42 resultados para Rafael Correa


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Este artículo analiza la relación comercial de Ecuador con Brasil, la cual ha vivido prácticamente tres años de inmovilidad o “tiempo de reposo”, como lo calificó la excanciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, el 16 de octubre de 2008, luego que el presidente Rafael Correa expulsara, a través de Decreto Ejecutivo, a la constructora brasileña Norberto Odebrecht.3 La justificación para esta acción fue que aproximadamente a un año de la terminación de los trabajos de Odebrecht en la central hidroeléctrica San Francisco se produjo una serie de daños en la misma, con la consecuente crisis energética. El gobierno del Ecuador responsabilizó al consorcio brasileño de una deficiente labor técnica en la construcción de la central hidroeléctrica lo que ocasionó su paralización por varios meses y la consecuente interrupción de la producción y suministro de energía eléctrica en el territorio ecuatoriano.

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El objetivo del documento es analizar el concepto y estrategias oficiales del Buen Vivir a través del filtro de las principales definiciones de ideología (de Marx y Engels, Lenin, Lukács, Gramsci Manheim, Freud, Marcuse, Althusser, Lacan y Žižek) con el fin de contrastar el discurso del Buen Vivir (recogido en la Constitución de la República de 2008, los Planes Nacionales para el Buen Vivir 2009-13 y 2013-17, y en la publicística y discursos oficiales mantenidos sobre el tema por parte de las máximas autoridades políticas del Ecuador) con la orientación y resultados de las políticas públicas diseñadas e implementadas supuestamente para alcanzarlo. El trabajo contiene dos hipótesis. La principal es que el concepto de Buen Vivir, a la vez que recupera un conjunto de principios y aspiraciones propios de la tradición multicultural del Ecuador, incorpora una buena parte de las definiciones de ideología (como falsa conciencia, programa movilizador, utopía-ilusión-fantasía, discurso hegemónico) y, por tanto, asume un significado ideológico análogo al que los defensores del Buen Vivir achacan al desarrollo económico. La segunda hipótesis, subordinada a la anterior, es que el concepto de Buen Vivir, en su dimensión ideológica plural, es funcional a un modelo económico primario exportador (antitético a los principios del Buen Vivir) y se ha utilizado para consolidar el apoyo a la verdadera utopía desarrollista y modernizadora de los gobiernos de Rafael Correa: un proceso de desarrollo basado en la staple theory, que debe culminar en una diversificación de la estructura productiva del país por ahora inédita.

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Ecuador’s total population numbers some 15,682,792 inhabitants, and includes 14 nationalities accounting for around 1,100,000 people, all joined together in a series of local, regional and national organisations. 60.3% of the Andean Kichwa live in six provinces in the Central-North Mountains; 24.1% live in the Amazon region and belong to ten nationalities; 7.3% live in the Southern Mountains; and the remaining 8.3% live in the Coastal region and the Galapagos Islands. 78.5% still live in rural areas and 21.5% in urban areas. The current Constitution of the Republic recognises the country as a “…constitutional state of law and social justice, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, multinational and secular”. Over the last five years, the country has undergone a series of political and institutional reforms. At the same time, however, enforcing and guaranteeing the collective rights recognised in the Constitution has become a challenge to the process, and a permanent point of disagreement between the government, headed by the economist Rafael Correa, and the indigenous social organisations. The government’s economic action has been largely marked by an opening up of the extractive industries - oil, copper and gold - to foreign investment, either of Chinese or Belarussian origin, or from other Latin American countries such as Brazil, Chile or Argentina. This has resulted in risk to and impacts on the territorial and cultural integrity of various indigenous peoples, and an uncertainty created around the true validity of the broad collective rights enshrined in the Constitution.

