44 resultados para Ausencia


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La presente tesis, es un estudio descriptivo ex post facto, en torno a la responsabilidad social del Estado Ecuatoriano, frente a las familias víctimas del conflicto internacional. Confronta dos paradigmas: el que maneja el gobierno colombiano, se basa en la lógica del mercado, promueve la duda razonable, el impacto aceptable, y el desconocimiento del rol humano o ecológico; el otro paradigma, asumido por el gobierno ecuatoriano, se fundamenta en la lógica humanista, defiende la ecología, valida el testimonio humano, protege la salud de las personas y la calidad del medio ambiente a mas de relacionar esta problemática con las determinantes sociales y los derechos humanos. Estos paradigmas los confrontaremos a partir del estudio de los impactos de las fumigaciones en la parroquia General Farfán del Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, situación que se agravó por la ausencia de la institucionalidad del Estado, la misma que se volvió crítica a partir del inicio de las aspersiones con glifosato, y el consiguiente deterioro del medio ambiente que contribuyó al aumento de la pobreza y la exclusión. Además, del incremento de las FFAA y policiales en la frontera norte agudizó la tensión en estas comunidades; el Estado ecuatoriano, se limitó a desplazar y abastecer a las fuerzas armadas, como responsables de la seguridad de sus fronteras, pero desatendió a la población civil para la cual no existen propuestas de inversión social. Se violentó con ello, normas del Derecho Internacional, principios del Derecho Internacional Ambiental y de los Derechos Humanos. El abandono a esta población, da lugar a calificarlos como personas ambientalmente desplazadas (PAD), en situación de riesgo lo que nos lleva hacer una reflexión sobre esta condición, en torno a los desplazados ambientales jurídicamente no reconocidos.

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La relación Colombia – Venezuela ha estado signada por un clima de conflictividad durante los periodos presidenciales de Hugo Chávez y Álvaro Uribe (2002 - 2010), se observa como la construcción de las agendas diplomáticas de Colombia y Venezuela han estado centradas en la seguridad y el conflicto. Estando, la construcción de las agendas diplomáticas de ambos Estados, configuradas por la búsqueda de resultados electorales positivos a lo interno, y en el plano internacional, buscan alianzas y legitimidad, todo esto para cumplir con las dinámicas internas de cada Estado. Evidenciándose manifestaciones de conflictividad tales como: diplomacias rígidas con ausencia de diálogo; el presidencialismo; y la diplomacia de micrófono. Esta temática ocupa el trabajo de tesis que se presenta con el propósito de exponer para la discusión la siguiente interrogante: ¿Qué factores, presentes en los respectivos gobiernos, explican la creación de una agenda de política exterior Colombia – Venezuela centrada en la seguridad y el conflicto? Plateándose como objetivo general de este trabajo de tisis: Analizar las relaciones diplomáticas Colombia – Venezuela en el marco de los conceptos de seguridad divergentes, y sus conflictividades. Durante el periodo presidencial Chávez-Uribe (2002-2010). Para alcanzar dicho objetivo, la investigación se realizó en dos fases que dan lugar a la estructura de dos capítulos. En la primera, se identificarán las lógicas de los conceptos de seguridad y su repercucion en las relaciones diplomática Colombia – Venezuela; y en el segundo capitulo, se describen las manifestaciones de conflictividad entre Colombia y Venezuela, en sus relaciones con sus dinamicas internas.

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Con el propósito de que los tres capítulos de esta investigación mantengan una secuencia coherente, el primero de ellos empieza señalando ciertos antecedentes históricos relativos a los derechos de autor que finalmente desembocaron en el Convenio de Berna de 1886. Posteriormente, procura establecer líneas de enlace entre el Convenio de Berna y la Convención Universal de 1952 y las actuales normas interna y comunitaria sobre derechos de autor, así como con la ley interna de 1976, sin dejar de lado algunas consideraciones teóricas acerca de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. En el segundo capítulo, la presente tesis se aproxima a las principales disposiciones internacionales sobre derechos de autor como las siguientes: la Convención de Washington de 1946, la Convención de Roma de 1961, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor de 1996 y el ADPIC, en lo relativo a derechos de autor. El tercer y último capítulo se adentra en el objetivo primordial de este trabajo investigativo que es el análisis comparativo entre la Ley de Derechos de Autor de 1976 y las normas interna y comunitaria sobre esta misma materia actualmente en vigencia. Para este cometido se formularán precisiones de los posibles cambios, en unos casos, y la incorporación, en otros, que se han sucedido en temas tales como el ámbito de protección, la ausencia de formalidades, el objeto y los titulares de los derechos de autor, los derechos morales y patrimoniales, los programas de ordenador, las sociedades de gestión colectiva y las acciones y procedimientos.

