165 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA
Resumo:
El ejercicio de la administracin de justicia de los pueblos indgenas es uno de los derechos colectivos ms visibilizados en la sociedad ecuatoriana; sus prcticas, vistas desde una concepcin occidental, han sido cuestionadas al argumentar que los usos y costumbres propios contravienen los principios de los derechos humanos. El presente estudio pretende aclarar el contexto y la definicin de la justicia indgena como derecho propio, diferencindola de otros hechos, tales como el linchamiento y ajusticiamiento. Reflexiona sobre cmo los derechos individuales (a la vida, la libertad, integridad, propiedad) estn garantizados en la aplicacin de la justicia indgena y analiza los mecanismos de conciliacin que pueden interactuar y fortalecer los dos sistemas de justicia, a partir del reconocimiento y respeto del derecho propio, el dilogo intercultural, el desarrollo de las leyes y la constitucin de un sistema jurdico de los pueblos indgenas. Para lograr el pleno ejercicio del derecho propio, el estudio analiza la Constitucin del Ecuador, los instrumentos internacionales sobre pueblos indgenas, normas que de una u otra manera garantizan los principios, procedimientos y autonoma de la justicia indgena. Finalmente, a partir del anlisis de expedientes, el trabajo reflexiona sobre las fiscalas indgenas, independientemente de cada uno de los actores: indgenas, instituciones, jueces, fiscales. En relacin a la incidencia en la justicia indgena, se plantea la preocupacin de si las fiscalas indgenas pueden llegar a constituirse en un espacio que atente contra la autonoma y la facultad jurisdiccional que tienen las autoridades indgenas, principio consagrado en el Art. 171 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador.
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La Constitucin de 2008 contiene importantes avances en derechos colectivos, ambientales y de la naturaleza. Con la aprobacin de la Ley de Minera (y de la Ley de Seguridad Pblica) se profundiza el modelo extractivista como parte del modelo primario exportador, contraviniendo el mandato constitucional. Falta una institucionalidad que proteja estos derechos. Es muy preocupante la criminalizacin de la protesta, entre otros casos se destacan: cierre de Accin Ecolgica, 26 juicios contra el dirigente Rodrigo Aucay, Familia Belezaca Vintimilla, comunidades shuar de Nankintza, protestas en el Pangui, comunidades de Quimsacocha, cierre de la Voz de Arutam. La CONAIE demand la inconstitucionalidad de la Ley de Minera. Se demanda la garanta de derechos, entre stos el de la resistencia.
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El presente trabajo estudia la incidencia del microcrdito en el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos de mujeres de las comunidades de Luz Mara y Tamarindo, de la parroquia Molleturo, provincia del Azuay, del cantn Cuenca. Se analiza el microcrdito en el contexto ecuatoriano, la distincin entre lo urbano y lo rural, las caractersticas y tendencias de estos sistemas y las particulares del programa en las Cajas Solidarias. Se aborda la presencia de instituciones financieras formales no reguladas, los sistemas financieros informales que hacen que esta maquinaria crediticia funcione en los diferentes espacios del territorio ecuatoriano. A partir de estas instituciones, se desarrollan tendencias y enfoques que van dirigidos para los diferentes estratos econmicos y sociales en el Ecuador. La presencia de programas de microcrditos que irrumpen en el pas, como respuesta y mecanismo para combatir la pobreza, nace desde diferentes iniciativas de organismos internacionales, del Estado, de Organizaciones No Gubernamentales y de grupos organizados de la sociedad civil como es el caso que nos ocupa, las Cajas Solidarias impulsadas por las organizaciones campesinas con el apoyo del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indgenas y Negros del Ecuador, Prodepine. El funcionamiento de las Cajas Solidarias, es un testimonio vivo, que demuestra claramente que los pobres, y particularmente las mujeres, pueden ser sujetos de microcrditos, demuestran que son fiables para el retorno de los recursos financieros y al mismo tiempo permite mejorar la calidad de vida de las familias que acceden a estos recursos con un valor agregado, el microcrdito se convierte en una herramienta educadora, transformadora, de mejoramiento de la autoestima y de desarrollo.
