80 resultados para Inversiones norteamericanas


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El presente análisis procura revisar los principales aportes y caracterizaciones de la propuesta Modelo de Acuerdo Comercial para el Desarrollo del Gobierno de Ecuador, partiendo desde su concepción y el esfuerzo desplegado para que su texto y formato sean consistentes con los objetivos nacionales de política exterior y las disposiciones constitucionales pertinentes. Sobre la base de dicha apreciación, la investigación se circunscribe en el tratamiento propuesto al régimen sobre las inversiones extranjeras y al comercio internacional de servicios, considerando paralelamente los lineamientos del modelo económico imperante y las principales tendencias internacionales.

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El presente trabajo de investigación se circunscribe a analizar la seguridad jurídica en materia de inversiones a partir de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria Ecuatoriana y sus reformas, en lo referente al Impuesto a la Salida de Divisas y el Impuesto sobre los Activos en el Exterior. En consecuencia, y como resultado de la investigación efectuada lo que se ha pretendido es demostrar si los impuestos antes mencionados han afectado la seguridad jurídica en el ámbito tributario, y en materia de inversiones, de manera específica referente a la inversión extranjera directa, por lo que como corolario hemos determinado que la Ley aludida, a través de sus impuestos reguladores, concretamente el Impuesto a la Salida de Divisas; creado para mitigar la salida de capitales del país, y el Impuesto a los Activo en el Exterior; cuyo objetivo fue el retornar los fondos disponibles que mantienen en el exterior aquellos sujetos pasivos que se encuentran regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros; vulneran la seguridad jurídica, ya que en primer lugar; no ha cumplido con los objetivos para los cuales fueron creados, sino por el contrario han frenado la captación de la inversión en el país, pues los antes indicados han sido sufrido reformas por distintos instrumentos legales y en un periodo de tiempo corto, instaurando en los inversionistas, actuales como en los potenciales un ambiente de inseguridad e inestabilidad normativa para la colocación de sus capitales en el país.

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Un creciente número de actores extraterritoriales del sector privado, a menudo en asociación con el estado, están expandiendo las fronteras de economías extractivas y de exportaciones primarias a nuevos territorios rurales en América Latina. Este artículo analiza las condiciones que podrían impulsar esfuerzos significativos para abordar problemas ambientales en territorios dominados por actividades extensas, controladas externamente y basadas en recursos naturales. Se estudian tres casos: la acuicultura del salmón en Chiloé (Chile), la fruticultura en O’Higgins (Chile) y la producción de gas en Tarija (Bolivia). Concluimos que es poco probable que dichos esfuerzos ocurran, a menos que los problemas ambientales amenacen directamente la viabilidad a corto plazo de las actividades o emerjan movimientos sociales para exigir cambios.

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Existen zonas especiales de desarrollo económico en nuestro país que se originan en las zonas francas, son destinos aduaneros que se encuentran determinadas áreas geográficas, las cuales gozan de beneficios tributarios. En el Ecuador existen tres tipos de zonas especiales de desarrollo económico: industrial, logístico y tecnológico. Están regidas bajo el Código de Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones y son controladas por el Consejo Sectorial de la Producción. Los beneficios tributarios que poseen estas zonas son la reducción de cinco puntos porcentuales al Impuesto a la Renta, la exoneración de aranceles y devolución del impuesto al valor agregado, lo que permiten atraer inversión extranjera e incentivar la creación de nuevas empresas que reemplacen las importaciones, lo que modifica la balanza comercial. Por otra parte, al comparar el marco jurídico de las zonas especiales de desarrollo económico de nuestro país con zonas libres de otros países como Argentina y Chile, encontramos diferencias y semejanzas de conceptualización, objetivos y políticas que giran entorno a las necesidades de cada país, pero en todos los casos lo que se busca es el desarrollo de la economía. No obstante, al crecimiento de las zonas especiales de desarrollo económico en el Ecuador, se han realizado proyecciones de construcción y funcionamiento por etapas, que beneficiaran el área donde se desarrolle el proyecto, a través de generación de empleo y obras rurales, lo que impulsará al país en procesos de transferencia de tecnología e innovación, investigación y desarrollo. Existen tres zonas actualmente en desarrollo, la primera es la ZEDE Yachay, la cual se encuentra en funcionamiento pero aún no se finaliza el proyecto como tal. La segunda es la ZEDE Eloy Alfaro, la que se encuentra en la fase tres de construcción y la tercera es la ZEDE Piady que se encuentra en la primera etapa de construcción.

