118 resultados para Derecho de la construcción


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La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos –a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.

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Este trabajo de tesis expone como evidencias los aprendizajes de la experiencia desarrollada en el cantón Quinindé, del año 2000 al 2008, en relación a la participación del gobierno local y la ciudadanía en la construcción de la política pública local de educación. A partir de la reconstrucción del proceso que desencadenó en la participación social de las comunidades “por el derecho a la educación” se demuestra que una persona comprometida con la defensa, protección y exigibilidad de derechos, desde cualquier rol que cumpla (madre o padre de familia, maestro, alcalde, director de educación, estudiante) puede incidir en el cambio de paradigmas de la acción política; de esta forma es posible transformar el ejercicio clientelar en un compromiso a favor de la restitución y protección del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de los sectores más pobres ubicados en las comunidades rurales. Paradigma desde el cual se construye el desarrollo local. Este estudio de caso se realiza desde el análisis del contexto sociopolítico, jurídico y educativo del Ecuador en la década del 2000, y trata de evidenciar las condiciones y los hitos que motivaron e impulsaron a las personas (como sujetos de derechos) de las comunidades rurales que habitaban en Quinindé, a movilizarse en la defensa, protección y exigibilidad del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con el fin de incidir en la implementación de políticas públicas que promueven el ejercicio de derechos en libertad e igualdad.

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Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de develar los mecanismos que utilizan los periodistas y medios de comunicación para construir las noticias de todos los días. ¿De qué o de quiénes depende el enfoque o puntos de vista implícitos en la información? ¿Sobre la base de qué se seleccionan a los temas que se publican? ¿Cuál es el modelo dominante que se presenta en las noticias? Estas son algunas de las interrogantes que este libro busca contestar. Para abordar el vasto tema de la corrupción pública la autora realiza una investigación sobre el “Caso piponazgo” producido a partir de la denuncia de una diputada contra un ex presidente del Congreso Nacional, quien, por esta denuncia, se convirtió, además, en el primer ex presidente de la república que ha ido a prisión. La autora analiza –utilizando métodos cuantitativos y cualitativos– cómo el tema fue cubierto por un medio de comunicación escrito, en un período de cuatro años (agosto de 1997 – mayo de 2000), y realiza un análisis periodístico que toma en cuenta el espacio otorgado a la información, la ubicación de la noticia, el titular, el recurso gráfico y las relaciones existentes con casos o hechos paralelos. Para el estudio cualitativo, la investigación incluyó entrevistas con el fin de conocer las motivaciones de los comunicadores sociales que construyeron estas informaciones, la política del diario y de su director, y cómo esto incidió en el enfoque que prevaleció en la mayoría de las noticias sobre este tema.La investigación revela que el periódico tenía una línea o política para el tratamiento de este caso, así como la predisposición de los periodistas para favorecer o desfavorecer a los implicados.

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En el ambiente económico, político y social en el que se desenvuelven la sociedades contemporáneas, la reactivación de los flujos migratorios masivos ha desembocado en una cadena de actitudes y prácticas discursivas orientadas a instalar en el opinión pública un imaginario de violencia y de grupos agresores, facilitando la formación de sociedades discriminatorias que ven a los migrantes como sus propios enemigos. El aspecto discursivo favorece las actitudes discriminatorias hacia aquellos que no pertenecen a nuestra comunidad, fortalecido por un contexto mundial que califica a los otros como la mayor amenaza a su seguridad; estas actitudes, a la vez que construyen la realidad, inundan los medios y discursos de los actores visibles dentro de la agenda mediática. Es, por tanto, necesario examinar desde dónde se construye ese discurso en nuestro país y cuáles son las estrategias, estructuras y nociones predominantes en él, teniendo en cuenta el constante flujo migratorio que soporta el Ecuador y que tiene su origen en los países de la región andina, cuando la misma categoría de migrantes lleva asociada un conjunto de estereotipos desfavorables para la construcción de la identidad.

