¿Hacia dónde va el proyecto universitario de la revolución ciudadana?

Por varias décadas, el tema de la educación superior, el sentido de responsabilidad social de sus instituciones, la calidad académica, su pertinencia y su financiamiento estuvieron ausentes en la política pública y curiosamente, salvo esporádicas preocupaciones que no tuvieron eco, en la vida académica misma. Es únicamente con la expedición del Mandato Constituyente No. 14 que el Estado empieza todo un proceso de recuperación de su papel director y regulador del sistema de educación superior. Este proceso empezó, en cumplimiento con el Mandato mencionado, con la evaluación de las instituciones de educación superior, realizada por el ex – Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (CONEA) y cuyos resultados fueron publicados en el informe Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador. Se analiza las tendencias en el panorama de cambio del sistema e educación superior ecuatoriano y las políticas aplicadas por el actual gobierno.

Medios globales: actores en transición

El medio es el mensaje. La conocida expresión de McLuhan cobra una nueva dimensión con la asimilación de revolucionarias tecnologías por los medios de comunicación colectiva y la consecuente transformación de contenidos, productores y consumidores globales. La comunicación multimedia no volverá a difundir el mensaje de la época Gutermberg. El proceso de globalización, desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), debilitamiento del Estado nacional-liberal y surgimiento de transnacionales de la comunicación determinan la refuncionalización de los massmedia y sus nexos con el movimiento social. El carácter de industria de la información y comunicación viabiliza la integración de los medios al conjunto de sujetos globales en expansión, como miembros de pleno derecho. La actoría económica, social y política de los grandes grupos multimedia es aceptada como parte de la lógica globalizadora. Estructuras en retroceso como Estados nacionales, clases sociales, partidos políticos y gremios que a ellos corresponden, en cambio, reclaman por la incursión de los mass-media en campos que los suponen privativos y exigen de ellos volver a su función liberal. Por su parte, sectores sociales de renovada visibilidad y protagonismo político encuentran en los escenarios de la comunicación un lugar de lucha por la significación de mensajes y sus posibles lecturas. Vivimos la batalla por el control de la información. Perdida de antemano, desde el subdesarrollo, en cuanto a la capacidad de difusión; no así, respecto de contenidos y significación. El cambio mediático no se reduce a la incorporación de tecnologías; la comunicación de masas contemporánea designa otro sensorium, modos de percibir, conocer, organizar el espacio público y privado, relacionarse con el tiempo. En este universo cambiante, los medios adquieren una polifuncionalidad propia de la transición que atraviesa al conjunto social y de la cual ellos igualmente son objeto. Su rol varía en relación con el carácter de actores sociales diversos, diferencia que se reproduce en los intereses de esa actoría, sus discursos y vinculación con la producción y difusión mediáticas. Simultáneamente, esa polivalencia también ha contribuido a opacar funciones, reproducir antiguos prejuicios y concebir renovadas ilusiones respecto de la comunicación y su potencial a inicios del siglo XXI.

Pautas para una regulación específica de las cooperativa de ahorro y crédito cerradas en el Ecuador

El presente trabajo de investigación tiene como propósito generar las pautas para una regulación específica de las cooperativas de ahorro y crédito cerradas en el Ecuador, para viabilizar la nueva normativa legal que rige al Sistema Financiero Nacional, dentro del cual se incluye a las cooperativas de ahorro y crédito como integrantes del sector popular y solidario. Al inicio se hace un análisis del origen del cooperativismo a nivel mundial y en el Ecuador; detallando sus bases ideológicas que lo convierte en un sistema económico distinto; se hace un estudio de la Identidad Cooperativa que corresponde a sus valores principios universales; a partir de esta información se establece su ubicación en la legislación ecuatoriana y la diferenciación con otras organizaciones económicas, determinación de la naturaleza jurídica de las cooperativas de ahorro y crédito. El análisis continúa con el estudio de las regulaciones emitidas en el Ecuador, con respecto a las actividades permitidas a estas cooperativas financieras, estableciendo la falta de especificidad y falencias en la emisión de tales normas. Esta investigación concluye con la generación de pautas para la emisión de regulaciones específicas, haciendo un aporte a las entidades públicas encargadas de la regulación para que través de sus gestión se fortalezca el Sistema Financiero Nacional, sin desvirtuar la esencia de las empresas cooperativas financieras con interés social, en los temas de: actividades financieras y complementarias, gobierno cooperativo y responsabilidad social.

