La excepcional acción de tutela contra providencias judiciales y la Corte Constitucional como sujeto pasivo de la misma caso concreto

Se trata de explicar la procedencia de la Acción de Amparo contra providencias judiciales en donde el sujeto pasivo de la acción es la Corte Constitucional. Todo esto expuesto en un caso concreto.

La utilidad jurídica del título de imputación riesgo excepcional para el estudio de la responsabilidad extracontractual del estado

Respecto del título de imputación denominado riesgo excepcional se analizó su génesis, su concepto, los eventos a los cuales se aplica, sus causales de exclusión, y un análisis de la jurisprudencia en cada uno de esos eventos y bajo que títulos de imputación han sido juzgados estos mismos eventos por la jurisprudencia. Se estudiaron los efectos del artículo 90 en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en general y en especial sobre el título de imputación riesgo excepcional y finalmente se analizó la utilidad del este título de imputación para atribuirle responsabilidad extracontractual al Estado

Incidencia de la política de autonomía fiscal de los Estados miembros de la UE en el comercio intrazona. Estudio de caso: El Impuesto Excepcional de Crisis húngaro en su relación comercial con Austria y Alemania. Período 2010-2011

En el año 2010 el gobierno húngaro implementó el Impuesto Excepcional de Crisis, que grava a las empresas del sector de telecomunicaciones, energía y agroalimentario con el fin de hacer frente a los graves problemas fiscales que aquejaban a Hungría. Dicho impuesto se enmarca dentro de la política de autonomía fiscal de los Estados miembros de la UE, ya que cada gobierno tiene potestad para determinar la cuantía de los impuestos sobre las empresas con el fin de que se puedan cumplir los intereses económicos nacionales; aun así, dicha autonomía se basa en el respeto al tratado de Maastricht y al pacto de estabilidad y crecimiento, que establecen que las políticas fiscales de los Estados miembros deben estar en armonía con la libre circulación de mercancías, servicios y capitales, así como un trato equitativo a todas las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Este gravamen recae principalmente en empresas ligadas al sector de las exportaciones en Hungría, con nacionalidad de Austria y Alemania, los principales socios comerciales de Hungría, afectando de esta forma las relaciones comerciales de los actores en mención. Así, el trabajo analiza las implicaciones que tiene dicho impuesto para la consecución del interés económico de Hungría, a partir de su incidencia en las metas fiscales y el comercio que este Estado tiene con Austria y Alemania.

¿Hacia una recentralización en Colombia?: una mirada desde el control fiscal excepcional

En materia de control fiscal territorial, se ha evidenciado la urgencia de una reforma en su estructura orgánica como consecuencia de los casos de corrupción que se han presentado en las entidades territoriales, los cuales han generado la intervención de la Contraloría General de la República en asuntos de carácter territorial, a través de una facultad constitucional denominada control fiscal excepcional. Dicha facultad no es ampliamente conocida y genera inquietud, pues no ha recibido un profundo estudio que permita determinar con claridad su carácter de excepcional, ya que en ciertos casos limita la competencia de las contralorías territoriales que puede traducirse en una nueva centralización. Es entonces que se emprende un análisis desde la perspectiva de la estructura del Estado, en el modelo descentralizado de las funciones de la Contraloría General de la República, donde el carácter limitante del control fiscal excepcional puede ser parte de un fenómeno que se denomina “recentralización. Es así que, a través del primer capítulo se desarrollan los conceptos de control fiscal, terminando con el análisis del modelo en la constitución de 1991, en el cual quedó establecido la facultad excepcional objeto de estudio. En el mismo sentido se estudia los pronunciamientos jurisprudenciales, como también los conceptos de descentralización y centralización para entender la finalidad del objeto de análisis, asimismo se revisó los casos relevantes entorno al control fiscal excepcional. Adicionalmente se construye un marco jurisprudencial para identificar la posición dominante de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, respecto al control fiscal excepcional. En la segunda parte del documento, primero se analiza cómo ha sido el proceso de centralización a la descentralización respecto del control fiscal, asimismo se expondrá el concepto de recentralización. Finalmente, se establece cuáles son los retos que se presentan en el fortalecimiento del control fiscal territorial, el papel en la lucha contra la corrupción y cómo se ha planteado desde otras esferas, un cambio del modelo del control fiscal territorial y una propuesta que recoge las apreciaciones estudiadas a lo largo de los cuatro capítulos de la investigación. Sobre la base de las consideraciones anteriores, se pretende dar un punto de vista diferente a la comunidad académica y además un estudio que permita una visión sobre la necesidad de reforzar el control fiscal territorial, como también frenar el retroceso que ha tenido a través del control fiscal excepcional, y de la misma manera la descentralización en Colombia.

