41 resultados para Solución de conflictos -Véase- ARREGLO DE CONTROVERSIAS
Resumo:
La presente investigacin desarrolla un estudio terico descriptivo de la concesin de servicio pblico aeroportuario, dentro del marco analtico especfico del ordenamiento positivo ecuatoriano, apoyado en la doctrina nacional e internacional especializada y en actuaciones emitidas por organismos pblicos, con el objeto de demostrar que la concesin de servicios pblicos es una herramienta eficaz, que permite al Estado cumplir su finalidad esencial, al viabilizar la prestacin de servicios pblicos en forma indirecta, por medio de terceros, en mbitos como el aeroportuario, en circunstancias en que el Estado no cuenta con los recursos econmicos suficientes para su implementacin y desarrollo, generando adems fuentes de empleo. El estudio busca demostrar adems, que la limitacin que impone la Constitucin de 2008 para delegar a la iniciativa privada la gestin de los servicios pblicos, inspirada en razones ideolgicas, supone un obstculo a la inversin privada, que impide la ptima utilizacin de esta herramienta que ofrece el Derecho Administrativo, para que el Estado ponga a disposicin de la comunidad y de los usuarios servicios pblicos eficientes y de calidad a precios razonables; y, que para minimizar el impacto negativo de dicha restriccin, es indispensable expedir una ley, en el contexto de excepcionalidad previsto en la Carta Fundamental, que regule detalladamente las concesiones de servicios y obras pblicas.
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La evolucin de la sociedad ha determinado nuevos mecanismos para la solución de conflictos entre los individuos, este proceso ha tenido un fuerte impulso en el Ecuador, a partir que en el Art. 191, inciso 3, de la Constitucin Poltica de la Repblica del Ecuador, se reconoce al arbitraje, la mediacin y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, la expedicin de la Ley de Arbitraje y Mediacin y una participacin cada vez ms activa de organismos como la Cmara de Comercio de Quito. El propsito de esta Tesis, es en primer lugar establecer el sustento legal de la Mediacin como mecanismo alternativo en la solución de conflictos; si bien la mediacin garantiza su xito o fracaso en la voluntad de las partes, es importante la vinculacin que tiene con las otras normas legales del pas, con el objetivo final de conocer que modificaciones importantes se requiere para impulsar su debida utilizacin. As como es importante conocer como este mecanismo tiene su reglamentacin en cada uno de los rganos establecidos, sea la Defensora del Pueblo, la Cmara de Comercio de Quito, el Centro de Mediacin Judicial de Quito, la Procuradura General del Estado, y el Centro de Mediacin del Colegio de Abogados de Pichincha. El objetivo de esta Tesis es tratar de proponer mecanismos que impulsen la Mediacin, como un proceso idneo para la solución de conflictos, vinculado siempre a la legislacin existente y verificar las posibilidades de mediacin en el mbito del sector privado y pblico. En este contexto se hace una revisin del proceso en los distintos rganos de mediacin a travs de una pequea evaluacin de los logros obtenidos y se profundiza en el anlisis de casos en el sector pblico en los cuales se confirma que los procesos de mediacin no pueden oponerse a la legislacin general vigente para la administracin de los recursos pblicos.
