21 resultados para Juntas monetarias


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La presente investigación tiene como objetivo analizar el modelo de organización territorial y de división político administrativa del Ecuador y dilucidar la forma en que los gobiernos autónomos descentralizados deberían aplicar la facultad normativa conferida constitucional y legalmente. Con tal objetivo esta tesis se ha desarrollado de la siguiente manera: en el primer capítulo se analiza la forma de estado que ha adoptado el Ecuador, detallando cada una de sus características, para luego poner énfasis en la cualidad de estado unitario tal como lo define el artículo primero de la Constitución de la República, posteriormente, hemos analizado las condiciones especiales del Ecuador al determinarse como estado unitario plurinacional y descentralizado. A continuación, se desarrolla un detalle del modelo de organización territorial, y de los gobiernos autónomos correspondientes a cada nivel sub nacional, poniendo especial detalle en la organización del gobierno parroquial. En el capítulo tercero analizamos las facultades “legislativas” de los gobiernos autónomos descentralizados. Con especial dedicación hemos explicado la facultad normativa que tendrían los gobiernos autónomos descentralizados que asuman el modelo especial de gobierno de circunscripción territorial indígena, afroecuatoriana y montubia. De igual manera nos hemos detenido a analizar la facultad normativa de los gobiernos cantonales, que según nuestro criterio, goza de características especiales y particulares, dignas de un estudio más profundo. En el penúltimo acápite hemos analizado la actividad normativa de las juntas parroquiales y las formas en la que la misma podría y debería desarrollarse. Finalmente hemos escrito nuestras conclusiones y recomendaciones.

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Entre 1982 e inicios del actual mileno, las políticas sociales en América Latina, y la región andina en particular, estuvieron inspiradas en el Consenso de Washington, y guiadas por tres ideas dominantes: a) el mecanismo fundamental de reducción de la pobreza es la promoción del crecimiento económico, b) la inversión en educación y salud debe contar con una alta participación del sector privado, y c) se deben implementar transferencias condicionadas de dinero y programas asistenciales para los más pobres (Solimano, 2005). Estas líneas se insertaron en una política económica que buscó la minimización de la intervención del Estado en la economía, la promoción de mecanismos de mercado para el crecimiento y la apertura comercial internacional. En general, el crecimiento económico de la región fue mínimo e inestable, la pobreza mantuvo niveles persistentes y la inequidad social se profundizó, aunque se registraron avances moderados en educación y salud. A partir de mediados de la década anterior, se observan dos cambios fundamentales. Por una parte, la región retoma un crecimiento económico relativamente sostenido, basado en la expansión de sus exportaciones de bienes primarios y en una mejora sustancial en los términos de intercambio. Adicionalmente, cambia la concepción de las políticas sociales en muchos países, y el nuevo enfoque se basa en un aumento significativo de la inversión pública en educación, salud y seguridad social, en la aceptación más amplia de un enfoque universal de las políticas sociales basadas en la noción de derechos, y en la consolidación de programas de transferencias monetarias condicionadas. Los resultados alcanzados durante los últimos 10 años son alentadores en términos de reducción de pobreza, aumento de la equidad social y mejoras en educación, salud y empleo. Estos avances, al parecer, se registran en la mayor parte de los países, y la orientación política de sus gobiernos no juega un rol importante como factor diferenciador. Desafortunadamente, el escenario positivo para el crecimiento económico de la región comienza a agotarse, principalmente como resultado del menor impulso económico en China, la reducción del crecimiento de la economía mundial y del menor dinamismo en la demanda de ciertas materias primas, que ha conducido a una nueva declinación en los términos de intercambio. Los resultados alcanzados por la región en términos de diversificación económica son muy poco alentadores, y en varios países han aparecido manifestaciones importantes de descontento social e inestabilidad económica. Este artículo analiza, en el caso de los países andinos, los resultados sociales alcanzados a partir de 2004, su relación con la orientación política de sus gobiernos, y sus perspectivas de continuidad bajo un nuevo escenario internacional menos favorable. Se analiza con mayor profundidad la experiencia ecuatoriana.