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Se analiza el tema del estatus de los afrodescendientes libres en las sociedades esclavistas ms pobladas de Amrica, desde el punto de vista de los derechos polticos y sociales de sbditos y ciudadanos. Con la carta de libertad, los antiguos esclavos y sus descendientes libres adquirieron tericamente los mismos derechos y obligaciones que la poblacin blanca eurodescendiente. Sin embargo, por razones de seguridad pblica y de mantencin del orden establecido, en la prctica, se establecieron restricciones y privilegios para mantener la distancia social entre blancos y afrodescendientes. Desde una perspectiva comparada se estudian Brasil, Cuba y los Estados Unidos, las tres sociedades esclavistas ms notorias en Amrica durante el siglo XIX, y se examina este proceso tomando como objetos de anlisis los derechos de libre movimiento, el acceso a la enseanza superior, el sufragio y la propiedad.
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Este trabajo analiza la confrontacin entre el poder poltico y los medios privados en el contexto del debate de la Ley de Comunicacin y reflexiona sobre las complejas relaciones entre comunicacin cultura y poltica en la sociedad contempornea. A la vez, realiza una resea crtica de algunas prcticas informativas marcadas por la violencia simblica - espectacularizacin, revictimizacin e indefensin- en evidente conflicto con la responsabilidad social. Plantea tambin las bases conceptuales de la responsabilidad social del periodismo y propone los ejes de trabajo de unas polticas pblicas para mejorar las prcticas informativas: formacin de periodistas; informacin con enfoque de derechos; nuevas agendas informativas; formacin de audiencias crticas; visibilidad y participacin social, y otras maneras de incidir en el campo meditico.
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El modelo extractivista impuesto en Amrica Latina, aunque ha ido variando de forma, mantiene de manera esencial su razn de ser: proveer de recursos naturales para satisfacer las demandas de las economas industrializadas tanto del norte, como de aquellas que estn en pleno crecimiento, de manera particular la de China. En este contexto, asistimos a diversos escenarios comunes, en donde el modelo extractivista, pone en prctica diversas estrategias para asegurarse el acceso a esos recursos; las mismas que van desde desestabilizar gobiernos, hasta conseguir la asociacin o patrocinio de otros, suscripcin de tratados comerciales y la implementacin de polticas que promueven la desarticulacin de organizaciones, la estigmatizacin y/o judializacin de las comunidades opuestas a dicho modelo.
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Este estudio explora la relacin entre derechos humanos, migracin y polticas migratorias en el contexto de la globalizacin. Para ello ubica y problematiza algunas tensiones y paradojas contenidas en estos discursos. Aborda la propuesta de los derechos humanos, las formas de conocimiento de la migracin y la globalizacin como campos complejos, conflictivos y en constante construccin. La relacin entre derechos, la capacidad de regulacin del Estado y la ciudadana son espacios de disputa de sentidos; por ello, lugares privilegiados de la lucha poltica y de emancipacin de los derechos humanos. Considera la migracin como el desplazamiento residencial de la reproduccin cotidiana de la existencia de un socio-espacio a otro. Desde el enfoque de derechos humanos, supone el reconocimiento de la libertad de trnsito y residencia establecidos en el Sistema Internacional de los derechos humanos. Sin embargo, lo dicho entra en tensin debido a la accin reguladora de los Estados que se caracteriza por la seleccin de inmigrantes desde intereses estatales y no desde la garanta de los derechos; lo que afecta la construccin del Estado social de derecho. Aborda, como se menciona anteriormente, las polticas migratorias entendidas como el resultado de las luchas polticas en torno a la gestin de los flujos migratorios; los cambios en la convivencia social provocados por la migracin; y las relaciones de los Estados involucrados en estos procesos. Revisa los principales instrumentos de proteccin de los derechos humanos a nivel internacional, regional (europeo y americano), y nacional (espaol y ecuatoriano). Evidencia, as, la concordancia en torno al principio de no discriminacin, de las libertades fundamentales, de la seguridad e integridad personal y de cierta ambigedad respecto de la libertad de trnsito y residencia. Analiza las principales medidas normativas adoptadas por Espaa y Ecuador durante el perodo 1998-2005, las mismas que expresan una lgica selectiva restrictiva, pues dan prioridad a los intereses econmicos-laborales del Estado espaol, al control policaco de la migracin irregular y a las medidas de retorno; todo ello menoscaba la garanta de los derechos humanos de la poblacin ecuatoriana inmigrante. Por su parte, las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano son reactivas, puntuales y de subordinacin a los lineamientos dados desde Espaa. Finalmente, ubica tensiones, debates y plantea desafos a ser repensados con la finalidad de comprender la migracin como un derecho humano; considerando esta postura como la base ms adecuada para la formulacin e implementacin de polticas migratorias y como parte de la promocin de los derechos humanos dentro de un horizonte cuyo sentido sea la construccin de sociedades que convivan con equidad y justicia.