Análisis de la incidencia del contrato de prestación de servicios en el funcionamiento de la Administración Pública Colombiana. Periodo 2002-2010

Los recursos humanos en las organizaciones del Estado son quienes le dan vida a la administración pública, y son los llamados a conducir e innovar los procesos de consolidación de políticas que permitan el eficaz cumplimiento de los compromisos del Estado con la sociedad. Sus cualidades y capacidades son propias de una persona al servicio de un fin público, cuyo objetivo no responde a principios de rentabilidad u ganancia, sino a una vocación un tanto altruista que se soporta en los valores de la igualdad, moralidad, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En Colombia, la manera de conducir y gestionar los recursos humanos dista grandemente de ser lo que la Constitución del 91 había dispuesto que fuese la función pública. Los empleados del Estado, quienes son los encargados de realizar las funciones administrativas en el marco de un régimen laboral, han sido paulatinamente suplantados y desplazados por el uso desmedido de la institución conocida como “contratos de prestación de servicios”, que por su naturaleza puede, legalmente utilizarse solo de manera excepcional para facilitar y contribuir al cumplimiento de los fines del Estado. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el abuso de esta forma de contratos de prestación de servicios tomó gran relevancia, dándole una aplicación generalizada, y evadiendo los límites de la excepcionalidad y temporalidad con que fue concebida dicha figura, al punto de hallar que en algunas entidades del Estado el número de contratistas sobrepasó al número de empleos.

Intereses y acciones geoestratégicas de China en Asia Central después de la disolución de la Unión Soviética

El escenario internacional, antes desfavorable a sus intereses, ha dado un giro a favor del antiguo Imperio del Medio. Si bien el siglo XX estuvo marcado por el fin de la monarquía milenaria, las guerras con sus vecinos Japón, Corea y Rusia, o las cruentas guerras civiles, y con ello tuvo que asimilar cambios para los cuales esta inmensa nación no estaba preparada, el fin de siglo -bajo la conducción de Deng Xiao Ping desde 1978- sirvió para reconducir al país por la vía de la estabilidad y la prosperidad. De este modo, el comienzo del siglo XXI ha sido excepcional y ha marcado un paso de enorme crecimiento y transformación tecnológica y científica.

Seguridad democrática: Un análisis del discurso político en Colombia durante el mandato presidencial del 2002 al 2006

El interés de esta monografía es mostrar la relación entre el poder político y el lenguaje. Esta relación fue estudiada en el discurso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, durante el período presidencial (2002-2006), quien construyó una particular forma de entender la llamada Política de Seguridad Democrática. Para este efecto, se explica y aplica la teoría de Teun Van Dijk y sus cuatro elementos: acción, contexto, poder e ideología, y de forma complementaria el Concepto de lo Político de Carl Schmitt. Estas Teorías permitirán comprender cuál es la relación del discurso, la legitimidad y la excepcionalidad, teniendo en cuenta que el discurso es un acontecimiento comunicativo del que se puede valer un gobernante para justificar el uso excepcional del poder.

Sentencias de constitucionalidad en Colombia: ¿un caso de vanguardia o de transplante jurisprudencial?

Colombia, junto con otros países como Estados Unidos, Uruguay, Argentina y México se presenta como uno de los primeros países en el mundo que adoptó el control abstracto de constitucionalidad de las leyes. Recientemente y en especial desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 la Corte Constitucional de Colombia es presentada como un ejemplo notorio de activismo judicial que crea normas jurídicas a través de sus sentencias. Este artículo presenta una revisión general de los desarrollos internacionales en materia de acciones de inconstitucionalidad así como de los métodos contemporáneos de interpretación y decisión constitucional, con el propósito de mostrar que el caso de Colombia no es tan excepcional como se supone y que tampoco constituye un caso que represente la vanguardia en materia de interpretación constitucional. La jurisprudencia Constitucional de Colombia representa más bien otro ejemplo de trasplante doctrinario y jurisprudencial que obedece a la globalización de la jurisdicción constitucional y de la utilización del método de ponderación para decidir demandas de inconstitucionalidad. Se hace una breve referencia a las dificultades institucionales de los países en desarrollo que inciden en las consecuencias de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y su evaluación.

Estudio de la influencia comercial sobre los barrios el Nogal, el Espartillal y el Retiro y su efecto en el precio del suelo, en el periodo 1993 – 2010.

El interés de esta monografía es describir el proceso de transformación urbana de los barrios El Retiro, El Espartillal y el Nogal de la ciudad de Bogotá, a partir del año 1993, en el cual se inauguró el Centro Comercial Andino. Se analiza y explica el desarrollo impulsado por el centro comercial sobre el territorio, transformando el uso de residencial e institucional a comercial y de servicios lo cual influyó directamente la densificación y valorización de los barrios. Por último se describe la evolución del valor del metro cuadrado de la zona, con la finalidad de identificar de forma cuantitativa el efecto de estos precios sobre el territorio.

