32 resultados para Finanzas públicas-España-Colonias-América


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La pregunta central que busca responder la presente investigación es: ¿Cómo se considera la violencia doméstica en América Latina y qué respuestas genera? Después de la introducción del tema a través de una panorámica que toma en consideración su definición, percepciones y respuestas a nivel general, se realiza un análisis a nivel regional, considerando las respuestas generadas por actores como instancias estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos normativos y de políticas públicas. Finalmente, se comparan dos países específicos, Ecuador y Panamá. El enfoque académico de referencia del presente trabajo considera la violencia doméstica contra la mujer como una violación de los derechos humanos, siguiendo las tendencias que van estableciendo los principales organismos y foros internacionales a través de sus decisiones, resoluciones, declaraciones, etc. A pesar de las complejidades conceptuales que genera el tratar la violencia doméstica como violación de los derechos humanos, la evolución del movimiento tradicional de los derechos humanos y los logros alcanzados, ya hacen que el fenómeno adquiera reconocimiento creciente. Además, dicho reconocimiento se refuerza cuando se comparan las características fundamentales de la violencia doméstica con aspectos similares que caracterizan otros fenómenos, los cuales se suelen incluir sin margen de duda entre las violaciones de derechos humanos y por esto implican claras responsabilidades por parte del Estado. Este trabajo de investigación se propone seguir entonces la corriente académica antes descrita, recolectando y confrontando los principales análisis que se han realizado con respecto a aspectos diferentes de la violencia doméstica contra la mujer. El propósito del trabajo es, en primer lugar, confirmar las teorías según las cuales la violencia doméstica constituye una violación de derechos humanos en larga escala, con respecto a la cual los Estados nacionales no están cumpliendo adecuadamente con su papel. Partiendo del análisis de cómo el fenómeno de la violencia doméstica se considera a nivel global, se pasará a confrontar los trabajos que han analizado las concepciones del mismo, específicamente en la región latinoamericana, para luego dar seguimiento a este tipo de análisis profundizando de forma aún más puntual a nivel de dos países.

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El análisis de la relación derechos humanos (DDHH), en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y las políticas públicas es fundamental para la concreción de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carácter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distinción entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligación y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno específico o a una corriente política sino que configura una obligación por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar políticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En América Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de protección de DDHH, y por lo tanto están obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la población. La protección y promoción de estos derechos pueden encontrar una vía efectiva a través de las políticas públicas. Analizar la vinculación del enfoque de derechos en las políticas públicas es pues el objetivo de este artículo, de manera de contribuir íntegramente con este enfoque desde el diagnóstico y diseño de las respuestas e iniciativas estatales.

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En la América Latina de la transición entre siglos la noción/valor de “desarrollo” está fuertemente cruzada y oscurecida por diversos factores: uno de ellos es la articulación de la liquidación del modelo de ‘desarrollo’ de postguerra (Segunda Guerra Mundial) con el ingreso a un modelo de crecimiento económico (Consenso de Washington, primera y segunda fase) que cuestiona tanto la base social y humana como administrativa y geográfica del ‘desarrollo’. Este factor de oscurecimiento acentúa su incidencia porque el modelo de crecimiento, determinado por la acumulación a escala global o mundial, suele ser utilizado como conduciendo al ‘desarrollo’. Sin embargo, aquí el último término no hace relación directa (algunos dirían que ni siquiera indirecta) a la calidad de la existencia humana de las poblaciones involucradas en la acumulación de capital a escala global. La ‘modernización’ eventual de estas poblaciones no es sinónimo de una mejoría en su calidad de vida, sino básicamente de su inserción, privilegiada o no, en los circuitos de la economía transnacionalizada. Esto quiere decir que el crecimiento/’desarrollo’ sigue una teleología no alternativizable, lo que le confiere un carácter saturante o totalitario.