Aplicación de buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito del sector económico popular y solidario

La tesis que ahora se presenta, tiene el propósito explicar que la aplicación de los principios del buen gobierno cooperativo es posible en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3, que son organizaciones del sector financiero pertenecientes de la economía popular y solidaria. Para alcanzar este objetivo, la investigación se ha dividido en tres capítulos, el primero contiene el desarrollo de los aspectos de la economía popular y solidaria, su finalidad y objetivos de este segmento de la economía, la importancia de esta economía para el desarrollo productivo del Estado y su beneficio social de los grupos que intervienen, un análisis del concepto de cooperativismo y la aplicación de sus principios para el buen desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito como operadores de financiamiento económico de sus socios y clientes. El segundo capítulo recoge los principios de buen gobierno corporativo y su viabilidad al buen gobierno cooperativo en la administración de las cooperativas de ahorro y crédito, la aplicación en todo el proceso de gestión administrativa, sus características principales que son parte de la correcta administración y la gestión de responsabilidad social. El último capítulo comprende el desarrollo de la aplicación del buen gobierno cooperativo en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 para el buen desempeño administrativo y operativo, con el objetivo de garantizar la confianza de los socios y clientes y la estabilidad de la institución, partiendo de principios éticos de conducta, su cumplimiento con los principios de cooperativismo y su aporte a la sociedad. Todos estos procesos de buenas prácticas se lo realizan mediante unidades de gestión y comités de apoyo para un mejor liderazgo de la dirección.

La inversión social y la responsabilidad del Estado: un estudio de caso sobre la exigibilidad en Ecuador

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es el programa social de alimentación más grande e importante que realiza el Estado ecuatoriano, atendiendo con desayuno y almuerzo escolar a niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas de todo el país. Los objetivos del programa son lograr el mejoramiento de la educación básica, brindar un apoyo alimentario con enfoque nutricional para menguar el hambre a corto plazo, otorgar un subsidio directo y focalizado a las familias pobres. El PAE para cumplir cabalmente con sus propósitos de abastecer a todos los niños, niñas y adolescentes, requiere de aproximadamente 40 millones de dólares. Apenas está financiado la mitad. Sin embargo el Estado, que apenas tiene financiado el 50% de lo que requiere para cumplir sus objetivos, restó un 20% adicional. De ahí que de los beneficiarios del PAE, dejaron de comer 12'608.695 raciones de desayuno y almuerzo escolar. Es decir, durante 11 días los niños, niñas y adolescentes dejaron de alimentarse en las escuelas. Para evitar la impunidad, ha esta violación de derechos se realizó varias acciones judiciales incluida una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Interacciones jurídicas entre los múltiples fondos complementarios previsionales y el Sistema de Seguridad Social Obligatorio Ecuatoriano

El tema del presente trabajo sobre las interacciones jurídicas entre la Seguridad Social y la seguridad complementaria, en concreto sobre los planes y fondos de pensiones desde una perspectiva comparada, esto es, teniendo en cuenta lo dispuesto en el nuevo ordenamiento jurídico respecto de la Seguridad Social obligatoria se plantea problemas importantes relacionados con las prestaciones de la Seguridad Social y los planes y fondos de pensiones; los problemas y desafíos de la seguridad social frente al desarrollo de la seguridad complementaria; y, el control que debe implementarse en los dos casos. El término complementario aplicado a la Seguridad Social sirve para designar un conjunto de técnicas de protección de riesgos sociales o incluso de mera generación de prestaciones económicas situado al margen del sistema público de Seguridad Social. Mientras el sistema público tendría por fin garantizar la dignidad de las personas incluidas en su ámbito que estuvieran en situación de necesidad; las técnicas de Seguridad Social complementaria tendría por fin generar prestaciones a favor de esas mismas personas para asegurarles en las situaciones de necesidad un estándar de vida cercano al que tenían antes de haberse colocado en tales situaciones. En lo que se refiere a la protección social se puede destacar que la Seguridad Social persigue la solidaridad social mediante la redistribución de la renta nacional, la universalización de la cobertura de carácter público. En la actualidad, aún se mantiene la pregunta sobre el futuro de la Seguridad Social, cuyo gran reto para el presente siglo será hallar un nuevo equilibrio entre el logro de la prosperidad económica y la perseverancia de la justicia social. El tema pretende reivindicar el quehacer de la supervisión y control independiente en los regímenes previsionales. Por lo tanto, la propuesta es organizar la actividad supervisora específicamente para el área de los sistemas previsionales, mas allá de las que tradicionalmente se encuentran a través de los órganos de control del Estado, donde se privilegia la responsabilidad en el cumplimiento de las normas presupuestarias o bien las integradas a las instituciones específicas de la Seguridad Social.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la teoría de sistemas

