25 resultados para Daños y perjuicios.


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En los últimos años en la legislación ecuatoriana, y en especial en la jurisprudencia, la responsabilidad extracontractual del Estado ha tenido una connotación y un desarrollo importantes, tanto que en el Código Orgánico General de Procesos, que pronto entrará en vigencia en nuestro país, se contempla ya la acción por responsabilidad objetiva del Estado. Pero este desarrollo todavía no alcanza su apogeo, es largo el camino que falta por recorrer y hay que abarcar los varios aspectos que comprende el tema. En realidad, nuestra legislación y jurisprudencia se encuentran bastante rezagadas en relación con la legislación y jurisprudencia de otros países, como por ejemplo Colombia y Argentina. Entre esos aspectos de la responsabilidad contractual de Estado que se encuentran rezagados en su desarrollo está el tema tributario, tan desconocido es en el medio jurídico como en la población en general, que hablar de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en materia tributaria causa hasta asombro. De ahí el objetivo del presente trabajo de plasmar, aun cuando sea a breves rasgos, las características que reviste esta acción de indemnización de daños y perjuicios, sus dificultades y sus vacíos, focalizados a través de la revisión de la jurisprudencia y legislación nacional referentes al tema y de la responsabilidad extracontractual del Estado en general. Para llegar a cumplir el objetivo de analizar el tema planteado se ha recurrido a la bibliografía y a la casuística, en el primer caso revisando la bibliografía existente al respecto y en el segundo exponiendo tres casos que reúnen todas las falencias que pueden producirse en el desenvolvimiento de estos procesos, sin que con ello se quiera decir que todos los procesos por esta acción vayan a tener el mismo tratamiento y conclusión. Como aporte esta tesis presenta un panorama amplio de la evolución del tema responsabilidad extracontractual del Estado.

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La presente tesis analiza las principales estrategias de comunicación y movilización social a nivel nacional e internacional desarrolladas por la Asamblea de Afectados por Texaco y el Frente de Defensa de la Amazonía del Ecuador, FDA, en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado en la Amazonía por la empresa petrolera estadounidense Texaco, actualmente Chevron. La explotación petrolera, iniciada en Ecuador en 1967, se produce en el marco de la búsqueda ilimitada de recursos naturales para alcanzar el denominado “desarrollo”, que ahora es cuestionado desde varios sectores. Esta actividad ha causado enormes impactos sociales y ambientales en las poblaciones cercanas a la explotación petrolera. Para enfrentar situaciones como éstas, un grupo de pobladores de las provincias de Sucumbíos y Orellana en la Amazonía ecuatoriana, en representación de 30.000 indígenas y campesinos migrantes, demandó a la petrolera Chevron, antes Texaco, para exigir la limpieza, reparación y restauración de los daños causados durante el período de explotación petrolera desde 1964 hasta 1990. Los pobladores, que forman parte de la Asamblea de Afectados por Texaco y del Frente de Defensa de la Amazonía, han utilizado diversas estrategias de comunicación en su enfrentamiento a la poderosa transnacional Chevron, la segunda empresa más grande de petróleo en los Estados Unidos. También se han relacionado con el movimiento ecologista a nivel nacional e internacional, logrando la solidaridad y la movilización social en los países del Norte, especialmente en Estados Unidos. La lucha y la persistencia de los y las indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana sin duda constituyen un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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Miguel S. Marienhoff, citando a León Duguit sobre la responsabilidad del Estado, se muestra de acuerdo en que ésta recientemente penetró en la conciencia jurídica del hombre civilizado, y dijo, además, que muchas de las leyes positivas, incluso las avanzadas, ven todavía muy limitada su aplicación. Estamos de acuerdo con la opinión del profesor Marienhoff, ya que vemos como en el sistema jurídico ecuatoriano no ha sido abordada esta figura con la preocupación que requiere quizá por la falta de cultura de reclamo ante un presunto derecho vulnerado o debido al esporádico debate jurídico que ha imperado en nuestro sistema. Dentro de este contexto se presenta la investigación de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, como una herramienta que trata de encontrar un concepto jurídico que para muchos significa la institución que dio origen al Derecho Administrativo moderno a partir del famoso fallo Blanco de 1873. A lo largo de este trabajo podremos darnos cuenta cómo debe ser entendida esta institución y cómo llevarla a la práctica por medio de un proceso de concienciación en donde el particular pueda acudir al ente público y reclamar reparaciones por un presunto derecho vulnerado por éste.

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Presenta la situación del Caso Texaco con la sentencia nacional que determinó la responsabilidad de la petrolera, luego de 18 años de proceso, evidenciando la incertidumbre que pesa respecto de la efectiva compensación y reparación de los afectados del nor oriente ecuatoriano ante las acciones legales interpuestas por Chevron: denuncias contra los abogados, expertos y dirigentes de los afectados por Texaco; demanda por extorsión contra los demandantes, sus abogados y consultores ambientales en Nueva York y el proceso de arbitraje bajo el TIAR con el que Chevron pretende se declare que la compañía no tiene responsabilidad.