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La circulación de la violencia, las palabras, los rumores, el miedo representado e impregnado en personas o cosas cotidianas vuelven a éste una epidemia que corroe las raíces mismas de la sociedad, rompe con la cotidianidad y, en su lugar, dispone de nuevos códigos que harán de las relaciones sociales una convivencia en tensión permanente, en desconfianza, en inseguridad. Es posible hablar de una nueva ciudadanía, una ciudadanía basada en el miedo donde confluyen más de un discurso y más de un símbolo. En sociedades mutiladas por la angustia queda el silencio como la única protección, la única garantía de vida. Entonces, se debe pretender que, si se ve, se oye y se calla, nada pasará. Es mejor no preguntar quién murió y menos por qué, todos lo saben, nadie lo dice. Belén Vásconez escribió este relato en Sucumbíos, a manera de diario de campo, tratando de leer a la ciudad como un texto, con la certeza de que “los capítulos están incompletos porque las palabras se hacen todos los días, porque el ser humano tendrá siempre cosas que decir y, con suerte o con algo de dignidad, seremos -tendremos que ser- nosotros y nosotras quienes aprendamos a escuchar y hasta podría ser que algún día, ojalá pronto, seamos capaces de dar un respuesta”.

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Patentes de inversión y derecho de la competencia económica es un trabajo novedoso. Trata una temática que combina dos disciplinas jurídicas de notable actualidad y vigencia: el derecho de la propiedad intelectual y el de la competencia económica. Busca concatenar dos de sus principales institutos: la patente de invención y el abuso de posición dominante. El libro consta de tres capítulos. El primero de ellos analiza la patente de invención como fuente de una posición de dominio en un mercado relevante. En él se pone de relieve las características de aquel derecho que inciden en la determinación de esa posición. En el segundo capítulo el estudio avanza hacia la calificación de la negativa a conceder licencias voluntarias por parte del titular de la patente como ejercicio abusivo de una posición de dominio. Para tal efecto se estudia dicha negativa como especie del instituto de la legislación de competencia que le es más próximo: la negativa a contratar. Por último, el tercer capítulo contiene sendas conclusiones y recomendaciones. La pretensión de este estudio no es agotar la temática propuesta. Por el contrario, dentro de las limitaciones propias de todo trabajo pionero e innovador, busca únicamente señalar los cauces por los que su posterior debate podría ser conducido.

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Esta investigación busca dar cuenta del estado de cumplimiento del derecho a la educación a partir del principio de igualdad y no discriminación de los niños y niñas colombianos/as en condición de refugio en Ecuador. El derecho a la educación posibilita la disminución de las brechas sociales a partir del cumplimiento de las obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad del Estado, implica el principio de igualdad y no discriminación durante todo el proceso educativo. Colombia sufre un conflicto armado de más de 50 años, que ha provocado el desplazamiento de muchas personas. A partir del año 2000 se presenta una afluencia masiva de personas colombianas en situación de refugio al Ecuador. El marco normativo nacional e internacional en materia del derecho a la educación de los niños y niñas en situación de refugio, ratificado por Ecuador, es amplio y ofrece un marco importante para la realización de este derecho. Sin embargo, las condiciones sociales y políticas de Ecuador, el aumento de la discriminación, el desconocimiento de los derechos, entro otros factores, dificultan la realización de este derecho. Las políticas públicas desde el enfoque de derechos humanos implican el cumplimiento de las obligaciones estatales y la participación de la población, sobretodo de aquella más vulnerada en sus derechos, en la definición de los problemas públicos y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La adopción de acciones positivas es necesaria para el logro de condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso de niños y niñas colombianos/as en situación de refugio. La atención psicosocial brinda posibilidades para subsanar las secuelas del conflicto armado y la situación de desplazamiento y refugio en niños y niñas y además contribuye a la reconstrucción del tejido social que fortalece a las comunidades en la participación política.