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El disfrute de los derechos sociales depende de la existencia, el funcionamiento apropiado y acceso en condiciones equitativas de ciertos servicios pblicos. Esos ciertos servicios pblicos, comnmente son denominados servicios pblicos bsicos, entre los cuales estaran por ejemplo, la prestacin de servicios de agua potable y corriente, energa elctrica, gas natural, aseo y telefona, cuya potestad es ejercida por el Estado. No obstante lo anterior y en clara vinculacin con la consagracin de los derechos sociales y el concepto de dignidad humana, se han tejido argumentos en torno a la nocin de servicios pblicos fundamentales, entre los cuales se cuentan adems de los anteriores, la asistencia a la salud, el acceso a educacin y empleo decente como medios para satisfacer las condiciones mnimas de vida adecuada y decorosa y por ende el respeto y desarrollo de la dignidad de toda persona. En las siguientes lneas se destaca los avances normativos que en la regin se observan en relacin con la conciencia colectiva por parte de los Pases Andinos sobre la necesidad de satisfacer los derechos sociales, y los intentos de reconocimiento del acceso del individuo como sujeto de derecho internacional ante instancias que permitan satisfacer condiciones dignas y decorosas de vida.
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El presente trabajo es una investigacin sobre la intervencin de la iglesia peruana en la elaboracin del Plan Nacional de Derechos Humanos en el Per, elaborado durante el 2005. En torno a este hecho, el trabajo desarrolla un estudio, a partir del anlisis del discurso, sobre el papel de la iglesia dentro del campo de los derechos humanos en el Per desde la segunda dcada del siglo XX hasta la actualidad, mediante una perspectiva terica psicoanaltica y post estructuralista. Esta lectura de la dinmica de los derechos humanos en el Per en relacin con la iglesia catlica organiza el siguiente trabajo en cuatro captulos. El primero reflexiona sobre la genealoga de la geopoltica vaticana en torno al tema de derechos de derechos humanos partir del siglo XIX hasta Juan Pablo II, la cual produce una definicin de trascendencia que busca constituir un modelo de vida humana, implementado en cada mbito de la vida social: la poltica, el desarrollo, la sexualidad, entre otros. El segundo indaga sobre la evolucin del pensamiento social de la iglesia en el Per, la cual permite dividir esta parte en tres acpites. Analiza principalmente el periodo 1980-2005, sealando las caractersticas del discurso eclesistico y su influencia en el desarrollo del campo de los derechos humanos en torno a tres temas: violencia armada, derechos econmicos, sociales y culturales, y derechos sexuales y reproductivos. El tercero captulo aborda la influencia de la iglesia peruana en el proceso del Plan Nacional de Derechos Humanos, identificando el papel de los actores y sus demandas, y adems, las metas y las estrategias, mostrando las nuevas dinmicas que este hecho ha mostrado dentro del campo de los derechos humanos. El ltimo captulo inserta la actuacin de la iglesia peruana dentro de la dinmica que La Santa Sede gestiona en el mbito internacional en materia de derechos humanos.