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Con el propósito de que los tres capítulos de esta investigación mantengan una secuencia coherente, el primero de ellos empieza señalando ciertos antecedentes históricos relativos a los derechos de autor que finalmente desembocaron en el Convenio de Berna de 1886. Posteriormente, procura establecer líneas de enlace entre el Convenio de Berna y la Convención Universal de 1952 y las actuales normas interna y comunitaria sobre derechos de autor, así como con la ley interna de 1976, sin dejar de lado algunas consideraciones teóricas acerca de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. En el segundo capítulo, la presente tesis se aproxima a las principales disposiciones internacionales sobre derechos de autor como las siguientes: la Convención de Washington de 1946, la Convención de Roma de 1961, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor de 1996 y el ADPIC, en lo relativo a derechos de autor. El tercer y último capítulo se adentra en el objetivo primordial de este trabajo investigativo que es el análisis comparativo entre la Ley de Derechos de Autor de 1976 y las normas interna y comunitaria sobre esta misma materia actualmente en vigencia. Para este cometido se formularán precisiones de los posibles cambios, en unos casos, y la incorporación, en otros, que se han sucedido en temas tales como el ámbito de protección, la ausencia de formalidades, el objeto y los titulares de los derechos de autor, los derechos morales y patrimoniales, los programas de ordenador, las sociedades de gestión colectiva y las acciones y procedimientos.

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En este trabajo de investigación personal hemos analizado el documento notarial, instrumento público o auténtico, otorgado ante un notario, con arreglo a las leyes, y que hace fe, aun en contra de terceros, en cuanto al hecho de haber sido otorgado, a su fecha. Hemos destacado el aspecto de la responsabilidad tributaria que tienen estos funcionarios con respecto a los actos y contratos hechos y autorizados por ellos habiendo señalado que los notarios, tienen la doble obligación de exigir el cumplimiento de las leyes ecuatorianas generales, y de las leyes tributarias. Cumplimiento exigido tanto a quienes solicitan los servicios de los notarios, como estos; quienes además de contribuyentes, son terceros responsables y agentes de percepción. Si un notario no exigiera el cumplimiento de obligaciones tributarias previas no podría cerrar u otorgar un contrato, y de hacerlo incurriría en la contravención establecida en el Código Tributario; siendo además responsable de la custodia del dinero que recaude por tal concepto. Dentro de los agentes de percepción el notario está en la categoría tercera señalada en el Art. 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues es una persona natural que habitualmente presta un servicio gravado con una tarifa, siendo, en consecuencia, sujeto pasivo del IVA como agente de percepción. Finalmente se ha topado un aspecto moderno, relacionado con la era digital y que está teniendo importancia cada vez más creciente en el intercambio de bienes y servicios: el llamado comercio electrónico, abordando un aspecto polémico relacionado con los instrumentos públicos dados y celebrados a través del Internet. La necesidad de estudiar este tema se da ya que a través de los medios electrónicos el notario podría evadir sus obligaciones tributarias en su calidad de contribuyente. Además por la Ley de Comercio Electrónico cabría que se realicen actos y contratos sin la actuación y presencia física de un notario. Surgiendo la inquietud de si esta ausencia física de un notario, reemplazada por firmas y medios electrónicos, daría o no lugar a una escritura, teniendo en cuenta que la vigente Ley Notarial exige que sea un notario el funcionario que REALICE Y PROTOCOLICE este tipo de actos. Creemos que debería, concretarse el alcance de estas disposiciones, con reglamentaciones claras y precisas que no permitan dudas y confusiones en una materia tan importante.

