1000 resultados para UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR. DOCTORADO EN SALUD COLECTIVA, AMBIENTE Y SALUD


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De 1997 a 2005 tres presidentes ecuatorianos democráticamente elegidos fueron removidos de sus cargos. En ninguno de los tres casos se observó el procedimiento formal –juicio político– constitucionalmente establecido; por el contrario, las destituciones presidenciales involucraron a un conjunto de actores sociales, políticos y militares; las crisis fueron consecuencia de una serie de escándalos públicos; estuvieron seguidas de movilizaciones populares que condujeron a la destitución presidencial por parte del Congreso, y, en todos los casos, las Fuerzas Armadas cumplieron el papel de árbitro. Las semejanzas en el comportamiento y expectativas de los diversos actores dan cuenta del surgimiento de la destitución presidencial como institución política informal, con su propia lógica, normas y reglas. A partir del marco conceptual del institucionalismo histórico, este estudio establece los orígenes de la inestabilidad presidencial en el Ecuador; en su parte central, analiza la innovación institucional implícita en el surgimiento de un patrón de destitución presidencial, e identifica algu - nos factores que permiten diferenciar el caso ecuatoriano de otros observados en la región. En suma, la obra analiza los desempeños de la democracia en el Ecuador, deteniéndose en las brechas existentes en tre los arreglos institucionales formales y los de carácter informal, lo que en definitiva permite una cabal comprensión del proceso político ecuatoriano.

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El poder tributario, como capacidad jurídica del Estado para imponer tributos y como expresión genuina de su soberanía, tiene nuevas implicaciones que surgen del reconocimiento constitucional de este atributo en otras instancias distintas al poder legislativo. En esta obra se analiza la potestad tributaria normativa, al desarrollo doctrinario y su alcance en el marco de la Constitución de la República del Ecuador, que conduce imperativamente al tratamientodel principio de reserva de ley y su incidencia en el aspecto tributario municipal, ámbito en torno al cual se pretende verificar si la normatividad plasmada en la Ley Orgánica de R´pegimen Municipal revela desbordamiento en el ejercicio de esta prerrogativa constitucionalmente reconocida a los consejos municipales.

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Revisa la prensa impresa de los diarios El Comercio y El Universo, con una muestra de 3.400 noticias publicadas que fueron ubicadas según los bloques constitucionales de derechos: buen vivir, grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades, participación, libertades, naturaleza y protección. También se considera otras variables que permiten caracterizar en forma general la situación. Revisión electrónica de tres periódicos Hoy, El Universo y El Ciudadano, con un total de 1.744 noticias, entre enero y octubre del año 2010, empleando el procedimiento de descriptores. Además, estas revisiones permiten ubicar algunos elementos del tratamiento que da la prensa a los temas de derechos humanos, en sus versiones impresa y virtual.

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En este artículo se busca analizar los avances constitucionales, los límites prácticos y los retos que nos plantea la administración de justicia indígena en el Ecuador, a partir de un caso concreto producido en la comunidad La Cocha, de la provincia de Cotopaxi, en mayo de 2010. Se plantea el tema referido porque la administración de justicia indígena se ha convertido en un tema polémico y controvertido, pues aún aparecen muy arraigados en la sociedad los referentes etnocéntricos y coloniales. Esas visiones se reflejan en los pronunciamientos de los diferentes representantes de las principales instituciones del Estado, quienes confunden la administración de justicia indígena con el linchamiento y la justicia por mano propia.

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Se describe la situación del derecho a la vida en Ecuador durante el último año; su marco normativo, frente al incremento de violaciones del derecho a la vida, como las ejecuciones extrajudiciales y el contexto en el que ocurren; la falta de investigación, que genera la impunidad en la mayoría de los casos, y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran aquellas personas que denuncian estos atropellos. También se hace referencia a las recomendaciones sobre ejecuciones extrajudiciales realizadas al Estado ecuatoriano por el Relator Especial, en su visita al Ecuador el pasado mes de julio de 2010.

