52 resultados para Solución de Conflictos - Colombia


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En Colombia se expresa a cabalidad la tendencia mundial: se están ampliando las fronteras petroleras, pues las reservas de crudo convencional han disminuido. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros y en un hecho sobresaliente: la incursión de esta industria en las altas montañas (cordillera de Los Andes), en donde hasta épocas recientes se había privilegiado la producción campesina. Así se observa, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, donde ya existen bloques para la búsqueda de crudos no convencionales. Los artífices de esa situación son los últimos dos gobiernos, que en las conocidas y periódicas rondas petroleras han subastado bloques petroleros y han impulsado, con la conducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, una agresiva campaña de adjudicación de los mismos. Comunidades con fuerte arraigo campesino, ajenas a esta actividad, reaccionan con solo notar la presencia de las empresas en su territorio, por los graves impactos que comienzan a tener desde que empieza a crearse el ambiente exploratorio.

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Analiza la influencia del conflicto colombiano en los procesos de intercambio comercial de Colombia con Ecuador, centrándose en la profundización y localización del conflicto armado colombiano. El autor recopila de forma sistemática información referida a la evolución del intercambio comercial entre Ecuador y Colombia, para responder a su pregunta de investigación sobre los efectos generados por la dinámica del conflicto armado colombiano a partir de la implementación del Plan Colombia. El análisis de algunas manifestaciones del conflicto, como los cierres de carretera por parte de los grupos irregulares y los desplazamientos militares para controlarlos, le permite establecer su impacto en los flujos comerciales bilaterales por vía terrestre. El estudio se plantea, desde la perspectiva de las relaciones económicas internacionales, como una reflexión puntual, con un interés principalmente metodológico, que quiere dar cuenta de las formas en que las alteraciones del orden público y las respuestas estatales frente a ellas, afectan los intercambios y la cotidianidad de la región fronteriza entre los dos países.

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El escenario caucano expresa en toda su complejidad el problema agrario y la resistencia del campesinado a la expulsión hacia los centros urbanos, determinada por la evolución de la gran propiedad territorial. Se mantiene latente el problema de los campesinos sin tierra y persisten reductos de alzados en armas. Coexisten sectores y movimientos sociales y políticos diversos, como el Movimiento campesino del Macizo Colombiano y las organizaciones indígenas, cuyas luchas, conquistas y reivindicaciones se han prolongado por dos siglos.

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En Colombia, los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.

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La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este pareciera ser el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y a los intereses de capitales nacionales y transnacionales.

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En 1991, cerca de 200 indígenas Wounáan de la comunidad de Curiche en la Costa Pacífica norte se desplazan hacia Juradó, presos del terror por las agresiones propinadas y las amenazas de los narcotraficantes. Estas mismas comunidades en diciembre de 2000 (frente a un ataque de las FARC a Juradó), salen hacia Panamá; cuatro meses más tarde retornan a Colombia. Sin embargo los Embera de Aguas Calientes y Guayabal (comunidades cercanas), víctimas del terror producido por una masacre paramilitar, se desplazan a Juradó y allí, a pesar de la muerte de su principal dirigente Armando Áchito por parte de las FARC, asumen el retorno, reconfigurando un nuevo poblamiento y una nueva estrategia de resistencia desde lo organizativo. Esta es solo una muestra de lo que ha significado el itinerario de una desconocida y dolorosa tragedia de los pueblos indígenas colombianos.

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Como lo menciona acertadamente Vicenc Fisas, Director de la Escuela de Cultura de la Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, las Hojas de Ruta (HR), por lo regular, tienden a estrellarse desde el primer momento por querer mostrar un simple acuerdo final, lo que provoca el rechazo de alguna de las partes y el abandono de la propuesta, pues adquiere un tono impositivo. Una Hoja de Ruta debiese, ser en todo el camino, el marco, el señalamiento de los temas clave, la infraestructura de apoyo y la autopista que se ofrece para que los actores puedan negociar. Estas consideraciones de Fisas, nos sirven de marco para fijar que el parámetro de la negociación palestina-israelí, un conflicto con una negociación particular, digo particular -reconociendo que todos los conflictos guardan sus propias características que los diferencian- por el hecho que en este conflicto más que en cualquier otro, se ponen de manifiesto ciertas particularidades que esconden una problemática que a simple vista puede ser pasada por alto

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Este documento compara dos experiencias de comisiones creadas para enfrentar la reparación a víctimas de conflictos armados internos: la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, creada en junio del año 2001 por el presidente Valentín Paniagua y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, creada en el año 2005 por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El análisis comparado de estas experiencias tiene como propósito responder a un interrogante: ¿Cuáles son los estándares de reparación adoptados por dichas comisiones? O dicho de otra forma ¿cuáles son los referentes a partir de lo cual se materializa la reparación a las víctimas y cuales son los contenidos del concepto de reparación priorizados? El argumento que se desarrolla a lo largo de estas páginas, sostiene que los estándares de reparación están determinados en buena medida por dos aspectos del marco normativo interno: a) la legislación que regula la función de las Comisiones así como la desmovilización, desarme y reincorporación a la vida civil de los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley; b) el marco jurídico interno sobre medidas de restablecimiento o políticas de reparación integral a víctimas del conflicto armado interno.