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La humanidad, incluyendo la sociedad ecuatoriana está condicionada a mirar pasivamente la grave situación ambiental, sin proponer acciones eficientes en un manejo integral biológico, económico, ecologista de la administración nacional, por parte de las instituciones públicas y privadas, encargadas de dicha misión, a pesar de contar con cuerpos legales de última generación como la Carta Magna vigente, que está estrenando el Ecuador y que, presenta una interesante legislación ambiental. Por tanto, se puede afirmar que no es la ausencia de leyes el problema sobre el que se debe trabajar, sino la carencia de vocación futurista y de ejecuciones concordantes con ella.

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Desde principios de la década pasada se experimentan importantes cambios en el ámbito internacional, se conforman bloques principalmente económicos y comerciales en diferentes regiones del mundo. Varios tipos de integración regional se desarrollan con la intención implícita de asegurar el crecimiento económico de sus Estados miembros. Sin embargo, últimamente aumenta la convicción entre políticos e académicos que el crecimiento económico por si mismo no es suficiente para asegurar el bienestar social de la mayoría de la población. En este sentido es indispensable, no solamente desarrollar políticas sociales a nivel nacional, sino también a nivel comunitario para acompañar la integración económica. El propósito del presente estudio consiste en presentar y analizar las políticas sociales de las instituciones comunitarias de la Unión Europea, UE, y de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, a fin de definir la dimensión social de ambos procesos de integración. A lo largo del trabajo se van a analizar los principales elementos que determinan la dimensión social de tales procesos, como por ejemplo el crecimiento económico, el nivel de integración, la tradición del Estado de bienestar y la ubicación del proceso de integración en el sistema político-económico mundial, para establecer las diferencias que existen entre la UE y la CAN. En la UE la dimensión social comunitaria se constituyó de manera progresiva y complementaria a las políticas sociales nacionales, pero está limitando su campo de acción cada vez más a las políticas de empleo, respetando el desempleo como una preocupación central de muchos de sus habitantes. En la CAN el compromiso político con la integración regional es altamente retórico y frente a la ausencia de recursos financieros y de sólidos sistemas de asistencia social a nivel de los Estados miembros la dimensión social comunitaria es casi inexistente. Resulta que el crecimiento económico y el desarrollo de la dimensión social comunitaria son indispensables para garantizar el éxito económico y político de un proceso de integración regional.

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El tema materia de esta tesis comprende cuatro partes: (i) La realización de un análisis conceptual, doctrinario y jurídico del servicio público, las condiciones para su prestación y sus características principales. (ii) La responsabilidad del Estado frente a los particulares en la dotación de servicios públicos: regulación, control y vigilancia; y, la obligación indemnizatoria del Estado por la prestación deficiente de servicios públicos. (iii) La acción de repetición, dificultad legal para ejercerla y el análisis del proyecto de Ley presentado al Congreso Nacional. (iiii) El análisis comparativo con legislaciones extranjeras y, finalmente, el resultado de la investigación de los fallos que sobre la materia han expedido los tribunales de justicia de la República. Si bien la pregunta central de este estudio se remite a la dificultad de ejercer el derecho de repetición previsto en la Constitución por la ausencia de un marco legal procedimental, considero necesario señalar que el enfoque general del estudio del derecho de repetición en el Ecuador, así como el análisis del proyecto de Ley presentado por iniciativa del Procurador General del Estado al Congreso Nacional, y el ensayo sobre legislación comparada; constituyen un trabajo inédito sobre esta materia; por tanto, reviste singular importancia desde el punto de vista académico, debiendo resaltar que complementariamente a la investigación positivista, el trabajo se respalda doctrinariamente, recurriendo al aporte teórico sustentado por varios connotados tratadistas como Bielsa, García de Enterría, Diez, Marienhoff y otros que se señalan en la bibliografía.

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En este texto, la autora desarrolla, en primera instancia, una reflexión crítica en torno a la demanda de “extraterritorialidad” de la literatura ecuatoriana, que desde la década de los 90 del siglo pasado se ha constituido como en una especie de constante, esa ausencia ha impedido que la narrativa alcance los horizontes de universalidad, pues su fijación en lo local la ha atado, según ciertos juicios, a superar este tipo de lazo con el pasado. Ortega examina este debate a la luz de la tradición latinoamericana, en donde tiene sus antecedentes e historia, incluso pone como ejemplo la célebre discusión entre el narrador peruano J. M. Arguedas y el argentino J. Cortázar respecto a lo que significaba e implicaba lo nacional-local y el ser cosmopolita entendido como la opción de universalidad. En segunda instancia, la crítica analiza la novela Tratado del amor clandestino, de F. Proaño Arandi, para poner en contraste lo que ese debate sugiere y de alguna manera demostrar que ese “viaje hacia dentro” de la historia íntima del drama de los personajes es, a su vez, un desplazamiento a lo que califica como un viaje a “los orígenes” que, a más de que lo expliquen como sujeto, lo ubican dentro de una historia de la que participan otras voces, otras presencias, realidades, memorias y actores.

