9 resultados para sexual rights

em Universidad del Rosario, Colombia


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Este estudio inquiere por la apropiación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los jóvenes y adolescentes a partir de sus condiciones socioeconómicas. En este sentido, se analiza cómo el ingreso económico, la religión, la escolaridad, entre otros, influyen en la apropiación de estos derechos al condicionar la toma de decisiones seguras y efectivas para el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Mediante una encuesta aplicada a 72 jóvenes y adolescentes residentes del barrio Las Aguas de Bogotá, se indagó por los conocimientos, la toma de decisiones y las valoraciones en torno al tema de sexualidad. Se concluyó que hay un amplio desconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos pero existe cierta autonomía y responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad.

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Esta investigación busca analizar las distintas formas a través de las cuales las personas gais y lesbianas de Quibdó lograron una visibilización en la esfera pública de su ciudad. Este proceso será visto en diferentes escenarios. Primero, en la participación en espacios culturales como San Pacho, shows y reinados de belleza. Segundo, en el activismo realizado por la Fundación Ébano Diverso, que ha logrado abrir espacios de diálogo con instancias como la Alcaldía de Quibdó y la Gobernación del Chocó. Finalmente, se verá cómo la creación de tejidos familiares y afectivos está relacionada con su activismo y las formas distintas de visibilizarse.

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Esta monografía analiza un caso de movilización desde las teorías de acción colectiva a través de entidades internacionales para alcanzar una meta dentro de un sistema político y jurídico interno. Por medio de esta, se observa el desarrollo y análisis de la constitución de la “Red Transnacional de Defensa” en torno a los derechos de personas con orientación sexual diversa a partir de su incidencia política en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el curso del caso 11.656.

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Globalization and liberalization of the economies have produced among others drastic effects on the human mobility, generating confusion, enhancing discrimination and a lack of respect to the rights of several migrant collectives. In this article we analyse several challenges for the study of these phenomena, based on the case of the neglected health rights of Colombian women, who have been forced to displace by the country's internal conflict, and are thus pushed to cross the border to Ecuador. The article identifies several knowledge gaps that could allow and advance a better understanding of these critical subjects. The paper - a think piece -is based upon a general review of documents and studies on the relation between migration and health. The supporting theory on the research comes from international organisations such as the WHO and IOM, NGOs, grass-roots organisations and academic research. This paper shows the need for focusing on the reality of supra states which globalization has generated, and t e urgency of securing the access to essential health preconditions to migrant populations. These issues can no longer be neglected and should be included on agendas at international level, widening the approach of programs to the displaced/immigrant population by taking into account the need to ensure the essential health preconditions (equity), prevention, and protection. Further, it is clear that women and children require a better protection with enhanced prevention and responding measures to sexual abuse, stigmatisation, violence and the respect of their rights.

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La protección general atribuida en los conflictos armados no internacionales por el artículo 3 común a la población civil, de la que las niñas menores de 15 años forman parte, no depende de su filiación con alguna de las partes en el conflicto, y se extiende, en principio, a todos los actos de violencia, entre los que se encuentran los de naturaleza sexual cometidos por cualquiera de las mismas, incluyendo aquellos cometidos por los miembros de la parte en el conflicto con la que se encuentren afiliadas. Los casos contra Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda muestran que, como regla general, las niñas menores de 15 años no desarrollan de manera prolongada actividades de participación directa en las hostilidades, por lo que, a pesar de acompañar permanente al grupo y de ser “esposas” o “compañeras” de sus comandantes, no asumen una función continua de combate y no pueden ser consideradas como miembros del mismo. Además, los actos de naturaleza sexual coercitivamente desarrollados por las niñas menores de 15 años reclutadas por las FPLC en favor de los comandantes y miembros del grupo con las que se encuentran esposadas, no cumple ninguno de los tres requisitos exigidos por el concepto de participación directa en las hostilidades porque: (a) no son idóneos para causar directamente por sí mismos el umbral de daño requerido; (b) no forman parte integral de ninguna operación militar que pudiera generar dicho umbral de daño; y (c) no poseen el nexo beligerante requerido, puesto que no están específicamente diseñados para causar un menoscabo a la parte adversa de las FLPC. Tampoco las demás actividades desarrolladas por las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas por las FLPC, incluyendo trabajo doméstico (donde principalmente desempeñaron tareas culinarias), transporte de comida a bases aéreas y acompañamiento a las esposas de los comandantes, cumplen, según la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga, con los tres requisitos necesarios para su consideración como participación directa en las hostilidades. De ahí, que las niñas no hayan perdido en ningún momento su protección general. A todo lo anterior hay que añadir que los niños y niñas menores de 15 años, al ser una población particularmente vulnerable, gozan de una especial protección durante los conflictos armados (con independencia de su naturaleza), tal y como se manifiesta en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977, el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 y las Resoluciones 1882 de 2009, 1960 de 2010 y 2106 de 2013 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta protección especial se extiende a los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de las fuerzas armadas nacionales o grupos armados organizados que los alistan o reclutan. En consecuencia, la protección general y especial a que son acreedoras las niñas menores de 15 años, no se limita a las agresiones provenientes de las partes adversas en el conflicto, sino que se extiende también a la violencia sexual ejercida contra ellas por los miembros del propio grupo que las alistó o reclutó, incluso en el caso de que ésta sea ejercida por los comandantes que las tomaron como esposas o compañeras. Las niñas menores de 15 años alistadas o reclutadas entre 2002 y 2003 por las FPLC de Thomas Lubanga y Bosco Ntaganda eran sin duda acreedoras de dicha protección.

