36 resultados para Segundo Coloquio Internacional : Los Griegos : Otros y nosotros
Resumo:
Puesto en vigencia el Código de la Niñez, así como reformado el Código de Trabajo, a través de este estudio pretendo analizar si estos cuerpos legales guardan la suficiente coherencia y armonía con los principios constitucionales que deben gobernar el sistema procesal, y si en la práctica ha posibilitado su real vigencia. Examino cuál es la conducta de los diferentes actores en el quehacer jurídico, y cuál ha sido su aporte frente a las reformas que se han implementando, combinándole con las principales propuestas doctrinarias. Descompuestas algunas fases de los procedimientos, establezco el diferente tratamiento que han tenido las dos materias del derecho propuestas, los que nos permite diferenciar que el trato dado por el legislador no ha sido igual, para poder detectar y encontrar las causas que son determinantes, para que los principios constitucionales no alcancen el posicionamiento deseado. Destaco cambios que se han producido, como por ejemplo en la infraestructura física de la Función Judicial, la implementación de sistemas informáticos, lo que permite una mejor rendición de cuentas a la sociedad, y a la par decisiones de los Tribunales de Justicia en temas específicos, para poder demostrar que la actuación de los jueces está divorciada en muchas ocasiones de sus poderes-deberes, y cuáles podrían ser las soluciones comparándolas con cuerpos legales de otros países, todo lo cual persigue demostrar que si se ha hecho, pero también falta mucho por hacer para posibilitar que este gran paso de implementar la oralidad en nuestro país, continúe y alcance los objetivos propuestos.
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El ejercicio de la administración de justicia de los pueblos indígenas es uno de los derechos colectivos más visibilizados en la sociedad ecuatoriana; sus prácticas, vistas desde una concepción occidental, han sido cuestionadas al argumentar que los usos y costumbres propios contravienen los principios de los derechos humanos. El presente estudio pretende aclarar el contexto y la definición de la justicia indígena como derecho propio, diferenciándola de otros hechos, tales como el linchamiento y ajusticiamiento. Reflexiona sobre cómo los derechos individuales (a la vida, la libertad, integridad, propiedad) están garantizados en la aplicación de la justicia indígena y analiza los mecanismos de conciliación que pueden interactuar y fortalecer los dos sistemas de justicia, a partir del reconocimiento y respeto del derecho propio, el diálogo intercultural, el desarrollo de las leyes y la constitución de un sistema jurídico de los pueblos indígenas. Para lograr el pleno ejercicio del derecho propio, el estudio analiza la Constitución del Ecuador, los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas, normas que de una u otra manera garantizan los principios, procedimientos y autonomía de la justicia indígena. Finalmente, a partir del análisis de expedientes, el trabajo reflexiona sobre las fiscalías indígenas, independientemente de cada uno de los actores: indígenas, instituciones, jueces, fiscales. En relación a la incidencia en la justicia indígena, se plantea la preocupación de si las fiscalías indígenas pueden llegar a constituirse en un espacio que atente contra la autonomía y la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indígenas, principio consagrado en el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador.
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El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia, el funcionamiento apropiado y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios públicos. Esos ciertos servicios públicos, comúnmente son denominados servicios públicos básicos, entre los cuales estarían por ejemplo, la prestación de servicios de agua potable y corriente, energía eléctrica, gas natural, aseo y telefonía, cuya potestad es ejercida por el Estado. No obstante lo anterior y en clara vinculación con la consagración de los derechos sociales y el concepto de dignidad humana, se han tejido argumentos en torno a la noción de servicios públicos fundamentales, entre los cuales se cuentan además de los anteriores, la asistencia a la salud, el acceso a educación y empleo decente como medios para satisfacer las condiciones mínimas de vida adecuada y decorosa y por ende el respeto y desarrollo de la dignidad de toda persona. En las siguientes líneas se destaca los avances normativos que en la región se observan en relación con la conciencia colectiva por parte de los Países Andinos sobre la necesidad de satisfacer los derechos sociales, y los intentos de reconocimiento del acceso del individuo como sujeto de derecho internacional ante instancias que permitan satisfacer condiciones dignas y decorosas de vida.
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El presente proyecto de investigación que forma parte de la presente tesis, busca encontrar las evidencias que permitan tener una visión clara del manejo de los microcréditos en el Ecuador, Cantón Santo Domingo de los Colorados y reconocer a las microfinanzas como una herramienta válida del desarrollo de los países, especialmente en la erradicación de la pobreza. Las aproximaciones teóricas de dos corrientes del sector informal de la economía a la luz de las discusiones y de la revisión de los principales logros obtenidos en la aplicación de las microfinanzas en el país, ayudará a establecer las falencias, los aciertos y sobre todo la posibilidad de encontrar nuevos caminos, que en cooparticipación con las instituciones preocupadas por mitigar la pobreza del país, se intensifique, se transparente y se procure que el desarrollo sea para todos los ecuatorianos a través de la apertura de oportunidades. Para lograr el propósito de éste trabajo, en un primer momento se enunciará el referente teórico desde el cual vamos a analizar las prácticas del desarrollo de la microempresa, en un segundo momento se caracterizará al sistema financiero nacional y en particular al que se encuentra en el Cantón de Santo Domingo de los Colorados; en un tercer momento a través de una investigación de campo se analizará la oferta y la demanda de las mujeres microempresarias, su percepción de las necesidades y de las oportunidades que ellas tienen para insertarse en el desarrollo nacional y sobre todo de las oportunidades de salir de su postramiento económico de ella y su familia. Finalmente, a manera de conclusiones con los hallazgos significativos obtenidos en el desarrollo de la tesis, se ha realizado una propuesta que podría ser considerada en el futuro ya que representa un producto factible, dirigido a las mujeres pobres que no tienen accesos.
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A partir de la reforma y codificación constitucional de 1998, realizado por la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente de 1997, se introdujo el principio de competencia en la Constitución ecuatoriana, determinando así la regulación de ciertas materias por ley orgánica, ciertas por ley ordinaria y ciertas por actos normativos con categoría normativa inferior a la ley. El mencionado principio de competencia tiene relevancia desde que ya no se aplica a rajatabla el principio de jerarquía que hasta antes de dicha codificación se utilizaba con mucha frecuencia cuando existían problemas de contradicciones normativas, ya que las normas jurídicas en general estaban perfectamente jerarquizadas, sin dar pábulo a confusiones sobre la aplicación de las normas. Evidentemente la Constitución ecuatoriana no determina expresamente la aplicación del principio de competencia, es más, en el artículo 272 de la Constitución se trata de jerarquizar el ámbito normativo, pero sucede que esto no es así, ya que no se puede interpretar la Constitución de manera absoluta y en contra de si misma. Es por lo dicho que en derecho constitucional existen mecanismos y métodos propios de interpretación constitucional como es el método tópico que en suma nos dice que a la constitución hay que interpretarla en función de los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica, corrección funcional, función integradora y fuerza normativa de la Constitución, que se explicarán ampliamente en el desarrollo de la tesis y mediante el cual llegaremos a la conclusión que la Constitución ecuatoriana determina claramente el principio de competencia. Es debido precisamente a este problema de interpretación de la Constitución, que en los actuales momentos, con este nuevo principio introducido en la constitución ecuatoriana, ha llevado a que el Congreso Nacional trate de regular mediante ley (sea esta orgánica u ordinaria) materias que la constitución ha asignado a otros órganos del Estado, lo que se traduce en una evidente arbitrariedad por parte del legislativo sobre potestades que la Constitución no le ha asignado, contrariando así el principio de legalidad consagrado en el artículo 119 de la Constitución que determina: “Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y lo funcionarios públicos no podrá ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y la ley...”. La importancia de este tema desde el punto de vista académico es interesante desde que la aplicación del principio de competencia no es una invención ecuatoriana, es así que este principio de origen francés con la V República de 1958 es tomado en sistemas como el español, el chileno, el colombiano entre otros ya han determinado claramente la aplicación de este principio por sobre el principio clásico de jerarquía, determinando en su jurisprudencia que la creación y aplicación de la norma se la realiza en virtud de las competencias que la Constitución de cada país ha determinado a los órganos del poder público respectivos. Por último, la importancia social de este tema es evidente ya que el Congreso Nacional ecuatoriano utilizando un concepto ya superado, como es el de que la soberanía radica en ellos, pretende arbitrariamente regular materias que no le competen, provocando así una confusión en los operadores de la norma, como son la administración pública, los jueces y los administrados, utilizando el criterio de que una ley y mejor aun que una ley orgánica se aplica por sobre el resto del ordenamiento jurídico inferior en aplicación del principio de jerarquía y no del principio de competencia vigente a partir de la codificación y reforma constitucional de 1998.
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La Constitución de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobación de la Ley de Minería (y de la Ley de Seguridad Pública) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalización de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Acción Ecológica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demandó la inconstitucionalidad de la Ley de Minería. Se demanda la garantía de derechos, entre éstos el de la resistencia.