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Analiza la evolución que ha tenido en la historia el impuesto a los espectáculos públicos, así como también el avance normativo legal seccional mediante la expedición de ordenanzas en los principales cantones del Ecuador. Dado que nuestro país tiene una legislación muy pobre con respecto al Impuesto a los Espectáculos Públicos y consciente de la importancia que hoy reviste el tema, se hace necesaria la investigación para identificar su historia, naturaleza y posteriormente beneficios, problemas e inconsistencias de aplicabilidad por ausencia de norma donde se regule de manera completa la situación jurídica del impuesto a los espectáculos públicos en el Ecuador. Este estudio también busca establecer un enfoque adecuado de la aplicación de los incentivos tributarios, para que no se comentan interpretaciones inadecuadas y desnaturalicen su destino. Se realizaran propuestas de perspectivas para la optimización del IPE en Ecuador y sus aplicaciones basadas en los estímulos e incentivos tributarios, analizando casos que han demostrado que este tributo no se encuentra estructurado adecuadamente y que a través de normas seccionales se desnaturalizan las dispensas legales y los beneficios tributarios.

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El estudio analiza las políticas carcelarias y el sistema penitenciario aplicado en el Ecuador en el contexto del Estado liberal. En esta perspectiva, se realiza una revisión crítica de los discursos penales y de los informes de las autoridades carcelarias con el objeto de identificar la visión y funciones de las cárceles desde la óptica de gobiernos liberales, en particular, de la etapa comprendida entre 1912 y 1925 dada la prolífica producción de ensayos y reflexiones acerca del régimen penitenciario en el país y de algunos políticas de reforma modernizantes. En este sentido, se exponen los intentos de cambio del sistema penitenciario Panóptico aplicado en la Penitenciaría Nacional hacia el Sistema de Auburn, en circunstancias sociales y políticas que emergieron en la segunda década del siglo XX. En estos contextos se exploran los avances y los límites de las reformas en la administración de las cárceles y su impacto en los reclusos de la Penitenciaría Nacional, medido a través de su acceso a la escuela y talleres de oficios. Se identifica la estadística de la población carcelaria por el tipo de delitos cometidos, en especial se han seleccionado los más recurrentes, clasificados según el Código Penal de 1906. Esta parte incluye la estadística de la población presidiaria por los delitos que atentaban al sistema de hacienda y aquellos sancionados por el Código de Procedimiento Civil referentes al apremio por deudas y falta de cumplimiento de obra. Un resultado de la investigación constituye el reconocimiento de la ausencia de un régimen carcelario para el sistema de cárceles públicas del Ecuador, manifiesto en las condiciones deplorables de estos sitios destinados únicamente al encierro de individuos para su aislamiento social. En el caso de las mujeres se demuestra la inexistencia de un régimen penitenciario puesto que los gobiernos liberales prolongaron las condiciones de aislamiento y control femenino con criterios de antiguo régimen en sitios con una disciplina basada en la realización de servicio doméstico. Al final del estudio se exponen los criterios para la propuesta de la Colonia Agrícola Penal como nuevo modelo penitenciario.