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En Ecuador, la población total es de 15.682.792 habitantes, donde existen 14 nacionalidades que suman cerca de 1 millón 100 mil habitantes y están aglutinadas en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales. El 60,3 % de los Kichwa andinos vive en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte; el 24,1% habita en la Amazonía y comprende 10 nacionalidades; el 7,3% de los Kichwa andinos habita la Sierra Sur; y el 8,3% restante habita en la región Costa y las Islas Galápagos. El 78,5% habita aún en el sector rural y el 21,5% en el sector urbano. La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “… Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Durante el último quinquenio, el país ha vivido un conjunto de reformas políticas e institucionales aunque, al mismo tiempo, la vigencia y garantía de los derechos colectivos reconocidos en la Carta Magna se han convertido en un desafío para el proceso y en un punto de permanente desencuentro entre el gobierno, encabezado por el economista Rafael Correa, y el conjunto de organizaciones sociales indígenas. La apertura a capitales ligados a las industrias extractivas, de petróleo, cobre u oro -sean de origen chino, bielorruso o de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile o Argentina-, ha marcado buena parte del accionar económico del gobierno, con el consiguiente riesgo e impactos a la integridad territorial y cultural de varios pueblos indígenas, y a la incertidumbre generada en torno a la vigencia real de los amplios derechos colectivos consagrados en la Constitución.

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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Se analiza la constitucionalidad del Reglamento de Consulta Previa en Procesos de Licitación de Áreas y Bloques, expedido por el presidente Rafael Correa, mediante DE 1247, RO 759, de 2 de agosto de 2012

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La razón para los cambios en el sistema de inteligencia de la fuerza pública del Ecuador, impulsados por el Gobierno de Rafael Correa, no solo está en el bombardeo al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC, ubicado en la zona de Angostura (Sucumbíos-Ecuador), el 1 de marzo de 2008. Las revelaciones que surgen antes y después de aquel incidente, por la ejecución de los operativos anti narcóticos “Huracán Verde ” y “Huracán de la Frontera”, muestran dos cosas: cómo había permeado el narcotráfico a la estructura del país y cómo los tres hechos mantienen una estrecha relación. En consecuencia, se puede deducir que esta también fue una razón para la reforma al sistema de inteligencia, aunque políticamente se los presentó como hechos aislados. Y que durante la transición provocada por la reforma hubo un vacío en el sistema, lo que pudo provocar que el crimen organizado sacara provecho. Si bien toda transición genera un vacío, en el Ecuador nos permitió visualizar un fortalecimiento del crimen organizado. Los conceptos básicos o nucleares que se manejan en este estudio, en consecuencia, son narcotráfico, seguridad nacional y sistema de inteligencia.

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Esta investigación analiza los cambios en el liderazgo político, tomando como caso de estudio el liderazgo de Rafael Correa en Quito, producto de la irrupción de la videopolítica y su progresiva personalización. Para ello, sobre la base de entrevistas en profundidad a comunicadores y ciudadanos, el estudio analiza el clima de opinión sobre el liderazgo presidencial ecuatoriano. Desde allí construye lo que denomina el argumento correísta, concepto que describe el universo de lo verbalizable y no verbalizable (la espiral del silencio) sobre las fortalezas y debilidades del liderazgo de Rafael Correa, el papel y situación de la comunicación, la política, la oposición y la movilización social bajo el régimen de la revolución ciudadana. El texto concluye con una reflexión sobre las variaciones en el modelo de representación, resultado de la importancia adquirida por la comunicación y la revolución de las TIC sobre la política en sociedades como la ecuatoriana.

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Esta investigación tiene como objeto de estudio la Universidad de las Artes en Ecuador, creada por el gobierno del presidente Rafael Correa, como parte del proceso de transformación de la Educación Superior. El proyecto de creación de esta universidad fue gestionado por el Ministerio de Cultura (2013), quién en el 2010 desarrolló un diagnóstico de las características de la educación superior en artes del país, en cuanto a la oferta, la demanda y el mercado ocupacional de los profesionales del sector. Sobre la base de este estudio se justificó la creación de una nueva universidad en la ciudad de Guayaquil. La Universidad de las Artes aparece como un actor importante dentro del campo artístico del país, por tanto, esta investigación se ha concentrado en dos aspectos que conforman el contexto inmediato de la nueva universidad y a su vez son su espacio de influencia. Se trata de la educación artística y las industrias culturales. En cuanto a la educación artística, el análisis parte del diagnóstico del Ministerio de Cultura, cuyas conclusiones dan cuenta de varias falencias en la institucionalización, los contenidos de enseñanza, las posibilidades de acceso, entre otras. La Universidad de las Artes, plantea entonces contribuir a la solución de dichos problemas y a la construcción de un Sistema Nacional de Educación Artística que vincule todos los niveles de enseñanza, en un proyecto conjunto con objetivos comunes. Para evidenciar las acciones ejecutadas al respecto, se realiza un análisis comparativo entre el diseño y la ejecución del marco conceptual, marco metodológico y los principios orientadores descritos en el proyecto de construcción. Se ha considerado en la investigación el análisis de las industrias culturales, por la importancia que da a las mismas el diseño del proyecto de la Universidad de las Artes, al considerarlas como el espacio ocupacional de los futuros graduados y como, un sector de la economía al que la propia universidad se intenta incorporar mediante la oferta de bienes y servicios culturales producidos en su interior. Al respecto la investigación parte de los datos proporcionados por el diagnóstico del Ministerio de Cultura (2013) para entender la influencia del sector sobre la economía nacional y como la Uartes puede aportar al fortalecimiento del mismo. Finalmente el análisis de la Universidad de las Artes y el contexto económico y educativo en el que nace, permite una aproximación al entendimiento de las condiciones del campo artístico en el Ecuador, sus características, posibilidades, y amenazas.

