27 resultados para PROVINCIAS


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La presente tesis analiza las principales estrategias de comunicación y movilización social a nivel nacional e internacional desarrolladas por la Asamblea de Afectados por Texaco y el Frente de Defensa de la Amazonía del Ecuador, FDA, en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado en la Amazonía por la empresa petrolera estadounidense Texaco, actualmente Chevron. La explotación petrolera, iniciada en Ecuador en 1967, se produce en el marco de la búsqueda ilimitada de recursos naturales para alcanzar el denominado “desarrollo”, que ahora es cuestionado desde varios sectores. Esta actividad ha causado enormes impactos sociales y ambientales en las poblaciones cercanas a la explotación petrolera. Para enfrentar situaciones como éstas, un grupo de pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía ecuatoriana, en representación de 30.000 indígenas y campesinos migrantes, demandó a la petrolera Chevron, antes Texaco, para exigir la limpieza, reparación y restauración de los daños causados durante el período de explotación petrolera desde 1964 hasta 1990. Los pobladores, que forman parte de la Asamblea de Afectados por Texaco y del Frente de Defensa de la Amazonía, han utilizado diversas estrategias de comunicación en su enfrentamiento a la poderosa transnacional Chevron, la segunda empresa más grande de petróleo en los Estados Unidos. También se han relacionado con el movimiento ecologista a nivel nacional e internacional, logrando la solidaridad y la movilización social en los países del Norte, especialmente en Estados Unidos. La lucha y la persistencia de los y las indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana sin duda constituyen un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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Varias lecturas surgen de los grandes proyectos de integración física latinoamericana. La principal es que el paradigma del nuevo regionalismo latinoamericano ha descuidado los efectos diferenciados de dichos proyectos, que en caso de concretarse ampliarán las asimetrías entre las economías de la región. En el marco de la integración económica regional están claras intenciones brasileras de alcanzar consolidarse como la potencia regional en el vecindario sudamericano, a partir de una destacada participación de su fuerza empresarial en el mercado latinoamericano, lo que afirma contundentemente que la estrategia política de Brasil en este contexto es una respuesta a su plan nacional y pretende beneficiar fundamentalmente a los segmentos capaces de influir en su política exterior como lo son los grandes grupos económicos exportadores. La segunda lectura es que desafortunadamente, países como Ecuador tienen una visión reducida sobre las verdaderas implicaciones que emanarán de participar en megaproyectos de integración física como la IIRSA y su derivación, el corredor multimodal Manta-Manaos. Las provincias amazónicas, principales receptoras de las externalidades que emanen de este corredor son el punto álgido de este proyecto. La capacidad del estado ecuatoriano de responder ante las demandas de este tipo de plan de integración regional, sin descuidar las máximas consagradas en su propio Plan Nacional para el Desarrollo, será el dispositivo que determine el verdadero alcance del mismo. Con estos antecedentes, la presente investigación tiene dos grandes objetivos. El primero es analizar la evolución histórica de los tres pilares de la política exterior de Brasil, desde la mitad del siglo XX hasta el periodo de gobierno del ex presidente Lula da Silva (2003-2010). Dentro de este contexto, esbozar cómo los tres pilares (pragmatismo, estabilidad, y autonomía de decisión) se fusionan con el mayor proyecto de integración física regional, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), mecanismo que contribuye a la consolidación de Brasil como gran potencia regional. El segundo objetivo es estudiar el tratamiento que le ha otorgado el gobierno ecuatoriano a la ruta Manta-Manaos y la potencialidad de la implementación de este corredor logístico. Las respectivas repercusiones sociales, económicas y medioambientales, así como las dimensiones comerciales en términos locales, regionales e internacionales serán determinadas por la capacidad de Ecuador de establecer una concordancia entre las premisas del Buen Vivir y los compromisos contraídos a partir de su política exterior.

