188 resultados para Derechos sexuales y reproductivos


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La identidad sexual y de género como el cuerpo son espacios de poder y diferencia donde se evidencia la precariedad del sistema político económico heterosexual ‘blanco occidental’ y su impositivo sistema de sexo-género. Mediante un trabajo etnográfico la investigación indagó y analizó la situación actual de las travestis encarceladas en el Centro de rehabilitación para Varones Nº 1, vinculándolo con la estructura macro social circundante a la que pertenece y el ex-penal está inserto activamente. El estudio da cuenta de la actualidad enmarcada entre junio 2005 y enero 2007. Hace referencia a hechos sociopolíticos e históricos que visibilizan y evidencian dentro del contexto nacional la situación de la violencia socio cultural, física-psico afectiva, como las circunstancias de marginalización y discriminación que se ejerce sobre las travestis; así como la persistente violación a sus derechos fundamentales como consecuencia de su identidad sexual y de género abyecta; por parte de otros agentes sociales.

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En este libro se analizan los primeros años del VIH/sida en Cartagena de Indias (Colombia) y la manera en que la prensa enfocó la epidemia, constituyéndose en una nueva forma de control sobre el cuerpo y la sexualidad, en especial sobre la homosexualidad masculina. El texto revisa las diversas representaciones sociales que sobre el VIH/ sido realiza la prensa de la época y los imaginarios que comienzan a circular sobre los hombres homosexuales. Imaginarios ligados a la promiscuidad, pecado y corporalidad de estas personas que debían ubicarse en los márgenes del género y de la sociedad. Se intenta, además, entender el impacto de dichas representaciones en la construcción de subjetividades de los hombres homosexuales de aquella época. Para lograr tales objetivos, se realizó una revisión minuciosa de la prensa local y nacional de los años 1981 a 1989, y entrevistas a profundidad a tres personajes claves para la reconstrucción de dicho período. Este libro es un diálogo inicial que tiende puentes entre las realidades actuales de una epidemia que sigue cobrando vidas y un pasado que abre interrogantes sobre cómo fue manejada la pandemia y el modo en que esta terminó significando un nuevo espacio de exclusión y discriminación para los hombres homosexuales.

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Los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis y transexuales, GLBTT, han sido ocultados y menospreciados por el poder dominante –heterosexual y patriarcal– bajo la premisa de que la sexualidad entre un hombre y una mujer, exclusivamente para fines reproductivos, es la única posible. El presente estudio busca desmitificar y repensar tal concepto, a través de un análisis jurídico y socio lógico de la familia, demostrando que no es una institución fija sino que responde a los intereses del poder dominante, y que, por lo tanto, al cambiar la matriz social, es posible ampliar los sujetos que la constituyen. El autor deconstruye otros conceptos e instituciones –sexo, género, moral, hetero sexismo y sistema patriarcal–, demuestra que todo aquello que se asume como inamovible y natural en las relaciones de poder es producto de la cultura, y afirma que los ordenamientos jurídicos, también productos culturales, responden a las necesidades de los grupos hegemónicos. La investigación concluye con que el real y efectivo reconocimiento de derechos presupone un conjunto de instituciones sociales y estatales que permitan el libre desarrollo de la personalidad y de la familia nuclear, para que las personas GLBTT sean reales sujetos de derechos, en lo privado (dentro de la familia) y en lo público (política, cultura, arte...).

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La presente tesis trata de cuerpos reales y cuerpos discursivos. El propósito es identificar qué significa tener o ser un cuerpo “diferente” en la sociedad quiteña, y cuáles han sido los múlitples discursos de silencio que han sido implementados por la hegemonía e internalizados por sus ciudadanos que han hecho que estos cuerpos “diferentes” experimenten diferentes formas de discriminación. Específicamente, la presente tesis hace una distinción entre el cuerpo del hombre gay, y el cuerpo queer. El cuerpo gay es el cuerpo de la marginalidad, el cuerpo que está forzado a llevar una “doble vida” debido a los discursos arraigados socio y culturalmente del machismo y de la masculinidad. Este cuerpo está en una constante lucha para mantener su apariencia como “hombre” por fuera, y poder ser quien se es por dentro. El cuerpo queer, en cambio, se define por no definirse. En otras palabras, su meta es estar siempre reinventándose según sus propios conceptos de placer, identidad y prácticas sexuales. Es una lucha identitaria con fuertes componentes políticos también, una decisión de no caber dentro del sistema, como intenta a hacer el cuerpo gay. Para aclarar estas distincciones, esta tesis contiene un análisis de cuatro cuerpos: el discursivo, el colectivo, el “oficial” y el performativo. El cuerpo discursivo se pregunta por la posibilidad de la existencia de un cuerpo fuera del lenguaje, y utiliza como respaldo la teoría queer. El cuerpo colectivo es un esfuerzo para esbozar la experiencia de la homosexualidad aquí en el Ecuador. El cuerpo “oficial” hace referencia a la visión burocrática y hegemónica del cuerpo, y distingue entre el “cuerpo sano” y el “cuerpo enfermo” (del homosexual). El último cuerpo se basa en un estudio de caso de una discoteca gay en Quito, y contiene una mezcla de la teoría de carnaval de Bakhtin y extractos de experiencias personales de varias noches de goce en esta misma discoteca. Representa, al final, el esfuerzo de la autora para romper la brecha que ella argumenta existe inecesariamente entre la epistemología (los discursos académicos) y lo personal. Al final, este ensayo es un esfuerzo para romper algunos de estos silencios, y para decir lo que nunca se ha dicho.

