119 resultados para Etnología-América-Sociedades


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La pregunta central que busca responder la presente investigación es: ¿Cómo se considera la violencia doméstica en América Latina y qué respuestas genera? Después de la introducción del tema a través de una panorámica que toma en consideración su definición, percepciones y respuestas a nivel general, se realiza un análisis a nivel regional, considerando las respuestas generadas por actores como instancias estatales, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos normativos y de políticas públicas. Finalmente, se comparan dos países específicos, Ecuador y Panamá. El enfoque académico de referencia del presente trabajo considera la violencia doméstica contra la mujer como una violación de los derechos humanos, siguiendo las tendencias que van estableciendo los principales organismos y foros internacionales a través de sus decisiones, resoluciones, declaraciones, etc. A pesar de las complejidades conceptuales que genera el tratar la violencia doméstica como violación de los derechos humanos, la evolución del movimiento tradicional de los derechos humanos y los logros alcanzados, ya hacen que el fenómeno adquiera reconocimiento creciente. Además, dicho reconocimiento se refuerza cuando se comparan las características fundamentales de la violencia doméstica con aspectos similares que caracterizan otros fenómenos, los cuales se suelen incluir sin margen de duda entre las violaciones de derechos humanos y por esto implican claras responsabilidades por parte del Estado. Este trabajo de investigación se propone seguir entonces la corriente académica antes descrita, recolectando y confrontando los principales análisis que se han realizado con respecto a aspectos diferentes de la violencia doméstica contra la mujer. El propósito del trabajo es, en primer lugar, confirmar las teorías según las cuales la violencia doméstica constituye una violación de derechos humanos en larga escala, con respecto a la cual los Estados nacionales no están cumpliendo adecuadamente con su papel. Partiendo del análisis de cómo el fenómeno de la violencia doméstica se considera a nivel global, se pasará a confrontar los trabajos que han analizado las concepciones del mismo, específicamente en la región latinoamericana, para luego dar seguimiento a este tipo de análisis profundizando de forma aún más puntual a nivel de dos países.

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Esta tesis, “Desde el Proyecto de la Filosofía Latinoamericana hacia un Proyecto Descolonizador”, destaca el contexto de producción de la filosofía latinoamericana de la historia en las propuestas de Arturo Roig y Leopoldo Zea, dos pensadores representantes de la década de los años 70 del siglo XX de la filosofía latinoamericana; estas propuestas son abordadas en íntima conexión con el debate de la dependencia y los discursos sobre el desarrollo como producciones discursivas de este mismo período. El objetivo central de esta investigación es poner en diálogo los discursos latinoamericanos de la década de los 70 con propuestas contemporáneas de diferentes autores latinoamericanos, enunciadas también desde América Latina, pero entendidas básicamente como alternativas a la modernidad eurocéntrica; tal es el caso del programa “modernidad/colonialidad”, proyecto que empieza a configurarse a partir de conceptos compartidos por algunos intelectuales latinoamericanos que se preocupan de pensar nuestras sociedades en la década de los 90. Estos nuevos conceptos son transdisciplinarios en cuanto las preguntas disciplinarias son insertadas en un diálogo con propuestas de otros campos teóricos. Esta propuesta busca la posibilidad de una nueva lectura del eurocentrismo, diferente a la propuesta de los discursos latinoamericanos de la década de los 70, en la que se posibilite visibilizar conocimientos y experiencias que han sido subalternizados por la epistemología de la modernidad europea; en ese sentido, hay un intento explícito hacia “indisciplinar” las ciencias sociales.