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Realiza una investigación sobre el problemático reconocimiento del emergente Derecho a la Verdad. Igualmente, se estudia el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como parte de la lucha contra la impunidad causada por dictaduras, autoritarismos y estados de sitio en las transiciones a la democracia en la región latinoamericana. Los principales obstáculos jurídicos a la hora de incorporar el Derecho a la Verdad han sido las leyes de amnistía, de punto final y de obediencia debida creadas para perdonar a los responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos. Para identificar la tensión del Derecho a la Verdad con los sistemas de justicia internos, se revisan los fundamentos de los principios de legalidad y oportunamente se exponen las posturas de la prohibición de la doble imputación non bis in ídem, así como las características de la cosa juzgada. De esta manera, la presente tesis tiene como objetivo responder el siguiente cuestionamiento ¿Son los principios de cosa juzgada, non bis in ídem y legalidad una restricción al emergente Derecho a la Verdad?. Con el desarrollo del Derecho a la Verdad se busca ampliar el significado tradicional del derecho penal, en relación con las víctimas, el cual basa su desarrollo principalmente en la validez de la norma penal y en el principio in dubio pro reo. El propósito del Derecho a la Verdad es generar la igualdad procesal entre las partes sometidas a un litigio penal, con el objeto de que rija por el principio pro honmine, en el desarrollo del Estado Constitucional.

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La presente es una investigación de carácter doctrinario, sobre los fundamentos del derecho de la competencia y su aplicación a un sector de la economía sumamente importante y por ello extensamente regulado, como lo es el mercado bancario. En el ámbito mundial ha sido frecuente la discusión sobre si las normas que se promulgan de forma general para regular los mercados, pueden o deben ser aplicadas a un mercado tan sensible como el financiero, tal discusión se da por varias consideraciones que van desde el entender a los servicios bancarios como un servicio público y no como un servicio al público hasta el señalar que las entidades bancarias son instrumentos, en muchos casos, de la política monetaria o crediticia de un Estado, lo que impediría aplicarle en términos generales las normas sobre competencia. La discusión a la que se alude, ha sido zanjada a través de varios fallos de jurisprudencia, ello en el ámbito de la Comunidad Europea y de los Estados Unidos de América, sin embargo en nuestro país es aún un tema que debería ser parte de las discusiones de la elaboración de una política de competencia, discusión a la que pretendería, en algo, contribuir este documento.

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La costumbre genera verdaderas normas, reglas de conducta que tienen que observar los pueblos, ese es el fundamento de la administración de justicia indígena. Esta administración de justicia y la justicia nacional solo pueden compatibilizarse en tanto dos sistemas que coexisten y guardan los límites dentro de los cuales ejercen. La ley tiene que establecer estos límites con precisión para evitar conflictos.

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El creciente interés en la comunicación y la información ha planteado la necesidad de repensar cómo, a partir de las clásicas libertades de expresión y opinión y la más moderna libertad de información, se ha protegido la posibilidad de las personas de comunicarse. El derecho no es un campo neutral, refleja relaciones de poder aunque paradójicamente su finalidad sea brindar reglas para el tratamiento de estas relaciones y probables conflictos, dentro de un cierto orden de civilidad. En el campo de la comunicación, como en todos, la intervención desde el derecho ha variado según las necesidades de cada momento histórico.

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A pesar del discurso estadístico e instrumental sobre la importancia de la inmigración para el futuro económico de Europa que va de la mano con el de la necesidad de desarrollar políticas (sociales y culturales) de integración del inmigrante, actualmente existe una tendencia regresiva a restringir su acceso a los derechos ciudadanos (civiles, políticos y sociales). Un ejemplo de este proceso es el que se produce en España, en el actual contexto de conformación de la Unión Europea y de la llamada Globalización. El año 2000 constituyó un punto culminante de este fenómeno en España, en cuanto fue el escenario temporal de una lucha social y política en el que se confrontaron dos perspectivas y concepciones contrapuestas de ciudadanía, hecho que evidenció la caducidad del antiguo modelo de ciudadanía comprendida como el vínculo político (estatuto de derechos y obligaciones) entre el individuo y el Estado-nación, que se adquiere de manera preferente a través de la descendencia (ius-sanguinis).

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La presente investigación es una aproximación a la importancia que tienen las políticas de memoria dentro de los procesos de reparación, en tanto permiten avanzar hacia una reparación de carácter integral a la vez de posibilitar la no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos que rememora. Para esto se estudia el caso de la desaparición de un joven universitario, José Carlos Trujillo Oroza, en la década de los setenta en un contexto de gobierno de facto. Se recapitula la búsqueda y lucha a nivel nacional e internacional que sus familiares tuvieron en los años que siguieron a su desaparición, haciéndose especial énfasis en los efectos que la emisión de sentencias de fondo y reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los años 2000 y 2002 respectivamente tienen sobre la sociedad boliviana y la memoria de la época sobre las vulneraciones ocurridas en su transcurso. Por último, la investigación pretender mostrar los nexos que existen entre los recuerdos de la dictadura banzerista y las políticas de memoria ordenadas, la efectividad de las mismas a la hora de otorgar una adecuada reparación y sus consecuencias sociales.

