174 resultados para Regalías - Aspectos económicos

em Universidad del Rosario, Colombia


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Esta monografía tiene como objetivo principal, Analizar las regalías provenientes de hidrocarburos en Barrancabermeja. Asimismo, de investigar cómo se insertan las mismas en el plan de desarrollo de Barrancabermeja y como contribuyen al desarrollo del capital humano y capital social. En primera instancia se parte del supuesto que el uso de las Regalías provenientes de los Hidrocarburos por parte de Barrancabermeja parece no contribuir al desarrollo de capital humano ni capital social tal como lo establecen La Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley. Por lo tanto, estos recursos no parecen implantarse debidamente en el plan de desarrollo municipal lo que ha generado despilfarro y desviación de recursos. La monografía se divide en tres capítulos. El primer capítulo busca analizar el cumplimiento del mandato Legal y Constitucional en la destinación de los recursos provenientes de las regalías de hidrocarburos en Barrancabermeja (salud, educación, saneamiento básico, medio ambiente e infraestructura).

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El desarrollo social de un departamento está determinado por factores tanto internos como externos. Sin embargo, la existencia de recursos no renovables con gran valor, en algunos casos representan el núcleo de grandes problemas sociales en estos departamentos.

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de la calidad de vida de la población, siendo el cumplimiento de la Ley la mejor manera para mejorar las condiciones de vida de la población. El estudio de caso co-relacional que se ha escogido es el resultado de la contradicción existente en el departamento pues a pesar que cuenta con un aumento de los ingresos considerable desde la década de los noventa la calidad de vida de la población mediante la cobertura de necesidades básicas no es la mejor dejando claro el incumplimiento de la Ley 141 de 1.994 la cual determina que en cobertura de necesidades básicas y en saneamiento ambiental deben ser invertidos dichos recursos.

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La finalidad fundamental de este artículo es discutir dos rasgos esenciales del sector agrícola: primero, los problemas económico-productivos estructurales que le son propios, segundo, abordar el rasgo de subsidio macroeconómico que este sector ha realizado recurrentemente, a otros sectores económicos y sociales en América Latina. Se incluye en el último rasgo, repercusiones de este subsidio en las características de vida de la región, en especial la pobreza y la carencia de efectiva inclusión social. Una de las principales conclusiones es que, mientras este esquema se mantenga, la región continuará relegando este sector económico y aumentarán los rasgos de vulnerabilidad económica en los países.

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Inmersos en un conflicto armado y guiados por un modelo político que busca aprovechar el boom minero en pro del desarrollo de Colombia, se han potencializado dinámicas ilegales donde los Actores Armados Ilegales (A.A.I), como ‘bandidos estacionarios’, se han ido adaptando a las nuevas dinámicas del mercado donde el lucro, la rentabilidad y la financiación son su objetivo central. En el departamento de Antioquia, esa situación data desde la formación de sus regiones, como son el caso del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño. Empero, lo novedoso en el conflicto armado, y que tiene relación directa con la minería aurífera es, la alta posibilidad que los A.A.I. estén viendo en esta actividad su principal fuente de financiación como consecuencia de dos hechos importantes: 1). El éxito que ha tenido la lucha contra el narcotráfico y por ende, contra los cultivos ilícitos. Y, 2) El elevado precio del oro en el mercado internacional puesto que, se estima que en los próximos años alcance entre $2.000 y $2.107 dólares la onza. En este orden de ideas, el lector encontrará como los actores armados ilegales actúan como bandidos estacionarios que ejerciendo la “minería criminal”, inciden en la política fiscal municipal a partir de la para-tributación o ‘impuesto de protección’, captación de regalías y el lavado de activos; donde el fin es financiar sus actividades criminales, afectando negativamente la política tributaria de los gobiernos municipales que se caracteriza por su baja capacidad de gestión.

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Riqueza negra que no se ve es un reportaje periodístico que tiene como objetivo analizar el nuevo Sistema General de Regalías (SGR) promulgado por el Gobierno Nacional bajo la Ley 1530 de 2012. Específicamente, se seleccionó como estudio de caso Yopal, Casanare y algunos otros territorios donde se llevan a cabo actividades de explotación de recursos no renovables con el propósito de analizar junto a la población civil y autoridades gubernamentales el SGR y su impacto para el desarrollo social de la población colombiana.

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Este documento presenta una amplia revisión de la evolución de la política agrícola durante los noventa, con un particular énfasis en lo relacionado al Acuerdo de la Organización Mundial de Libre Comercio sobre la Agricultura. La política sectorial se caracteriza a través de programas, organizaciones y arreglos institucionales tanto verticales como horizontales

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La presente investigación tiene como objetivo principal, analizar las dinámicas de desarrollo local del distrito minero Litoral Pacífico durante el periodo 2008-2012 a partir del modelo extractivista, con el fin de demostrar que, a pesar del auge minero durante estos gobiernos, el crecimiento de la actividad y la entrada de capital a estos municipios, el desarrollo local es escaso ante las dinámicas del conflicto armado interno y el abandono estatal que ha existido por excelencia en esta zona. Por lo tanto, a partir de la utilización del método cualitativo, se utilizarán estudios e informes de las fuentes primarias y secundarias, que permitan un análisis explicativo de este fenómeno económico y social.