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El presente trabajo pretende contribuir a los esfuerzos sociales y académicos de visibilizar y debatir la interculturalidad (proyecto político-social y subversivo que busca descolonizar), y el género (elemento clave en la construcción de la diferencia colonial y en el patrón global de poder). Se presta cada vez más atención al valor de la interculturalidad, particularmente en América Latina, pero a veces se pone tanto énfasis en temas “étnicos” o “culturales” que el tema de la desigualdad de género queda de lado, fuera del debate y del estudio. Con esta investigación, quisiera rescatar la importancia del género y del sexismo como partes fundamentales de la opresión y exclusión en nuestras sociedades, es decir, como aspectos centrales de la colonialidad del poder, descrita por Aníbal Quijano. Para tal efecto, se observó el caso de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), ubicada en la sierra ecuatoriana, y las relaciones complejas y conflictivas que se presentan en dicho espacio, respecto a la interculturalidad y al género. El objetivo de este trabajo es el de explorar el papel del género en los discursos y prácticas de la interculturalidad en la UNORCAC y en el contexto de Cotacachi, y, de esta forma, contemplar un tema poco estudiado: las maneras en las que se puede considerar al género como un componente clave para enfrentar la colonialidad del poder, a través de procesos interculturales. La pregunta que guía esta reflexión es ¿cómo se concibe la relación entre interculturalidad y género desde el discurso hasta la administración y práctica de la UNORCAC y, en particular, de su Comité Central de Mujeres? Si bien es cierto que se maneja un discurso intercultural dentro del espacio urbano de Cotacachi, no existe mucha claridad respecto al término dentro de las comunidades campesinas que forman parte de la UNORCAC, y muchas veces éstas asocian el término con un discurso político y urbano. De igual manera, en las comunidades de Cotacachi, no se utiliza el término “género”, aunque l@s dirigentes lo discutan. La diversidad de opiniones dentro de la UNORCAC respecto a los conceptos de interculturalidad y género, indica que, pese a una posible confusión respecto a los términos, sí se relacionan los conceptos en los proyectos realizados por la UNORCAC, particularmente en el Comité de Mujeres, donde se desafía la persistencia de la desigualdad de género en las comunidades y dentro de la Unión, con planteamientos propios que se basan en principios interculturales: respetar y tener derecho a la diferencia; tratar el conflicto dialogando con el Otro; crear espacios de igualdad; y fortalecer valores culturales propios.

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Ser lesbiana en Latinoamérica tiene muchos significados, el principal es la posición política de las que se nombran como tales. La construcción de la identidad lésbica implica la conciencia de la discriminación histórica del ser lesbiana; en la medida en que esta palabra tiene connotaciones negativas en la sociedad, la mayoría de las mujeres que aman a otras mujeres y que tienen relaciones sexo-afectivas con ellas no desean denominarse con esta palabra. Como afirma Alfarache, "el nombre es una marca identitaria que posiciona a las mujeres en el mundo y ante los otros, desde la cual las mujeres definen tanto su autopercepción como sus relaciones con las y los demás".

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América Latina presenta algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto. Si bien sólo tres países—Chile, El Salvador y República Dominicana—no contemplan ningún tipo de excepción o rebaja de la pena por la realización de abortos, en la mayoría de los países y jurisdicciones la ley incluye excepciones a la pena sólo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales específicamente definidas. Aún en los casos donde el aborto no está penalizado por ley, las mujeres suelen tener un acceso severamente limitado al mismo como consecuencia de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad política necesaria. El acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad. Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en América Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la región.

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Los movimientos sociales latinoamericanos, especialmente en las últimas décadas, se han constituido en importantes actores sociales y políticos. Las diferentes reflexiones y análisis que han surgido a partir de un conjunto de movilizaciones sociales reflejan, a su vez, la significación de dichos movimientos en la re-configuración de las sociedades. En el caso ecuatoriano, el movimiento indígena durante la década de los noventa, dio inicio a un proceso de autorepresentación caracterizado por el protagonismo de los sectores indígenas en la formulación de sus demandas y propuestas. Este proceso originó la constitución de los indígenas como sujetos políticos, portadores de nuevas apuestas que pretenden el establecimiento de un orden social más equitativo. A partir, justamente, de la importancia del movimiento indígena ecuatoriano en la transformación del escenario político, cabe una reflexión de los planteamientos relacionados con su propuesta de democracia participativa. La tendencia general considera a los movimientos sociales portadores de una alternativa frente a las democracias liberales. Por lo tanto, es necesario analizar los elementos que están presentes en ambas propuestas y las relaciones que se establecen entre las mismas.

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El presente trabajo se acerca a los relatos de viaje de un misionero y un naturalista que recorrieron la América Andina septentrional durante el siglo XVIII: fray Juan de Santa Gertrudis y don Miguel de Santisteban. Para ello, se propone explorar varias de las realidades culturales de los viajes, es decir las prácticas corporales, las ideas, la matrices cognitivas, las formas de escritura y las relaciones con el entorno y con el medio social. El objetivo general es comparar y hacer específicas dichas realidades en relación con la percepción de la naturaleza, la construcción del paisaje y las valoraciones de la sociedad, campos considerados como experiencias mutuamente influyentes. Los relatos de fray Joseph Palacios de la Vega y de Francisco José de Caldas son usados como fuentes complementarias para esta exploración. De esta forma, se logra rescatar la importancia de las herencias de la Antigüedad Clásica, del Judeocristianismo, del saber medieval escolástico y de la semejanza, de la perspectiva moderna de la Ilustración y del proyecto de la Historia Natural, como matrices culturales constitutivas de la experiencia viajera, no sólo en el momento de la escritura, sino en la motivación de los viajes, en el diseño de sus recorridos, en la relación de los viajeros con el entorno geoecológico y cultural, en los usos corporales y sensitivos que esto implica, y en la configuración de los textos que hoy se conocen como parte de la literatura de viajes.