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Analiza los acontecimientos e hipótesis vertidas por diferentes sectores de la sociedad en torno a la insubordinación de sectores policiales en el Ecuador sucedida el 30 de septiembre de 2010, manejando diferentes tesis como la de motín policial o intento de golpe de estado, entre otras.

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Este trabajo de investigación y análisis aborda el discurso político audiovisual del gobierno ecuatoriano y su mediatización; en este marco, el objetivo principal apunta a detectar y definir los signos o elementos claves a nivel discursivo y comunicacional de ese discurso político audiovisual, para lo cual el corpus de análisis son 13 spots de propaganda de gobierno, emitidos entre enero y julio de 2008. Como un objetivo complementario se busca ubicar, al discurso materia de análisis, en un contexto socio-histórico que permita determinar sus antecedentes y comprender su génesis y desarrollo. En la estructuración, la tesis tiene 4 momentos definidos claramente: un marco teórico, en el cual se definen los conceptos y categorías que acompañaran el desarrollo del trabajo de análisis (política, discurso, mediatización, signos, entre los más importantes); un marco metodológico, en el que se detallan las líneas metodológicas y herramientas de investigación usadas para la aproximación al corpus de estudio; un marco referencial, en el que se presenta el contexto socio-histórico que enmarca el discurso; y, finalmente, se integra un capítulo en el cual se desarrolla el análisis de discurso de los spots de propaganda política del gobierno ecuatoriano y se generan las conclusiones de dicho trabajo

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El presente trabajo académico se propone auscultar el alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución de 2008. Para el efecto, se remonta a los antecedentes que precedieron la implantación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los componentes que han pretendido modular su fisonomía. Profundiza sobre el principio de aplicación directa de las garantías fundamentales y la obligación de los jueces y funcionarios públicos de garantizar su vigencia. En el segundo capítulo, se aborda el principio de legalidad y su proyección en la doctrina, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, poniéndose énfasis en el estudio de las potestades administrativas y las notas características que las clasifican en regladas o discrecionales, así como sus formas de control. Como colofón a este capítulo, se explora la vinculación de dicho principio, con los del debido proceso y seguridad jurídica. El tercer capítulo encara el conflicto entre los principios constitucionales de legalidad y aplicación directa de la Norma Fundamental, así como la facultad de los operadores jurídicos de ponderar su vigencia. Se detiene en el análisis del surgimiento irremediable de la pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional por la convivencia de jurisdicciones y la facultad revisora del máximo órgano de control constitucional. Del mismo modo se proponen mecanismos para armonizar la aplicación de ambos principios en el marco de las competencias de los operadores jurídicos, llegando a su desenlace mediante planteamiento de conclusiones.

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En este artículo se tratará de determinar si la historia que se vivió en el Ecuador el 30 de septiembre de 2010 puede considerarse como “motín”, “un intento de golpe de Estado” o una “propuesta laboral”. Por otro lado se habla sobre la democracia, referida a la participación activa del ciudadano, como también de las instituciones públicas y privadas que deben encontrarse en estricto apego a los derechos fundamentales. En virtud de la antes mencionada democracia, se consigue el “orden público”, en el que la función policial es de gran importancia, debido a que ella tiene la misión de buscar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos.