25 resultados para Organizaciones de bienestar social
Resumo:
El presente estudio analiza los orígenes, el proceso organizativo e irrupción en la escena nacional del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, un sector importante del movimiento indígena ecuatoriano que ha sido ignorado por la supuesta escasa significación. Los orígenes de FEINE se remontan al proceso de evangelización protestante. El protestantismo que se asentó y se expandió entre los indígenas es de la tipología evangelical, caracterizada en el primer momento como conservadora y luego de reformista al asumir el compromiso social en su teología. En este sentido FEINE se nutre de la ideología reformista. FEINE tiene sus organizaciones de base en las comunidades indígenas y en barrios urbanos marginales de indígenas que han migrado, agrupado en uniones de iglesias en ámbito local, asociaciones y federaciones en provincias y el país. Primero, FEINE se articula como organización de iglesias (en comunidades), luego como organización social (en provincias y país) y hasta actuar como movimiento social durante los últimos años. FEINE ha recibido cooperación privada externa principalmente de las iglesias. Las organizaciones no gubernamentales de origen evangelical norteamericanas juegan un papel importante a lo largo de los años ochenta y durante los años noventa, FEINE entabla básicamente relaciones y cooperación con iglesias históricas y ecuménicas tanto de Norteamérica como de Europa; aunque también establece relaciones con el Estado y organismos internacionales públicos.
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La siguiente tesis aborda la relación que se establece entre movimiento social y partido político para el caso específico de la articulación entre el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y el Polo Democrático Alternativo (PDA) en Colombia. Esta relación se plantea a través de un movimiento político denominado Poder y Unidad Popular (PUP) bajo el cual se desarrolla una propuesta institucional que contrasta con la tradición anti electoral de las organizaciones campesinas del país. El cambio de estrategia está demarcado por un contexto nacional y regional que es leído por la organización como una oportunidad política a provechar, de forma tal que la acción colectiva que se había mantenido en un marco de presión extra institucional expresada en movilizaciones, cambia y se ubica en el terreno electoral. Luego de ubicar históricamente la problemática del movimiento campesino y de identificar la forma como se establece su repertorio dentro de la contienda política, se hace una descripción del CNA como organización, estableciendo su trayectoria y analizando el cambio de estrategia. Finalmente, se describe la formación del referente organizativo PUP las estructuras de representación que en él juegan y la agenda política, con miras a caracterizar el proceso de articulación desde lo programático, lo organizativo y lo estratégico, dando cuenta de las convergencias y divergencias existentes en la relación actual.
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El desarrollo empresarial no puede ser visto solo con los ojos de la producción y la ganancia económica, debe contener observaciones de interacción social. El análisis se enmarca en la composición, entorno, relacionamiento de las microempresas en Mushuñan barrio periférico de la ciudad de Sangolqui, Cantón Rumiñahui que contiene elementos rurales en su dinámica social con tradiciones válidas que generan valor en sustento de las nuevas necesidades que presenta una población en crecimiento. Esta satisfacción para que sea sostenible en el tiempo debe alimentarse de nuevos conocimientos que pongan a su disposición competencias ajustadas a la globalización, pero que a su vez permitan manejar en forma adecuada su inevitable embate. El capital social constituye la suma de las gestiones conjuntas de los actores de una circunscripción geográfica, las cuales en este caso observadas hacia la calidad, la productividad, el cuidado del medio ambiente en el marco del respeto a los mayores como repositorios de tradiciones y de experiencia social, puede formar un ambiente adecuado de sostenibilidad de las microempresas y generar mayor empleo y satisfacción de vida. El individuo, las organizaciones que los agrupan, sus interacciones son una dinámica de cooperación, en la que partiendo de realidades preexistentes avanza en un proceso participativo que genera estructuras sólidas en el desempeño económico, y mantiene la tradición y el ambiente. El presente trabajo analiza y conceptualiza las microempresas, realiza en base a esto un plan de mejoras dentro de los conceptos de capital social, competitividad y desarrollo local.