La orientación de las nuevas sociedades vistas como espacio articulados alrededor de los grandes desarrollos tecnológicos y la primacía de las comunicaciones en devenir de los actores, ha llevado a que las distintas disciplinas se aclimaten a dicho panorama universal. A ello no puede ser extraño el derecho, pues su funcionalidad le obliga a reconstituirse dentro de las lógicas y dinámicas que orientan al desarrollo de la historia. Sin embargo, dicho proceso se enfrenta en ocasiones a aquellos paradigmas que, por sus connotación, causan tensiones frente a las nociones de progreso y orden social. En el plano del derecho penal económico, dicho escenario conflictivo se visibiliza mejor cuando la posibilidad de incriminar a las personas jurídicas se presenta. Así, la recurrencia a principios por los que la comisión de un hecho delictivo solo puede ser verificada por la persona natural trastoca la necesidad de orientar las conductas delictivas hacia la imputación de la empresa y los diversos entes colectivos que articulan las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. De allí que el presente estudio ofrezca una posición teórica a partir de la cual se podría sustentar la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, a al vez que cuestiona la vigencia de algunos de los paradigmas hallados en la teoría del sujeto penal y del delito. De esta forma, la recurrencia a la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann y el afianzamiento de las comunicaciones como el centro de atención de las sociedades, desde una perspectiva jurídica y sociológica, marcarán el hilo conductor de una discusión inacabada y que se presta para el debate desde diferentes ópticas.

El sexo y la responsabilidad en Quito: prostitución, género y estado, 1920-1950 (Estudios)

Este artículo examina las políticas y debates acerca de la prostitución en la capital del Ecuador, Quito, entre el final del auge exportador del cacao del Ecuador después de la Primera Guerra Mundial y el comienzo del auge del banano a finales de la década de 1940. Un examen de la prostitución nos permite explorar no solamente la experiencia de las mujeres urbanas con la crisis económica durante esos años, sino también algunas de las especificidades de la formación del Estado ecuatoriano. El título del artículo juega con el título del libro de Donna Guy, Sex and Danger in Buenos Aires (Sexo y Peligro en Buenos Aires), y alude al hecho de que, en Ecuador, la prostitución promovió un cuestionamiento acerca de cómo se definía el comportamiento responsable para mujeres, hombres y el Estado.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de la legislación de los países de la Comunidad Andina de Naciones

El propósito fundamental del presente trabajo investigativo constituye entregar una visión holística e innovadora respecto a un tema de álgida discusión dentro del derecho penal contemporáneo : la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. En tal ámbito de análisis, la orientación sistèmica asumida por el autor a lo largo de la argumentación altera en buena medida los elementos dogmáticos de la teoría del delito - la acción y la culpabilidad - que son los ejes de articulación de un derecho penal antropocéntrico, limitado a la incriminación punible del ser humano. Bajo una entrada teórica que sigue la fundamentación de Niklas Luhmann - y la teoría de la sociedad sin hombres - se pretende demostrar còmo el progreso y dinámica de las sociedades contemporáneas ha establecido un nuevo centro de interacción y eje del análisis social, el que traslada al ser humano hacia posiciones menos estelares. Para Luhmann, comunicaciones y solo comunicaciones conforman el entorno alrededor del que se reproducen y describen los diferentes subsistemas sociales (v.g. económico, político administrativo, jurídico, cultural, etc.) siendo por tanto aquéllas - las comunicaciones - los centros de imputación, en este caso en materia criminal, cuando de la comisión de hechos delictivos se trata. Declarar la responsabilidad penal por el cometimiento de conductas ilícitas prescindiendo de la noción del acto humano consciente y voluntario y trasladar dicho ejercicio de respuesta estatal a las comunicaciones dañosas que alteran el proceso de autoreproducciòn y autoobservaciòn de los diferentes subsistemas sociales, y del jurídico en especial, permite elaborar una construcción teórica en la que las personas jurídicas, o las comunicaciones que de estas emanan, pueden ser factibles del juicio de atribuibilidad y por tanto sujetas a penas que, a la vez que afianzan el orden social destruyen paradigmas clásicos del derecho penal como el societas delinquere non potest, siempre invocado por los defensores del inmovilismo.

Responsabilidad de dar cuenta del desempeño de la función jurisdiccional (Tema Central)

En esta presentación abordaré tres asuntos, fundamentalmente. la primera cuestión a la que quisiera referirme es la de por qué dar cuenta, que en ocasiones puede considerarse obvia pero no lo es tanto, el segundo punto enfocará los contenidos respecto a los cuales quien ejerce una función jurisdiccional debe dar cuenta, finalmente, abordaré el asunto de la trascendencia o relevancia que socialmente alcanzan el cumplir y el incumplir con esta responsabilidad. Una puntualización aclaratoria: cuando me refiero a quienes ejercen función jurisdiccional, incluyo en ello tanto a jueces como a fiscales. Aunque en esta reunión se enfoca específicamente el caso de los jueces, dado que los integrantes del Ministerio Público también ejercen función jurisdiccional –especialmente en el caso de aquellos países donde se ha introducido el proceso penal reformado–, el abordaje del tema que propongo también los comprende.