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En algunos países de América y Europa, se ha identificado una correlación entre la constitución de provisiones para cartera de crédito y el crecimiento del PIB, observándose que mientras existe un crecimiento económico, se ha reducido la cobertura de provisiones respecto de la cartera de crédito; y, viceversa. Es decir se observa que las provisiones tal y como están constituidas estarían afectadas por un factor cíclico Para eliminar este fenómeno, en España se desarrolló la Provisión Anticíclica (Estadística), la cual tiene como finalidad determinar una mejor cobertura del riesgo de crédito y reforzar así la solvencia de la banca a medio y largo plazo, permitiendo además contrarrestar el excesivo perfil cíclico de la provisión específica y genérica. El presente estudio partió de comprobar que la situación descrita anteriormente se presentaba en el Ecuador, para lo cual en primera instancia se determinó el ciclo económico, observándose en dicho período, la existencia del factor cíclico en las provisiones. Este comportamiento inestable de la cobertura de créditos, agudizó los problemas que se presentaron en la crisis financiera (1999), dando como resultado el cierre de numerosas entidades financieras y pérdidas financieras aún incalculables para el país. Con la finalidad de verificar las bondades de la constitución de una “Provisión Anticíclica” en el futuro, se desarrollaron escenarios que permitan determinar la situación del Ecuador de haber contado con una metodología de provisiones anticíclicas en la época de la crisis y cuál sería el monto actual provisiones anticíclicas que necesitaría el país para enfrentar una nueva crisis.

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El trabajo analiza el pensamiento de distinguidos profesores como Griziotti y Ranelletti: el primero, fundador de la escuela económica y jurídico-finaciera de Pavía, la que sostenía la unidad de la cátedra de ciencia de las finanzas y derecho financiero, en cuanto ambas tendrían como objeto el mismo fenómeno financiero, el segundo, fundador de la escuela jurídico-finandera napolitana, partidaria de la enseñanza del derecho financiero como rama del derecho administrativo. Profundiza además en el estudio de las dos corrientes en la enseñanza de la ciencia de las finanzas y del derecho financiero impartida por los juristas, la autonomía del contenido conceptual destacado por D'Alessio e Ingrosso como objeto de la enseñanza del derecho financiero, el pensamiento de Sainz de Bujanda y su influenda en la institución de las cátedras de "Derecho financiero y tributario" en España, la contribución de Romanelli-Grimaldi a la individuación del fenómeno jurídico financiero como objeto de la enseñanza del derecho financiero, los aportes de Sica y Abbamonte para reconducir el fenómeno jurídico financiero a los principios constitucionales y, finalmente, la influencia de dichas contribuciones sobre el actual reconocimiento de la autonomía de la enseñanza del derecho financiero.

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Dado el dinamismo en el crecimiento de la migración y por ende de las remesas, muchos actores tanto públicos como privados, han visto en éste mercado la oportunidad de alcanzar sus objetivos. Objetivos que se enmarcan en aspectos económicos, políticos, y geopolíticos de seguridad. Los primeros, se relacionan directamente con la rentabilidad extraordinaria que se puede obtener manejándose como intermediario en las transferencias de remesas, ya que se obtienen réditos tanto por las comisiones cobradas, como por el diferencial en los tipos de cambio. Los segundos, a diferencia se enfocan en convertir al mercado de remesas en un recurso estratégico para mitigar los problemas sociales y económicos de los países nativos de los emigrantes, ya que el Estado actual se encuentra tan desentendido en la formulación de políticas de redistribución para la sociedad, que la solución se extiende a que los pobres se autoayuden con los fondos que vienen de los países a los cuales sus parientes migraron para mejorar su situación. Y el tercer objetivo, hace referencia a la carencia en la ayuda para el desarrollo y en la inversión extranjera directa en los países latinoamericanos; circunstancia que es respaldada por la política de seguridad de los EEUU, que busca dar ayuda a países que tengan valor geopolítico y no a países precisamente pobres; así también en este objetivo se contempla la conocida “seguridización de la pobreza”, que considera a los pobres una amenaza a la seguridad y a la gobernanza global. Entre los actores interesados se han creado una serie de iniciativas que abordan tanto los canales de transferencia de remesas, como los dispositivos de poder para normar tales flujos. Es el caso de actores como el BM, BID, Asociaciones, tanto de cooperativas, como de emigrantes, Gobiernos, sector privado, entre otros, que buscan “formalizar o bancarizar” los flujos para poder controlarlos y destinarlos a distintos fines. En este estudio se relata la experiencia de México, Centroamérica y Ecuador.