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En este artículo se presentan algunas hipótesis que contribuyen a explicar el contraste entre el acceso más amplio y universal a la educación y la mayor inequidad social. Se enfocan obstáculos a la equidad en varias dimensiones, con especial referencia al mercado laboral, las desigualdades étnicas y de género en los retornos educativos, las “trampas de pobreza” relacionadas con la interacción entre desnutrición infantil y retornos educativos, las desigualdades étnicas y de género en los retornos educativos, y aspectos vinculados tanto con la calidad de la educación como al limitado acceso a la instrucción formal en sectores rurales y otras áreas marginales de la región.

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¿Por qué en los circuitos judiciales se obtienen procedimientos y resoluciones jurídicas que no necesariamente son valoradas como “justos”? Bueno, el orden jurídico o sistema de leyes no proviene del Cielo ni de ninguna naturaleza humana abstracta. Proviene de legisladores que buscan o constituir o contribuir a la reproducción de un determinado orden social que, en las sociedades que conocemos, se sigue de correlaciones determinadas y conflictivas de fuerzas sociales. En sencillo, un orden jurídico expresa, en su nivel, dominaciones de clase, de sexo-género, de generación, de etnia o ‘raza', internacionales o geopolíticas, etc., e intentan contribuir con las condiciones que facilitan la reproducción de esas dominaciones o imperios. Por supuesto, ello implica tanto funcionalidades como contraposiciones y conflictividad. Los jueces y magistrados son funcionarios públicos que deben conocer y resolver en el marco de esa legislación que, desde luego, no hace materialmente “justicia” a los dominados (aunque pueda ofrecer posibilidades para que algunas situaciones conflictivas, o ‘casos', se resuelvan en su beneficio). A la básica consideración anterior debe añadirse la observación, para nada marginal, respecto de que los órdenes jurídicos existentes en América Latina poseen amplias secciones “trasplantadas” desde otras formaciones sociales e historias. Esto quiere decir que no se siguen de los patrones de comportamiento efectivo o sociohistórico de la población, y que esas secciones entran en conflicto (de no correspondencia) con otras secciones del mismo orden jurídico más sociohistorizados y también con ‘privilegios' premodernos a los que son muy adictos los legisladores en sistemas políticos determinados por la corrupción y la venalidad (clientelismos incluidos), y que estos y otros factores hacen de los cuerpos jurídicos latinoamericanos sistemas para “expertos” y también para “oportunistas”.

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Caricaturizada por años con la figura de un campesino pobre sentado sobre un voluminoso bulto de fique que contenía gran cantidad de metales preciosos, Bolivia por estos días ha dejado de representarse bajo esta sarcástica imagen, efigie sin lugar a dudas, de gran parte de la historia de esta nación. Ahora caracterizada con la figura de un poblador originario, quien detenta en sus manos gran cantidad de recursos mineros escasos en el mundo, mientras se le observa meditabundo reflexionando en la necesidad de replantear nuevas reglas de juego con las cuales poder afrontar aquella etapa crítica en la que esta nación andina se sumió en la absoluta pobreza durante más de la mitad del siglo XX, Bolivia se erige como una nación que además de estar dispuesta a dar la lucha contra la crisis e inestabilidad política, social y económica que tanto la ha caracterizado, se apresta a convertir su proceso legislativo en lo que podría considerarse la fase inicial en la proposición de una nueva generación de constituyentes latinoamericanas a puertas de la segunda década del siglo XXI; constituyentes donde se recalcará en la importancia de planificar una política nacional a partir no sólo de aspectos económicos, políticos y socioculturales que caracterizan los proyectos constitucionales recientes, sino también resaltando dos tópicos centrales, que sin lugar a dudas la experiencia boliviana ha impulsado, y que será parte fundamental de los proceso legislativos subsiguientes en América Latina: la cuestión de la reconfiguración territorial y la necesidad de impulsar la autonomía local y regional, donde además, se incluirá temas espinosos como la explotación y acceso a los recursos naturales, así como la permanente corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil en general, en lo que concierne a la preservación del contexto medioambiental de una localidad, región e incluso, de toda una nación.