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El inicio de la exportación de petróleo en agosto de 1972 determinó la aceleración de la industrialización y un corto auge de la inversión pública y privada, sin precedentes en la historia económica del Ecuador. Al mismo tiempo, esta súbita abundancia produjo distorsiones estructurales identificadas en la literatura del desarrollo económico como «enfermedad holandesa» que se mantuvieron durante el resto del periodo analizado, hasta finalizar el siglo XX, tornando más difícil la política económica. Esta etapa histórica presenció el cambio del modelo de desarrollo, desde la industrialización horizontal hacia el neoliberalismo, en un tortuoso proceso de ajustes: macroeconómicos primero, inscritos en el enfoque monetario de la balanza de pagos, y desde finales de los años ochenta estructurales, en la línea del Consenso de Washington. Este lapso de casi treinta años estuvo caracterizado por la insostenibilidad macroeconómica, resuelta en dos ocasiones por medio de agresivas devaluaciones monetarias (1982 y 1992) y en una tercera y final con la anulación de la soberanía monetaria mediante la dolarización unilateral de la economía. La deuda externa, factor fundamental de este tránsito hacia el neoliberalismo, jugó un doble papel: desviar el ahorro y la inversión internas hacia los acreedores externos, y supeditar la política económica al condicionamiento del FMI. Sin embargo, fue el libertinaje practicado por algunos grupos financieros el que al finalizar el siglo causó la pérdida del signo monetario.

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Desde fines del año pasado, ocho años de administración de la bonanza parecían sucumbir precipitadamente ante la obligada gestión de la austeridad. Esta vez todo hace pensar que la crisis económica no será como la de 2009, cuando un problemático semestre siguió a dos años de esplendoroso desafío a cualquier sombra de disciplina fiscal. Inmediatamente vino la recuperación. En ese entonces todavía quedaban reservas monetarias provenientes de los ahorros obligados por la ortodoxia neoliberal. A pesar de ambas cosas -tanto de las reservas remanentes como de la corta duración de la crisis-, el año 2009 se recuerda aún como el período de más baja popularidad en ocho años de gobierno: la valoración positiva de la gestión gubernamental llegó a casi el 50% de aprobación cuando el promedio en años posteriores ha superado el 70%.

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Desde el año 2008, los países de la zona euro conocen una crisis muy profunda que no tiene visos de concluir. Las recientes decepciones de varios países del sur de Europa (España, Grecia y Chipre) podrían sugerir que esta crisis es el resultado de decisiones políticas no adecuadas o de la crisis financiera mundial. La idea principal de este artículo es que los fundamentos de la crisis actual de la zona euro son mucho más complejos que aquellos expuestos de forma cotidiana por la prensa e incluso por analistas económicos. En el caso del euro, los problemas ocurridos son resultado principalmente de una arquitectura monetaria y financiera incoherente e incompleta. El euro nació como una moneda única con deficiencias estructurales e institucionales que no han sido corregidas desde su creación e implementación.

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Los países en desarrollo tienen una desventaja que desequilibra el régimen internacional de cambio climático y sus negociaciones. Esta desventaja no se debe solamente a que cuentan con una menor representación en comités, paneles o juntas ejecutivas, o a la falta de recursos para asistir a las sesiones; también se relaciona con las capacidades diferenciadas que tienen sus delegaciones, y la preparación con la que estas llegan a las sesiones de negociación, factores que determinan en gran medida el aporte que cada país puede ofrecer al proceso. Lamentablemente, esto se traduce en decenas de países que asisten para «tomar nota» de discusiones que otros lideran, avalando resultados vinculantes que después deberán implementar. En los países de América Latina, este es un problema real y resta potencial al rol que podría tener la región. El libro aborda este problema ofreciendo un recuento del proceso de negociaciones internacionales que se maneja en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Provee insumos para las reflexiones críticas que sobre él puedan existir para superar las dificultades de los países en desarrollo. Y plantea algunas perspectivas para el futuro del régimen climático y del acuerdo que se está negociando para concretarse en París a fines de 2015, con la seguridad de que estos elementos son cruciales para garantizar una participación más activa y una formación de negociadores climáticos que la región latinoamericana necesita con urgencia.