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Los grandes operadores de televisión pagada en el Ecuador, han invertido y actualmente ofrecen el servicio de Internet en las principales ciudades, sin embargo, en las provincias pequeñas, como Imbabura y Carchi, la población no tiene esta opción de servicio, a pesar de que existe una demanda creciente y la red disponible que es propiedad de las PYME de televisión por cable. Las últimas deberán enfrentar en el futuro mediato, la encrucijada de incursionar o no en el negocio de Internet, ser capaces de analizar su proceso de participación, no sólo desde el punto de vista técnico, sino principalmente económico, y para ello deben considerar sus posibilidades de competir en el mercado, y analizar detalladamente los nuevos aspectos técnicos, de mercado, financieros, y organizacionales que son necesarios para tomar la decisión administrativa correcta. El contenido del presente trabajo consiste en un análisis sistemático de los entornos del sector de las PYME de televisión pagada en las provincias de Imbabura y Carchi, dentro de la convergencia. En el entorno macro se examina el ambiente macroeconómico del país y del marco regulatorio vigente; dentro del entorno meso se analiza el mercado potencial y las posibilidades de competencia; en el entorno micro se analiza la factibilidad de inversión financiera; para obtener finalmente un modelo sobre las condiciones que deberían presentarse para hacer posible la transición a servicios convergentes de telecomunicaciones. La presente investigación pretende ser un aporte útil para las PYME de televisión pagada, al proporcionarles una referencia de evaluación, que puede ser utilizada para la toma de decisión; y para el Organismo de Regulación de Telecomunicaciones, al analizar un modelo de negocio que permita acortar la brecha digital de acceso a Internet de los habitantes del Ecuador.

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La Revolución de Quito de 1809 no fue un movimiento por la independencia. Lejos de ello, se trató de una reacción local ante la crisis de la monarquía española. A lo largo del siglo XVIII, el Reino de Quito experimentó un declive económico, político y jurídico. Supeditado a las capitales de dos virreinatos –Lima y Santa Fe–, Quito buscaba el estatus de una capitanía general independiente con el fin de liberarse del dominio de Nueva Granada y Perú. Convencido de que España estaba perdida y de que los españoles en Quito traicionarían al reino y aceptarían el gobierno francés, un grupo de quiteños tomó el control del gobierno y puso en práctica un programa que garantizara la autonomía y que promoviera sus intereses económicos. No obstante, otras provincias del reino, cuyos intereses se vieron amenazados, se opusieron a Quito y unieron fuerzas con los virreyes de Perú y Nueva Granada para extinguir el levantamiento que duró unos tres meses.

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Reseña dos novelas publicadas en la década de 1980, que se ambientan en los años en que la dictadura uruguaya invade Minas, una pequeña ciudad de provincias. La balada de Johnny Sosa es la historia de la pérdida de la inocencia del negro Johnny, es también una “parábola sobre la dignidad humana, dando voz a quienes no la tienen, a los desheredados. A quienes, con militares o sin ellos siempre han estado en el fondo de la bolsa”. La misma ciudad de Minas es también el escenario de Las ventanas del silencio, novela en la que hablan diferentes voces, se narra cómo los soldados realizan allanamientos, encarcelan, torturan y matan, imponen el reparto de castigos y de favores. Aquí, en esta ciudad pequeña, en la que la frase “En Uruguay todos se conocen” resulta más evidente, el efecto de la dictadura y de las delaciones que ella propiciaba fue devastador. Ambas novelas narran, en definitiva, lo que ha ocurrido en este país “cuando los militares profanaron la ciudad”.

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Presenta el abordaje de la prensa impresa y virtual a los hechos que afectaron el cumplimiento de derechos humanos en 2011, evidenciando un incremento porcentual a nivel local, particularmente en el sector rural, registrándose como provincias más afectadas Guayas y Pichincha y como derechos más afectados los del buen vivir y de libertades, constatándose casos causados por particulares, como los cometidos por agentes fuera de la ley. Concluye registrando un incremento sustancial en el porcentaje de anulación de derechos, siendo los grupos más afectados los niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y personas en situación de movilidad, señalando el incremento de violencia intrafamiliar, feminicidios y embarazo adolescente.