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¿Cómo aplica la Corte interamericana de Derechos Humanos criterios de diversidad en las reparaciones destinadas a pueblos indígenas? Esta interrogante orienta la presente investigación, teniendo como premisa que, en materia de reparaciones, no sería adecuado utilizar los mismos criterios para un pueblo indígena, que para una comunidad no indígena, pues en cada caso, de acuerdo al contexto, circunstancias y desarrollo sociohistórico, se demanda un reconocimiento diferente, se han vivido situaciones de dominación, subordinación, desigualdad y exclusión que condicionan su relación con la sociedad, y por lo tanto requieren de una satisfacción distinta cuando han sufrido violaciones de derechos humanos. A través de este estudio se procura analizar las tensiones que se producen entre las nociones de universalidad de los derechos humanos y relativismo cultural, en el ámbito de las reparaciones, y evaluar la importancia de considerar la cosmovisión y características propias de los pueblos indígenas fin de disponer reparaciones justas y adecuadas. Examinando el desarrollo mostrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es posible comprender cuanto ha avanzado el máximo tribunal interamericano en el reconocimiento de la diversidad cultura, y sobre esta base realizar algunas apreciaciones sobre la evolución de la aplicación de criterios de diversidad cultural en lo casos relativos a pueblos indígenas.

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La presente investigación es una aproximación a la importancia que tienen las políticas de memoria dentro de los procesos de reparación, en tanto permiten avanzar hacia una reparación de carácter integral a la vez de posibilitar la no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos que rememora. Para esto se estudia el caso de la desaparición de un joven universitario, José Carlos Trujillo Oroza, en la década de los setenta en un contexto de gobierno de facto. Se recapitula la búsqueda y lucha a nivel nacional e internacional que sus familiares tuvieron en los años que siguieron a su desaparición, haciéndose especial énfasis en los efectos que la emisión de sentencias de fondo y reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los años 2000 y 2002 respectivamente tienen sobre la sociedad boliviana y la memoria de la época sobre las vulneraciones ocurridas en su transcurso. Por último, la investigación pretender mostrar los nexos que existen entre los recuerdos de la dictadura banzerista y las políticas de memoria ordenadas, la efectividad de las mismas a la hora de otorgar una adecuada reparación y sus consecuencias sociales.

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Cuando se infringe el deber genérico de no ocasionar daño a los demás, surge la responsabilidad extracontractual, para solucionar el problema que generó el perjuicio a la víctima. La función básica de la responsabilidad extracontractual es la de posibilitar la reparación de los daños a quien los padece, es por ello que esta institución se encarga de otorgarle al lesionado las herramientas y las garantías necesarias para que logre la reparación correspondiente. El mundo va cambiando aceleradamente, de modo que las relaciones entre los seres humanos se hacen más complejas; fruto de estas relaciones surgen daños que afectan a nuestros semejantes y que necesitan ser reparados. Esta tarea la ha asumido la responsabilidad extracontractual.

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La sentencia a favor de la comunidad Mayangna de Awas Tingni contra Nicaragua, marca un hito jurisprudencial en el Derecho Ambiental internacional, a partir del reconocimiento de la propiedad colectiva. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humano resuelve reparar los territorios indígenas aplicando principios jurídicos internacionales sobre la propiedad; pero, además desarrolla interesantes políticas medioambientales entorno al uso y respeto de los bosques indígenas, que deben observar los Estados y que califican como propiedad. Bajo este enfoque, buscaremos aplicar la jurisprudencia y las políticas ambientales de Awas tingni al caso concreto de los pueblos afroecuatorianos que habitan dentro Reserva Manglares Cayapas, como lineamiento para la reparación territorial, a través, de la desconcentración de las políticas medioambientales a favor de los colectivos que habitan allí. En otras palabras, se trata de desconcentrar las políticas ambientales de la Reserva Ecológica para ejercer políticas de reparación territorial indígena. Sin embargo, para llegar a reconocer la propiedad colectiva y reparar el uso y respeto de los bosques de las comunidades negras. Se hace necesario reconocer que se trata de pueblos indígenas con derecho a la autodeterminación; por lo que construiremos un marco teórico que nos permita la aplicación de todos los instrumentos internacionales pertinentes para pueblos indígenas. Por otra parte, habrá que determinar la necesidad imperiosa de reparar la autodeterminación; para ello buscaremos cuáles han sido las políticas discriminatorias estatales con respecto al uso, regulación y reparto territorial que han sufrido estas comunidades, en las últimas décadas.