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El mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se presenta, en la actualidad, como el instrumento más logrado para la resolución de problemas en el marco del régimen internacional de comercio. Sin embargo, en el mecanismo de solución de diferencias persisten características similares a las de todos los demás instrumentos internacionales: refleja el resultado de un compromiso de intereses en un momento dado. En el mecanismo de solución de diferencias, a pesar de su alto índice de eficiencia, persisten elementos que limitan, en su esencia, la aspiración de supranacionalidad que algunos de sus propulsores en algún momento pensaron. La OMC no es un acuerdo de integración, sino que es fundamentalmente un marco de facilitación del comercio internacional y, por tanto, en su seno los Miembros seguirán manteniendo la libertad suficiente para controlar aquellos aspectos de su legislación que consideren indelegables. La OMC ha significado un indudable avance cualitativo en relación al mecanismo que existía en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés); pero, por su propia naturaleza, nunca llegará a ser supranacional. En ese sentido, el autor analiza en estas páginas aquellas limitaciones endógenas que caracterizan a la OMC y que, considera, no permitirán que llegue a ser una entidad supranacional.

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El Ecuador, como parte de la comunidad internacional, tiene derechos y responsabilidades que son inherentes a su interacción dentro de la misma. Desde este punto de partida, el presente trabajo analiza la respuesta del Estado ecuatoriano frente a la crisis de los refugiados colombianos en el país. El primer capítulo analiza al sistema internacional del refugio, su evolución histórica y jurídica, y cómo este sistema se encuentra sujeto a los grandes cambios de la política mundial, cambios influidos por la agenda de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. Cómo se expresa el sistema internacional del refugio en el Ecuador, su nivel de institucionalidad y la relación Estado - sociedad civil - organismos internacionales, se encuentra desarrollado en el segundo capítulo. Las limitaciones de la respuesta estatal, estructurales, administrativas y políticas, así como el papel de la comunidad internacional frente a las mismas, son los temas tratados en el capítulo tercero. El cuarto capítulo, a la luz de las conclusiones obtenidas, señala los retos compartidos que, tanto el Ecuador, Colombia y la comunidad internacional, tienen con la población colombiana en necesidad de protección internacional que se encuentra en nuestro país, separando el respeto a los derechos humanos de la agenda de seguridad. Es el propósito del presente trabajo analizar el rol del Ecuador dentro del sistema internacional del refugio, a la luz de una crisis específica y en cuya solución se pueden identificar diferentes actores. El estudio del papel que tiene en este sentido la agenda (enfocando los temas de seguridad y cooperación), de los países hegemónicos de la comunidad internacional encabezados por los Estados Unidos, permite replicar el presente ejercicio académico, partiendo de cualquiera de los componentes del sistema internacional, hacia un país y una problemática específicos.

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La violencia contra las mujeres en Colombia se presenta como un contínuum en sus vidas y no como hechos aislados que tienen por escenario los denominados espacios públicos y los espacios privados, la cual se exacerba en el marco de la violencia sociopolítica y el conflicto armado que vive Colombia desde hace más de seis décadas, la cual ha tenido como escenario sus cuerpos-territorios. Ciertamente los cuerpos de las mujeres en Colombia han sido leídos como premios para los guerreros de los distintos bandos, y se han utilizado como arma de guerra para agredir, debilitar al enemigo, y provocar terror dentro de las comunidades de tal manera que se generen desplazamientos masivos y así lograr el control de los distintos territorios. Si bien las últimas cifras dadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que durante los años 2007 y 2008 se realizaron 41.475 informes periciales sexológicos, en los que el 84% de los casos las víctimas fueron mujeres, aún resulta imposible cuantificar el número de mujeres que han sido y son víctimas de alguna modalidad de violencia sexual en los casi sesenta años de conflicto armado, en especial por el altísimo subregistro que se presenta ante el miedo a las represalias, estigmatización y revictimización que deben enfrentar las mujeres al denunciar.

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América Latina ha sido la región más “privilegiada“ por sus recursos naturales, por ello ha captado grandes inversiones manteniendo durante años un modelo económico extractivista deficiente. La sustentabilidad en el tiempo de este tipo de desarrollo ha incrementado la insuficiencia del rol del Estado. Los conflictos socioambientales están posicionándose de forma relevante en los procesos de desarrollo así como en las agendas globales. Los conflictos se caracterizan por la diversidad en su complejidad de actores, intereses, etc. El incremento desmedido de la violencia dentro de estos ha llevado a ser un ámbito importante dentro de todos los países en el mundo. El propósito de esta investigación es analizar un caso de conflicto en el Ecuador como es el de la Parroquia de Pacto. Ya que es importante determinar las causas de los conflictos dentro de la sociedad, y conocer como el Estado ha manejado o evitado estos problemas. Es necesario examinar los impactos que tienen las actividades extractivistas dentro de las áreas sociales y ambientales, con la finalidad de dar una solución para evitar tantos enfrentamientos.

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El artículo reflexiona sobre la política exterior de Colombia, sus prioridades y desafíos. Iniciando con un recorrido de lo que fue la diplomacia tradicional colombiana, el autor analiza las relaciones de Colombia con Estados Unidos en la última parte del Siglo XX, caracterizadas por altibajos y por su concentración en el tema de lucha contra las drogas. Fernando Cepeda analiza además el papel de la llamada diplomacia por la paz, las condiciones que dan lugar a la internacionalización del proceso de paz y los objetivos prioritarios que ha definido la política exterior colombiana, alrededor de la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado.