Retos jurídicos para el desarrollo normativo de los preceptos constitucionales relativos a la inversión privada extranjera: regular su rol complementario en el nuevo modelo económico

El presente análisis procura revisar los principales lineamientos constitucionales en el ámbito económico previsto en la reciente Constitución de la República de Ecuador relacionados con la regulación de las inversiones extranjeras. Sobre la base de dicha apreciación, identifica los principales retos que recaerían en los órganos del poder público, principalmente con potestad legislativa, para la elaboración de una o varias normas de rango legal que puedan desarrollar tales lineamientos, considerando paralelamente la concepción política del modelo económico, la evolución histórica de la legislación nacional pertinente y algunas variables de índole económico.

El derecho penal económico: rupturas en la esfera procesal

En un contexto de reiterados fracasos en la lucha contra la criminalidad económica, las herramientas procesales adquieren un papel preponderante, porque hasta el momento son el instrumento que ha conseguido romper la inercia y producir resultados palpables. El presente artículo desentraña figuras existentes en leyes especiales y abre un espacio de reflexión sobre su legitimidad. Se centra en dos ejes: el primero se ocupa de tres figuras investigativas que caben en el concepto de operaciones encubiertas -agente encubierto, entrega vigilada y delación compensada-; el segundo, se reserva para la estrategia destinada a conseguir una disminución en la carga probatoria y un trámite más sencillo, a través de la imposición de sanciones que se las ha considerado penales por trámites administrativos o civiles. El análisis de legitimidad utiliza una visión ecléctica, además del enfoque jurídico centrado en los derechos de los procesados, se incorpora una perspectiva centrada en la efectividad social. Con el fin de conseguir un estudio asentado en la realidad nacional, se privilegia el análisis de ejemplos concretos extraídos de nuestra vivencia; esta visión aplicada permite evidenciar lo parcial e insuficiente que resulta el solo examen de la coherencia normativa y muestra la riqueza de aproximar la dogmática a las necesidades sociales.

Metodología de análisis económico y social para procesos de resolución en cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 y 4, utilizando la estrategia de exclusión de activos y de pasivos

Con el artículo 283, la Constitución define a la economía del Ecuador, como un sistema económico popular y solidario, la misma que está compuesta por los sectores cooperativos, asociativos y comunitarios. De esto nace la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, creada a fin de controlar el sector cooperativo, bajo normas, y herramientas técnicas que permitan garantizar la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Si bien es cierto, las cooperativas se han venido desarrollando en base a la autogestión financiera y administrativa, por lo que se ha podido determinar organizaciones vulnerables que ponen en riesgo la estabilidad financiera del sector. Por lo que es necesario desarrollar herramientas técnicas, que alineadas a la ley, se pueda identificar las fortalezas y debilidades financieras, con el fin de tomar medidas que ayuden al crecimiento sostenible del sector cooperativo. En base al análisis financiero de los balances, y la interpretación de indicadores especializados, permita conocer las cooperativas estables y las cooperativas vulnerables, las mismas que pueden ser sujetas a la aplicación de un mecanismo de resolución, que previo análisis de escenarios, se determinen la ejecución en cooperativas con niveles de riesgo considerables. La aplicación de las estrategias de resolución, evita impactos económicos y sociales que pongan en riesgo a quienes confían en el sector cooperativo, así como la mitigación del riesgo sistémico y reputacional; por lo que estas posibles pérdidas deberán ser analizadas a fin de aplicar la que menor costo provoque.

El crecimiento de las zonas especiales de desarrollo económico desde la vigencia de los incentivos tributarios contenidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

Existen zonas especiales de desarrollo económico en nuestro país que se originan en las zonas francas, son destinos aduaneros que se encuentran determinadas áreas geográficas, las cuales gozan de beneficios tributarios. En el Ecuador existen tres tipos de zonas especiales de desarrollo económico: industrial, logístico y tecnológico. Están regidas bajo el Código de Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones y son controladas por el Consejo Sectorial de la Producción. Los beneficios tributarios que poseen estas zonas son la reducción de cinco puntos porcentuales al Impuesto a la Renta, la exoneración de aranceles y devolución del impuesto al valor agregado, lo que permiten atraer inversión extranjera e incentivar la creación de nuevas empresas que reemplacen las importaciones, lo que modifica la balanza comercial. Por otra parte, al comparar el marco jurídico de las zonas especiales de desarrollo económico de nuestro país con zonas libres de otros países como Argentina y Chile, encontramos diferencias y semejanzas de conceptualización, objetivos y políticas que giran entorno a las necesidades de cada país, pero en todos los casos lo que se busca es el desarrollo de la economía. No obstante, al crecimiento de las zonas especiales de desarrollo económico en el Ecuador, se han realizado proyecciones de construcción y funcionamiento por etapas, que beneficiaran el área donde se desarrolle el proyecto, a través de generación de empleo y obras rurales, lo que impulsará al país en procesos de transferencia de tecnología e innovación, investigación y desarrollo. Existen tres zonas actualmente en desarrollo, la primera es la ZEDE Yachay, la cual se encuentra en funcionamiento pero aún no se finaliza el proyecto como tal. La segunda es la ZEDE Eloy Alfaro, la que se encuentra en la fase tres de construcción y la tercera es la ZEDE Piady que se encuentra en la primera etapa de construcción.

Aplicación de buen gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito del sector económico popular y solidario

La tesis que ahora se presenta, tiene el propósito explicar que la aplicación de los principios del buen gobierno cooperativo es posible en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3, que son organizaciones del sector financiero pertenecientes de la economía popular y solidaria. Para alcanzar este objetivo, la investigación se ha dividido en tres capítulos, el primero contiene el desarrollo de los aspectos de la economía popular y solidaria, su finalidad y objetivos de este segmento de la economía, la importancia de esta economía para el desarrollo productivo del Estado y su beneficio social de los grupos que intervienen, un análisis del concepto de cooperativismo y la aplicación de sus principios para el buen desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito como operadores de financiamiento económico de sus socios y clientes. El segundo capítulo recoge los principios de buen gobierno corporativo y su viabilidad al buen gobierno cooperativo en la administración de las cooperativas de ahorro y crédito, la aplicación en todo el proceso de gestión administrativa, sus características principales que son parte de la correcta administración y la gestión de responsabilidad social. El último capítulo comprende el desarrollo de la aplicación del buen gobierno cooperativo en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 para el buen desempeño administrativo y operativo, con el objetivo de garantizar la confianza de los socios y clientes y la estabilidad de la institución, partiendo de principios éticos de conducta, su cumplimiento con los principios de cooperativismo y su aporte a la sociedad. Todos estos procesos de buenas prácticas se lo realizan mediante unidades de gestión y comités de apoyo para un mejor liderazgo de la dirección.

Análisis sobre el posible efecto económico negativo en utilidades del sujeto pasivo, como consecuencia de un sistema tarifario débil del impuesto de patente municipal

La Constitución de la República del Ecuador estipula que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece la obligación de obtener la patente municipal o metropolitana y al pago anual del impuesto, a las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales, se determina mediante ordenanza y en función del patrimonio de los sujetos pasivos dentro del cantón. Bajo este esquema jurídico, el objetivo del presente trabajo de investigación es realizar un análisis sobre el posible efecto económico negativo en las utilidades del sujeto pasivo, como consecuencia de un sistema tarifario débil del impuesto de patente municipal, originado porque el modelo de descentralización ocasiona que no exista una política única que regule este tributo a escala nacional, por lo que la normativa establecida en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, puede causar en los contribuyentes cierto nivel de desconcierto y contrariedad debido a que se encuentran sometidos en cada cantón a la ordenanza respectiva para cumplir con sus compromisos tributarios. El estudio se encuentra dividido en tres capítulos el primero de los cuáles aborda aspectos normativos para la inmersión en el estudio del tema abordado; en el segundo acápite se establece un estudio comparativo entre los cantones Quito, Guayaquil y Cuenca en cuanto a capacidad contributiva y legalidad de cada uno de ellos, para finalizar con un análisis comparativo que sustentará el trabajo investigativo.