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Dentro de los países latinoamericanos, el ejercicio pleno de la participación política se ve afectado de manera continua por diversos factores. El principal obstáculo para el desarrollo de una postura integral y completa al respecto es la presencia de discursos que eluden los múltiples niveles de interacción de cada persona, sobre todo el campo de las sexualidades. Es evidente que nuestros estados y gobiernos no han incorporado a cabalidad esta instancia dentro del sistema político, negando las posibilidades de reivindicar plenamente el derecho a vivir nuestra sexualidad.

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Este estudio explora la relación entre derechos humanos, migración y políticas migratorias en el contexto de la globalización. Para ello ubica y problematiza algunas tensiones y paradojas contenidas en estos discursos. Aborda la propuesta de los derechos humanos, las formas de conocimiento de la migración y la globalización como campos complejos, conflictivos y en constante construcción. La relación entre derechos, la capacidad de regulación del Estado y la ciudadanía son espacios de disputa de sentidos; por ello, lugares privilegiados de la lucha política y de emancipación de los derechos humanos. Considera la migración como el desplazamiento residencial —de la reproducción cotidiana de la existencia— de un socio-espacio a otro. Desde el enfoque de derechos humanos, supone el reconocimiento de la libertad de tránsito y residencia establecidos en el Sistema Internacional de los derechos humanos. Sin embargo, lo dicho entra en tensión debido a la acción reguladora de los Estados que se caracteriza por la selección de inmigrantes desde intereses estatales y no desde la garantía de los derechos; lo que afecta la construcción del Estado social de derecho. Aborda, como se menciona anteriormente, las políticas migratorias entendidas como el resultado de las luchas políticas en torno a la gestión de los flujos migratorios; los cambios en la convivencia social provocados por la migración; y las relaciones de los Estados involucrados en estos procesos. Revisa los principales instrumentos de protección de los derechos humanos a nivel internacional, regional (europeo y americano), y nacional (español y ecuatoriano). Evidencia, así, la concordancia en torno al principio de no discriminación, de las libertades fundamentales, de la seguridad e integridad personal y de cierta ambigüedad respecto de la libertad de tránsito y residencia. Analiza las principales medidas normativas adoptadas por España y Ecuador durante el período 1998-2005, las mismas que expresan una lógica selectiva restrictiva, pues dan prioridad a los intereses económicos-laborales del Estado español, al control policíaco de la migración irregular y a las medidas de retorno; todo ello menoscaba la garantía de los derechos humanos de la población ecuatoriana inmigrante. Por su parte, las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano son reactivas, puntuales y de subordinación a los lineamientos dados desde España. Finalmente, ubica tensiones, debates y plantea desafíos a ser repensados con la finalidad de comprender la migración como un derecho humano; considerando esta postura como la base más adecuada para la formulación e implementación de políticas migratorias y como parte de la promoción de los derechos humanos dentro de un horizonte cuyo sentido sea la construcción de sociedades que convivan con equidad y justicia.

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La administración de justicia indígena, en la óptica de la construcción de un Estado plurinacional, implica reformular los conceptos de justicia y derecho. El reconocimiento del pluralismo jurídico rompe con el esquema del Estado nacional, donde solo cabe un sistema jurídico, siendo imposible entender la coexistencia de varios sistemas. El pluralismo jurídico significa que los miembros de la sociedad hegemónica acepten la existencia de diferentes concepciones de hombre, sociedad y derecho.

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Constitucionalmente, Ecuador es un Estado "pluricultural y multiétnico". La participación indígena en el último proceso constituyente, 1998, sostuvo dicho reconocimiento, el cual ha sido rehuido por el Estado ecuatoriano desde la misma independencia. Es que, aunque el reconocimiento de la multiculturalidad se redujera tan sólo a un gesto de la Constitución, ya podría resultar de por sí comprometido.