Del re-ensamblaje de lo social a la movilización pública: caso Karina del Pozo

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal dar respuesta a la interrogante acerca de en qué casos y condiciones las interacciones virtuales contribuyen a conformar movilizaciones reales a partir de la información que circula en redes sociales. Para cumplirlo, en primer lugar, se partió de una revisión teórica de autores trascendentales como Howard Rheingold, Manuel Castells, Antonio Damasio, Pierre Levy o Antonio Negri, lo que dio como resultado un primer hallazgo: el vínculo entre la comunicación, las nuevas redes sociales, los medios tradicionales y las emociones que se gestan en ellos y que pueden hacer eco en el individuo hasta promover su movilización y la acción social. Sobre esta base teórica, el siguiente paso fue determinar cómo aquello se presentaba en un grupo definido de usuarios de redes sociales, concretamente el colectivo que hizo que el caso de Karina del Pozo fuera tendencia. Para ello, con la aplicación de las herramientas que arrojaron datos cuantificables como el Big Data y el Important Data, se procedió al trabajo de campo que constó de dos momentos. El primero de ellos, la fase de recopilación de datos; y el segundo, de análisis e interpretación sobre los resultados obtenidos. Como deducciones del estudio a partir del planteamiento teórico y de la investigación, la movilización hacia un determinado objetivo más allá de las redes sociales, es el discurso y del relato periodístico en medios tradicionales que generaron una empatía narrativa, situando al espectador en un lugar virtualmente cercano al hecho. Estos elementos además de ser una respuesta al asesinato de Karina del Pozo fueron un cuestionamiento a la sociedad y a sus prácticas, al machismo, a la violencia de género, pero además significaron la manifestación de estas mismas condiciones cuando se empezó a culpabilizar a la víctima, atribuyéndole la responsabilidad de los hechos que acabaron con su vida. Estas emociónes, valores, pensamientos o sentimientos similares, reflejados en la adopción de una determinada posición frente a un mismo hecho. En el caso de quienes se movilizaron, se estaría cumpliendo la presencia de emociones que van desde el miedo, la ira, la indignación y en contraposición, la solidaridad y la esperanza por cambiar una realidad a través de la acción.

Interdependencia de la economía social y solidaria y el Estado constitucional de derechos y justicia en la Constitución de Montecristi de 2008

La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.

La huelga de la Universidad Central y la disputa por la autonomía universitaria en marzo de 1939

La presente investigación indaga sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la década de los 30 del siglo pasado, como es la Huelga de marzo del 39. Dicho acontecimiento se dio en una coyuntura política compleja, marcada por el regreso al poder de la burguesía liberal, representada en el gobierno de Aurelio Mosquera Narváez, que se caracterizó por su beligerancia a los sectores sociales y su persecución a los dirigentes de izquierda. Una de sus medidas fue la reorganización de las universidades mediante la promulgación de una disposición transitoria a la Ley de Elecciones que dejaba vacante los puestos públicos de periodo fijo. Esta disposición puso en debate uno de los derechos propios de la Universidad como es la autonomía universitaria, consignada por primera vez en el año de 1925. Como consecuencia de esta disposición transitoria, las cátedras universitarias quedaron vacantes, el Ministerio de Educación procedió a nombrar nuevos docentes, excluyendo de estos nombramientos o a profesores de militancia socialista. Este hecho fue interpretado por los estudiantes como una violación a la autonomía del centro de estudio y provocó que el 16 de marzo el Consejo Universitario deje de funcionar y los estudiantes se tomen las instalaciones de la Universidad y declaren la huelga. Frente a estos acontecimientos, otros sectores sociales como los maestros, obreros y textiles, eléctricos y transportistas mostraron su solidaridad y procedieron a plantear sus propias reivindicaciones, declarando una huelga general los días 21 y 22 de marzo y formando el autodenominado Frente de Estudiantes-Maestros-Trabajadores. El resultado final fue una profunda agitación social en las calles, la que obligó al Estado a utilizar su fuerza coercitiva y a declarar ilegal lo actuado por los sindicatos. Este hecho tuvo profundas repercusiones en los dirigentes gremiales, en la firma de contratos colectivos y en la creación de una alternativa educacional que fue la Universidad libre.