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La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que se debió hacerlo en octubre de 2009, es un tema pendiente aún en 2010. Esta ley deberá dar mayores atribuciones a la autoridad única del agua para que se consolide como entidad rectora; la misma que, según las propuestas de organizaciones sociales, deberá estar compuesta por un consejo plurinacional e intercultural que tenga poder de decisión sobre las políticas nacionales. De esta manera, la participación efectiva de personas, comunidades, nacionalidades y pueblos estaría garantizada, y con ello se aseguraría el derecho al agua, a la limentación y el ejercicio del derecho a la salud.

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En el mes de noviembre, se emitieron las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, donde se hace un fuerte llamado de atención al Estado ecuatoriano para que rectifique sus políticas inmigratorias a fin de que se adecuen al marco constitucional y a la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de la cual el Ecuador es parte. Estas recomendaciones deben ser asumidas por el Estado ecuatoriano y exigidas desde las instancias correspondientes y por las personas en movilidad a quienes se les están vulnerando sus derechos.

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La compilación forma parte de la cátedra y proyecto “Estudios de la Diáspora Afro-Andina. Construcción de identidades afros en Ecuador y Colombia: procesos sociales, políticos y epistémicos”, financiado por el Convenio Andrés Bello. Tomando la “diáspora” como marco y perspectiva, se promueve una consideración crítica sobre lo afro y sus nuevas conceptualizaciones tanto en las Américas como en la región andina, con enfoque particular en el Ecuador y Colombia, para estudiar y comprender las nuevas construcciones de identidades afros y los procesos sociales, políticos y epistémicos asociados con ellas. La bibliografía pretende ofrecer una contribución a estos procesos.

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El Estado ecuatoriano, a través de sus entidades competentes ha iniciado procesos de contratación a Microempresas para la ejecución de la obra pública. Ciertamente que mucho se ha dicho de las Microempresas, como su importancia en la actividad económica, la comercialización, su organización y otros aspectos, no obstante, muy poco se ha dicho sobre la incursión de las Microempresas en la actividad estatal. Con el fin de evitar que las carreteras rehabilitadas o reconstruidas se expongan nuevamente a un proceso acelerado de deterioro por falta de atención e intervención oportunas en cuanto a mantenimiento rutinario, se ha decidido crear e implementar un nuevo sistema para atender adecuadamente la conservación rutinaria de la Red Vial Estatal, empleando MICROEMPRESAS para la ejecución de las actividades que utilicen mano de obra de la localidad, que se responsabilice de la gestión, para que las carreteras alcancen niveles satisfactorios en su operación. De esta manera se espera lograr el cuidado efectivo del valioso patrimonio vial construido durante varias generaciones. Desde el punto de vista social, contribuye a la generación de empleo en las distintas regiones del País y como consecuencia, una herramienta importante para potenciar el desarrollo comunitario. El propósito de esta investigación es determinar el respaldo jurídico con el que las microempresas deben contar para el desarrollo de sus actividades a ejecutarse mediante contrato con entidades del Sector Público. A la vez podrán resolverse y aclararse varias interrogantes con relación a este tipo de contrataciones.

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El presente trabajo de investigación realiza un análisis comparativo de la institución jurídica del amparo constitucional en los países de la Comunidad Andina de Naciones, tocando los temas que más debate originan de esta garantía constitucional, para lograr tener una noción del grado de desarrollo y peculiaridades que ha adquirido el amparo, en los países de la sub - región, identificando en cada aspecto analizado, las diferencias y semejanzas, que la Constitución y legislación de cada país, han configurado. Para conseguir este propósito, se desarrollaron tres capítulos, en los que el trabajo se encuentra conformado. La introducción hace referencia a los alcances del trabajo y contiene la pregunta central, que dirige la investigación. El Capítulo I, hace una referencia a las garantías constitucionales, para posteriormente revisar algunos antecedentes básicos del amparo constitucional, mencionando la normativa internacional vigente que reconoce a esta garantía como un derecho. Finalmente, estudiar la naturaleza jurídica de esta institución y las características especificas, que adquiere en cada país miembro de la CAN. El Capítulo II, está dedicado a la procedencia del recurso de amparo constitucional, revisando los distintos modelos de protección a los derechos fundamentales que existen, para luego aterrizar en el modelo que adopta cada país de la subregión andina, en torno a qué derechos son tutelados por el amparo. Posteriormente, se analizan la procedencia del amparo contra actos normativos o normas jurídicas, resoluciones judiciales y contra particulares. Mencionando las similitudes y diferencias en cada aspecto. Finalmente, en el Capítulo III se analiza dos aspectos importantes, por un lado los órganos competentes para conocer el amparo constitucional en cada país de la CAN; por otro lado, los efectos que tienen las resoluciones que resuelven el amparo. En ese contexto, se trató de realizar un estudio de algunos de los temas más interesantes y controversiales del amparo, y comprender la aproximación que hacen a cada aspecto los diferentes países de la CAN, para lo cual fue de vital importancia el estudio de la jurisprudencia emanada de los máximos órganos de control de la constitucionalidad de cada país.