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Este trabajo pretende documentar los cambios en la organización y las políticas estatales respecto al ambiente a mediados del siglo XX. Para ello nos hemos concentrado en la revisión de los informes ministeriales entre 1925 y 1960, que es la época en que nacen silenciosamente las organizaciones e instituciones ambientales antes de la eclosión pública de discursos y preocupaciones ecológicas entre los años 1960 y 1990. En efecto, en 1959 se creó el Parque Nacional Galápagos, con la decisiva influencia de científicos naturalistas del mundo. Puede considerarse ese año como el inicio de una nueva etapa que incluirá la aprobación de la Ley de Prevención de la Contaminación (1976), el nacimiento de Fundación Natura (1978), la creación de la mayor parte de las áreas protegidas del país (1979), y la Ley Forestal y de Vida Silvestre (1981). El moderno enfoque ambiental del Estado surgió en ese período inmediatamente posterior. Al situarnos en el período anterior a la plena formalización de las políticas públicas ambientales, buscamos mostrar distintas vertientes y corrientes que confluirán en el proceso de “institucionalización” de las preocupaciones por la protección ambiental en el Estado ecuatoriano hacia los años 1950. El interés que guía esta indagación preliminar es el de mostrar el proceso de formación de los mecanismos de “gobierno” del patrimonio natural del país, es decir, los medios e instrumentos que sirven para regular tanto el acceso como el uso de dicho patrimonio para fines humanos. Tanto en políticas públicas como en ciencias sociales, se detecta un creciente interés en la consideración de los sistemas de “gobernanza” del patrimonio ambiental aunque el término es todavía objeto de muchas controversias y se usa para indicar combinaciones variables de mecanismos de participación social, presencia empresarial y regulación estatal.4 Por nuestra parte, este artículo se concentra en la formación de las organizaciones estatales encargadas de llevar a cabo la vigilancia, el control y la regulación de acceso y uso al patrimonio ambiental del país. La hipótesis general de la que partimos es que a partir de las primeras décadas del siglo XX se han ido desarrollando paulatinamente mecanismos que progresivamente desplazan una parte del control de los medios de manejo del patrimonio ambiental del país desde una serie de actores privados y comunitarios hacia el Estado. Aunque la parte del control ambiental que se desplaza es pequeña, no es en modo alguno desdeñable.
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Este libro pretende contribuir a los esfuerzos sociales y académicos de visibilizar y debatir la interculturalidad como proyecto político-social y subversivo que busca descolonizar, y el género como elemento clave en la construcción de la diferencia colonial y en el patrón global de poder. Se presta cada vez más atención al valor de la interculturalidad, particularmente en América Latina, pero a veces se pone tanto énfasis en temas étnicos o culturales, que el tema de la desigualdad de género queda de lado, fuera del debate y del estudio. Con esta investigación, la autora intenta rescatar la importancia de la discriminación por género y el sexismo como partes fundamentales de la opresión y exclusión en nuestras sociedades. Para tal efecto, observó el caso de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), ubicada en la Sierra ecuatoriana, y las relaciones complejas y conflictivas que se presentan en dicho espacio respecto a la interculturalidad y al género. La pregunta que guía esta reflexión es ¿cómo se concibe la relación entre interculturalidad y género desde el discurso hasta la administración y práctica de la UNORCAC y, en particular, de su Comité Central de Mujeres? La diversidad de opiniones dentro de la UNORCAC en torno a los conceptos de interculturalidad y género indica que, pese a una posible confusión respecto a los términos, sí se relacionan los conceptos en los proyectos realizados por la UNORCAC, particularmente en el Comité de Mujeres, donde se desafía la persistencia de la desigualdad de género en las comunidades y dentro de la Unión con planteamientos propios que se basan en principios interculturales: respetar y tener derecho a la diferencia, tratar el conflicto dialogando con el otro, crear espacios de igualdad y fortalecer valores culturales propios.
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Cuando la tarea de promover la interculturalidad pasa a manos del Estado, se corre cierto peligro porque los propósitos e intenciones estatales no necesariamente se corresponden con los inicialmente concebidos por las organizaciones y pueblos en sus demandas. A partir de esta premisa, la autora estudia la dimensión política de dos experiencias educativas: por un lado, el CEFOA Fermín Vallejos, de Raqaypampa, Cochabamba, Bolivia, proceso educativo propio de la organización campesina indígena CSURCIR, institucionalizado dentro de la educación oficial de ese país, y, por otro, la Escuela de Formación de Mujeres Líderes Dolores Cacuango, de Quito, Ecuador, que trabaja al margen del sistema educativo ecuatoriano, e investiga cómo intentan “interculturalizar” estas experiencias desde sus programas educativos; qué enseñanza transmiten y a qué dificultades se enfrentan como proceso propio institucionalizado, la una, y como proceso propio que funciona al margen del Estado, la otra. La educación desde los pueblos indígenas aún sigue constituyéndose en una herramienta social-comunal. El CEFOA -que en cuyo caminar existen tensiones por factores como la colonialidad del poder, el saber y el ser- y la Escuela Dolores Cacuango -desde la diferencia- trabajan sus propios procesos de resistencia como mecanismo para alcanzar una sociedad plural.