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El reconocimiento de ciertos derechos sexuales y derechos reproductivos en la Constitucin ecuatoriana de 1998, marcan sin duda un hito en la redefinicin de los derechos humanos y su impacto en los diversos aspectos sociales. Es necesario hacer mencin como antecedente del desarrollo constitucional ecuatoriano de los derechos sexuales, la declaratoria de inconstitucionalidad del tipo penal de homosexualidad que contena el artculo 516 del Cdigo Penal. Como se ver en las siguientes lneas, si bien este antecedente en jurisprudencia constitucional, no se rescata los principios de derechos humanos, es innegable el logro alcanzado, puesto que dio lugar a un proceso de articulacin entre las organizaciones GLBT y de mujeres, que tuvieron un rol importantsimo en las discusiones que sobre derechos sexuales y reproductivos, se dieron en la Asamblea de 1998, y que a su vez dio lugar al reconocimiento constitucional de algunos derechos. El cuerpo de las personas y especficamente las expresiones de la sexualidad han sido tradicionalmente objetos de control social, entendindose como tal "el conjunto de sistemas normativos como son la religin, tica, costumbres, usos, teraputica y el Derecho (este ltimo en todas sus ramas) cuyos portadores, a travs de procesos selectivos (estereotipia y criminalizacin), establecen una red de contenciones que garantizan el sometimiento de las masas a los valores de un sistema de dominacin
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Amrica Latina presenta algunas de las leyes ms restrictivas del mundo en materia de aborto. Si bien slo tres pasesChile, El Salvador y Repblica Dominicanano contemplan ningn tipo de excepcin o rebaja de la pena por la realizacin de abortos, en la mayora de los pases y jurisdicciones la ley incluye excepciones a la pena slo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales especficamente definidas. An en los casos donde el aborto no est penalizado por ley, las mujeres suelen tener un acceso severamente limitado al mismo como consecuencia de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad poltica necesaria. El acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en trminos abstractos, sino que, en trminos ms amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condicin de persona, a su dignidad y privacidad. Los obstculos existentes para este tipo de decisiones en Amrica Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prcticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la regin.
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El razonamiento de los Derechos Humanos desde una visin sociolgica, poltica, filosfica y jurdica, ha librado en el estudio humano una preocupacin y a la vez una solucin en el nimo de la convivencia social. El siglo XX dej en las pginas de la historia una lucha inclaudicable, ya no de hecho sino por el derecho; para la Proteccin de los Derechos Humanos ante la amenaza sea est desde y/o el Estado o de otras personas, generando as una gama de instrumentos jurdicos internacionales, regionales y medidas internas de los estados con el objeto de prevenir, juzgar, sancionar y en especial reparar la vulneracin, restriccin, prohibicin o mejor dicho la violacin a los derechos humanos. Hoy en el siglo XXI, los derechos humanos se ven nuevamente en peligro de ser vulnerados y la pluma de la historia vuelve a escribir estos dramas que consideramos que ya habran terminado
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El derecho a la educacin parte del reconocimiento de que el saber sistemtico es ms que una importante herencia cultural, pues es tambin un medio de apertura, que brinda al individuo una clave de autoconstruccin y un reconocimiento de sus capacidades, sin ningn tipo de discriminacin. En razn de esto, encontramos el principio incluido en el art. 4, inciso II de la Constitucin Federal Brasilea, donde se genera el sistema de proteccin de los intereses de la poblacin negra, adoptndose el criterio de cinco categoras de color establecido por el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica IBGE. En este contexto se da la implementacin del sistema de cuotas en beneficio de los afrodescendientes en Brasil, donde se busca el acceso real de los estudiantes afros a la universidad, as como la permanencia y sustentabilidad de los estudiantes en los programas acadmicos.
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La poltica petrolera privilegia los ingresos econmicos y margina los derechos ambientales y sociales de la poblacin en las zonas petroleras. Ilustra el anlisis de la entrega de licencias que contravienen los derechos establecidos: contrato en el bloque 20 y la explotacin en la costa ecuatoriana; a esto se suma los numerosos y graves casos de derrame de petrleo. El gobierno implementa un programa de reparacin ambiental y social entre el Ministerio del Ambiente y Petroecuador, pero falta tomar decisiones fuertes para no ampliar ms la frontera petrolera y para aplicar verdaderos procesos de reparacin integral, tal como lo estipula la Constitucin. Es urgente la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1040, que reglamenta la participacin social, por ser inconstitucional.
Resumo:
El anlisis de la relacin derechos humanos (DDHH), en particular los derechos econmicos, sociales y culturales (DESC) y las polticas pblicas es fundamental para la concrecin de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carcter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distincin entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligacin y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno especfico o a una corriente poltica sino que configura una obligacin por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar polticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En Amrica Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de proteccin de DDHH, y por lo tanto estn obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la poblacin. La proteccin y promocin de estos derechos pueden encontrar una va efectiva a travs de las polticas pblicas. Analizar la vinculacin del enfoque de derechos en las polticas pblicas es pues el objetivo de este artculo, de manera de contribuir ntegramente con este enfoque desde el diagnstico y diseo de las respuestas e iniciativas estatales.
