Familia contemporánea y televisión: recepción del talk show “Caso Cerrado”

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio de recepción del talk show Caso Cerrado en tres familias de la ciudad de Quito. Dentro de esta búsqueda se trazaron los parámetros para definir la imagen de la familia que se crea en el espacio mediático en función de la recepción del talk show seleccionado. A partir de esta imagen, así como de la estructura que cada familia estudiada posee y de las características individuales de quienes la conforman, se estableció el grado de identificación o de rechazo que esta imagen mediática genera en la rutina de consumo y re-significación de los discursos emitidos. Por otro lado, se indagó en los usos que se hace de estos contenidos en el ámbito cotidiano-familiar. Para llegar a esta meta se elaboró una guía metodológica y conceptual que aborda la construcción de las mediaciones como la base de la relación entre las audiencias y la televisión. El glosario de conceptos claves, que incluye el melodrama, el talk show, la televerdad y las audiencias, permite consolidar un espacio de discusión en el que gira la investigación y el requerimiento de los datos que después se recopilaron. Además se realizó un análisis de contenido de Caso Cerrado. Fue necesario fragmentar la estructura del talk show para utilizar elementos puntuales el momento de generar la relación entre las familias y el producto mediático. El análisis comparativo fue el cierre de una investigación que recopiló datos que se construyeron en la rutina de consumo y recepción de estas tres familias, cuyos espacios son diferentes y cuyos integrantes configuran mediaciones en relación con su individualidad y las instituciones a las que pertenecen.

La igualdad jurídica en el régimen tributario ecuatoriano y los supuestos de discriminación fiscal en la nueva legislación para la consolidación de la política económica nacional

La vinculación entre los derechos humanos y la tributación ha evidenciando una nueva perspectiva respecto de este principio constitucional. De modo que, hoy en día, la igualdad fiscal no puede ser apreciada materialmente desde la sola perspectiva de la generalidad, sino que supone un juicio integrado visto desde la interdependencia de los principios de generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. La capacidad contributiva es el eje sobre el cual se construyen tratos tributarios diferenciados legítimos, que garantizan un tratamiento igual para los iguales y uno desigual para los desiguales, en mérito a su desigualdad – precisamente – en su capacidad para contribuir. De esto trata el primer capítulo del presente trabajo de investigación; y, en uno de los títulos del segundo capítulo se propone, en definitiva, como consecuencia de lo dicho, como un principio tributario propiamente, el de no discriminación fiscal como la manifestación de la igualdad jurídica en esta materia. Ahora bien, la apreciación que antecede está relacionada directamente con el fin esencial de los tributos: recaudar dinero suficiente para el sostenimiento del gasto público; sin embargo, existen también tributos en los que prevalecen los fines extra-fiscales, es decir, aquellos ligados a la promoción o a la inhibición de determinados actos o hechos económicos, en cuyo caso, los principios que matizan la igualdad jurídica en el régimen tributario no son ya los mismos, pues, bajo la perspectiva de la política tributaria, son legítimos los tratos tributarios diferenciados fundados en una razón suficiente, sin que ésta trate ya de la capacidad contributiva. En el segundo capítulo se hace una reseña de este particular y se propone que en dichas condiciones, deben considerase nuevos límites materiales que garanticen la igualdad jurídica en los tributos finalistas (no recaudatorios). A dicho efecto realizó un breve análisis de los posibles supuestos de desigualdad que promueven ciertas normas dictadas recientemente: (1) la potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en Ecuador para reducir el valor de los tributos impuestos por ley por motivo del cumplimiento de ciertos fines de orden económico, (2) los incentivos tributarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y (3) la exclusión del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a quienes se dedican a la actividad del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. En tal virtud, finalmente, propongo como límites materiales que garantizan la igualdad en las figuras tributarias utilizadas como herramientas de política fiscal los principios de razonabilidad, el de equidad en la redistribución de la riqueza y el de neutralidad o de incidencia económica menor.

