36 resultados para MOVILIDAD DEL TRABAJO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
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Se estudia la revocatoria del mandato, entendida como un derecho político, así como un mecanismo de democracia directa, presente en las denominadas democracias participativas. La institución jurídico-política objeto de estudio es significada con los términos: revocar, revocatoria, revocación y recall. Estos términos tienen un sentido jurídico más o menos amplio, vinculado tanto al campo del Derecho Privado (Derecho Civil y Mercantil), así como con el Derecho Público, específicamente al Derecho Político y Constitucional, siendo este ámbito el que importa para entender la institución objeto de estudio. Esta investigación se basa primariamente en establecer cuales son las razones por las que este instituto no ha sido ejercitado en el Ecuador, proceso en el cual se acude a datos históricos, doctrina política y normativa jurídica nacional e internacional, lográndose establecer su génesis etimológica, doctrinaria e histórica, el tipo de mandato político en el que se fundamenta, su carácter institucional y apego irrestricto al debido proceso constitucional, su independencia frente a otros mecanismo o institutos con los que suele ser confundido, etc. Es un trabajo pionero ante la escasez de investigaciones sobre el tema, que abre la posibilidad de profundizar el estudio de diferentes aspectos políticos y normativos que giran alrededor de este tema, constituyendo un referente a considerarse al momento de implementar este mecanismo en las normativas jurídicas de cualquier país.
La institución del refugio en el Ecuador y la crisis colombiana: respuestas y limitaciones estatales
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El Ecuador, como parte de la comunidad internacional, tiene derechos y responsabilidades que son inherentes a su interacción dentro de la misma. Desde este punto de partida, el presente trabajo analiza la respuesta del Estado ecuatoriano frente a la crisis de los refugiados colombianos en el país. El primer capítulo analiza al sistema internacional del refugio, su evolución histórica y jurídica, y cómo este sistema se encuentra sujeto a los grandes cambios de la política mundial, cambios influidos por la agenda de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. Cómo se expresa el sistema internacional del refugio en el Ecuador, su nivel de institucionalidad y la relación Estado - sociedad civil - organismos internacionales, se encuentra desarrollado en el segundo capítulo. Las limitaciones de la respuesta estatal, estructurales, administrativas y políticas, así como el papel de la comunidad internacional frente a las mismas, son los temas tratados en el capítulo tercero. El cuarto capítulo, a la luz de las conclusiones obtenidas, señala los retos compartidos que, tanto el Ecuador, Colombia y la comunidad internacional, tienen con la población colombiana en necesidad de protección internacional que se encuentra en nuestro país, separando el respeto a los derechos humanos de la agenda de seguridad. Es el propósito del presente trabajo analizar el rol del Ecuador dentro del sistema internacional del refugio, a la luz de una crisis específica y en cuya solución se pueden identificar diferentes actores. El estudio del papel que tiene en este sentido la agenda (enfocando los temas de seguridad y cooperación), de los países hegemónicos de la comunidad internacional encabezados por los Estados Unidos, permite replicar el presente ejercicio académico, partiendo de cualquiera de los componentes del sistema internacional, hacia un país y una problemática específicos.
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A través de este trabajo científico, nos interesa saber: ¿Se aplica la técnica de mediación en las controversias individuales de trabajo en el cantón Loja? Los objetivos específicos que perseguimos son: a) estudiar el impacto de la aplicación del principio de inmediación en el proceso oral laboral en el cantón Loja; b) definir la utilización de la técnica de la mediación en las controversias individuales de trabajo en el cantón Loja; c) analizar el tratamiento dado a las controversias individuales de trabajo suscitadas en el cantón Loja a partir de la implementación del sistema oral hasta el año 2008. Bajo estas directrices en el capítulo primero, se conceptualiza el sistema oral, se recurre a la historia para ubicar el desarrollo del sistema, se tratan los principios procesales que revisten al proceso por audiencias, para finalmente revisar la mediación, técnica que ha tenido su despunte a partir de los años 90 en Latinoamérica. En el segundo capítulo, las controversias o conflictos de trabajo son estudiados en forma general, y el 5 tratamiento especifico que reciben en la legislación ecuatoriana. En el último capítulo, la problemática radica en los juicios laborales instaurados en el Juzgado del Trabajo del cantón Loja, desde su creación, esto es desde la aplicación del sistema oral hasta el año 2008. Finalmente, se hace alusión a casos reales, para descubrir las bondades del sistema oral laboral; para concluir con las conclusiones pertinentes.
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La presente tesis abordará el tema de los sistemas de sanciones por incumplimiento en materia económica en el ámbito internacional, mediante un estudio comparado de los sistemas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea, para finalmente dilucidar un sistema de sanciones adecuado para la Comunidad Andina (CAN). En ese sentido, en el Capítulo I se analizarán los dos modelos teóricos que rigen los sistemas de sanciones por incumplimiento en materia económica en el ámbito internacional: la intergubernamentalidad y la supranacionalidad, todo ello tomando en cuenta la soberanía del Estado nación en el ámbito de los procesos de integración regional. Así, existe la conocida clasificación del proceso de integración según sus grados, que va desde la intergubernamentalidad a la supranacionalidad: a) Áreas de intercambios preferenciales o preferencias arancelarias (intergubernamental); b) Zona de Libre Comercio (intergubernamental); c) Unión Aduanera (intergubernamental o supranacional limitada); d) Mercado Común (supranacional plena o integral); e) Unión Económica (supranacional plena o integral); y, f) Integración total o completa. Dentro de las características de la supranacionalidad se observan dos tipos de supranacionalidad: i) La supranacionalidad plena o integral; y, ii) La supranacionalidad limitada o restringida que puede ser, además, orgánica y normativa. En el Capítulo II se realiza un estudio comparado de los sistemas de sanciones por incumplimiento en materia económica en el ámbito internacional de los siguientes organismos internacionales: a) La Organización Mundial de Comercio (OMC); b) El Mercado Común del Sur (MERCOSUR); c) La Unión Europea (UE); y, d) La Comunidad Andina (CAN). Al respecto, se analizan los órganos que componen cada uno de dichos organismos internacionales, a fin de vislumbrar si son intergubernamentales o supranacionales; para desembocar, posteriormente, en sus sistemas de sanciones. Finalmente, en el Capítulo III se analizan los defectos del sistema actual de sanciones de la CAN y las posibles propuestas de reforma, a fin de avizorar en la CAN un sistema de sanciones verdaderamente supranacional. Se desarrollará el tema del procedimiento sumario por desacato a las sentencias en acciones de incumplimiento para concluir que en el sistema sancionatorio actual, cuando la aplicación de las sanciones se deja a la discrecionalidad de los países miembros y ellos no aplican las sanciones autorizadas por el Tribunal (incumpliendo así la sentencia del Tribunal), se deja entrever características que distan de lo supranacional, acercándose más bien a lo que sería una integración poco profunda parecida más al sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde los países miembros tienen una gran reticencia a reconocer competencias sancionadoras a la institución comunitaria.
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La presente investigación, nace por la carencia dentro de la doctrina contemporánea de estudios que definan y describan al régimen simplificado, así como de la problemática que gira en torno de los pequeños contribuyentes adscritos a éste, luego de cinco años de su implementación en nuestra legislación. En la actualidad, no hay estudios que demuestren como se viene desarrollando el comercio informal en el Ecuador, por lo que no podríamos comprobar si el RISE y las demás normas jurídicas atinentes al tema, creadas hasta la actualidad, llegan a ser realmente efectivas para la regularización de este grupo social, pues la bibliografía ecuatoriana que trata sobre el tema es de los años noventa. Además, cabe la posibilidad de que el RISE esté siendo mal aplicado tanto por parte de la Administración Tributaria como de sus afiliados, lo que generaría problemas prácticos y jurídicos; a éstos se debe presentar una propuesta que se ajuste a las necesidades actuales del Ecuador. Es necesario realizar un estudio en que se cotejen cifras para verificar si el RISE se constituye como un instrumento efectivo para regular el comercio informal en el Ecuador. Por ello, el presente estudio tratará de determinar ¿Cuál ha sido la incidencia del Régimen Simplificado Ecuatoriano, como medio para regularizar la informalidad en el país, desde su implementación en el año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador?; para dilucidar la pregunta planteada deberemos estudiar tanto al sector informal como al régimen simplificado, desde el punto de vista social, estadístico y por supuesto legal.
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A partir de 2013, la gestión de la política comercio en el Ecuador está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior. La creación de este nuevo Ministerio respondió a las dinámicas y necesidades del contexto ecuatoriano, caracterizado por la fragmentación entre lo político y técnico, que no permitió que las políticas exterior y comercial estén alineadas en una misma institución. Esta investigación se centrará en el desarrollo institucional del manejo del comercio exterior en el Ecuador y sus cambios más significativos en los últimos años, de manera particular en el periodo 2007-2013. En la primera parte de esta investigación, se buscó establecer a través de un parámetro comparativo la gestión del comercio exterior en la región, por lo que se analizó los casos de Chile y Brasil que junto con el ecuatoriano, permitieron determinar las tres categorías institucionales para la gestión del comercio exterior: transversal, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, y la especializada. Se determinó cuáles eran los componentes principales en cada una de ellas con sus ventajas y desventajas. En la siguiente sección, con el objetivo de realizar un análisis institucional de la gestión del comercio exterior se realizó un recuento histórico desde 1986 hasta la actualidad, lo que permitió examinar cuales han sido las instancias ministeriales y sus competencias sobre este tema y las principales dinámicas y problemáticas que presentaban. De manera particular se estudió la creación del reciente Ministerio, así como cuáles son sus principales retos y desafíos.
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El presente trabajo investigativo sobre la actual reforma del bachillerato general unificado en nuestro país entre 2007-2014: Caso de la Unidad Educativa Fiscal 13 de Octubre de Calceta-Manabí, lo iniciamos con una reseña histórica de la institución. Se describen los cambios más importantes y las nuevas normas del Ministerio de Educación que rigen la educación ecuatoriana. Además se ubica la nueva malla curricular de este bachillerato, concluyendo con una comparación entre el bachillerato de especialidades y el que se encuentra en vigencia. En el capítulo dos hacemos una referencia a la adaptación del Bachillerato General unificado en la Unidad Educativa “Fiscal 13 de Octubre”. Se concluye el apartado detallando lo que son las destrezas con criterio de desempeño y su aplicación en el quehacer educativo específicamente en nuestra institución. En el tercero resaltamos el proceso de acreditación del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional (BI) que llevó adelante la institución, como los antecedentes y el proceso en su conjunto. Además encontramos lo que ofrece la Organización de Bachillerato Internacional (OBI) al colegio. Las diferencias entre el BI y el BGU y, situamos las dificultades que se tuvieron dentro del proceso previo al otorgamiento de la carta de autorización para que nuestra institución lo oferte. Posteriormente en el cuarto capítulo leeremos la situación del Bachillerato Técnico en Administración que se oferta también en nuestra institución, los problemas que se suscitaron dentro de desarrollo del mismo y se detallan las estrategias que se utilizaron para superar este inconveniente. En el capítulo final conoceremos el impacto de aplicación de la reforma actual del Bachillerato General Unificado; los resultados de la entrevista aplicada a docentes y directivos de la comunidad educativa, para conocer las contradicciones, dificultades y tensiones que existieron en la implementación de esta reforma en la institución en lo referente aplanificaciones y evaluaciones. Haremos el análisis al nuevo modelo de gestión en educación. Y, finalmente tendremos las conclusiones a la que hemos llegado luego de concluir esta investigación académica.
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Elaborada con base en el estudio crítico del ordenamiento jurídico ecuatoriano, las orientaciones doctrinarias y las prácticas inquisitivas de los operadores procesales de mayor relevancia para el tratamiento de cada uno de los temas, plantea los elementos de análisis necesarios para comprender, a profundidad, la forma en que el juicio oral debe desarrollarse para lograr un enjuiciamiento penal respetuoso de los derechos humanos y el debido proceso. En ese contexto, el trabajo inicia con una breve revisión de los antecedentes que marcaron el inicio del sistema acusatorio a lo largo de la historia, a objeto de mostrar su estructura, fundamentos y lógica en que funciona, así como los principios constitucionales y procesales que dan sustento a su actuación, de modo que, más adelante y en la línea de estas reflexiones previas, da a conocer las razones jurídicas y estratégicas por las cuales se trata de una etapa central y clave dentro del Estado democrático. Así, luego de la identificación y valoración de las falencias que afectan la aplicación efectiva de principios tales como inmediación, imparcialidad y contradictoriedad, efectuada en función de las disposiciones normativas que los regulan, la investigación continúa con el reconocimiento de los defectos o falencias que en ellas se generan y que dan lugar a prácticas inquisitivas por parte de los operadores procesales, de tal manera que, en ese entorno, se proponen algunos correctivos necesarios para superar tales dificultades, y, finalmente, concluye con la exposición de algunas ideas que sintetizan las líneas de reflexión seguidas a lo largo de la tesis.
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Es práctica diaria en instancias judiciales y administrativas que los funcionarios, litigantes o administrados, contratantes y Abogados incurran en abuso del derecho o de un derecho, como el hacer uso de una facultad o de un poder más allá de lo que resulta lícito por la naturaleza del asunto o la costumbre, o el hacer dicho uso con fines distintos de los autorizados por el ordenamiento jurídico, y de una forma consciente o inconsciente conseguir u obtener beneficios. Este trabajo investigativo se centra en el análisis legal, doctrinario y casuístico del abuso del derecho o de un derecho para comprender su importancia en el quehacer de la administración de justicia. Se recurre a puntos de vista filosóficos e históricos, pero también a cuestiones de rigurosidad jurídica, buscando el apoyo en fallos jurisprudenciales nacionales y extranjeros. Se analiza el abuso del derecho como figura jurídica que ha sido ilegítimamente practicada y en forma frecuente, pero que no ha merecido un detenido estudio, menos aún una sanción correspondiente. Sirve de base para este trabajo investigativo el Derecho Civil y el Código de Procedimiento Civil y, en lo que fueren aplicable, otras leyes conexas. Se tratan temas, a más del indicado, el abuso del proceso, la mala fe y el fraude de la ley procesal. En la actualidad ha tomado fuerza el tema del abuso del derecho porque se ha manifestado revelador e instructivo. No es el tema en referencia de fácil planteamiento, ni cualquier lector podrá acceder a él con claridad de entendimiento y comprensión; por ello, es un desafío personal y un reto para todos los operadores de justicia (Magistrados, Jueces, funcionarios judiciales, Abogados), que se involucren en este interesante y subjetivo estudio, para que en el mañana se propugnen soluciones más justas, se aplique correctamente el derecho, haya equidad y equilibrio social, todo lo cual se traducirá en seguridad jurídica, con base a un orden jurídico imperante en una comunidad civilizada y culta.