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El capítulo uno presenta datos relativos a las garantías constitucionales jurisdiccionales durante el año 2011. Se examina información clave respecto al tipo de derechos reclamados, las características de quienes los reclaman, la forma cómo se decide y el tiempo que los jueces y cortes están utilizando para resolver estas posibles violaciones. La muestra incluye 2204 procesos constitucionales decididos en la provincia de Pichincha del 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2011, tanto por jueces de instancia como por salas de la Corte Provincial. Al igual que en el estudio de 2010, la base de datos fue construida a partir de la información de la página en línea de la Función Judicial de Pichincha. Las limitaciones de esta investigación a una provincia tienen relación con la ausencia de información o estadísticas suficientes sobre procesos constitucionales en otras provincias. En todo caso, a efectos de poder fundamentar un mayor grado de generalización, el presente estudio incluye una serie de consideraciones de orden cualitativo aplicables a nivel nacional. El capítulo dos, desde la perspectiva de los derechos humanos, determina si estos derechos inspiraron la producción normativa o si fueron otros intereses diversos y si es que la producción normativa fue aceptable en términos de carga de trabajo durante el año 2011 en Ecuador. Para valorar el trabajo legislativo además de la Constitución. Este capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera se hace una reflexión entre los derechos y la producción normativa, para enfatizar la importancia del trabajo legislativo en un Estado constitucional de derechos y justicia. En una segunda sección, se elabora un análisis sobre los aspectos generales del desarrollo parlamentario. En la tercera parte se analiza la iniciativa legislativa. Finalmente, a manera de síntesis, se recogen las conclusiones que se derivan de la investigación.

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Una comparación entre las tres provincias ubicadas en la Sierra centro del Ecuador muestra que Tungurahua destaca por una menor proporción de población rural pobre, con más capacidad de consumo y con mayor igualdad social que la población rural de Chimborazo y Cotopaxi (Larrea et al. 2011). Otra comparación a nivel regional muestra que la economía de Tungurahua se caracteriza por una más dinámica actividad económica, una más amplia diversificación sectorial y por una estructura productiva más basada en pequeños y medianos emprendimientos. Finalmente, un tercera mirada comparativa indica que Ambato, la capital provincial de Tungurahua, desempeña una serie de funciones en la articulación de la economía hacia dentro y fuera del territorio que las capitales provinciales de Cotopaxi y Chimborazo –Latacunga y Riobamba, respectivamente– no cumplen. Tungurahua depende de dos aspectos fuertemente imbricados. Por un lado, la concentración de la producción agrícola y manufacturera dentro de los confines del territorio genera mayores tasas de crecimiento. Por el otro, las estructuras productivas espacial y socialmente desconcentradas al interior del territorio aseguran un grado mayor de inclusión social y de participación económica. En la primera sección nos interesa analizar cómo los factores estructurales (los llamaremos también factores “duros”), fuera del alcance inmediato de la sociedad territorial, tales como la localización geográfica y los costos de transporte, han aportado a la concentración económica, es decir, a la creación de una economía de aglomeración. Argumentamos en seguida, sin embargo, que los factores duros no pueden dar más que una respuesta parcial a la pregunta sobre las razones de la dinámica territorial y su configuración espacial. Algo que los factores duros no explican más que marginalmente, son las estructuras sociales que definen el funcionamiento interno del aparato económico territorial. Siempre existe un grado de libertad de acción que en el caso de Tungurahua fue aprovechado para desconcentrar la economía, dispersarla en las zonas rurales y basarla predominantemente en pequeños y medianos emprendimientos. Para explicar este segundo aspecto, nos serviremos de un conjunto de factores (los llamaremos “blandos”) que subrayan el proceso de construcción social de la economía. Concluimos con algunas reflexiones sobre la relación entre los factores duros y blandos, y sus consecuencias sobre posibles políticas públicas proactivas para reducir la pobreza rural en Latinoamérica.

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¿Cuáles son los avatares y desencuentros presentes en el proceso de constitución de las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTIs) en relación a la vigencia del derecho a la autodeterminación y autogestión territorial de las nacionalidades indígenas en el Ecuador? Para responder a dicha interrogante, el artículo considera el reconocimiento al derecho a la autonomía y autodeterminación de las nacionalidades y pueblos indígenas en Ecuador. Posteriormente, analiza el alcance de los procedimientos establecidos tanto en la Constitución Política como en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (COOTAD), y su alcance potencial en generar un nuevo tipo de institucionalidad y una nueva organización territorial en el marco de la definición del Estado plurinacional Ecuatoriano. Esta contribución analiza además el proceso derivado de una hoja de ruta acordada entre el Estado y las nacionalidades amazónicas en el periodo comprendido entre 2010 y 2012, y analiza las diferentes acciones desplegadas desde entonces, enfatizando en los avances y contradicciones, tanto a lo interno del movimiento indígena como en su relación con otras instancias estatales centrales y locales. Se examinan los desencuentros y tensiones a lo interno del aparato Estatal y los sectores mestizos, que no se plantean ningún reparo al momento de obstaculizar los avances del proceso. El artículo analiza el desafío de crear las CTIs en el territorio de los Kichwa de las provincias de Napo y Orellana y en los territorios Kichwa y Achuar en la provincia de Pastaza, en la Amazonía central. Finalmente, el texto puntualiza críticamente algunas de las perspectivas y dilemas que dicho proceso plantea al futuro de la relación Estado-nacionalidades indígenas y al proceso de construcción del Estado plurinacional e intercultural en Ecuador.

