21 resultados para Reservas y parques marinos


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El 19 de septiembre de 2013 los ministros de relaciones exteriores de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (CAN) expidieron la Decisión 792, norma comunitaria jurídicamente vinculante, mediante la cual pusieron en marcha un proceso de “reingeniería” del Sistema Andino de Integración2 (SAI). El aspecto más resaltado por la prensa fue una supuesta determinación de suprimir al Parlamento Andino, órgano deliberante del SAI. En realidad, la norma aprobada plantea su paulatina salida del Sistema, presumiblemente con miras a su migración hacia el Parlamento Suramericano por establecerse en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)3, pero también dispone evaluar la permanencia en el SAI de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Organismo Andino de Salud. Sin subestimar la trascendencia e implicaciones de estas resoluciones que afectan a cuatro importantes instituciones comunitarias, lo que importa destacar aquí es que la Decisión 792 marca el inicio de un proceso de amplias reformas al esquema y al proceso andino de integración.

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En Colombia se expresa a cabalidad la tendencia mundial: se están ampliando las fronteras petroleras, pues las reservas de crudo convencional han disminuido. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros y en un hecho sobresaliente: la incursión de esta industria en las altas montañas (cordillera de Los Andes), en donde hasta épocas recientes se había privilegiado la producción campesina. Así se observa, por ejemplo, en el altiplano cundiboyacense, donde ya existen bloques para la búsqueda de crudos no convencionales. Los artífices de esa situación son los últimos dos gobiernos, que en las conocidas y periódicas rondas petroleras han subastado bloques petroleros y han impulsado, con la conducción de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, una agresiva campaña de adjudicación de los mismos. Comunidades con fuerte arraigo campesino, ajenas a esta actividad, reaccionan con solo notar la presencia de las empresas en su territorio, por los graves impactos que comienzan a tener desde que empieza a crearse el ambiente exploratorio.

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Este libro indaga sobre tres niveles discursivos que se interrelacionan entre sí: la ciudad quimérica (la ciudad de los recuerdos), la ciudad trashumante (el lenguaje de los usos citadinos contemporáneos) y la ciudad real (el lenguaje de la política y de la participación ciudadana) en tres espacios: la Tribuna de los Shyris, la Plaza de Santo Domingo y la Tribuna del Sur. El primer capítulo, «Ciudad quimérica», explora los distintos cambios históricos, demográficos, sociales y políticos de los tres espacios que representan el norte, centro y sur de la urbe, cuyos contrastes y diferencias están determinados por sus luchas históricas. El capítulo 2, «Ciudad trashumante», se detiene en las dinámicas sociales y culturales con el análisis de las prácticas de los actores urbanos y sus distintas maneras de ocupación y representación. El capítulo 3, «Ciudad real», describe los diversos actos de participación social y protestas populares que en la década 1997-2007 terminaron con el derrocamiento de tres gobiernos: Quito como espacio de la protesta y sitio estratégico para mirar lo nacional. Esta investigación muestra que, a través de estas prácticas políticas, los habitantes trascienden los esquemas urbanos, tienden puentes y diseñan estrategias colectivas que convierten los espacios públicos en lugares de circulación social, donde se generan dinámicas de significación espacial (lugares) y formas de participación e interacción social.

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Mientras las naciones del mundo se preparan para alcanzar un acuerdo vinculante a fines de este año en París, una de las preocupaciones centrales de sus líderes debería ser, cómo enfrentar la certeza que, para evitar los efectos catastróficos del futuro cambio climático, apenas puede extraerse aproximadamente un tercio de las reservas probadas de combustible fósiles. La evidencia científica establece que, para mantener el calentamiento global en el límite aceptable de 2 °C para fines de siglo, la humanidad debe mantener inexplotada la mayor parte de las reservas probadas de petróleo, gas natural y carbón mineral.

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Desde fines del año pasado, ocho años de administración de la bonanza parecían sucumbir precipitadamente ante la obligada gestión de la austeridad. Esta vez todo hace pensar que la crisis económica no será como la de 2009, cuando un problemático semestre siguió a dos años de esplendoroso desafío a cualquier sombra de disciplina fiscal. Inmediatamente vino la recuperación. En ese entonces todavía quedaban reservas monetarias provenientes de los ahorros obligados por la ortodoxia neoliberal. A pesar de ambas cosas -tanto de las reservas remanentes como de la corta duración de la crisis-, el año 2009 se recuerda aún como el período de más baja popularidad en ocho años de gobierno: la valoración positiva de la gestión gubernamental llegó a casi el 50% de aprobación cuando el promedio en años posteriores ha superado el 70%.

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El presupuesto general del Estado ecuatoriano depende en gran parte de los ingresos petroleros y de los ingresos por recaudación fiscal. En los últimos años y especialmente a partir del año 2010 la producción de petróleo de las compañías privadas ha disminuido. Con la Reforma a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, el 27 de julio de 2010 comenzó un proceso de nacionalización del petróleo para que el Estado sea el principal beneficiario de las ganancias que éste recurso no renovable genera, es así, que a partir del 2010 se llevaron a cabo cambios en el sector hidrocarburífero como el cambio de modalidad contractual lo que hizo que varias compañías privadas que tenían asignados bloques petroleros en la Amazonía Ecuatoriana dejaran el país porque las condiciones de negociación no eran las más convenientes o no se sentían favorecidas en cuanto a beneficios por el alza de precios del petróleo. Pocas fueron las empresas privadas que aceptaron las condiciones de los contratos de prestación de servicios como comprometerse a incrementar la producción e invertir en exploración para el hallazgo de nuevas reservas, sin embargo, las compañías privadas han disminuido su producción lo que ha afectado la recaudación de impuestos. Con la presente investigación se determina las causas principales de la disminución de la producción de petróleo de las compañías operadoras privadas a partir del año 2010 al año 2014 y el impacto tributario que se ha producido para el país, especialmente en lo que se refiere a la recaudación del impuesto a la renta y del impuesto a los ingresos extraordinarios.