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Este trabajo tratar sobre el marco jurdico que rige la solución de conflictos de los contratos de concesin a partir de la expedicin de la Ley de Modernizacin del Estado, la misma que trajo algunas innovaciones en materia de contratos administrativos. Analizaremos brevemente el proceso de modernizacin del Estado Ecuatoriano que avanza lentamente desde el ao de 1993. Normas constitucionales, legales y reglamentarias, as como comentarios de valiosos tratadistas ecuatorianos sobre la modernizacin del estado ecuatoriano. Vamos a analizar el Contrato de Concesin desde la perspectiva doctrinal y legal, ya que es el contrato que ms ha sido utilizado por el Estado ecuatoriano en los procesos de modernizacin, para la prestacin de servicios pblicos. En el desarrollo de este trabajo no se analizar el proceso de concesiones en materia petrolera, minera, telefnica o de cualquier otra ndole de una manera especfica. No es el objetivo de este trabajo entrar en detalle sobre stas materias complejas, sujetas a un rgimen jurdico propio. En cuanto a los conflictos que se han presentado, hay que analizar cules son los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislacin nacional, que generalmente han sido jurisdiccionales, existiendo una serie de cambios de la competencia para conocer de estos procesos entre las Cortes Superiores y los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, existe una reciente prctica para la solución no jurisdiccional de los conflictos de estos contratos, donde podemos destacar a la Mediacin y a Arbitraje, que tienen su base normativa tanto en la Constitucin como en la Ley especial de la materia, por lo que este trabajo analizar tambin la aplicabilidad de estos procedimientos para la solución de conflictos.
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El artculo analiza con detalle la procedencia del arbitraje y otros medios alternativos de solución de controversias en materia tributaria, comenta el desarrollo que han tenido los medios alternativos de solución de controversias en materia tributaria en el Ecuador, trata sobre el arbitraje tributario en el mbito interno de los estados, defendiendo su procedencia frente a los principios de legalidad y de indisponibilidad de la obligacin tributaria, as como respecto del principio de exclusividad de jurisdiccin, estudia el arbitraje tributario internacional, con nfasis en el contemplado en los convenios para evitar la doble imposicin y en el previsto para disputas derivadas de la utilizacin de precios de transferencia, y, finalmente, se refiere a la procedencia del arbitraje en el caso propuesto en el Ecuador por las empresas petroleras para la devolucin del IVA.
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En esta investigacin, se realiza un anlisis cualitativo del proceso de evolucin del Derecho del Mar, aplicacin y limitaciones, hasta llegar a su institucionalizacin en el ao de 1982, en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho el Mar, donde se concreta una codificacin con carcter normativo sobre temas del mar, llamada Convencin sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que entra en plena vigencia en 1994. Esta se convierte, en definitiva, en la nueva era del Derecho el Mar acogida por gran parte de los pases ribereos y no ribereos alrededor del mundo. Partiendo de este marco normativo institucional, es de vital importancia el anlisis de las implicaciones de la posible adhesin del Ecuador a la Convencin de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, UNCLOS por sus siglas en ingls), y a los impactos que tendra la misma sobre la soberana y delimitacin de los espacios martimos, as como el uso, goce y disposicin de los recursos vivos o no vivos que se encuentran tanto en las columnas de agua, donde tiene jurisdiccin el pas ribereo, como en el lecho y subsuelo marino. De igual manera se abordar la situacin de las Islas Galpagos, y la incidencia, en temas jurisdiccionales, ambientales y de reconocimiento, de la posible membreca del Ecuador a la CONVEMAR. Por ltimo, se analizar la situacin de delimitacin fronteriza martima del Ecuador con sus pases vecinos, poniendo especial nfasis en la problemtica frontera sur y la posicin del Per respecto a la misma. Se abordar tambin, el anlisis de los posibles impactos sobre el Ecuador, de la resolución que emita la Corte internacional de la Haya, respecto al diferendo de delimitacin martima entre Chile y Per. Y finalmente se analizar, de manera prospectiva, la posible solución de este problema en el marco de los entes jurisdiccionales de la CONVEMAR.
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Este artculo se centra en el papel de UNASUR frente a las diversas crisis nacionales e internacionales que ha vivido Suramrica desde 2008. Igualmente, analiza su accionar en dos casos concretos: Ecuador en 2010 y Paraguay en 2012, que son ejemplos extremos de la vulnerabilidad institucional prevaleciente en la regin. Se evidencia, adems, que el proceso de resolución de conflictos es un tema frgil en la agenda poltica e institucional de UNASUR que se vincula, sobre todo, con la defensa de la democracia y el mantenimiento de la paz, factores importantes para los Estados.
