201 resultados para Recursos hídricos-Política ambiental-Colombia

em Universidad del Rosario, Colombia


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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.

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En este artículo se revisan y analizan algunos aspectos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) y su Plan de Manejo Ambiental, con el ánimo de demostrar que no consideran de manera adecuada los componentes ambiental y social. Desde la perspectiva de las políticas públicas se demuestra que se ajustan más a una estrategia militar-antinarcóticos que social y medioambiental, contrario al querer transmitido en la definición del instrumento, que habla de la compensación, prevención y mitigación de impactos, la protección de los recursos naturales, del medio ambiente y de la salud de la ciudadanía ubicada en las zonas de influencia directa. Para ello, se hace un recuento de cómo está definido el Programa y los organismos que lo componen; después se explica el Plan de Manejo Ambiental y el análisis de su implementación, posteriormente se muestran los resultados obtenidos de esta verificación para, finalmente, formular las respectivas conclusiones.-----This paper reviews and analyzes issues of the Illicit Crop Eradication Program with Glyphosate (ICEPG) and its Environmental Management Plan, with the aim to demonstrate that the environmental and social components have not been properly considered. From the public policy viewpoint, they are shown to fit more into a military antinarcotics strategy rather than a social and environmental strategy, as opposed to the aims contained in the instrument definition, which talks about impact compensation, prevention, and mitigation; and protection of natural resources, environment, and population’s health within the direct influence areas. For this purpose, an initial review of the Program definition and component organizations is provided; the Environmental Management Plan is explained, its implementation is analyzed; the results from this verification are shown; and, finally, the respective conclusions are formulated.

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El artículo presenta los resultados de una investigación desarrollada como proyecto de grado para optar el título de Magister en Dirección en la cual se identifican los impactos que en materia ambiental son generados a lo largo de los procesos realizados dentro de los frigoríficos en Colombia y evaluar la manera como se realiza la gestión ambiental de los frigoríficos cárnicos más representativos en Colombia, como parte de esta gestión es importante revisar la política de Estado y finalmente, se proponen algunas acciones de tipo directivo en las cuáles todos los actores de la cadena cárnica pueden participar con el objetivo de mejorar el tema ambiental de éstas organizaciones en Colombia.

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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.

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La alta riqueza natural de Canadá ha hecho que el tema ambiental tenga un rol importante en las agendas tanto del orden nacional como del internacional y ha sido además objeto de múltiples estudios aca­démicos y de preocupaciones netamente civiles en torno a las problemáticas que se presentan. La situación no es lejana a la que se presenta en Colombia, considerado uno de los países más ricos del mundo en materia de recursos naturales, pero que requiere conocer cada vez más experien­cias que le permitan dilucidar soluciones para las problemáticas ambientales que enfrenta, si se tiene en cuenta, además, la situación de conflicto existente que ame­naza de forma considerable la seguridad ambiental.

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Este proyecto responde a un momento histórico de gran importancia, que por supuesto no pudo ser más oportuno. Colombia celebra en el año 2006 los quince años de la promulgación de su Constitución Política, y los cambios de trascendentales surgidos a partir de su aplicación has sido prolíficos, Particularmente, el tema ambiental ha sobresalido dentro de las grandes transformaciones del país, y por ello no en vano hoy se afirma que tenemos una verdades Constitución ecológica. De igual forma, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario conmemora los die años de la creación de la especialización en Derecho Ambiental, y tal coincidencia histórica fue una motivación adicional para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida para proponer la realización de un análisis de la evolución normativa surtida en este decenio, una evaluación de la gestión ambiental colombiana y de sus distintos impactos en una sociedad que cuenta hoy en día con herramientas constitucionales legales para la defensa de sus derechos e interese colectivos. La Universidad del Rosario ha sido parte de esta evolución, desarrollando un rol activo con el cual se han abierto espacios de discusión y de proposición de alternativas, herramientas y experiencias en pro de la protección integral de la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana. Así, se ha constituido como facilitadora del proceso de la formación de los nuevos actores y ha tenido gran posicionamiento en procesos de participación y de estructuración de proyectos institucionales ambientales.

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El estudio describe el fenómeno de la transformación de líderes religiosos en líderes políticos tras los cambios del sistema político en el contexto de la Constitución de 1991 y analiza algunos mecanismos recíprocos entre la esfera religiosa y política a partir del rastreo de casos emblemáticos. Se examinan las razones por las cuales diversos grupos e individuos religiosos derivados del mundo cristiano respaldan en espacios de competencia político-electoral a líderes que representan las comunidades de fe a las que pertenecen. Algunos de los colectivos religiosos reseñados han conformado partidos y movimientos de origen confesional, mediante el empleo de diversos dispositivos que han suscitado la instrumentalización de la política al servicio de objetivos de procedencia religiosa. La investigación señala la pervivencia del hecho religioso a lo largo de la historia socio-política colombiana, y a su vez, advierte la transferencia de hábitos y la persistencia de intercambios entre el campo religioso y el campo político en el contexto actual, fundamentalmente con respecto al posicionamiento de líderes carismáticos que, a través del uso de los recursos propios del ámbito religioso compiten por el capital político.