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A lo largo de esta investigación de maestría, que se presenta como un aporte académico para el análisis de los nuevos fenómenos de la comunicación, se realiza una aproximación a las prácticas ejecutadas en el ciberespacio por parte de un segmento específico de usuarios. Trabajamos con los fanáticos al fútbol, pero delimitamos su extensión a los fans de un jugador en específico, el ecuatoriano Jaime Iván Kaviedes, quien se erige, hasta el momento de esta publicación, como el único deportista nacional que mantiene una página web donde se exhibe la relación mediática entre ídolo y fanáticos. Para la consecución de este propósito, el estudio se divide en dos aspectos ordenadamente visibles, el primero se ocupa de la “estrella”, ese personaje idolátrico que en nuestra coyuntura se construye siguiendo principios similares al del mercadeo político, que presenta al mercado un candidato destinado a cautivar al mayor número cuantificable de electores, todo esto con un manejo deliberado de imagen y la edificación de un protagonista que goce de los “dones” que prefiere la masa de electores para inclinar su voto. Con la misma lógica, descomponemos la estructura de formación de ídolos, reconociendo que su presentación dentro del campo sistemático de ofertas y demandas, se sujeta a parámetros idénticos a los del mercadeo de personas, en intento de adquirir un elevado margen de seguidores. El segundo aspecto, orientado a involucrar al fanático en esta mutua dependencia que consolida la existencia de ambos (sin ídolo no hay fanático y viceversa), realizamos la evaluación de su comportamiento en la red, mediante un meticuloso examen de todas las prácticas que ellos cumplen en ese “lugar”, convencionalmente llamado “sitio web”, y los objetivos que persiguen. Con este mecanismo traducimos algunas de las actitudes que aparentemente se presentan como “naturales”, pero que están enmarcadas en un escenario de agresivas imposiciones globales, que estereotipan un “arquetipo dominante”, a quien le son atribuidas dotes tales como carismas, esfuerzos de superación en la omnipresente adversidad, altruismos y demás valores que habitualmente son comunes en la generalidad de los ídolos-tipo. Como todo estudio ideológico, este no puede ser ajeno a los rituales y trascribimos algunos aspectos recreativos, aquí llamados “miméticos”, que sustentan las hipótesis preliminares acerca de que al ídolo se le atribuyen características tan sobresalientes que se vuelven dignas y necesarias de imitar por parte de sus feligreses, en un campo de representaciones simbólicas que se renuevan repetidamente para conservarse vigentes.

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Ronald Dworkin distinguía dos tipos de derechos. Los unos, con mayúscula, que generan distintas formas de exigencia cuando son incumplidos, que van desde la protección judicial hasta la rebelión si esta no es efectiva. Los otros, con minúscula, que pueden ser limitados, suspendidos y hasta anulados. La forma fácil de distinguir los unos de los otros es buscarlos en las constituciones. Los primeros están reconocidos (aunque no todos) en los catálogos de derechos; los segundos no. Por ejemplo, tengo derecho a la a vida, en el primer sentido; tengo derecho a escuchar una conferencia, en el segundo. Desde esta perspectiva parecería que no tengo derecho a la anticoncepción de emergencia porque no está expresamente reconocido como tal en la Constitución ecuatoriana ni en los instrumentos internacionales. Así que la discusión va por otro lado. El derecho reconocido en la Constitución ecuatoriana es el "derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual" y el "derecho de las personas a decidir sobre el número de hijos que pueda procrear, adoptar, mantener y educar". Para ejercer estos derechos, el Estado tiene la obligación de ofrecer distintos medios que tengan ciertas características: legítimos, varios, no perjudiciales para la salud, conocidos. Si así no sucede, cuando no existe información ni opciones, no existe la libertad para decidir. Luego, el derecho se convierte en ilusorio y el Estado incurre en responsabilidad por violación al derecho.