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El arbitraje internacional para resolver disputas sobre inversiones est estrechamente vinculado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en materia de Inversiones (CIADI), porque por un lado el arbitraje es el mecanismo de solución de conflictos normalmente utilizado en materia de inversiones y por otro el foro generalmente elegido es el CIADI. En los ltimos aos, varios pases latinoamericanos, han cuestionado a dicho Centro al punto de que -como evidencia de su rechazo- su convenio constitutivo ha sido denunciado primero por Bolivia y recientemente por Ecuador. En este trabajo de investigacin se analizan las falencias ms graves entorno al CIADI, para ello se identifican los principios y las reglas1 utilizadas por los tribunales conformados al amparo del Centro. Tambin se revisan los procedimientos usados por el CIADI y otras crticas relevantes que dan cuenta de sus problemas. No obstante, pudimos verificar que las inconformidades con las resoluciones del CIADI -quizs las ms profundas- nacen de la estructura actual de los Tratados Bilaterales de Proteccin y Promocin Recproca a las Inversiones y su concepcin. Todo ello permiti, finalmente, proponer los criterios que podran orientar la construccin de un sistema de solución de controversias, en materia de inversiones, que perfeccione el mecanismo utilizado por el CIADI. Esta tesis contiene tres captulos, el primero sobre la inversin extranjera y el arbitraje internacional; el segundo contiene el balance del CIADI; y el tercero lo conforman las conclusiones, es decir los criterios para la construccin de un sistema de solución de controversias en materia de inversiones que perfeccione el mecanismo aplicado por el CIADI.
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El presente trabajo se realiz con el objeto de invest1igar si en el sector de Telecomunicaciones en el Ecuador, procede recurrir a la Mediacin y al Arbitraje, como mecanismos alternativos para la solución de controversias, y determinar si en esta materia, seguimos acudiendo a la Justicia Ordinaria, que ha sufrido una profunda crisis, que entre otras causas, por la sobrecarga procesal, por la litigiosidad, han hecho que la Justicia se convierta en un trmite lento y engorroso. La presencia del Arbitraje y la Mediacin como mecanismos alternativos para la solución de controversias en el mbito comercial, tanto nacional como internacional en el que sin duda se encuentran las telecomunicaciones, en la actualidad ha cobrado gran importancia, ya que la agilidad con la que se mueven los negocios y la misma globalizacin han estrechado las relaciones entre individuos y Estados, acortando distancias. Por lo que cada vez se ha visto incrementado el sistema arbitral para resolver conflictos jurdicos que surgen de las relaciones comerciales, ya sea a nivel nacional como en el resto de pases andinos y en general a nivel mundial, y encontrar en el Arbitraje el andamiaje legal apropiado para que este sistema sea gil y oportuno, sobre todo en la fase inicial, es decir en la Mediacin, se pueden llegar a acuerdos satisfactorios para las dos partes. Se parti de los conceptos de Arbitraje y Mediacin, la consagracin en la Constitucin de la Repblica del Ecuador y el estudio de las diferentes corrientes que demuestran su existencia legal, se confirm que es un proceso jurdico convencional y oneroso, tramitado, desarrollado y resuelto por particulares, que surge a partir de la suscripcin de contrato, en el cual debe constar una clusula arbitral, en la que las partes de comn acuerdo establecen que en caso de controversia actual o futura, sta debe ser sometida al conocimiento de un tercero llamado rbitro. Se estableci que el Arbitraje y la Mediacin son los mecanismos idneos para la solución de controversias en el sector de las Telecomunicaciones, pero que a pesar de sus caractersticas, por ser de reciente aplicacin, no se tiene la suficiente experiencia en el pas. De igual manera que, a pesar de ser la Ley de Arbitraje y Mediacin ecuatoriana, un cuerpo legal nuevo que contiene artculos innovadores, le falta definicin en la ejecucin, lo que no ha permitido que los laudos arbitrales en el pas tengan la efectividad deseada, puesto que no son de ejecucin inmediata y necesariamente se debe recurrir a la justicia ordinaria que es en donde ms tropiezos se ha encontrado.
