La doble instancia como garantía constitucional del contribuyente

La justicia en materia tributaria por más de cinco décadas se ha desarrollado de una manera excepcional, manifestamos esto en razón de que los tribunales de lo contencioso tributario actúan como órganos jurisdiccionales de única instancia. Tal excepcionalidad ha restringido el acceso a una segunda instancia, limitando el sistema recursivo con la supresión del recurso ordinario de apelación, contándose únicamente con el recurso extraordinario de casación, el cual no es constitutivo de instancia. Frente tal escenario poco se ha dicho y se ha escrito sobre este modo de sustanciación especial y más que todo excepcional, acuñado como justicia especializada, si bien este trabajo no se pretende desvirtuar la especialidad de la materia tributaria, lo cual no está en tela de duda, lo aquí se interesa analizar es si tal especialidad es suficiente es suficiente para prever un proceso de única instancia. Es así que el presente trabajo investigativo en vista de los objetivos planteados se enmarcara principalmente en analizar la forma en la que se encuentra estructurada la justicia en materia tributaria, partiendo por el procedimiento administrativo, y la instancia jurisdiccional, para así determinar la imposibilidad de concebir a la sede administrativa como instancia jurisdiccional, y la necesidad imperante de implementar la doble instancia en materia tributaria cómo garantía jurisdiccional.

El cumplimiento de los parámetros del debido proceso en el procedimiento directo del Código Orgánico Integral Penal

Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

Bandas de pueblo: memoria, revitalización social y valor cultural en Ecuador

El presente trabajo de investigación busca realizar un acercamiento interpretativo de las bandas de pueblo en el Ecuador como agrupación ícono dentro de la cultura popular e historia musical de nuestro país. Entonces, es fundamental plantear una reflexión acerca de los procesos que han dado lugar a una intensa dinámica entre la herencia cultural-musical de los pueblos ancestrales de Ecuador, los elementos culturales impuestos desde Europa, y los aportes de la cultura afroecuatoriana, elementos en permanente tensión que han configurado un escenario de disputa de sentido entre lo que las élites han construido como “culto” y la producción simbólica del pueblo. A partir de este contexto, el presente estudio permite reflexionar sobre la cultura popular, su capacidad para asimilar, incorporar y resignificar, contenidos simbólicos impuestos desde una posición de poder por parte de la cultura dominante, transformándose así misma permanentemente como una forma de resistir, impugnar e insurgir. Para entender esto, es necesario plantear un recuento histórico que posibilite tener una mirada de las batallas simbólicas que han estructurado a las bandas de pueblo como eje de la fiesta popular, religiosidad, y elemento central en el ciclo de vida de las personas de los sectores populares. Así, este análisis de las bandas permite poner en evidencia los procesos culturales, pasados y presentes, que dan como resultado la riqueza y diversidad de la cultura popular ecuatoriana. Finalmente, acercarse a las bandas de pueblo a implicado en el presente trabajo, un esfuerzo interpretativo de procesos actuales en el que las tradiciones se ven expuestas a lo moderno y mediático, primero en un escenario complejo de exclusión, pero luego como un canal que permite nuevas formas de interacción y consumo de lo simbólico dando cuenta de la absoluta vigencia de lo tradicional en tiempos modernos. Por eso sin la menor duda se afirma que las bandas de pueblo son el alma de la fiesta.