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El desplazamiento forzado en Colombia es una consecuencia del conflicto armado, que afecta el 8% del total de la población, de ésta el 50% son niños y adolescentes. Se han descrito diversas consecuencias de este proceso migratorio, que implican aspectos económicos, sociales y de la salud, especialmente de la salud mental, dado por entidades nosológicas como tal, y respuestas emocionales, que parecen ser más frecuentes. Dichas alteraciones psicológicas, pueden estar alterando el proceso de adaptación (aculturación) de estos sujetos, incrementando el sufrimiento emocional y en los adolescentes además entorpeciendo el proceso de consolidación de la identidad, en el cual es indispensable la identificación con el medio externo y la socialización secundaria, que se realiza en el ámbito escolar. Esta investigación busca determinar los mecanismos psicológicos empleados por los adolescentes en situación de desplazamiento (ASD), dentro del ámbito escolar, para lograr la aculturación. Aspectos metodológicos: participaron 15 ASD y 15 pares receptores, alumnos de IED- Estanislao Zuleta, aplicándose entrevistas a profundidad, transcritas de forma inmediata y analizadas en el programa de análisis cualitativo ATLAS ti, estableciendo categorías y relaciones axiales, que permitieron desarrollar hipótesis y una teoría. Resultados: el proceso migratorio está marcado por alteraciones emocionales, que se incrementan en el lugar de recepción asociado a las consecuencias sociales, económicas y políticas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. La discriminación, que no fue generalizada en este estudio, favorece estas alteraciones, entorpeciendo el proceso de aculturación. Conclusiones: la capacidad de resiliencia, que en gran medida depende del entorno, favorece la adaptación, por lo que no todos los ADS tienen procesos erráticos de aculturación al entorno. En los adolescentes que persisten las alteraciones emocionales, el proceso de aculturación se ve entorpecido, favoreciendo la segregación y marginación.

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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.

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En Colombia, la construcción, operación y administración de los puertos exige el otorgamiento, por parte del Estado, de un contrato de concesión a sociedades portuarias, el cual se otorga previo agotamiento de un trámite administrativo especial de iniciativa privada, mediante el ejercicio del derecho de petición en interés particular o por medio de una oferta oficiosa impulsada por el Estado. Los trámites enunciados están previstos en la Ley 1ª de 1991, reglamentada actualmente por el Decreto 4735 de 2009. Si bien el régimen legal prevé mecanismos que permiten la comparecencia de terceros dentro del trámite, no contempla la manera como debe tramitarse la solicitud de concesión portuaria, radicada por fuera del término previsto en el artículo 10 de la Ley 1ª de 1991, cuando ésta no es una oposición o propuesta alternativa a una solicitud, sobre una misma área en estudio de petición de concesión.

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En este documento se expone en términos políticos, económicos y educativos la situación que se dio en Colombia desde la segunda mitad de la centuria pasada con el fi n de entender las relaciones políticas y económicas que se presentaron, y las que contribuyeron en la creación y consolidación de empresas, en especial la forma como se dieron las relaciones entre los actores, en la cual se incluyeron las instituciones de educación que incidieron en la conformación de programas de administración en Colombia, como fruto de la creciente formación de empresas tanto del sector público como del privado. El desarrollo comprende la consolidación de la violencia política partidista del periodo, previo al régimen de facto que ocurrió bajo la dictadura militar. El punto de partida fueron los aspectos políticos, para luego adentrarse en los económicos, empresariales y educativos y considerar las relaciones del Estado con los particulares. Desde el punto de vista político se dio una constante pugna entre dirigentes del Estado colombiano quienes estuvieron en forma permanente enfrascados en luchas partidistas lo cual generó faccionalismos regionales que se refl ejaron en aspectos económicos, empresariales y educativos; tal accionar condujo a consolidar la violencia partidista que dio como resultado la muerte de Jorge Eliécer Gaitán1 en 1948. Sin embargo, se dieron procesos de conformación y consolidación de empresas que fueron óbice para tipifi car el comienzo del desarrollo industrial, y la oferta universitaria de programas de formación en administración en Colombia, con el fi n de contribuir con la dirección de las organizaciones empresariales que se gestaron. En lo educativo, fue la religión católica quien señaló la manera de educar y actuósobre el particular, de forma intervencionista; al llegar inclusive a determinar los textos que deberían utilizarse en los procesos de formación, sobre todo en materia de enseñanza primaria y secundaria.

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Debe propugnarse por la existencia de un equilibrio entre la libertad contractual y viabilidad financiera de la industria aseguradora, y los derechos humanos de las personas viviendo con el VIH/SIDA, entre estos se debe encontrar la posibilidad de acceder a seguros de salud y vida. Los aseguradores deben colaborar, junto con el resto de estamentos de la sociedad, en la activa prevención de la pandemia, con base en un principio de solidaridad e interés general, pero también como parte de una estrategia acorde con su actividad.

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Desde la perspectiva del comercio internacional la prestación de servicios, en particular la de servicios públicos, ha sido un tema reciente. En el caso de la educación este tema se consideraba tradicionalmente como una actividad propia del Estado, asociada al concepto de servicio público. En la actualidad estos conceptos han cambiado y hoy se considera que la educación no sólo puede ser objeto de transacciones comerciales, como cualquier otro servicio, sino que además puede ser exportada. Para Colombia este tema cobra especial importancia de cara a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, no sólo por la especial situación de Colombia como importador neto de servicios de enseñanza, sino también por los posibles efectos que pueda tener este tratado sobre la educación en el país. El objetivo de este documento es analizar las disciplinas del comercio de servicios y su aplicación a los servicios de enseñanza superior en particular, así como las implicaciones concretas para Colombia de las negociaciones de un TLC que incluya en su ámbito de aplicación el tema de los servicios de educación.

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.