionado que la propia Corte Constitucional adopte una serie de posiciones muchas veces contradictorias y antagónicas, sin reparar en los efectos jurídicos que pueden tener sus decisiones al respecto. Los inconvenientes que presenta la problemática planteada en este trabajo tienen su origen en el texto de la propia Constitución, el cual adolece de imprecisiones especialmente en el ámbito procesal que han generado las más diversas interpretaciones de sus textos. Por lo dicho, la estructura del presente trabajo obedece a una lógica que pretende partir de nociones básicas procesales, atravesar cuestiones específicas en torno a la naturaleza de la acción extraordinaria de protección y concluir demostrando la hipótesis que se ha planteado. El primer capítulo contiene una síntesis de lo que es la impugnación y los distintos tipos de medios de impugnación que existen en el ordenamiento jurídico, que no se agotan con los recursos. A continuación aborda el tema de la cosa juzgada y de manera especial pretende aclarar la naturaleza de las decisiones que tienen efectos de cosa juzgada formal. El segundo capítulo explora el tema de la naturaleza de la acción extraordinaria de protección desde la perspectiva de si debe ser residual o subsidiaria. Finalmente, en el tercer capítulo se enuncia y analiza lo que son los presupuestos procesales y materiales y se determina qué tipo de presupuesto es la necesidad de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios en la acción extraordinaria de protección.

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Diversos debates se han planteado en torno a las características actuales de los movimientos sociales. Tras la caída de la URSS, la discusión acerca de las ideas clásicas del marxismo y la aplicabilidad de los preceptos de cambio social basados en la lucha de clases se ha hecho evidente en una multiplicidad de posturas. Esta situación ha dado pie para nombrar como “nuevos” a proyectos emergentes centrados en reivindicaciones identitarias, de género y cercanas a las temáticas culturales en general. Sin embargo, queda pendiente el cuestionamiento de hasta dónde lo nuevo articula a los actores sociales en una propuesta de cambio histórico, o hasta qué punto los desmoviliza, enmarcándolos en luchas coyunturales o limitadas hacia un sector específico.