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Esta monografía busca analizar cómo la normatividad forestal en la región de la Orinoquia, específicamente en el municipio de la Primavera, Vichada, puede convertirse en un factor generador de condiciones favorables para el desarrollo regional. Inicialmente, en el proyecto de la investigación, se propuso realizar el análisis a partir de la Ley General Forestal, pero en el transcurso del trabajo fue necesario replantear este foco de estudio, porque esta fue declarada inexequible por la Corte Constitucional Colombiana. Sin embargo, este viraje no afecta, sustancialmente el trabajo, ya que el propósito, más general, de la Ley era ordenar y agrupar las distintas medidas, instrumentos y disposiciones sobre el sector forestal que estaban dispersos en leyes anteriores, decretos reglamentarios y planes específicos formulados desde 1959 en adelante, por lo tanto al desaparecer la Ley, se regresa a la situación anterior, sin que desaparezcan los aspectos puntuales para el análisis, como son: la regulación de todas las actividades relacionadas con plantaciones forestales. La conservación y el manejo sostenible de bosques naturales y el establecimiento de varias plantaciones forestales. El otorgamiento del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), mecanismos de financiación, créditos, estímulos, incentivos, exenciones y garantías a la inversión. Las competencias para los diferentes entes e instituciones locales, regionales y nacionales.

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El deterioro medioambiental, en particular la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ha tenido un crecimiento significativo a través de los años, debido a la constante transformación de los hábitats, la deforestación y especialmente por la sobre-explotación insostenible de los recursos existentes, trayendo consecuencias adversas para el desarrollo de los países más pobres, donde paradójicamente se concentra la mayor diversidad biológica del planeta. Es así como, surge la necesidad de responder a esta problemática y canalizar por medio de diferentes foros internacionales la atención de la comunidad internacional a la protección de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, legitimó los problemas ambientales como un tema de preocupación internacional lo que generó un impulso político sin precedentes que llevó a la firma de diferentes acuerdos, entre ellos, la Convención sobre el comercio internacional de fauna y flora (CITES) de 1975. Veinte años después en el marco del fin de la guerra fría, tuvo lugar en Río de Janeiro la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, la cual basándose en el Informe Brundtland reafirmó internacionalmente el hecho de que la “protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo”1. Cabe señalar que la Cumbre se convirtió en un hito internacional que ayudaría a guiar la cooperación de los estados y las organizaciones y el desarrollo de programas en el próximo siglo, al tener como resultado la adopción de diferentes acuerdos multilaterales como: la Declaración de Principios sobre Bosques, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se definen los derechos y las obligaciones de los Estados respecto a principios básicos sobre el medio ambiente y Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU con el mandato de coordinar las actividades de medio ambiente de las Naciones Unidas y supervisar la aplicación de lo pactado en la Cumbre del 92. Sin embargo, años después se vislumbra con gran preocupación en la Cumbre para la tierra + 5, la persistencia de la explotación indebida de los recursos naturales, y el continuo crecimiento de la pobreza. Es así como, en el 2002 con el objetivo de revisar nuevamente los éxitos y los fracasos registrados desde la Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Johannesburgo, África del Sur, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 10) donde se acordó la necesidad de fortalecer el multilateralismo por medio de instituciones internacionales más efectivas que promovieran el desarrollo sostenible y se reconoció al Convenio sobre la Diversidad Biológica como ente rector para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y como el instrumento principal para reducir la perdida de la misma al 2010.2 Asimismo, teniendo en cuenta que el CBD cuenta con la cooperación de diferentes organizaciones internacionales para dar total cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo, como es el caso de la UNCTAD, la UNDP, la UNEP, entre otras, en la presente monografía se analizará específicamente la cooperación de la UNCTAD, en la medida que se ha convertido en una organización que se ha preocupado por adoptar día a día un nuevo enfoque para la asistencia al desarrollo abordando conjuntamente el medio ambiente y el comercio, a través de programas de cooperación como es el caso del BTFP, que fue una de las primeras iniciativas de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a fomentar el comercio responsable para potenciar la sostenibilidad y mantener la biodiversidad.

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El agua esta presente en el 70% de la superficie del planeta Tierra y de ella depende la vida de la gran mayoría de organismos que en él existen, incluidos entre ellos la raza humana. Nuestro cuerpo, además, esta compuesto en un 70% de este líquido. Sin embargo, debido al progreso industrial y al calentamiento global, entre otros factores, las fuentes hídricas se han visto afectadas considerablemente, lo que ha generado preocupación mundial sobre el manejo y la gestión del recurso. Desde el punto de vista jurídico, el agua, es uno de los recursos naturales de más trascendencia y actualidad, por su constante deterioro y sus múltiples usos. Esto se debe a que el recurso hídrico es el elemento principal para el desarrollo de la vida, y el hombre se ha encargado de aminorar la existencia de este líquido, acabando con las fuentes hídricas sin conciencia del daño ambiental que produce con sus actos u omisiones.