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En Ecuador, la población total es de 15.682.792 habitantes, donde existen 14 nacionalidades que suman cerca de 1 millón 100 mil habitantes y están aglutinadas en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales. El 60,3 % de los Kichwa andinos vive en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte; el 24,1% habita en la Amazonía y comprende 10 nacionalidades; el 7,3% de los Kichwa andinos habita la Sierra Sur; y el 8,3% restante habita en la región Costa y las Islas Galápagos. El 78,5% habita aún en el sector rural y el 21,5% en el sector urbano. La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “… Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Durante el último quinquenio, el país ha vivido un conjunto de reformas políticas e institucionales aunque, al mismo tiempo, la vigencia y garantía de los derechos colectivos reconocidos en la Carta Magna se han convertido en un desafío para el proceso y en un punto de permanente desencuentro entre el gobierno, encabezado por el economista Rafael Correa, y el conjunto de organizaciones sociales indígenas. La apertura a capitales ligados a las industrias extractivas, de petróleo, cobre u oro -sean de origen chino, bielorruso o de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile o Argentina-, ha marcado buena parte del accionar económico del gobierno, con el consiguiente riesgo e impactos a la integridad territorial y cultural de varios pueblos indígenas, y a la incertidumbre generada en torno a la vigencia real de los amplios derechos colectivos consagrados en la Constitución.

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La decisión de abordar como tema de tesis la “Gestión de riesgo operativo: diseño de una metodología para su identificación y propuesta de planes de acción en cooperativas de ahorro y crédito no reguladas miembros de una organización representativa”, responde a la preocupación, cada vez más acuciante, de que las cooperativas dispongan de una metodología de identificación de riesgo operativo para reducir posibles pérdidas resultantes de una mala gestión en factores de riesgo, tales como: procesos, políticas, personas, tecnología de información y eventos externos. El estudio se inicia con la revisión de varias fuentes bibliográficas dirigidas a reforzar conocimientos y conceptos, así como a lograr una definición más acertada del contexto. Se completa con una investigación de campo realizada en cuatro cooperativas de tres provincias, seleccionadas por su apertura para participar. El período estudiado fue 2006 – 2010. La recolección de la información se realizó a través de encuestas a los gerentes y directivos, entrevistas al personal operativo y observación de campo. Con los datos obtenidos, se procedió a identificar procesos gobernantes, operativos y de apoyo; y, se levantaron macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades del proceso de ventanilla y crédito; para posteriormente identificar los riesgos en cada una de las actividades con el impacto y la probabilidad. De esta forma se aporta con un plan de acción recomendado para prevenir eventos de riesgo. Se concluye afirmando que todas las organizaciones del sector financiero popular y solidario están obligadas, no por Ley, sino por estrategia de seguridad, a gestionar riesgo operativo, como una prioridad ineludible, que no debe limitarse a crear un departamento o área de riesgos, sino creando y desarrollando una verdadera “cultura de riesgo”, como parte de una planificación integral de la entidad, que se la trabaje todos los días.

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El presente trabajo tiene por finalidad visibilizar las brechas territoriales en el ingreso, la pobreza y la desigualdad de Ecuador en el período 2007 – 2013, el análisis se apoya en técnicas de estadística descriptiva para analizar la evolución del ingreso per cápita; gráficas de densidad Kernel para el análisis comparativo de la distribución del ingreso entre territorios; estadística inferencial aplicada a las variaciones de la incidencia de la pobreza y el coeficiente de Gini; y finalmente mediante técnicas econométricas del enfoque de crecimiento “pro-pobre” se identifica la relación entre los niveles de pobreza, el crecimiento del ingreso per cápita y la redistribución del ingreso en los territorios sub nacionales. Los resultados evidencian una estructura territorial sub nacional con marcadas brechas en los niveles y distribución del ingreso, con incidencia irregular de la pobreza a lo largo del país, no obstante durante el período 2007-2013 estas brechas tienden a reducirse, observándose además un crecimiento económico “pro pobre” en la mayoría de provincias entre el 2010 y 2013.