El estado de excepción en el Ecuador y su relación con el estado de derecho

La institución jurídica constitucional del estado de excepción no siempre ha sido conocida con este nombre en el constitucionalismo ecuatoriano, sino que ha tenido varias denominaciones tales como: facultades extraordinarias, estados de urgencia, estado de sitio y estado de emergencia, no obstante, con la vigencia de la Constitución de 2008, se introdujo la denominación “estado de excepción”, concebido como un mecanismo jurídico, constitucional y político que permite restablecer el orden público en circunstancias extraordinarias con el fin de garantizar, los derechos constitucionales, la democracia y el Estado de Derecho. La declaratoria del estado de excepción es emitida por el ejecutivo, mediante decreto ejecutivo el mismo que está sujeto a control político, constitucional e internacional, ya que en algunos casos podría restringir o suspender derechos constitucionales (contexto nacional) y derechos humanos (contexto internacional), los cuales son protegidos por tratados internacionales y por el Derecho Internacional Humanitario. En este contexto, la presente tesis iniciará revisando la evolución del estado de excepción en el constitucionalismo ecuatoriano, abordaremos de forma analítica y comparada (Estados miembros de la Comunidad Andina -CAN-) la naturaleza jurídica del estado de excepción, su regulación, funcionamiento, así como su relación con el Estado de Derecho (concebido éste como una estado legal y constitucional), fortaleciendo nuestro trabajo con el auxilio de la norma, la doctrina y la jurisprudencia.

Diseño de un Sistema de Gestión para el Área de Prevención de Lavado de Activos de la Compañía de Seguros Panamericana del Ecuador

La presente tesis analiza los conceptos de prevención de lavado de activos nacionales e internacionales, así como los requerimientos regulatorios emitidos por los organismos de control de las empresas de seguros, mismos que fueron tomados como base para la elaboración del sistema de gestión de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos a implementarse en la compañía de seguros Panamericana del Ecuador. El desarrollo de este sistema de prevención, se basó en el sistema de gestión de calidad ISO 9001 implementado anteriormente en la Compañía, por lo que abarca conceptos, procesos, procedimientos, flujogramas, herramientas tecnológicas y metodología de implementación de los requisitos legales exigidos, enfocándose en generar el menor impacto posible para las personas naturales y jurídicas que se relacionan con la Compañía. El principal objetivo de este trabajo es proporcionar a la Unidad de Cumplimiento, encargada de precautelar que la Compañía no sea utilizada para lavar activos y financiar delitos, de los medios necesarios para crear una cultura de prevención, que no solo garantice el cumplimiento legal sino que principalmente proteja a la compañía y todas las personas que se vinculan a ella de este terrible flagelo mundial. Con este trabajo se espera lograr que la implementación del sistema de prevención de lavado de activos se realice en forma planificada y ordenada, adecuándose a las necesidades y realidad de la Compañía.

Aplicaciones constitucionales en las actuaciones administrativas

El posicionamiento de la Constitución, como centro irradiador del Derecho en un Estado, representa para la Administración Pública la transición de la legalidad hacia el principio de juridicidad, la incorporación de nuevas fuentes del Derecho, y la necesidad de la aplicación no solo del método de subsunción normativa sino de otras herramientas de la hermenéutica jurídica. Sin embargo, este proceso de transformación no puede significar una vulneración a la legalidad en las actuaciones del poder público, ya que en un Estado Constitucional (de derechos y justicia) con un sistema presidencial, la interdicción a la arbitrariedad se vuelve indispensable frente a la vulneración de los derechos fundamentales que, en la mayoría de ocasiones, se confirma en la sede administrativa sin que su conocimiento alcance la fase jurisdiccional. En una posición crítica frente a las normas legales y reglamentarias, las aplicaciones constitucionales se materializan desde el principio de jerarquía normativa a través del método de subsunción; pero aún más, frente a los errores o en ausencia de ley, se concreta en la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías a través de métodos argumentativos, con mayor incidencia de una posición crítica de la norma, y el ejercicio de la potestad discrecional para determinar la opción jurídica más legítima. La práctica administrativa demuestra un gran distanciamiento de la aplicación directa de la Constitución, pues es constante el respaldo en la mera legalidad que somete a la Constitución a operar bajo lineamientos de la hermenéutica legal; sin embargo, la constitucionalización del ordenamiento jurídico debe ir más allá e innovar el ejercicio de la función administrativa y de la jurisdicción contencioso administrativa como una nueva visión del propio Derecho Administrativo.

2011: la lucha por los derechos de la Pachamama se levanta sobre los hombros de la gente

Analiza la vigencia limitada de los derechos de la naturaleza debido a los intereses económicos que privilegian la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales. En este contexto, destaca el accionar de la ciudadanía y los colectivos que activaron los mecanismos de tutela efectiva de los derechos ambientales y de la naturaleza, como el caso contra la petrolera Chevron Texaco y la acción de protección a favor del río Vilcabamba. Alerta sobre el destino de la iniciativa ITT ante el anuncio de una nueva licitación petrolera por lo que plantea renovar esfuerzos por la vigencia de los derechos de la naturaleza.