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El ejercicio de la administración de justicia de los pueblos indígenas es uno de los derechos colectivos más visibilizados en la sociedad ecuatoriana; sus prácticas, vistas desde una concepción occidental, han sido cuestionadas al argumentar que los usos y costumbres propios contravienen los principios de los derechos humanos. El presente estudio pretende aclarar el contexto y la definición de la justicia indígena como derecho propio, diferenciándola de otros hechos, tales como el linchamiento y ajusticiamiento. Reflexiona sobre cómo los derechos individuales (a la vida, la libertad, integridad, propiedad) están garantizados en la aplicación de la justicia indígena y analiza los mecanismos de conciliación que pueden interactuar y fortalecer los dos sistemas de justicia, a partir del reconocimiento y respeto del derecho propio, el diálogo intercultural, el desarrollo de las leyes y la constitución de un sistema jurídico de los pueblos indígenas. Para lograr el pleno ejercicio del derecho propio, el estudio analiza la Constitución del Ecuador, los instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas, normas que de una u otra manera garantizan los principios, procedimientos y autonomía de la justicia indígena. Finalmente, a partir del análisis de expedientes, el trabajo reflexiona sobre las fiscalías indígenas, independientemente de cada uno de los actores: indígenas, instituciones, jueces, fiscales. En relación a la incidencia en la justicia indígena, se plantea la preocupación de si las fiscalías indígenas pueden llegar a constituirse en un espacio que atente contra la autonomía y la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indígenas, principio consagrado en el Art. 171 de la Constitución de la República del Ecuador.

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El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia, el funcionamiento apropiado y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios públicos. Esos ciertos servicios públicos, comúnmente son denominados servicios públicos básicos, entre los cuales estarían por ejemplo, la prestación de servicios de agua potable y corriente, energía eléctrica, gas natural, aseo y telefonía, cuya potestad es ejercida por el Estado. No obstante lo anterior y en clara vinculación con la consagración de los derechos sociales y el concepto de dignidad humana, se han tejido argumentos en torno a la noción de servicios públicos fundamentales, entre los cuales se cuentan además de los anteriores, la asistencia a la salud, el acceso a educación y empleo decente como medios para satisfacer las condiciones mínimas de vida adecuada y decorosa y por ende el respeto y desarrollo de la dignidad de toda persona. En las siguientes líneas se destaca los avances normativos que en la región se observan en relación con la conciencia colectiva por parte de los Países Andinos sobre la necesidad de satisfacer los derechos sociales, y los intentos de reconocimiento del acceso del individuo como sujeto de derecho internacional ante instancias que permitan satisfacer condiciones dignas y decorosas de vida.

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El concepto de ciudadanía-ejercicio de derechos y deberes- es coemergente con el de democracia. No existe democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin democracia. De allí que el análisis de la ciudadanía (estado en el que se encuentran el ejercicio de los derechos y deberes) está obligadamente ligado al análisis de la democracia (características de las normas sobre la toma de decisiones de interés público). La democracia es posible solamente donde existen ciudadanos, es decir, sujetos con iguales derechos y deberes. De la misma manera, el reconocimiento y ejercicio de la ciudadanía solo es posible donde las decisiones de carácter público se las toma según las reglas de la democracia. Históricamente, la ampliación de la ciudadanía a todos los individuos ha resultado en la profundización de la democracia y esta última se ha consolidado como resultado de las luchas por la ampliación de los derechos a todas las personas. Ciudadanía y democracia son dos caras de una misma moneda.

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Los anticonceptivos de emergencia son métodos para evitar el embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin la protección adecuada. La anticoncepción de emergencia se utiliza generalmente cuando se rompe un condón, en caso de una violación sexual u otras relaciones sexuales no protegidas. La anticoncepción de emergencia actúa respecto de los espermatozoides impidiendo que éstos puedan migrar o alterando su capacidad de adherirse a las células de la trompa, inhibiendo así su capacidad de fecundación. Su eficacia es mayor, mientras más pronto se use el método, lo cual indica que no actúa después de la fecundación. En consecuencia, no existe vulneración al derecho a la vida del que está por nacer. La anticoncepción de emergencia no afecta de manera alguna al Art. 23.1 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la vida, porque su naturaleza es anticonceptiva, no abortiva, consecuentemente de ningún modo se afecta la vida del que está por nacer; además no tiene efectos secundarios. La Organización Mundial de la Salud señala: "la única contraindicación de las píldoras anticonceptivas de emergencia es el embarazo. Nunca se deben administrar las píldoras anticonceptivas de emergencia a una mujer con un embarazo confirmado, en primer lugar, porque no surtirán efecto." La Anticoncepción de Emergencia en nuestro país es legal desde 1998, está reconocida como tal en la Normas de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud. En América, 25 países proveen servicios de anticoncepción de emergencia, entre los que destacan Argentina, Uruguay, El Salvador, Venezuela, México, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Chile.

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Ser lesbiana en Latinoamérica tiene muchos significados, el principal es la posición política de las que se nombran como tales. La construcción de la identidad lésbica implica la conciencia de la discriminación histórica del ser lesbiana; en la medida en que esta palabra tiene connotaciones negativas en la sociedad, la mayoría de las mujeres que aman a otras mujeres y que tienen relaciones sexo-afectivas con ellas no desean denominarse con esta palabra. Como afirma Alfarache, "el nombre es una marca identitaria que posiciona a las mujeres en el mundo y ante los otros, desde la cual las mujeres definen tanto su autopercepción como sus relaciones con las y los demás".