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El presente estudio de caso tiene como objetivo analizar los retos frente al cumplimiento del Protocolo de Palermo, en materia de explotación sexual, en el Sistema Institucional Colombiano, durante el período comprendido entre los años 2003 y 2014. De manera preliminar se indica que dichos retos son político-jurídicos en cuanto a la manera en la que se cumplen los tratados internacionales, las obligaciones derivadas de ellos y quiénes tienen competencia para desarrollar los mandatos contenidos en los mismos. Igualmente existen retos institucionales y organizacionales pues Colombia carece de una estructura organizacional clara y la coordinación inter-agencial es escasa en materia de trata. En este sentido, esta investigación tiene un enfoque multidisciplinar, puesto que combina aspectos propios tanto del Derecho Internacional Público como de las Relaciones Internacionales. Para ello, se hará un análisis cualitativo por medio del análisis de datos y de literatura académica respecto a la trata de personas en Colombia, con el fin de lograr comprender con mayor precisión el panorama actual del país respecto al flagelo.

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La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como de lo social, por tanto la salud sexual y reproductiva representa un componente esencial para la evaluación de desarrollo de un país, y un tema prioritario en la agenda política mundial y nacional como lo evidencian los objetivos del milenio y de desarrollo sostenible; aunque el país ha dado enormes avances en el tema, aun se presentan grandes retos para el logro y goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos en la población. El objetivo del presente estudio es describir y analizar algunos indicadores de salud sexual y reproductiva en el departamento de Casanare, en el periodo 2008- 2015. Como metodología se usó un diseño descriptivo trasversal, los datos fueron tomados de Sivigila departamental, Estadísticas DANE y del Instituto Nacional de Salud. Se usó SPSS versión 18 y Excel para el análisis de los datos. Como resultados se encontraron altas tasas de prevalencia e incidencia para VIH, sífilis gestacional, y fecundidad en adolescentes en el departamento de Casanare que sobrepasan los indicadores nacionales y presentan tendencia creciente

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Objetivos Determinar si existe asociación entre la exposición a violencia, experimentada a nivel individual o municipal, y el embarazo adolescente en mujeres Colombianas entre 13 y 19 años de edad que contestaron la Encuesta de Demografía y Salud en el año 2010. Métodos Estudio de corte transversal, nacional y multinivel. Se tomaron datos de dos niveles jerárquicos: Nivel- 1: Datos individuales de una muestra representativa de 13.313 mujeres entre 13 y 19 años de edad provenientes de La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010 y Nivel- 2: Datos municipales de 258 municipios provenientes de las estadísticas vitales del DANE. Resultados La prevalencia del embarazo adolescente fue del 16.8% IC 95% [16.2-17.4]. El análisis mostró que la asociación entre embarazo adolescente y violencia tanto individual, representada como violencia sexual [OR= 6.99 IC99% 4.80-10.10] y violencia física [OR= 1.74 IC99% 1.47-2.05] así como la violencia municipal medida con tasas de homicidios altas [OR= 1.99 IC99% 1.29-3.07] y muy altas [OR= 2.10 IC99% 1.21-3.61] se mantuvo estadísticamente significativa después de ajustar por las variables: Edad [OR= 1.81 IC99% 1.71-1.91], ocupación [OR= 1.62 IC99% 1.37-1.93], educación primaria o sin educación [OR= 2.20 IC99% 1.47-3.30], educación secundaria [OR= 1.70 IC99% 1.24-2.32], asistir al colegio [OR= 0.18 IC99% 0.15-0.21], conocimiento en la fisiología reproductiva [OR= 1.28 IC99% 1.06-1.54], el índice de riqueza Q1, Q2, Q3 [OR= 2.18 IC99% 1.42-3.34], [OR= 2.00 IC99% 1.39-2.28], [OR= 1.82 IC99% 1.92-2.25] y alto porcentaje de Necesidades básicas insatisfechas a nivel municipal [OR= 2.34 IC99% 1.55-3.52]. Conclusiones Este estudio mostró una relación significativamente estadística entre la violencia sexual y física con el inicio de relaciones sexuales y embarazo adolescente después de controlar por factores sociodemográficos y conocimientos en reproducción sexual en mujeres colombianas de 13 a 19 años en el año 2010. Esta asociación debe continuar siendo estudiada para lograr optimizar las estrategias de prevención y disminuir la tasa actual de embarazos adolescentes en el país y sus consecuencias.

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El interés de este caso de estudio es mostrar un diagnóstico sobre la situación de trata de mujeres con fines de explotación sexual en Colombia, basado en el avance de las acciones emprendidas por parte de los Organismos Internacionales y del Estado, durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2010. A partir de lo anterior, se utilizaron tres conceptos claves los cuales fueron: Globalización, Derechos Humanos y Perspectiva de Género con el fin de hacer una descripción del fenómeno de trata en Colombia. Se plantean como propósitos particulares contextualizar el fenómeno de la trata y su impacto a nivel mundial, identificar las políticas del Estado; y finalmente identificar el rol que tuvo la participación de Organización de las Naciones Unidas y su oficina especial UNODC frente al delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en Colombia.