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Esta tesis tiene el objetivo de establecer si el proyecto de explotar el Campo Drago de Petroproducción es viable financieramente, considerando la estimación técnica inicial de sus pequeñas reservas probadas de petróleo que alcanzan 3.131.816 barriles de petróleo, que serán producidas con dos pozos y facilidades de producción mínimas. En el primer capítulo se ha desarrollado y definido los principales conceptos de la Ingeniería de Petróleos, de las matemáticas financieras y de la información necesaria para analizar la viabilidad financiera de un proyecto petrolero como éste, pero dimos un especial énfasis a los tipos de crudo y a sus precios en el mercado mundial, sobre todo las variables que influyen en el precio final de éstos y la proyección de precios del crudo WTI de la Energy Information Administratión del Gobierno de los Estados Unidos. También se ha incluido una generalización del enfoque de las principales corrientes de la filosofía económica ambiental. En el segundo capítulo se abordan los aspectos técnicos y las premisas para calcular el Petróleo Original en Sitio (POES) y las reservas probadas del Campo Drago, que es el total del producto calculado en barriles que vamos a vender en el lapso de nueve años. En el tercer capítulo se determinan los escenarios para el precio del crudo con las inversiones, los costos operativos, ingresos, egresos e impuestos; es decir todo el modelo de flujo de caja que será analizado con la utilización de los métodos financieros de la TIR Y VAN para determinar si el proyecto es viable financieramente para Petroproducción. También se realiza un análisis cualitativo de los aspectos ambientales en el supuesto que el proyecto no se realice y finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones respectivas sobre la viabilidad del proyecto.

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El presente trabajo tiene como objetivo demostrar cómo los conflictos en materia de inversiones sometidos al arbitraje internacional se refieren cada vez más a medidas y políticas de carácter público adoptadas por los Estados receptores de la inversión, para este fin se examinan las tendencias que ha recibido el tratamiento a la inversión extranjera desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, las obligaciones y derechos constantes en los Acuerdos Internacional de Inversión actuales cuyas normas de trato a la IED y procedimientos de resolución de conflictos se hallan estandarizados. De la misma manera se revisan las directrices del arbitraje internacional; las deficiencias en las reglas procesales generales aplicadas a éste método y los principios de acceso a la jurisdicción del CIADI. Por otro lado se trata de analizar de forma rápida tres procesos arbitrales en los cuales ha intervenido el Estado Ecuatoriano como demandado. De esta forma se puede evidenciar como la capacidad reguladora y controladora del Estado se ha visto limitada en la toma de decisiones nacionales referentes a reglas de tratamiento de la IED, y medidas ambientales, fiscales y sociales, principalmente porque afectan de forma directa o indirecta al inversionista, y además porque la nueva red mundial de tratados internacionales sobre inversión establecen normas que son de obligatorio cumplimiento de los Estados.

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Las remesas han adquirido un peso cada vez mayor como fuente de ingreso de divisas para el Ecuador en los últimos 10 años, y por lo tanto se debe darse el grado de importancia que su gestión requiere. La tesis esta dividida en dos partes, la primera en la que analizo la evolución del proceso migratorio y por lo tanto del crecimiento que se ha dado en las remesas, incluyendo datos como de donde provienen, cuanto dinero envían los migrantes a sus familiares en el Ecuador, en que utilizan el dinero que reciben, como llegan las remesas a nuestro país y otras estadísticas que ayudan a describir la real evolución de este flujo de divisas. En el segundo capitulo se examinan algunas opciones sobre cómo se podrían proyectar un monto creciente de las remesas hacia la inversión, lo que implicaría potenciar su uso y orientar esos recursos hacia la producción, como: codesarrollo, proyectos como 3x1 y proyectos de instituciones ecuatorianas como el MYCIP, de tal forma que las personas que reciben el dinero de las remesas, se conviertan en actores del desarrollo de muchas zonas de nuestro país, contando con la ayuda de algunas instituciones tanto nacionales como internacionales y con el soporte de diversas instancias del gobierno.