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La liberalizacin del comercio de bienes es un medio que establece la CAN para alcanzar sus objetivos de integracin an ms ambiciosos, para lo cual ha estructurado un sistema supranacional con un rgano de tipo jurisdiccional independiente que solucione las controversias que surjan del Acuerdo. En la OMC su mecanismo de solución de diferencias se compone de elementos propios de la investigacin internacional y de la conciliacin, as como de ciertos procedimientos contenciosos. En ambos casos, la liberalizacin comercial tiene semejanzas, como su fin ltimo de mejorar el nivel de vida de la poblacin, y diferencias como el tipo de normativa que sustenta cada caso: Derecho Comunitario o Derecho Internacional. Ese marco institucional y normativo en el que se encuentra cada mecanismo analizado, permite que se haga un acercamiento de los objetivos de cada uno, que en definitiva se circunscriben a que la normativa que los respalda sea cumplida y de este modo se puedan alcanzar los objetivos del Acuerdo. Por ello, en el presente estudio se hace un anlisis detallado y novedoso sobre aspectos puntuales de cada mecanismo, como su estructura, conformacin, financiamiento, los legitimados para intervenir ante ellos, los procedimientos y plazos establecidos que incluyen recuadros ilustrativos sobre el tiempo que debera tomar una controversia, los tipos de decisiones que adopta cada rgano, los recursos que procede ante cada decisin, su fuerza vinculante y exigibilidad. Tras breves pero claras reflexiones sobre la necesidad de que una norma sea efectiva para que pueda ser eficaz, y slo de este modo sea posible valorar su eficiencia, se llega a afirmar que no ser por un excelente o mal mecanismo de solución de controversias que las normas sobre libre comercio sern reconocidas por los Estados parte, y por ende se cumplan sus objetivos. Sobre esa base se realiza un estudio detenido de la estadstica que reflejan las causas tramitadas ante el TJCA y el OSD, a fin de valorar el nivel de actividad de cada uno, los tiempos promedios que tarda cada mecanismo en resolver las causas, y lo eficiente o no de cada etapa en que se lleva a cabo el procedimiento para solucionar la diferencia. Tambin se analizan los costos promedios para acudir ante cada mecanismo, la relacin porcentual entre los aportes de los pases y su grado de intervencin, para demostrar, por ejemplo, que habra ms eficiencia si los pases que contribuyen con financiarlos actan de buena fe frente a la normativa correspondiente. Tambin se valora la calidad e importancia de las decisiones y pronunciamientos emitidos por el TJCA y el OSD, a fin de medir sus costos polticos y sociales. De este modo podemos extraer criterios que miran al fiel cumplimiento de la norma como nica solución a los conflictos que se presentan, y otros que buscan restablecer la reciprocidad de intereses potencialmente afectada ante lo cual slo caben acuerdos polticos. Ello permite concluir que si la liberalizacin comercial viene a ser un elemento para alcanzar un grado de integracin que trascienda el libre flujo de bienes entre dos o ms pases, es oportuno adoptar un autntico mecanismo de tipo jurisdiccional de solución de controversias. Si el acuerdo comercial no persigue ese tipo de integracin, se deberan prever mecanismos de solución de controversias que busquen alcanzar cierta equidad entre lo preceptuado en la norma y las necesidades comerciales del momento y caso concretos.