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El objetivo de este trabajo es analizar desde una perspectiva neo institucional la configuración del departamento del Valle en calidad de región político administrativa en el período 1910-1948. Para alcanzar este propósito, nos concentramos en el estudio de las instituciones o reglas de juego impulsadas, defendidas y promulgadas por la figura del gobernador en calidad de funcionario público y primera autoridad de los vallunos o valle-caucanos. Las fuentes centrales son los Informes anuales del Gobernador antes los miembros de la Asamblea departamental, libros de viajeros y algunos de los periódicos de circulación local y regional en las primeras décadas del siglo XX. Para desarrollar este objetico hemos divido el trabajo en dos partes; en la primera, −integrada por tres capítulos− nos distanciamos de las explicaciones actuales referentes a la creación del departamento del Valle y proponemos una nueva interpretación, centrada en el descontento de las municipalidades ubicadas en el valle geográfico del río Cauca ―Cali, Buga, Palmira, entre otras− por las reglas de juego promulgadas desde Popayán para reinvertir los recaudos fiscales provenientes de sus rentas. De igual forma, con base en la noción de path dependence estudiamos las herencias coloniales y decimonónicas que tuvieron que enfrentar los gobernadores vallunos para poder configurar la nueva región política administrativa. Nos referimos a la inestabilidad del orden político, a la ausencia de vías y sistemas de comunicación y a los métodos tradicionales en la producción agropecuaria. En la segunda parte ―integrada por tres capítulos y las conclusiones− analizamos las instituciones impulsadas por el gobernador del departamento del Valle para consolidar la nueva región político administrativa, propósito que únicamente era posible si superaban los path dependence o herencias coloniales y decimonónicas. El estudio se focaliza en las reglas de juego impulsadas por la primera autoridad de los vallunos para: 1). Alcanzar paz política o paz pública, en calidad de factor determinante en el mantenimiento del orden social; 2). Estimular la apertura y construcción de vías de comunicación y obras de infraestructura; 3). Modernizar los métodos de producción agropecuaria. Finalmente, en las conclusiones señalamos algunas problemáticas que se deben abordar en las futuras investigaciones y de esta manera darle continuidad a la propuesta analítica desarrollada en este trabajo.

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El posicionamiento de la Constitución, como centro irradiador del Derecho en un Estado, representa para la Administración Pública la transición de la legalidad hacia el principio de juridicidad, la incorporación de nuevas fuentes del Derecho, y la necesidad de la aplicación no solo del método de subsunción normativa sino de otras herramientas de la hermenéutica jurídica. Sin embargo, este proceso de transformación no puede significar una vulneración a la legalidad en las actuaciones del poder público, ya que en un Estado Constitucional (de derechos y justicia) con un sistema presidencial, la interdicción a la arbitrariedad se vuelve indispensable frente a la vulneración de los derechos fundamentales que, en la mayoría de ocasiones, se confirma en la sede administrativa sin que su conocimiento alcance la fase jurisdiccional. En una posición crítica frente a las normas legales y reglamentarias, las aplicaciones constitucionales se materializan desde el principio de jerarquía normativa a través del método de subsunción; pero aún más, frente a los errores o en ausencia de ley, se concreta en la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías a través de métodos argumentativos, con mayor incidencia de una posición crítica de la norma, y el ejercicio de la potestad discrecional para determinar la opción jurídica más legítima. La práctica administrativa demuestra un gran distanciamiento de la aplicación directa de la Constitución, pues es constante el respaldo en la mera legalidad que somete a la Constitución a operar bajo lineamientos de la hermenéutica legal; sin embargo, la constitucionalización del ordenamiento jurídico debe ir más allá e innovar el ejercicio de la función administrativa y de la jurisdicción contencioso administrativa como una nueva visión del propio Derecho Administrativo.

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Analiza la política migratoria distante de la Constitución evidenciada en: medidas restrictivas de personas inmigrantes; ausencia de datos certeros sobre la población de otras nacionalidades; nuevos requisitos para el otorgamiento de visados; incremento de deportaciones; medidas que afectan el ejercicio del derecho al refugio incluyendo cancelaciones del estatuto de refugiados; limitaciones para el ejercicio de derechos e insuficiente respuesta institucional para combatir el tráfico y la trata de personas. Plantea adecuar la legislación a la constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos y procesos de regularización.

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Analiza la limitada vigencia de los derechos de las mujeres, expresada en un precario desarrollo normativo; ausencia de institucionalidad de género; ínfimo presupuesto cuantificado con indicadores de inversión en equidad de género; naturalización de la violencia contra las mujeres a través de la prensa, ausencia de políticas frente al feminicidio; violencia estatal ejercida contra las comunidades que resisten los proyectos mineros y/o de generación de energía que tiene a las mujeres como sus principales víctimas; emisión de políticas públicas desconocedoras de las condiciones estructurales de la violencia, racismo, discriminación y desigualdad.