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La presente tesis, intitulada "La Ayuda Oficial Externa para el Desarrollo Regional del Ecuador, se enmarca principalmente en las áreas de Relaciones Internacionales y Economía y tiene como objetivos fundamentales establecer el efecto que tienen las políticas de cooperación de los países donantes en el desarrollo regional del Ecuador y como son utilizados los recursos de ayuda oficial destinada al desarrollo regional. Para cumplir con este objetivo, se consideró el estudio de algunos proyectos que son financiados con asistencia oficial no reembolsable proveniente de los gobiernos de España, Suiza y Canadá. La tesis está constituida por tres capítulos. El capítulo uno de introducción versa sobre la historia de los Regímenes Internacionales de Cooperación y realiza un breve análisis de las tendencias de la distribución de la Ayuda Oficial Externa en América del Sur y concluye con una ligera explicación de las políticas de cooperación de los principales países donantes del Ecuador. El capítulo dos dirige su enfoque específicamente al Ecuador, se analiza en primer lugar la evolución reciente de la Ayuda Oficial Externa Bilateral y su relevancia para el desarrollo regional del País, luego se realiza un estudio de la coordinación gubernamental en materia de cooperación no reembolsable, para finalizar con una sistematización de los logros y fracasos obtenidos en los proyectos sujetos de investigación. En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, se indica que el éxito de los proyectos responde no solo a la política de los países donantes, responde además, al sistema de planificación establecido, a la honestidad de los administradores del proyecto y la capacidad que tienen los gobiernos locales y los beneficiarios para exigir la rendición de cuentas, supervisar y monitorear la ejecución del proyecto.

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El presente trabajo se ubica en la discusión en torno al modelo de desarrollo extractivista en la medida en la que el Ecuador está a las puertas de la explotación minera a gran escala. Por un lado, el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución y de las políticas públicas previstas para efectivizarla, ha concebido un Estado que supere el paradigma moderno de desarrollo, así como el modelo extractivista y la dependencia de materias primas, y por otro, ha creado un marco legal e institucional para permitir el desarrollo de esta industria y cubrir el pago de la deuda social. Este trabajo aborda varios aspectos teóricos sobre la pertinencia o no del extractivismo, así como los conflictos existentes y potenciales que se han desarrollado en la provincia de Zamora Chinchipe por el otorgamiento de concesiones mineras para la explotación de cobre, entre varios actores involucrados en la pugna por los recursos de ese sector del país.

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El artículo estudia el pensamiento social y político sobre la juventud en el Ecuador y América Latina. Traza el desarrollo de la perspectiva teórica dominante sobre este aspecto, desde los años 1980, y muestra cómo se han formulado las políticas públicas ecuatorianas siguiendo esa perspectiva. Concretamente, caracteriza la promoción de políticas públicas, y, además, reúne varios textos que se refieren a ellas. Finalmente, evalúa el impacto que han tenido en la formulación de nuevas prioridades nacionales.

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Se conoce que tradicionalmente los países de América Latina han tenido serias dificultades para recaudar impuestos, especialmente los directos. Al ser la región del mundo con peores indicadores distributivos, se pone al descubierto la necesidad de una demanda insatisfecha de políticas redistributivas y de mayores recursos fiscales para su financiamiento, por lo que muchos países de la región se han visto en la necesidad de adoptado de alguna manera algún impuesto o régimen especial de tributación heterodoxa, con el fin de mejorar sus ingresos tributarios. Las Administraciones Tributarias se erigen como instancia pública de suma importancia al ser las responsables de conseguir y canalizar buena parte de los recursos financieros para desarrollar políticas públicas y suministrar bienes y servicios por parte del Estado a la sociedad, por lo que requieren tener un marco legal claro que viabilice su accionar en el mencionado propósito. El presente estudio se compone de tres capítulos. En el primero analizaremos la Estructura Orgánica y Funcional con sus respectivos marcos normativos de las Administraciones Tributarias ecuatoriana y chilena, con el fin de determinar sus similitudes y diferencias ya que ambas han tenido un nivel de desarrollo importante en la última década. En segundo capítulo, se analizará las tendencias en la gestión y resultados obtenidos por la Administraciones Tributarias ecuatoriana y chilena en la última década, estableciendo la eficiencia y eficacia alcanzada por cada una de estas Administraciones Tributarias en su modelo de gestión establecida. Finalmente en el tercer capítulo se realizarán las respectivas conclusiones y recomendaciones, de los temas tratados.

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La presente investigación se propone analizar comparativamente las políticas públicas que se han implementado a favor de la Economía Solidaria en Ecuador y Brasil. Con este propósito, se parte de la propuesta conceptual que los autores españoles Chávez y Monzón, especialistas en Economía Social, han desarrollado en base a estudios de esta realidad en Europa, América Latina y África por aproximadamente dos décadas.