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En un escenario internacional marcado por la globalizacin y los desafos que plantea surge el regionalismo posliberal como una nueva tendencia integracionista que pretende ir ms all de una integracin econmica comercial, ampliando su agenda a temas sociales, ambientales, culturales y con predominio en el mbito poltico. En este contexto, nace la Unin de Naciones Suramericanas como un esquema alternativo, propulsor de una nueva historia para la regin, con ambiciosos objetivos que requieren una estructura institucional slida y un sistema normativo que otorgue seguridad jurdica para su consecucin. Es evidente que en los bloques de integracin, independientemente del tipo de esquema que se trate, pueden surgir diversos conflictos de orden jurdico. En este entendido, el sistema de solución de controversias es fundamental para mantener con xito el equilibrio institucional y en consecuencia alcanzar los objetivos que se plantean. De esta manera, el objeto de la presente investigacin es establecer los elementos base para la construccin de un slido y efectivo sistema de solución de controversias, que sea coherente con la naturaleza y los objetivos de UNASUR. Para tal fin, se considera que el grado de profundidad de un proceso de integracin define la configuracin de su sistema de solución de controversias, pues se entiende que mientras ms profunda sea la integracin, los Estados Parte comprometen ms atribuciones que demandan mayor estabilidad y seguridad jurdica del esquema. Asimismo, se toman en cuenta algunos elementos de los sistemas de solución de controversias vigentes en los principales procesos de integracin latinoamericanos.
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Esta Tesis tiene como objetivo fundamental poner en conocimiento de la comunidad acadmica la figura jurdico contractual denominada de manera genrica cmo Dispute Board consiste en un panel de expertos conformados por la voluntad de las partes que celebran un Contrato. El Dispute Board cumple con el rol de ser un organismo tcnico independiente que conoce y resuelve los conflictos de las partes y brinda asistencia informal en los temas de su experticia y su aplicacin en el campo de la ingeniera que lo han utilizado como herramienta efectiva a las necesidades urgentes que se les presentan en grandes obras de infraestructura provienen precisamente de prstamos internacionales que viabilizan la ejecucin de estos mega proyectos. Para el desarrollo de esta investigacin se utiliz el paradigma jurdico del Jusmarxismo y el Jussociologismo o Realismo Europeo. Las fuentes de investigacin han sido obtenidas de fuentes publicadas bibliogrficas, de publicaciones, normativa, Contrato EPC, de Internet y de la experiencia profesional sobre este mecanismo de solución de controversias. El alcance del trabajo es determinar la naturaleza jurdica del Dispute Board y todos los factores generales involucrados para su funcionamiento, el anlisis del primer contrato ecuatoriano que aplico este mecanismo, las normas jurdicas aplicables y cules son los principios constitucionales y procesales aplicables. Se colige que este mecanismo de solución de controversias contractual requiere de normativa especfica para su aplicacin en el mbito de derecho pblico y ese debe analizar la juridicidad de la aplicacin de las Determinaciones que emite el Dispute Board y en el derecho privado basta con la autonoma de la voluntad de partes contractuales.
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Esta investigacin tiene por objeto determinar, en el mbito de la Comunidad Andina, si y en qu medida el rgimen normativo de solución de las controversias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los Estados Miembros incide, positiva o negativamente, en el nivel de efectividad de la tutela comunitaria. Se postula, a ttulo de hiptesis, la existencia, en el rgimen normativo de la Comunidad, de elementos que repercuten negativamente en el nivel de efectividad de la tutela. Se estudian a este propsito tres cuestiones principales: la del incumplimiento en s, para precisar en qu consiste y describir las acciones y omisiones de los Estados Miembros que lo han causado; la del mecanismo comunitario de solución de las controversias por incumplimiento de los Estados, para identificar los procedimientos que lo integran y dar cuenta de su disciplina normativa; y la de la efectividad del mecanismo comunitario, para establecer, en el caso de las controversias por incumplimiento, en qu consiste, cmo se determina y cul es su medida. El examen de estas tres cuestiones, junto con el de los regmenes de solución de las controversias por incumplimiento previstos en la Unin Europea y en el MERCOSUR, configuran los objetivos especficos de la investigacin, tratados a lo largo de cuatro captulos. El estudio concluye en el reconocimiento de una variacin significativa en el nivel de efectividad del mecanismo comunitario de solución de las controversias por incumplimiento: desde una efectividad de alto nivel en el acceso al mecanismo hasta una de bajo nivel en la ejecucin de lo juzgado. Este debilitamiento en la efectividad del mecanismo, en lo que se refiere a su etapa de ejecucin, deriva en un decrecimiento en la efectividad de la tutela. Si al problema real y actual del incumplimiento por los Estados de sus obligaciones comunitarias se asocia la efectividad limitada del mecanismo de solución de las controversias derivadas de dicho incumplimiento, el resultado compromete la calidad de la tutela comunitaria y la garanta del respeto del ordenamiento jurdico que disciplina el proceso de integracin. La voluntad poltica de los Estados Miembros, as como la reforma de la legalidad comunitaria, podran contribuir, sin embargo, a la reversin de este resultado.