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El mismo gobierno que no pudo privatizar las empresas de electricidad de Arequipa en el 2002, por la enérgica resistencia de la población, y que registra los niveles de aprobación ciudadana más bajos de la historia, viene preparando ahora la privatización del agua potable. Alentado por instituciones internacionales como el Banco Mundial y el BID, que son quienes ponen los fondos para realizar interminables estudios que invariablemente demuestran la necesidad de hacer inversiones formidables que, por supuesto los Estados no pueden desarrollar, y de brindar el dinero para preparar la empresas para sus futuros propietarios privados. Nadie parece estar consciente del inmenso capital social que implican los sistemas de agua y saneamiento existentes; la cantidad de conexiones con que cuentan las ciudades grandes que se convierten en potenciales mercados cautivos de los inversionistas privados y en fuente segura de financiamiento de sus gastos; la capacidad técnica del país; y el valor de la fuentes de extracción del recurso. Como si todo esto fuera nada, los gobiernos, congresos y municipios, se proponen hacer concesiones a cargo de promesas de inversión y modernización.

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Objetivos de la tesis: Establecer la génesis del concepto del servicio y acceso universal de telecomunicaciones, sus causas y efectos en el desenvolvimiento de la sociedad. Para establecer el origen se estudiaron como fuentes de información los diversos conceptos en obras que desarrollan ésta temática, entre las cuales tenemos: El libro de telecomunicaciones del Dr. De La Cuétera, Dr. José María Chillón, Dr. Edgar González y toda la literatura detallada en la bibliografía. Una vez que se estableció la vigencia y la importancia del cumplimiento de estrategias y políticas de servicio y acceso universal en todos los países del orbe, se procedió a estudiar las experiencias regulatorias en la aplicación del SU/AU a través de una matriz comparativa en los países del continente americano y como resultado del análisis se estableció lo siguiente: A)La unanimidad en el apoyo al desarrollo de políticas de acceso y servicio universal como un factor determinante en el desarrollo social, económico y cultural de los países estudiados. B) La mayoría de países han establecido como mecanismo de financiamiento de acceso y servicio universal un fondo de desarrollo que se capitaliza a través de los propios operadores y en algunos casos con recursos de los gobiernos. C) Se analizaron los éxitos y fracasos en las inversiones de los fondos recaudados y sus resultados. |Para estructurar las estrategias regulatorias en el Ecuador, se recurrió a estudiar la situación de la aplicación del Servicio Universal en el Ecuador y tomar las mejores experiencias internacionales, considerando además la situación extraordinaria que se está viviendo en nuestro país al haber aprobado una nueva constitución en la que se refuerzan los conceptos de un Estado fuerte, que asume para si, la prestación de servicios estratégicos.

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Los métodos utilizados para analizar opciones de inversión generalmente involucran consideraciones de flujo de caja tales como calcular la tasa de retorno o el valor actual neto. El Análisis de Decisiones añade una nueva dimensión al considerar cuantitativamente el riesgo e incertidumbre y como estos factores pueden ser utilizados para formular estrategias de inversión. La pieza fundamental del Análisis de Decisiones es el concepto de Valor Esperado, que es un método para combinar los estimados de rentabilidad con los estimados cuantitativos de riesgo a fin de obtener un criterio de decisión ajustado por riesgo. El Valor Esperado se obtiene ponderando los posibles resultados con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Para el caso en el cual los resultados son expresados como el VAN de los flujos de caja respectivos, el resultado es usualmente llamado Valor Actual Esperado (VAE) Para la evaluación de los proyectos se utilizan árboles de decisión o técnicas de simulación, donde éstas últimas se emplean cuando existen grandes incertidumbres y se desean obtener contornos de probabilidad del VAN. El criterio de aceptación establece que un proyecto puede llevarse a cabo si su VAE es positivo. Si se selecciona la alternativa que tiene el mayor VAE entre un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, el valor monetario esperado de todo el portafolio de decisiones será mayor que aquel que se obtendría seleccionando una estrategia alternativa