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El propósito de este trabajo de investigación es determinar bajo qué términos, es factible y necesaria una reformulación de la Banca de Desarrollo en América Latina como alternativa para fomentar el desarrollo, dentro de un contexto de mercados financieros subdesarrollados y dedicados al financiamiento de corto plazo concentrados en empresas de mayor tamaño; excluyendo así, a los pequeños proyectos productivos que requieren créditos bajo condiciones más favorables y adecuadas a su actividad, y que, por su aporte al crecimiento económico mediante la generación de empleo, caen en el ámbito de actividades financiables por el estado para promover el desarrollo. Para ello se realizará una revisión de los argumentos teóricos que justifican interacción del Estado con el mercado, se analizarán cuáles fueron los aciertos y errores de la Banca de Desarrollo tradicional, que han servido de base para la generación de alternativas para la reformulación de sus funciones; y finalmente, a través del estudio de un caso ecuatoriano, se verificará si dichas recomendaciones han sido implantadas. /

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El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, establece entre sus principios cuatro pilares o aprendizajes fundamentales en torno a los cuales debe estructurarse la educación: ‘Aprender a conocer’, ‘Aprender a hacer’, ‘Aprender a ser’ y ‘Aprender a vivir juntos’. Estos pilares determinan lo que la educación debe procurar que se aprenda; sin embargo, se hace necesario identificar estrategias que definan cómo hacerlo. Nos hemos centrado en el pilar ‘Aprender a vivir juntos’, en lo que éste significa, y en los limitados avances de la educación en este ámbito, con la intención de hacer una propuesta metodológica que favorezca su desarrollo. Afirmamos que este aprendizaje está fuertemente marcado por las experiencias de convivencia que tiene el educando en el medio escolar, como una práctica que va más allá de teorías y discursos. El ambiente de las instituciones educativas —como un elemento de sus culturas— frecuentemente favorece relaciones interpersonales hostiles que el/la estudiante asume e interioriza como una práctica común para relacionarse con los demás. El ‘aprender a vivir juntos’ requiere un cambio en las configuraciones culturales particulares de los centros educativos, de manera que éstos se conviertan en espacios en los que las relaciones interpersonales sean más acordes con las propuestas de educación para la convivencia. Analizaremos aquí esos componentes de las culturas escolares que se deben revisar en un proceso de cambio, puesto que —de acuerdo a nuestros propios criterios y a la investigación realizada— no han contribuido a generar un entorno propicio para aprender a convivir. Nos hemos acercado al caso de la Unidad Educativa ‘América Latina’ de la ciudad de Quito, a su cultura institucional que pretende desarrollar en sus educandos actitudes y comportamientos para una convivencia democrática.

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El fenómeno migratorio presenta actualmente varias dimensiones de análisis y una multiplicidad de políticas públicas emanadas desde los Estados nacionales y organismos internacionales ubicados en distintas regiones del planeta. A los conocidos factores causantes de las migraciones, como la pobreza, el desempleo, la reducción de expectativas de desarrollo y las catástrofes naturales, se pueden añadir guerras y violencias producidas por una gran variedad de actores armados que operan en contextos territoriales tan disímiles políticamente como lejanos geográficamente. Los estudios sobre temas que conectan áreas migratorias con factores de seguridad, más que una moda, constituyen actualmente un espacio novedoso de reflexión académica, investigación aplicada y debate político para las distintas disciplinas sociales que desde variados enfoques teóricos y metodológicos influyen en el diseño de políticas públicas para los Estados y las sociedades. En América Latina, por ejemplo, los análisis sobre seguridad nacional, que son los más generalizados, están dejando de ser un terreno exclusivo de investigación para estamentos militares, policiales o judiciales para convertirse en un campo deliberativo donde participan múltiples actores sociales e institucionales; de hecho, resultaría difícil negar que, hoy por hoy, muchos ámbitos de la política exterior, la economía regional y la gestión pública local se encuentran profundamente vinculados a los temas de seguridad porque existen complejas relaciones entre estos campos y porque en ellos intervienen una serie de factores particulares y generales, nacionales como internacionales que afectan a la población en conjunto.

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La comentarista considera que la democracia es una condición necesaria para la vigencia plena de los derechos humanos, pero no es una condición suficiente. Diría más bien que es bastante insuficiente para la plena vigencia de los derechos humanos, al menos si nos referimos a las “democracias” que vivimos en América Latina. Cree que para plantear una discusión sobre esta relación y dilucidar si hay más tensiones o más complementariedades, hay que partir de una clarificación teórica o de una cierta precisión conceptual, sobre todo del término “democracia” pues en el ámbito de los derechos humanos parece que está más claro el concepto. Para ello echar mano de una distinción entre régimen político democrático, sistema político democrático y cultura política democrática.