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¿Cómo aplica la Corte Interamericana de Derechos Humanos criterios de diversidad cultural en las reparaciones destinadas a pueblos indígenas? El autor parte de esta interrogante y plantea que, en materia de reparaciones, no se deben aplicar los mismos criterios para un pueblo indígena que para una comunidad no indígena, pues, de acuerdo al contexto, circunstancias y desarrollo sociohistórico, es necesario un reconocimiento diferente para cada caso, en razón de las situaciones de dominación, subordinación, desigualdad y exclusión que caracterizan la relación de los pueblos indígenas con el resto de la so ciedad, por lo que requieren de una satisfacción distinta cuando han sufrido violaciones de derechos humanos. Este libro aborda las tensiones que se producen entre las nociones de universalidad de los derechos humanos y relativis mo cultural, en el ámbito de las reparaciones, y destaca la importancia de considerar la cosmovisión y características propias de los pueblos indígenas, con la finalidad de dis poner reparaciones justas y adecuadas. Se utilizan, para ello, los casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de pueblos indígenas.

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Bajo una política de control social dirigida desde la “guerra contra las drogas” que lidera Estados Unidos de Norteamérica, nuestra legislación antidrogas ha asumido la tarea de punirlo todo, creando falsas concepciones sobre una sociedad de riesgo. Una legislación que transgrede la Constitución y violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la falta de análisis del principio de lesividad en la conducta tipificada como tenencia o posesión de drogas, que más allá de no solucionar el problema del consumo, termina siendo la figura ideal para cubrir desde la venta hasta el mismo consumo, criminalizando al eslabón más frágil de toda la cadena. El seguimiento de estas políticas ha creado verdaderos aparatos estatales de represión que coexisten, siendo los cuerpos de policía quienes deciden sobre culpabilidad o inocencia desde el mismo momento de la detención. Fiscales y juzgadores bailan al son que tocan esos cuerpos policiales, los que ejercen también una función de control hacia los operadores de justicia. Toda esta política de un Estado policía, lleva a sentencias rara vez argumentadas, muy pobres en análisis doctrinario y principios rectores del proceso, sin existencia de una posición crítica de los jueces frente al bien jurídico que realmente desean proteger; crean un bien jurídico abstracto como la salud pública para acogerse de él y justificar la aplicación de penas desproporcionadas al delito e incluso a la cantidad de la sustancia encontrada en poder del procesado.

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Este libro analiza las estrategias de comunicación y movilización desarrolladas por los pobladores e indígenas de la Amazonía ecuatoriana en su lucha por la justicia ambiental frente al desastre causado por la Chevron- Texaco durante su operación entre 1964 y 1990. La sentencia emitida por la Corte de Justicia de Sucumbíos en febrero de 2011 reconoce la responsabilidad de la empresa estadounidense por los daños y la negligencia con la que operó, ordenando el pago de una suma millonaria a los pobladores de la Amazonía. En la primera parte, se enmarca la relación entre la explotación petrolera, la globalización neoliberal y el “desarrollo”; se presentan los impactos socioambientales de la explotación petrolera, y se examina el rol de la empresa, del Estado y de los actores sociales. En la segunda parte, se analiza el discurso hegemónico de Chevron-Texaco -dirigido sobre todo a negar la contaminación y deslegitimar a las organizaciones sociales y al Estado ecuatoriano-, y se abordan las estrategias discursivas y comunicacionales desarrolladas por la Asamblea de Afectados y el Frente de Defensa de la Amazonía -cuyo objetivo era simplemente mostrar la realidad-. En la tercera parte, se estudia cómo el trabajo en red con organizaciones ecologistas nacionales y transnacionales del Norte y del Sur potencia la movilización social y la lucha de los pobladores de la Amazonía. Y la autora concluye que esta experiencia constituye un ejemplo y un aporte para quienes día a día trabajan por alcanzar la justicia global.

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La historia reciente de la investigación en salud pública está repleta de casos demostrativos de una colusión entre quienes trabajan para fabricar dudas científicas acerca de estudios epidemiológicos y ambientales que demuestran los impactos de sistemas productivos malsanos, y los que manipulan estudios para diluir evidencias de tales problemas, con el fin de prolongar la impunidad jurídica, desgastar la credibilidad de denuncias ante tales daños y confundir la opinión pública. Esta breve recopilación sobre casos emblemáticos de tales disensos, tendenciosamente construidos, pretende ser un elemento de reflexión en homenaje al trabajo científico de tres entidades científicas de indudable respetabilidad científica del Brasil, la Fundación Oswaldo Cruz –FIOCRUZ-, la Asociación Brasileña de Salud Colectiva –ABRASCO y el Instituto Nacional de Cáncer –INCA, cuyos estudios sobre el impacto masivo del uso irresponsable de agrotóxicos, ha desencadenado la vieja argucia de una ciencia vinculada, que se coloca consciente o inconscientemente al servicio de meganegocios malsanos y la impunidad.

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In the last decade, the presence of China in Latin America has been characterized by a model of economic cooperation based on pragmatic principles of complementarity and mutual benefits. Latin America is presented as a “paradise” of natural resources and expanding markets, while China stands as the main financier and investor in the region. In this scenario, particularly since 2009, Ecuador has become one of the top recipients of Chinese funding and investment, mainly in strategic sectors such as energy and infrastructure. The presence of China in the country has been the subject of extensive discussions about the true benefits and costs behind its model of economic cooperation.