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La realización de proyectos de protección ambiental y de control de contaminación en Venezuela ha estado inscrita en un marco legal sujeto a cambios importantes, y ya se ha anunciado que vienen otros. Si bien es cierto que este fenómeno no es exclusivo del caso venezolano, no es menos cierto que, en el caso de este país, esta situación ha tenido gran incidencia en la manera de abordar dichos proyectos. La preocupación internacional, por el impacto ambiental causado por la aceleración de las actividades de industrialización en el mundo a partir de la segunda guerra mundial, tiene menos de treinta y cinco años. La Primera Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, tiene lugar en Estocolmo, Suecia, en 1972. El Primer Congreso Internacional de Ecología se celebra en La Haya, Holanda, en 1974. Los resultados de esta actividad, en el caso de Venezuela, comienzan a sentirse en 1976, cuando se promulga la Ley Orgánica del Ambiente, y en 1977, cuando se crea el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables, MARNR. Sin embargo, las primeras regulaciones que requieren inversiones en adecuación, y que establecen plazos de cumplimiento, aparecen hacia 1985, acompañadas de decretos con incentivos positivos, de naturaleza financiera y fiscal.

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Los gobiernos de los diferentes países tienen que aplicar impuestos o tributos a los ciudadanos y empresas para financiar sus gastos pero los impuestos tienen un costo económico que proporcionan ingresos que sirven cubrir las necesidades de la colectividad e influyen en el ahorro, la distribución de las inversiones y la estructura de la producción de un país; con este antecedente nace el estudio de los sistemas tributarios de los países que conforman la Comunidad Andina. La investigación, tiene como propósito establecer los contrastes y comparaciones que se presentan dentro de la compocisión y aplicación del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta de los diversos sistemas tributarios de cada uno de los países que conforman la Comunidad Andina y determinar la influencia que provoca la aplicación de los mismos en el sector económico. La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Ubicados en América del Sur, los cinco países andinos agrupan a más de 96.9 millones de habitantes en una superficie de 3798.000 kilómetros cuadrados, cuyo Producto Interno Bruto ascendía en el 2008 a 407.9 mil millones de dólares. La Comunidad Andina (CAN) busca promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la participación en el proceso de integración regional.

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América Latina ha sido la región más “privilegiada“ por sus recursos naturales, por ello ha captado grandes inversiones manteniendo durante años un modelo económico extractivista deficiente. La sustentabilidad en el tiempo de este tipo de desarrollo ha incrementado la insuficiencia del rol del Estado. Los conflictos socioambientales están posicionándose de forma relevante en los procesos de desarrollo así como en las agendas globales. Los conflictos se caracterizan por la diversidad en su complejidad de actores, intereses, etc. El incremento desmedido de la violencia dentro de estos ha llevado a ser un ámbito importante dentro de todos los países en el mundo. El propósito de esta investigación es analizar un caso de conflicto en el Ecuador como es el de la Parroquia de Pacto. Ya que es importante determinar las causas de los conflictos dentro de la sociedad, y conocer como el Estado ha manejado o evitado estos problemas. Es necesario examinar los impactos que tienen las actividades extractivistas dentro de las áreas sociales y ambientales, con la finalidad de dar una solución para evitar tantos enfrentamientos.

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La autora analiza las principales exigencias que en materia de propiedad intelectual Estados Unidos hace al Ecuador en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio. Estas exigencias, señala, van más allá de la normatividad sobre propiedad intelectual ya que los países andinos cuentan con este tipo de normas, altamente funcionales a los intereses de las transnacionales farmacéuticas. Cuatro son los ámbitos en los que se ubican las exigencias norteamericanas en la materia: protección con derecho de exclusividad a la información no divulgada, condicionamiento al ejercicio de las licencias obligatorias, ampliación del tiempo de protección a las patentes y los segundos usos, y eliminación de las exclusiones a la patentabilidad. Finalmente señala que el debate sobre propiedad intelectual, más allá de su apariencia técnica, es un debate esencialmente político.

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El autor destaca la importancia en términos de compromisos políticos del Ecuador hacia una relación más estrecha con los países del Asia-Pacífico. El nuevo gobierno debe diseñar sus políticas en correspondencia con el escenario impuesto por la democracia liberal y el libre mercado, considerar incentivos para el desarrollo del comercio exterior y atracci6n de inversiones y tomar en cuenta la importancia de la competitividad interna. El sector privado debe revertir el comportamiento irregular de la exportaciones hacia algunos países de Asia-Pacífico y el Ministerio de Relaciones Exteriores fortalecer los lazos a nivel político-diplomático. Finalmente, el autor enfatiza la necesidad de una rápida modernización del sector público.