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Este artículo presenta un análisis de las ventajas y desventajas que traería consigo la firma de un TLC andino con Estados Unidos. A partir del acercamiento a diferentes sectores de la economía andina, el autor determina quienes podrían ser los posibles perdedores y ganadores con la firma de un Tratado de este tipo. La inexistencia de una agenda productiva interna en cada uno de los países, es señalada como una de las principales desventajas que tienen los andinos para poder aprovechar las ventajas que representaría la firma de un TLC y para poder convertir en oportunidades las exigencias que el mismo plantea. El desarrollo de un debate sustentado en criterios técnicos y políticos, más allá de fundamentos ideológicos, es para el autor el elemento central del cual se debe partir para determinar la conveniencia del TLC.
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Este artículo desarrolla un análisis comparativo de las relaciones bilaterales entre el Ecuador y Estados Unidos, durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad. El autor encuentra puntos coincidentes y de diferencia en cada una de las administraciones, con respecto a las temáticas prioritarias sobre las que se han desarrollado las relaciones bilaterales: democracia, Derechos Humanos, drogas, deuda externa, comercio y el conflicto bélico Ecuador-Perú.
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Esta investigación expone un marco interpretativo para estudiar los territorios imaginados del Caribe Colombiano, reconstruidos en un proceso geohistórico a través de los textos escolares en ciencias sociales y el aprendizaje de los estudiantes en Bogotá, partiendo desde la última constitución colombiana en 1991 hasta el 2005. En el primer capitulo, “la configuración de la nación: Una lectura de las representaciones territoriales en torno a la herencia de un modelo hispánico centralista”, se considera un proceso de re-construcción de territorios imaginados en el contexto de la nación como categoría de análisis. En el segundo, “la articulación de la memoria y la representación textual” se indaga desde la identidad regional para cuestionar lo que se podría entender como el costeño y la relación existente desde un marco cognitivo de los estudiantes: la memoria, examinando las diversas formas de estereotipización por medio de los textos escolares en ciencias sociales y la relación con su aprendizaje. Para el tercero, “la construcción del otro marginal en relación al otro hegemónico” se contextualiza los planteamientos de la educación en Colombia, apoyada en gran parte en los textos escolares y su empleo, cuestionando la existencia de un visión analítica de la diversidad cultural en el centro del país, haciendo referencia a la identificación de los habitantes del Caribe. Finalmente, se concluye que los territorios del Caribe son estereotipizados desde los imaginarios céntricos, por medio de representaciones textuales y el proceso derivado de su aprendizaje, evidenciándose una la lucha por el significado, desatándose un primer paso a el cuestionamiento de su reconocimiento, en contra de su inmersión en la lógica de la colonialidad del poder.
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La presente tesis tiene como propósito principal plantear las tendencias de asistencia internacional registradas en las provincias del norte previa la aplicación del Plan Colombia y posterior a la misma. El objetivo central de esta investigación es determinar cómo está conformada la asistencia en estas tres provincias, quiénes son los donantes, agencias ejecutoras e instituciones beneficiarias para establecer las dinámicas que se generan a partir del Plan Colombia en esta zona y cuáles sus implicaciones. Es decir, la investigación busca saber con exactitud cuál es el rol de cada país donante en frontera norte y si los desembolsos hechos por los EE.UU. se traducen en una influencia mayor en frontera y a nivel nacional. En definitiva, se busca establecer si dentro de la coyuntura del Plan Colombia, las provincias de frontera norte reciben la atención que los medios y el gobierno propugnan o si en esta coyuntura la retórica desde distintos organismos es la que prevalece. ¿Ejercen o no los EE.UU. una influencia mayor en esta región por los desembolsos hechos en el período 1999-2001? La investigación responde a esta pregunta contundentemente a partir de los desembolsos otorgados por cada donante. En realidad, los montos otorgados por USAID a través ya sea de UDENOR u OIM bordean aproximadamente el 20% del total para la región frontera norte. EE.UU. ha desembolsado para la zona de frontera sur, más de 4 millones de dólares sobre los montos registrados para frontera norte. A nivel nacional sin embargo, EE.UU. no sólo es el donante más importante por el monto de los desembolsos hechos para el Ecuador sino que es el donante por excelencia, pues sus créditos y donaciones equivalen a cerca del 48% del total de asistencia bilateral para el Ecuador. El impacto del Plan Colombia a la asistencia internacional para esta región se expresa en la multiplicación de proyectos, áreas de acción y donantes en esta región; una actitud por parte de los donantes hacia esta zona, opuesta a la registrada previa la coyuntura del Plan Colombia. Esta tesis está dividida en dos partes. La primera parte, intenta dar una panorámica general de las tendencias históricas que tratan de explicar las Relaciones Internacionales a partir de la Asistencia Internacional, sus causas y consecuencias. Además se presenta el caso del Plan Colombia dentro de este contexto y cómo se configura la región por esta coyuntura política internacional. La segunda parte de este estudio, está enfocada al análisis de la asistencia internacional para el Ecuador a nivel nacional, regional y provincial. Finalmente, las conclusiones tratan de conjugar los resultados de la segunda parte con la primera, en una propuesta donde converjan las implicaciones del Plan Colombia y la “asistencia internacional” provocada por él en frontera norte.