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El derecho humano a la paz ha sido definido en la actualidad como "[...] la ausencia no sólo de conflictos armados, sino también como la ausencia de toda violencia estructural causada por la negación de las libertades fundamentales y por el subdesarrollo económico y social". Esta definición que hoy nos parece moderna y acorde a las tendencias de nuestro tiempo, ha sido lograda mediante una gran cantidad de debates que datan de varías décadas atrás. Tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamadas ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos tiempos ya habían sido reconocido como tales por la comunidad internacional. Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas "generaciones" de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a los instrumentos internacionales, así como en los diversos textos constitucionales. Fue de este modo como surgieron los derechos económicos, sociales y culturales que, aunque ya eran reconocidos algunos de ellos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, su consolidación internacional fue indudablemente con motivo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. En este orden de ideas, con el transcurrir de la segunda mitad de siglo XX, fueron surgiendo nuevos derechos que tenían profundas diferencias con los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, principalmente en lo que se refiere a sus titulares, así como su forma de ser protegidos. Entre estos nuevos derechos se encontró el derecho humano a la paz.
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Las exigencias de la globalización han expuesto la severa vulnerabilidad de los países caribeños, y por lo tanto, el fenómeno se ha convertido en el catalizador principal de un acelerado proceso hacia la integración regional para evitar la marginación de los estados pequeños caribeños en la escena internacional. Con el fin de fortalecer su presencia en el contexto global, los países miembros de la Caricom, han echado la vista atrás al decidir proceder con un proyecto que inicialmente surgió en 1989, pero por varias razones, lo más notable, las diferencias y pleitos entre las diferentes islas, había quedado estancado. El proyecto se radica en la creación de un Mercado y Economía Únicos, y pretende tener un papel casi estrictamente geopolítico, porque muchos optimistas se aferran al sueño de que unida, la región incrementará su capacidad de lidiar con los países poderosos e impresionarles sobre su naturaleza vulnerable para que por lo menos intenten suavizar sus leyes que son diseñadas de sofocar la economía caribeña. De particular importancia es la protección de las dos industrias principales que sostienen los estados pequeños de la región-el turismo y el sector offshore. La región ha percibido su carácter vulnerable y existe el consenso que la integración representa un paso decisivo para combatirlo, sin embargo, muchos aún creen que el establecimiento del Mercado y Economía Únicos de Caricom es una estrategia prematura debido al hecho que las islas de la región no han superado sus diferencias que a lo largo del siglo pasado han destrozado cualquier camino hacia la integración. El éxito del MEUC dependerá de la voluntad de los estados pequeños para cooperar plenamente al desechar sus antiguas diferencias por un bien común; y este representa el desafío más grande para la integración caribeña.
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Este trabajo tratará sobre el marco jurídico que rige la solución de conflictos de los contratos de concesión a partir de la expedición de la Ley de Modernización del Estado, la misma que trajo algunas innovaciones en materia de contratos administrativos. Analizaremos brevemente el proceso de modernización del Estado Ecuatoriano que avanza lentamente desde el año de 1993. Normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como comentarios de valiosos tratadistas ecuatorianos sobre la “modernización” del estado ecuatoriano. Vamos a analizar el Contrato de Concesión desde la perspectiva doctrinal y legal, ya que es el contrato que más ha sido utilizado por el Estado ecuatoriano en los procesos de modernización, para la prestación de servicios públicos. En el desarrollo de este trabajo no se analizará el proceso de concesiones en materia petrolera, minera, telefónica o de cualquier otra índole de una manera específica. No es el objetivo de este trabajo entrar en detalle sobre éstas materias complejas, sujetas a un régimen jurídico propio. En cuanto a los conflictos que se han presentado, hay que analizar cuáles son los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislación nacional, que generalmente han sido jurisdiccionales, existiendo una serie de cambios de la competencia para conocer de estos procesos entre las Cortes Superiores y los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, existe una reciente práctica para la solución no jurisdiccional de los conflictos de estos contratos, donde podemos destacar a la Mediación y a Arbitraje, que tienen su base normativa tanto en la Constitución como en la Ley especial de la materia, por lo que este trabajo analizará también la aplicabilidad de estos procedimientos para la solución de conflictos.