Análisis de las formas de apropiación nocturna del espacio público, en el parque de los hippies, localidad de chapinero, a partir de una muestra poblacional de jóvenes entre 18-­‐28 años, a la luz de los parámetros de Enric Pol y Tomeur Vidal sobre la “apropiación” del espacio

El interés de este estudio de caso es comprender y explicar la apropiación del espacio público urbano no sólo como un vínculo cotidiano entre el territorio y sus ciudadanos, sino, además, como un proceso dialéctico que, genera significado, identidad y apego al lugar. En este sentido se analizan las formas de apropiación nocturnas del Parque de los Hippies a partir de una muestra poblacional de jóvenes entre 18-28 años, a la luz de los parámetros de Enric Pol y Tomeu Vidal. Evidenciando que desde un acercamiento cotidiano a la realidad urbana, que reconozca la significación histórica, social, cultural y económica de los territorios, así como las dinámicas de convivencia y conflictos que se presentan en dichos espacios, se puede, desde el enfoque de gestión y desarrollo urbanos, generar recomendaciones para movilizar acciones que resalten y preserven los valores urbanos multidimensionales del lugar; fortalezcan algunas de sus formas de apropiación y, promuevan la convivencia entre las distintas formas y sus actores.

Posibilidad de interponer la acción de cumplimiento frente a normas que contengan gastos

Al desarrollarse la acción de cumplimiento por medio de la ley 393 de 1997, el legislador contempló como excepción las normas que establecieran gastos, con lo cual, convirtió una garantía de carácter constitucional en una acción de excepcional aplica

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

La construcción de equipamientos híbridos en altura como respuesta a un modelo de ciudad denso y compacto: una propuesta para la UPZ N°71 Tibabuyes en la localidad de Suba en Bogotá.

El interés de este trabajo de grado consiste en proponer la construcción de un equipamiento híbrido en altura como alternativa de solución frente al crecimiento poblacional y la escasez de suelo presentes en la Unidad de Planeamiento Zonal- 71 Tibabuyes en la localidad de Suba. Se planea esta propuesta en el marco de un modelo de ocupación territorial denso y compacto contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Por tanto, el equipamiento híbrido en altura busca disminuir el déficit y mejorar el acceso a los equipamientos urbanos colectivos por parte de los habitantes de este territorio con el propósito de replantearse la manera de concebir las edificaciones tradicionales que brindan los servicios sociales.

Serie de Documentos. Facultad de Jurisprudencia N° 74. Perspectivas de la responsabilidad estatal por el daño ambiental en Colombia: dificultades para su exigibilidad y efectividad desde la jurisprudencia del Consejo de Estado

El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del Estado por el daño ambiental y las limitaciones del sistema tradicional de responsabilidad jurídica adoptado por el Consejo de Estado para su exigibilidad y reparación efectiva. En especial, afronta las dificultades que se presentan para establecer la prueba del daño y el nexo de causalidad para su imputación al Estado, así como la conveniencia de mitigar esa exigencia en consideración a las connotaciones propias y especiales de esta clase de menoscabos. Propone igualmente que en todos los casos en que se verifique la existencia de un daño ambiental se adopten en la jurisprudencia del Consejo de Estado las medidas tendientes a rehabilitar el medio ambiente afectado, cuando ello fuere posible, o proceder a su compensación o indemnización plena.

La aplicación de los principios de celeridad y debido proceso en los procesos de cobro coactivo en Colombia : un análisis desde su naturaleza y la normatividad vigente. 2006-2015

Este trabajo de investigación tiene por título, "La aplicación de los principios de Celeridad y Debido Proceso en los Procesos de Cobro Coactivo en Colombia; un análisis desde su naturaleza y la normatividad vigente, a partir del año 2006 y hasta la actualidad". El problema jurídico que evidenciamos y que motiva la presente investigación es el siguiente: ¿La forma en la que ha sido interpretado el Cobro Coactivo desde su naturaleza jurídica, en el ordenamiento jurídico Colombiano ha influido negativamente en la aplicabilidad de los principios de celeridad y debido proceso, en los procesos de Cobro Coactivo? El presente trabajo tiene como objetivo general efectuar un análisis sobre la forma en la que se armonizan los principios de celeridad y debido proceso en el Cobro Coactivo como potestad excepcional en cabeza de la administración pública, bajo el sistema normativo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, la Ley 1066 de 2006 y el Estatuto Tributario.