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El presente trabajo tiene como propósito abordar la Organización Mundial de Comercio como nuevo organismo regulador del comercio internacional, las incidencias y repercusiones para el Grupo Andino resultantes de los compromisos asumidos por nuestros países en la política comercial de carácter no financiero y que supone la relevancia de adecuar la normatividad andina a lo establecido en cada uno de los acuerdos multilaterales de la OMC. Metodológicamente el trabajo se estructura de seis capítulos así: En el capítulo I " Aspectos conceptuales de las actuales tendencias del sistema económico internacionales"; capítulo II " La Organización Mundial del Comercio"; capítulo III "Grupo Andino -GRAN-"; capítulo VI "Los Acuerdos sobre Agricultura y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias"; capítulo IV "Comercio de Servicios", capítulo VI "Programa de Trabajo de la Organización Mundial del Comercio y la Integración Andina."
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El estudio de los derechos fundamentales y/o humanos se ha realizado desde el esquema tradicional del derecho privado, por tal razón, la teoría del derecho utilizada para entenderlos no es suficiente para la actualidad, dadas las complejas relaciones sociales y de poder que determinan la mayoría de las veces el rumbo de los derechos de las personas. Se requiere que el Derecho, como conjunto de normas jurídicas pensadas para la convivencia sea el que regule en condiciones de igualdad y sin discriminación dicha convivencia, no el mercado. Por ello cuando surge el neoconstitucionalismo como modelo de teoría jurídica, surgen múltiples soluciones, y también problemas, que permiten entender y abordar de mejor forma la estructura del Derecho en el siglo XXI. Entre otras, porque defiende a la Constitución como centro del sistema jurídico y ello dado el contenido de las constituciones modernas supone el respeto y realización de los derechos humanos. Además, porque permite entender en mejor forma los derechos sociales y reconocer su carácter de fundamentales. En ese orden de ideas, se debe continuar reflexionando sobre los derechos humanos y su exigibilidad, por lo que la teoría del contenido mínimo que se propone en el presente texto resulta de gran utilidad para alimentar los postulados del neoconstitucionalismo. Esta teoría plantea que existe un contenido mínimo diferente del contenido esencial de los derechos fundamentales, que está dado por los instrumentos internacionales y que representa el estándar mínimo en materia de derechos, del cual los Estados no pueden salirse bajo ninguna circunstancia, so pena de eliminar o anular el derecho mismo. El trabajo es un hecho social que merece especial protección, por tal razón tiene la garantía jurídica de su positivación, sin embargo, ha sido tal vez hasta el momento el derecho social más vulnerado y de más difícil cumplimiento por su compleja estructura y los constantes ataques que sufre desde las relaciones económicas. Por tal razón se requiere analizar su estructura jurídica en aras de modernizar su concepción y con ello contribuir a mejorara su garantía. En ese orden de ideas, la propuesta del contenido mínimo resulta adecuada para tal fin, pues permite poner en conexión la normatividad interna de un país y la internacional, además de constituirse en sí misma en una garantía de derechos, pues el desconocimiento de los contenidos mínimos del derecho al trabajo puede dar lugar a responsabilidad internacional de los Estados en el sistema regional de protección de derechos humanos.
