Planificación tributaria como herramienta para la optimización de la carga impositiva en las empresas de carga y transporte terrestre en el Ecuador

La Planificación Tributaría, es un factor importante a ser considerado por quienes realizan y administran negocios, ya que al iniciar las actividades económicas, el objetivo es generar una ganancia, optimizando los costos y con el menor riesgo. Los tributos constituyen uno de los componentes de los costos y su manejo debe ser direccionado al cumplimiento de la normativa, con la finalidad de obtener los beneficios que otorga la Administración Tributaria conforme a la aplicación de la legislación vigente, de esta forma seevita riegos innecesarios que perjudiquen al negocio. La optimización de los costos impositivos da como resultado una mayor utilidad, para ello es necesario establecer las estrategias más adecuadas. La Planificación Tributaria varía dependiendo del tipo de contribuyente y su actividad económica, por lo que no existe un modelo específico al cual ceñirse. Esta investigación ha recogido los principales puntos para una eficiente Planificación Tributaria dentro de las Empresas de Transporte de Carga Terrestre, considerando la imposición nacional y seccional como incentivos tributarios, exenciones, reducciones, escudos fiscales, deducciones, que contribuyan al ahorro de la carga fiscal.

“En busca de la chispa en la pradera”. El sujeto revolucionario en el pensamiento de la intelectualidad orgánica de izquierda en el Ecuador durante el período 1975- 1986

Esta tesis indaga qué fue el sujeto revolucionario para la intelectualidad orgánica de la izquierda ecuatoriana en el período comprendido entre 1975 y 1986. Se parte de la existencia de interpretaciones diversas y divergentes del tema, tanto para las corrientes comunistas (PCE, MRT), las socialistas (PSE, PSRE); las maoístas (PCMLE), las nacionalistas (AVC, MPL) y las guevaristas (MIR). El corte temporal escogido (1975-1986) comienza con: I) la declaratoria de la Primera Huelga Nacional del FUT el 13 de noviembre de 1975, y el ascenso de la lucha de clases encabezada por el movimiento obrero; y culmina con: II) el decaimiento de los proyectos devenidos, de una u otra forma, del campo de la revolución (descabezamiento de AVC, liquidación de otras formas de subversión como MPL y OPM, extinción del PSRE, consolidación de la línea electoral en la mayor parte de los partidos de izquierda –como el PSE, el PCMLE y el PCE–, disgregación del MIR en varias fracciones, desaparición del MRT), y el ascenso de formas de lucha no clasistas con el advenimiento de los denominados movimientos sociales. Se entiende a los intelectuales orgánicos como la expresión de un ‘intelectual colectivo’ (el Partido para Gramsci) que abandera una determinada tendencia políticaideológica, integrada en un particular contexto histórico y social. En esta línea, los partidos analizados representan la voz de una intelectualidad de carácter colectivo. La ‘categoría’ sujeto revolucionario, hace referencia a actores sociales específicos que actúan, dinamizan y se crean en una determinada conflictividad. No se aborda al sujeto revolucionario como algo acabado, sino más bien como una creación particular, que se forja en el terreno de la lucha de clases concreta. A nivel de la estructura metodológica se establece un diálogo entre las preguntas: ¿cómo se pensó al sujeto revolucionario en la tradición marxista internacional? (capítulo uno), y ¿cómo se pensó el sujeto revolucionario en la izquierda ecuatoriana del período 1975-1986? (capítulo dos). Con la finalidad de determinar las tesis y puntos de vista convergentes de cada una de las tradiciones partidarias estudiadas (capítulo tres), agrupándose al sujeto revolucionario pensado desde la izquierda en las siguientes figuras o denominaciones: I) el militante revolucionario; II) el pueblo; III) la población sufragante; IV) el proletariado como clase obrera industrial; y, V) el proletariado como sujeto negativo.

Los procedimientos administrativos y judiciales que tutelan los derechos del consumidor en la adquisición de bienes o servicios sujetos a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

Esta investigación busca determinar si los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor permiten que los consumidores puedan acceder a una tutela eficaz de sus derechos como consumidor en la adquisición de bienes o servicios. En un inicio, se identificarán nociones fundamentales de lo que es el derecho del consumidor; su avance histórico a nivel mundial centrándose posteriormente en América Latina, para finalmente explicar su formación y desarrollo en el Ecuador; a continuación se explicarán cúales son los derechos que los justiciables tienen como consumidores, así como cúales son los procesos a los que en las vías administrativas o judiciales tienen la posibilidad de acceder. Se realizará un trabajo de campo e investigativo, que consiste en obtener información en los órganos administrativos (Defensoría del Pueblo) y judicial (Comisarías e Intendencia de Policía Nacional de Quito, Juzgados de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales de Quito) desde el 2005 hasta la fecha, a fin de elaborar una base de datos que permita identificar cuántos procesos de defensa de consumidor se han realizado y se han resuelto en los ámbitos administrativos y judiciales. La investigación realizada determinará si se han establecido sanciones por incumplimiento a los derechos del consumidor por la adquisición de bienes o servicios, en los ámbitos administrativos y judiciales. Finalmente, tendremos como resultado de esta investigación, un aporte de información para los organismos encargados de tutelar los derechos del consumidor, para tomar acciones que permitan a los justiciables acceder a mecanismos adecuados y expeditos que los amparen, cuando por la adquisición de un bien o servicio sus derechos hayan sido vulnerados.

Aplicabilidad y eficacia del principio constitucional de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

La Constitución del año 2008 establece que uno de los deberes primordiales del Estado es la planificación del desarrollo nacional, que tiene como propósito a corto, mediano y largo plazo, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para de esta forma acceder a lo que se ha denominado como el buen vivir. Para su realización y consecución el denominado Régimen de Desarrollo, contiene normas que guardan concordancia con algunos aspectos fundamentales como son el sistema económico y las políticas económica,fiscal y comercial; y los intercambios económicos y comercio justo que integran las compras públicas y la regulación y control del mercado, en el cual interactúan los proveedores deobras, bienes y servicios, tanto para el sector público como privado. En la misma línea de pensamiento, debo mencionar que el ordenamiento jurídico ha evolucionado en relación con los preceptos constitucionales, para lo cual contamos a la fecha con relativamente reciente legislación en materia de contratación pública y derecho de la competencia. No obstante, la presente investigación pretende determinar si se aplica o no el principio de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuya naturaleza de contratación en la mayoría de los casos es directa. Para el cumplimiento de lo anterior, primeramente se hará un repaso de la libre competencia y la evolución del derecho de la competencia en derecho comparado y lo que ha sucedido en el Ecuador, para posteriormente introducirnos en el análisis de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Posteriormente continuaré con el estudio de la libre competencia y la contratación pública desde la perspectiva constitucional, la confluencia de ambas ramas del derecho, y una introducción a los procedimientos de Régimen Especial. Finalmente, se profundizará en el estudio sobre aplicabilidad y eficacia del principio constitucional de libre competencia en los procedimientos de Régimen Especial realizados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.