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The gender, environment, and development approach proposes the study of women’s rights and obligations toward natural resources, as well as institutions and property relations that govern the access to such resources within specifi c socio-environmental contexts. From this viewpoint, this paper studies the fi shing activities of native women and men from Veracruz, Mexico, focusing on two processes: the gender construction of the fi shing arts and the gender socialization in fi shing activities. This paper shows that both processes make women specialize in certain water resources, which are important to securing feeding to their communities. An environmental policy with a gender perspective will be able to visualize woman roles in food provisioning, and to strengthen their control over the resources they currently manage, based on the environmental knowledge women have about them.

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Como fruto de un enriquecedor proceso político de discusión y consenso, la Constitución de 1991 quiso sentar las bases del avance de la sociedad colombiana hacia una democracia consolidada y profunda. Conforme al espíritu de la Carta, el progreso en esa misma dirección no depende solamente de los gobernantes y de los actores tradicionales, sino de un cada vez más amplio ejercicio ciudadano de la política. Por ello, el conocimiento de su contenido, el análisis de sus preceptos y las relaciones entre sus principios revisten importancia fundamental para que su vigencia sea efectiva. La extensión y la complejidad de su temática, además del hecho de que se ocupe de detalles usualmente no propios de las disposiciones constitucionales, no debe llevarnos a caer en la trampa de tratar nuestra carta fundamental como si fuere una reglamentación corriente y trivial, susceptible de cambios al servicio de intereses pasajeros. Nuestro compromiso republicano exige respetarla en su condición de marco fundamental de la vida política y evitar que, por el camino de las reformas caprichosas, se lleguen a desmontar sus principios fundamentales y a desbaratar con ello conquistas democráticas valiosas. El conocimiento del conjunto de la Constitución, el análisis profundo de la forma en la que está construida y el contenido y el sentido de sus preceptos se facilitarán con esta obra del Constituyente Jaime Castro, que servirá de valiosa guía a expertos y profanos, debido al rigor y la seriedad del ejercicio de desentrañar su estructura y presentar ordenadamente las relaciones entre sus preceptos, a la manera de los buenos manuales de análisis jurídico y educación ciudadana. Quien se adentre en las páginas de la obra, podrá encontrar los hilos que conectan aquellos argumentos esenciales de la concepción del Estado, animada por el constituyente. También hallará las conexiones y las falencias de los catálogos de derechos y deberes que el texto constitucional consagra. Y podrá identificar tópicos susceptibles de nuevos desarrollos, a partir de las insinuaciones que la propia Constitución hace respecto de las organizaciones políticas, el ejercicio de la ciudadanía y los proyectos económicos y sociales que dentro de su marco se pueden impulsar. En la medida en que la Constitución es en esencia un instrumento político, no puede quedar exclusivamente en manos de ningún sector de la vida nacional. Para que sus postulados no se queden escritos y para que no se siga desmontando a pedazos el edificio constitucional, es preciso que todos nos apropiemos del tema, conozcamos los parámetros y las oportunidades que allí se establecen y exijamos, con fundamento, las responsabilidades políticas e históricas que corresponden a todos los actores de la vida pública. El presente trabajo analítico sirve de manera ostensible a ese propósito. Por el mismo camino, esta obra podrá contribuir, el día en que los cambios sean necesarios, a que la sociedad colombiana pueda participar, con conocimiento de causa, en las discusiones correspondientes.

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La monografía explora las limitantes de construcción de ciudadanía integral en miembros de iglesias evangélicas con antecedentes de participación política en Colombia, a partir de un caso de estudio, con el fin de aportar a la comprensión del fenómeno político generado por estas comunidades.

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Esta monografía busca responder a las preguntas acerca de la responsabilidad política, su concepto, sus sujetos, su efecto, entre otras y su relación con el proceso de consolidación democrática en Colombia. Particularmente, pretende analizar si la responsabilidad política ha sido un elemento importante para generar el proceso de consolidación de la democracia colombiana durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el período 2002-2008.

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El ordenamiento territorial colombiano es débil y sus entidades territoriales carecen de funciones concretas, siendo un obstáculo para alcanzar los fines que la Constitución de 1991 le impuso al Estado colombiano en el contexto de una economía de mercado. En este sentido, en la presente investigación se realiza un estudio sobre la provincia, como nivel de gobierno entre el municipio y el departamento, presentándola como una posibilidad para fortalecer y articular las iniciativas locales, aumentar la participación política y generar economías a escalas en Colombia. En principio, se hace un análisis del ordenamiento territorial colombiano frente al cumplimiento de los fines del Estado; segundo, se realiza un acercamiento conceptual de la Provincia identificando su correlación con entidades similares en países de Europa y América latina; tercero, se hace un recorrido histórico de la Provincia desde la época de la Conquista hasta la actualidad en la realidad colombiana. Y por último, se hace un estudio del rol de las Provincias en una economía abierta como la colombiana.