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Esta investigación se concentra en el análisis de la Autobiografía de la Vble. Madre Sor Catalina Jesús María Herrera (1717-1795), de la correspondencia que Manuela Sáenz (1797-1856) mantuvo desde 1834 hasta 1856 con Juan José Flores y Roberto Ascásubi, de la poesía y textos en prosa de Dolores Veintimilla de Galindo (1829-1857), y de los textos Páginas de Ecuador y Conferencia sobre Sicología Moderna de Marietta de Veintimilla (1858-1907), con el propósito de rastrear las distintas posiciones de enunciación y los enunciados que desde ellas generaron, las opciones vitales que adoptaron, las características de las estrategias no convencionales asumidas, orientadas a desenmascarar, compeler o descubrir las debilidades de un pensamiento patriarcal que se legitimaba a sí mismo, generando, a la vez, efectos de sentido que posicionaron otras formas de pensamiento y otros modos de ser y actuar, que re-evaluaron su posición dentro de un contexto social específico. Hemos leído los textos como dispositivos escriturarios que ponen en juego niveles de sentido y de relación con el contexto cultural y sus códigos de representación, como un sitio de encuentros entre diversos géneros de escritura –autobiográfico, epistolar, poético, ensayístico–, y como un espacio de diálogo entre distintas disciplinas –historia, literatura, sociología, política–, lo que nos ha permitido reflexionar sobre las relaciones de poder que fijan las instituciones sociales y culturales, reconsiderar los diálogos entre lo público y lo privado, explorar otros modos de pensar lo político, analizar los mecanismos de subalternidad y alternidad femeninos, a la vez que dar una orientación transdisciplinaria como propuesta investigativa que permita aportar a los estudios culturales, de género, literarios, y latinoamericanos.
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Las siguientes páginas recogen la revisión bibliográfica y documental referente a las enfermedades más importantes que se produjeron en las ciudades de Quito y Guayaquil durante los siglos XIX y XX, lapso correspondiente al inicio y construcción de la época republicana. Se trabajó en este espacio temporal por dos razones: primero para dar continuidad a la investigación previa, que, sobre el mismo tema, fuera realizada para el siglo XVIII; segundo porque en estos siglos -XIX y XX- los conflictos de salud y los intentos por atender este problema, tuvieron particular importancia en la constitución social y política de los habitantes de los territorios que en la actualidad corresponden al Ecuador. De esta manera, además, nos encontramos en un intento de esbozar la situación de salud de los habitantes de nuestros territorios durante dos momentos: la época colonial, y la republicana.
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Este ejercicio de repensar el derecho humano a la salud en clave transformadora tiene como propósito avanzar en la definición de un lenguaje del derecho que no sólo resulte políticamente correcto, sino que posibilite el desarrollo de acciones judiciales, legislativas y políticas (sociales, económicas, culturales y ambientales) en torno a la salud también políticamente correctas. El enfoque basado en los derechos humanos tiene como basamento el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituido en marco referencial de la promoción, prevención y protección de los derechos. Los instrumentos internacionales universales y regionales vinculantes y no vinculantes, la jurisprudencia y la doctrina hacen parte de esta matriz referencial globalizada y legitimada. La teoría crítica de los derechos humanos, uno de los referentes teóricos de este trabajo de investigación, cuestiona no sólo el carácter abstracto de las normas también el sistema de valores en que se basa su desarrollo. La idea de definir y desarrollar el derecho humano a la salud en términos más reales, más “humanos” y comprometidos con la opción transformadora de realidades sociales constitutivas de la violación sistemática de este derecho hace parte del propósito de la tesis. El marco conceptual que aquí se propone tiene en el enfoque de la determinación social de la salud, desarrollado por la corriente crontrahegemónica latinoamericana de Salud Colectiva y la Epidemiología Crítica, otro referente clave para el desarrollo del derecho humano a la salud ya no sólo como un derecho social fundamental, también como un derecho socialmente determinado. Ello implica que el derecho de acceso a bienes, servicios y sistemas de salud supone también el acceso a condiciones de vida humana y natural saludable. La determinación social en clave interpretativa del derecho humano a la salud explica el poder determinante individual en relación con el poder determinante colectivo de la salud en varias dimensiones que dan cuenta de la interacción que hay entre las condiciones biológicas, los estilos de vida, las condiciones y modos sociales y, los procesos generales sociales y productivos que impactan la vida y la salud de las personas y de la naturaleza también. En otras palabras, impactan las condiciones en que se ejerce el derecho humano a la salud. La extensión del contenido y alcance en relación con las obligaciones del derecho, con base en el enfoque de la determinación social de la salud, se constituye además en oportunidad para el desarrollo de marcos más efectivos en prevenir, garantizar, respetar y proteger el derecho humano a la salud. La metodología de la investigación es de carácter cualitativo con apoyo en fuentes documentales, referencia bibliográfica, instrumentos internacionales de derechos humanos y marco constitucional venezolano, doctrina y jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.