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Luego de la crisis económico-financiera que atravesó el país en 1998 y 1999, la supervisión bancaria ha trabajado en el fortalecimiento de su rol de control sobre el sistema financiero. Sin embargo, en la actualidad se carece de herramientas que permitan identificar señales tempranas de deterioro de las entidades, evaluando no sólo su desempeño individual, sino el efecto de las condiciones del entorno en las mismas. El presente documento tiene como objetivo principal evaluar el comportamiento y desempeño de las IFI bajo las condiciones actuales, a fin de determinar si existen características similares a las del periodo previo a la crisis bancaria de 1998, que determinen la existencia de señales preocupantes de deterioro en su estructura financiera y en la evolución de sus principales indicadores. Para ello, la investigación incluye, en primera instancia, la revisión bibliográfica de los conceptos y metodologías más importantes referentes al tema. En el segundo capítulo se realiza una breve descripción de las condiciones macroeconómicas y específicas del sistema financiero, que perfilaron al Ecuador en el período pre-crisis y durante la misma, esto con el objeto de comprender los determinantes del deterioro del sistema. Posteriormente, en el acápite tercero, se analiza la estructura del sistema de bancos en el período 2003-2010, así como las condiciones que presenta tanto el entorno macroeconómico nacional como del exterior, y las perspectivas de corto y mediano plazo. En el capítulo IV, se estructura la metodología utilizada -un modelo logit multivariante con datos de panel- para identificar las variables e indicadores que explican de mejor manera la crisis de 1998-1999, los mismos que, por su importancia, podrían constituirse en indicadores de alerta dentro de una herramienta de seguimiento. Finalmente, en el capítulo V, se evalúa el modelo estimado en el período 2003- 2010, determinando la presencia de señales de alarma en el sistema de bancos privados en la actualidad, así como estableciendo comparaciones entre ambos períodos sobre las variables e indicadores identificados.

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El presente trabajo se desarrolla a partir de la inquietud que surge sobre las leyes tributarias de Bolivia y Ecuador, es decir, si contienen determinaciones sobre la devolución del IVA a los exportadores que integren y respeten la cláusula de no discriminación y el principio de neutralidad fiscal. A tal efecto se trabaja ssobre los siguientes objetivos: comparar el régimen jurídico tributario boliviano y ecuatoriano sobre la restitución del IVA a los exportadores, a través del análisis de las normativas pertinentes; así como analizar la existencia y respeto de la cláusula de no discriminación y el principio de neutralidad fiscal en los sistemas tributarios de Bolivia y Ecuador. Objetivos que se cumplieron al analizar las normativas pertinentes, además de tomar en cuenta las Decisiones de la Comunidad Andina (CAN), bajo las cuales los sistemas jurídicos tributarios de los países en cuestión se han desarrollado y adaptado. La cláusula de no discriminación fiscal y el principio de neutralidad han sido analizados desde el punto de vista doctrinal, así como también su aplicabilidad en diversos modelos de convenio, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos (OCDE) y Organización de Naciones Unidas (ONU). Finalmente, y como resultado del análisis de normas legales, Decisiones comunitarias, doctrina y opinión de diversos autores, es que se elaboran las conclusiones y recomendaciones.