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El 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2014 el gobierno nacional debió afrontar dos movilizaciones convocadas por las centrales sindicales nacionales en contra de las reformas laborales previstas en el nuevo Código del Trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Como en otras ocasiones, el partido de gobierno organizó “contra-manifestaciones” de sus partidarios y orquestó una poderosa campaña de publicidad en la que cuestionó la legitimidad de las protestas y las acusó de desestabilizadoras. La contra – manifestación del 17 de septiembre se convocó en el centro de Quito y se presentó como una fiesta, con presentación musical y discursos de presidente. La contra – manifestación a la protesta del 19 de noviembre se convocó días antes, el 15 de noviembre, en conmemoración de la masacre de 1922, en la ciudad de Guayaquil y fue aprovechada para presentar al público un proyecto de reformas al Código del Trabajo que se tramitará en la Asamblea Nacional.
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Con el artículo 283, la Constitución define a la economía del Ecuador, como un sistema económico popular y solidario, la misma que está compuesta por los sectores cooperativos, asociativos y comunitarios. De esto nace la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, creada a fin de controlar el sector cooperativo, bajo normas, y herramientas técnicas que permitan garantizar la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Si bien es cierto, las cooperativas se han venido desarrollando en base a la autogestión financiera y administrativa, por lo que se ha podido determinar organizaciones vulnerables que ponen en riesgo la estabilidad financiera del sector. Por lo que es necesario desarrollar herramientas técnicas, que alineadas a la ley, se pueda identificar las fortalezas y debilidades financieras, con el fin de tomar medidas que ayuden al crecimiento sostenible del sector cooperativo. En base al análisis financiero de los balances, y la interpretación de indicadores especializados, permita conocer las cooperativas estables y las cooperativas vulnerables, las mismas que pueden ser sujetas a la aplicación de un mecanismo de resolución, que previo análisis de escenarios, se determinen la ejecución en cooperativas con niveles de riesgo considerables. La aplicación de las estrategias de resolución, evita impactos económicos y sociales que pongan en riesgo a quienes confían en el sector cooperativo, así como la mitigación del riesgo sistémico y reputacional; por lo que estas posibles pérdidas deberán ser analizadas a fin de aplicar la que menor costo provoque.
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A través del presente trabajo abordaremos el origen y desarrollo de las relaciones laborales (Sindicales) dentro de las organizaciones productivas. Este tema es muy trascendente, ya que, es parte fundamental del desenvolvimiento de las empresas y organizaciones de diferente índole. Si las relaciones con las organizaciones de trabajadores son comprendidas y gestionadas en un ambiente positivo estas serán un estímulo fundamental para el crecimiento de las empresas; si por el contrario las relaciones se tornan conflictivas en un ambiente de desconfianza, mutuo las Organizaciones sufrirán el retardo de su potencial productivo y dedicarán energías y tiempo a tratar de arreglar los problemas con el Sindicato. A lo largo de esta tesis se hará un recuento histórico del por qué surgen los Sindicatos en las empresas; los principales hitos de la evolución de las relaciones obrero-empleador en diferentes momentos y países. Posteriormente en la parte final se expondrá las vivencias de las relaciones laborales en una empresa específica y se establecerán los principios y prácticas que han llevado a que las relaciones evolucionen desde un inicio muy conflictivo hasta llegar a establecer un modelo de gestión laboral que asegure que, el Sindicato y Comité de Empresa sea un apoyo continuo a la gestión interna de Maresa Ensambladora y el bienestar de los empleados; de acuerdo al título de la tesis. Finalmente para quienes deseen profundizar en este apasionante tema se detalla una bibliografía abundante con temas complementarios que enriquecerán el conocimiento de todos quienes se interesen en el mundo de las relaciones laborales.
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La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.