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El mecanismo de solución de diferencias de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) se presenta, en la actualidad, como el instrumento ms logrado para la resolución de problemas en el marco del rgimen internacional de comercio. Sin embargo, en el mecanismo de solución de diferencias persisten caractersticas similares a las de todos los dems instrumentos internacionales: refleja el resultado de un compromiso de intereses en un momento dado. En el mecanismo de solución de diferencias, a pesar de su alto ndice de eficiencia, persisten elementos que limitan, en su esencia, la aspiracin de supranacionalidad que algunos de sus propulsores en algn momento pensaron. La OMC no es un acuerdo de integracin, sino que es fundamentalmente un marco de facilitacin del comercio internacional y, por tanto, en su seno los Miembros seguirn manteniendo la libertad suficiente para controlar aquellos aspectos de su legislacin que consideren indelegables. La OMC ha significado un indudable avance cualitativo en relacin al mecanismo que exista en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en ingls); pero, por su propia naturaleza, nunca llegar a ser supranacional. En ese sentido, el autor analiza en estas pginas aquellas limitaciones endgenas que caracterizan a la OMC y que, considera, no permitirn que llegue a ser una entidad supranacional.
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Amrica Latina ha sido la regin ms privilegiada por sus recursos naturales, por ello ha captado grandes inversiones manteniendo durante aos un modelo econmico extractivista deficiente. La sustentabilidad en el tiempo de este tipo de desarrollo ha incrementado la insuficiencia del rol del Estado. Los conflictos socioambientales estn posicionndose de forma relevante en los procesos de desarrollo as como en las agendas globales. Los conflictos se caracterizan por la diversidad en su complejidad de actores, intereses, etc. El incremento desmedido de la violencia dentro de estos ha llevado a ser un mbito importante dentro de todos los pases en el mundo. El propsito de esta investigacin es analizar un caso de conflicto en el Ecuador como es el de la Parroquia de Pacto. Ya que es importante determinar las causas de los conflictos dentro de la sociedad, y conocer como el Estado ha manejado o evitado estos problemas. Es necesario examinar los impactos que tienen las actividades extractivistas dentro de las reas sociales y ambientales, con la finalidad de dar una solución para evitar tantos enfrentamientos.
Resumo:
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar cmo los conflictos en materia de inversiones sometidos al arbitraje internacional se refieren cada vez ms a medidas y polticas de carcter pblico adoptadas por los Estados receptores de la inversin, para este fin se examinan las tendencias que ha recibido el tratamiento a la inversin extranjera desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, las obligaciones y derechos constantes en los Acuerdos Internacional de Inversin actuales cuyas normas de trato a la IED y procedimientos de resolución de conflictos se hallan estandarizados. De la misma manera se revisan las directrices del arbitraje internacional; las deficiencias en las reglas procesales generales aplicadas a ste mtodo y los principios de acceso a la jurisdiccin del CIADI. Por otro lado se trata de analizar de forma rpida tres procesos arbitrales en los cuales ha intervenido el Estado Ecuatoriano como demandado. De esta forma se puede evidenciar como la capacidad reguladora y controladora del Estado se ha visto limitada en la toma de decisiones nacionales referentes a reglas de tratamiento de la IED, y medidas ambientales, fiscales y sociales, principalmente porque afectan de forma directa o indirecta al inversionista, y adems porque la nueva red mundial de tratados internacionales sobre inversin establecen normas que son de obligatorio cumplimiento de los Estados.