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El presente estudio analiza las políticas públicas que se han implementado a favor de la Economía Solidaria en Ecuador, para lo cual, se parte de la propuesta conceptual que los autores españoles Chávez y Monzón, especialistas en Economía Social, han desarrollado en base a estudios de esta realidad en Europa, América Latina y África por aproximadamente dos décadas.

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Desarrollar un balance crítico del impacto del Convenio 169 de la OIT y sus repercusiones en el ámbito del pluralismo jurídico y la justicia comunitaria en América Latina constituye un desafío complejo. Durante buena parte del siglo XX, muchos países ni siquiera reconocían que a lo interno de sus territorios existían pueblos indígenas u originarios. La huella y la herida colonial simplemente estaban vigentes. La época en que se aprueba el Convenio 169 de la OIT coincide con el auge neoliberal y el multiculturalismo en la región, pero también con la emergencia a la escena política de un vigoroso movimiento indígena. ¿Ha cambiado la situación de los pueblos indígenas desde entonces hasta ahora? ¿Se han reconocido su condición de pueblos y culturas diferenciadas, y junto con ello, de sus instituciones, autoridades y prácticas de administración de justicia? ¿Ha sido suficiente impulsar cambios en el campo jurídico para afectar una matriz colonial de poder que excluye, invisibiliza y controla al mismo tiempo? Sin duda respuestas a fondo a estas y otras interrogantes rebasan por completo los alcances del presente texto. Apenas se pretende desarrollar un primer esbozo de la situación, a manera de un balance urgente. Hay algunos trabajos y estudios (algunos de ellos citados) que muestran de manera más específica el camino recorrido. La interrogante central que anima estas líneas gira en torno a, ¿cuáles son los principales avances y dificultades existentes en torno a la justicia comunitaria y el pluralismo jurídico a raíz de la ratificación y vigencia del Convenio 1609 de la OIT en algunos países de América Latina? Para responder a esta pregunta, el texto presenta una panorámica y retrospectiva, y está organizado en cinco ítems centrales: a) situación de los pueblos indígenas antes de la aprobación del Convenio 169 de 1989; b) los (principales) efectos y repercusiones generadas por la aprobación del Convenio 169 en el ámbito de la justicia comunitaria; c) las reformas constitucionales y legales, especialmente en relación al pluralismo jurídico y la justicia comunitaria; d) un repaso de algunas de la agenda de políticas públicas en torno a tema; y finalmente e) la situación de las mujeres indígenas y la justicia comunitaria.

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En la última década, el comercio mundial de alimentos ha experimentado un auge importante, principalmente fruto de la creciente demanda de China que incrementó los precios internacionales de los alimentos. En este escenario, los países de América Latina, como exportadores netos de alimentos, se han beneficiado al incrementar sus ingresos por divisas y han ganado un nuevo y creciente socio tanto a nivel comercial como en cooperación. Sin embargo, a largo plazo es necesario formular estrategias conjuntas en la región para la negociación frente a China como bloque y la canalización de la inversión china en sectores con mayor valor agregado y tecnología. Ecuador, como país andino y exportador de alimentos, ha incrementado las relaciones comerciales con China. Sin embargo presenta falencias a nivel estructural y productivo en su industria local por lo que el gigante asiático ha logrado incursionar fácilmente, generando dependencia tanto a nivel comercial como financiero. El presente trabajo analiza la dinámica del comercio de alimentos entre China y los países de América Latina en el siglo XXI, describe las características y actores principales de dicho comercio y se fundamenta en el análisis del sector agrícola chino y sus políticas de desarrollo interno. Detalla las relaciones comerciales existentes entre China y los países andinos tanto a nivel de exportación como de importación de alimentos, analizando el caso de Ecuador y los efectos del flujo de comercio actual sobre su sector agrícola. El contexto implica una coyuntura internacional donde las economías de la región deben plantearse estrategias conjuntas para lograr beneficios mutuos de la creciente relación comercial con China.

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This article starts by considering the fact that the Guyanas can be understood as an atypical region in the Latin-American context. The lapse of analysis of this study is from 1600 to 1814, period of development of Dutch Guyanas, which was the base of the Surinam Republic and the Co-operative Republic of Guyana. These are highlighted for being the unique Latin-American entities that were not colonized by the Catholics Monarchies, for the absence of missionary activities until 1735, and also for the absence of private action. These colonies offer an interesting study field about comparative development with other South American regions.