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El fiscal en sus actuaciones debe ser lo más objetivo posible para ello debe extender la investigación no sólo a las circunstancias de cargo sino también a las que sirvan de descargo del procesado y si éstas, determinan su inocencia deberá abstenerse de acusarlo. La objetividad del fiscal se da también en la etapa del juicio, en la audiencia de juzgamiento, ante el tribunal de garantías penales, donde se presenta la prueba, que debió ser anunciada previamente en la audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen. En el presente trabajo estudiamos diferentes temas relacionados con las funciones del fiscal dentro del sistema penal acusatorio, como su rol de director de la investigación, la reserva, objetividad y estrategias de la misma, la imparcialidad del fiscal, conclusión de la investigación, audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen que reemplaza a la preliminar, investigación que contiene las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 555 de 24 de marzo del 2009. Todo esto lo abordamos en los dos primeros capítulos para que el lector tenga conocimientos sobre lo que realiza el fiscal en las etapas de instrucción e intermedia y con ello pueda comprender de una mejor manera sobre su desempeño profesional en la etapa del juicio en donde debe utilizar al igual que el resto de sujetos procesales, destrezas, técnicas y habilidades para practicar el examen, contra examen, objeciones y alegatos. Finalizamos esta investigación con una serie de conclusiones y recomendaciones que servirán de aporte para que la actuación del fiscal sea más objetiva, transparente y con ello no se violenten derechos.
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Impulsado por las experiencias vividas en cuatro años de Magistratura en el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, considero importante investigar y razonar sobre la facultad oficiosa del juzgador tributario para ordenar a las partes la presentación de nuevas pruebas o disponer la práctica de cualquier diligencia investigativa para el mejor esclarecimiento de la verdad o para establecer la real situación impositiva de los sujetos pasivos. El trabajo se compone de dos capítulos; en el primero considero adecuado partir del concepto de Jurisdicción, y los poderes que surgen de la ella. Luego me refiero a las cualidades que deben tener los órganos jurisdiccionales tributarios; sin duda, dos esenciales, la independencia y la especialización. Incluyo un sucinto estudio del contencioso tributario. En el Capítulo Segundo, desarrollo el tema central de la investigación “la facultad oficiosa del juzgador en los juicios tributarios”. La capacidad del juez para determinar con precisión, frente al caso concreto, la prueba que los obligados directos, responsables o terceros o la administración, deben permitir, exhibir o incorporar al proceso. No se debe olvidar que el sistema ecuatoriano, prevé que la sentencia debe decidir los puntos que conforman la litis y además aquellos otros que tengan relación directa y comporten control de legalidad. Previamente se hará referencias a la ponderación que debe observar el juez para ejercer la facultad oficiosa; y al razonamiento jurisdiccional frente al hecho incierto; normalmente la divergencia no se sitúa en las fuentes de prueba, sino en demostraciones fácticas. Finalmente, propongo algunas conclusiones sobre el tema central propuesto.
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La Investigación de Tesis a continuación presentada, gira en torno a la evaluación de la incidencia del voluntariado de la Fundación de Asistencia Social Madre Dolorosa (FASMAD) y el Servicio Ignaciano de Voluntariado (SIGVOL), en la comunidad de Las Iguanas y recintos aledañ.os, pertenecientes a la Parroquia Guale, Cantón Paján, Provincia de Manabí. El trabajo aborda la discusión teórica e interrelación de tres ejes fundamentales: el Tercer Sector, el Voluntariado y los principios de Desarrollo Comunitario y Economía Solidaria. Con el fin de contextualizar el estudio de caso de la presente investigación, se realiza el análisis de la situación Socio Económica del Ecuador en la última década y la Situación Económica y Social de Las Iguanas y los recintos aledañ.os al 2001. La investigación de campo, permite evaluar el proyecto comunitario y los resultados generados a partir del trabajo de voluntariado de F ASMAD y SIGVOL en la zona, validando así, los principios del modelo de desarrollo comunitario. De esta manera se presenta al voluntariado como una herramienta de desarrollo, y que a través del caso puntual investigado, se posiciona como una alternativa válida en la construcción de sociedades más justas y equitativas.