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La investigación va encaminada a determinar el papel que juega el Impuesto al Valor Agregado en la recaudación fiscal en el Ecuador; las razones por las cuales la imposición indirecta, en este caso el IVA, es más representativa a nivel recaudatorio estableciendo si esta situación se presenta por negligencia y/o incapacidad de la Administración Tributaria; establecer la tendencia impositiva en el Ecuador y países de la Comunidad Andina de Naciones. Otro tema a analizar es la relación de participación del Impuesto al Valor Agregado frente a la recaudación tributaria en el Ecuador, adicionalmente está el evaluar y comprender las circunstancias que llevaron al país a implementar el Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador, identificar las tendencias tributarias en lo que concierne al I.V.A., comparar analíticamente las recaudaciones generadas en la Comunidad Andina y conocer la verdadera incidencia del impuesto en el ámbito tributario ecuatoriano. La investigación se desarrollará en un ambiente nacional e internacional, ya que se buscará identificar sistemas, similares o parecidos, que en otras administraciones tributarias latinoamericanas o fuera de la zona, se estén aplicando; a manera de Derecho Comparado.

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El modelo económico y de mercado de las Constituciones de 1978 y 1998, la adopción de una moneda fuerte como el dólar, los procesos aperturistas y de globalización de los mercados y de la propia economía, pero sobre todo la instauración de una “nueva” Asamblea Constituyente, han provocado una revolución frente al sistema económico y de mercado que debe ser incorporado en la nueva “Constitución Económica Ecuatoriana”, nos obliga a definir de manera clara y precisa cual debe ser el papel del Estado frente al mercado, los agentes económicos y sobre todo los consumidores, a través de la respectiva política económica. La situación micro y macroeconómica en relación con el modelo económico y de mercado que ha sido escogido y establecido a nivel constitucional no han sido desarrolladas, reguladas, ni controladas adecuadamente –a través de la ley secundaria respectiva- para hacer frente a las múltiples fallas del mercado. Todo esto con la finalidad de poder dotar de un verdadero instrumento que permita diseñar una auténtica y efectiva política económica estructural –en especial de una política de competencia-, dirigida a lograr que la economía del Ecuador se situé en la senda de un verdadero crecimiento, duradero –sustentable-, competitivo, no inflacionario, generador de empleo, distributivo y no discriminatorio a favor del interés económico general. La realidad de nuestro mercado y economía, hace que resaltemos aún más que, la eficacia de la política de competencia, no depende sólo de su capacidad para encuadrar determinadas conductas como infracciones y resolver determinados problemas de eficiencia a través de correctivos estructurales o de conducta. Sino también tiene que ver con la posibilidad de generar un ordenamiento jurídico que sea aceptado y respetado por todos los agentes económicos, y de contar con Instituciones de control fuertes –autónomas e independientes- capaces de aplicar dicho ordenamiento y que todo esto se sustente en el marco de nuestra constitución económica. Para esto debemos establecer normas de competencia modernas, eficientes, legítimas y eficaces para el Ecuador. Ese es el propósito de este trabajo, el cual pretende recoger información sobre la experiencia internacional para ser tomados en cuenta al momento de su elaboración. Para finalizar, debemos manifestar que asumimos que la Asamblea Constituyente dejará claramente establecido como parte de los derechos fundamentales, el derecho de la competencia, como parte de la política económica y social de nuestro país.

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Ecuador está a las puertas de la minería a gran escala, después de seis años de una fase de exploración intensa. Sin haber empezado la etapa de explotación, se han creado varios conflictos socioambientales alrededor de los recursos naturales, entre la sociedad civil, el gobierno y las empresas transnacionales. En este ensayo examinaré dos casos de estudio en detalle. Son los proyectos más cercanos de la fase de exploración y los que han creado mayores conflictos socioambientales alrededor de ellos: 1) El caso de Quimsacocha, es un proyecto minero que busca explotar un yacimiento de oro a través de una mina a nivel subterráneo por parte de la empresa canadiense IAMGOLD, en el páramo, de la Provincia del Azuay. 2) El caso de “El Mirador”, una propuesta de explotación de un yacimiento de cobre, a cielo abierto, de la empresa canadiense “Corriente Resources”, en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con el Perú. Este ensayo analiza ambos casos dentro del marco teórico de los conflictos socioambientales, y pregunta si los programas de responsabilidad social corporativos de las empresas mineras son suficientes para reducir los conflictos entre la sociedad civil y las empresas transnacionales por el control de recursos naturales, o si es necesaria una fuerte presencia del gobierno nacional.