100 resultados para Oferta pública (Tútulos) - Custos
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
Establecer una metodología empresarial para la realización de una de las formas de adquisición, las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs), partiendo de los aspectos jurídico y financiero
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La Ley 715 de 2001 cambió las implicaciones asociadas a la certificación en el sector de la salud en Colombia. Desde su implementación, los municipios certificados pueden ejecutar los recursos adicionales, derivados de su certificación, solo en la atención de la población pobre no asegurada (subsidios de oferta). Anteriormente podían invertirse también en salud pública y en el régimen subsidiado. En este documento se evalúan los efectos de la implementación de la Ley 715 sobre la cobertura del régimen subsidiado,entre 1998 y 2010, haciendo uso de la metodología diferencia en diferencias.Los resultados indican que si bien entre 2002 y 2004 la reforma no tuvo ningún efecto significativo, los municipios certificados incrementaron su cobertura paulatinamente desde 2005 con respecto a los municipios no certificados.
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Este trabajo busca, en primer lugar, por medio de una investigación diagnóstica, demostrar por qué las políticas de autonomía universitaria, financiación y calidad constituyeron desde 1992 hasta 2011 una política de Estado en materia de educación superior. Y, en segundo lugar, con base en ese diagnóstico, brindar algunas herramientas para la institucionalización de políticas públicas en esa materia sustentadas en la construcción participativa de las mismas. Para su desarrollo se tomaron como marco los conceptos de políticas públicas, políticas de Estado e institucionalización planteados por diferentes autores, lo que permitió realizar un estudio transversal e integrado de los contextos, actores e instrumentos de las precitadas políticas.
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Cada día es mayor la demanda de alimentos a nivel mundial y menor su oferta debido a múltiples razones, por eso que es de gran importancia encontrar las mejores prácticas para que la cadena de suministro de productos alimenticios sea más eficiente y productiva, no sólo con el fin de llegar a la mayor población posible, sino también de mejorar los rendimientos de cada uno de los participantes de la misma. Este proyecto busca analizar las tres principales cadenas agroalimentarias de Argentina y Brasil, con el fin de determinar su desempeño actual, su grado de madurez y su productividad; para lograr esto, primero se va a levantar la información pertinente al tema, luego se identificarán las mejores prácticas en la cadena de suministro para los tres productos más importantes de la canasta básica de ambos países, posteriormente se analizará el desempeño de las agrocadenas y por último se determinará la madurez y productividad de las mismas. La metodología utilizada en este documento se basa principalmente en la búsqueda de información en fuentes gubernamentales y oficiales de cada país para obtener información verídica, confiable y actualizada. Estas fuentes nos aportarán la información que junto con un análisis propio permitirá cumplir los objetivos del proyecto. El resultado de estos datos es de gran importancia, ya que con la investigación realizada se podrán identificar las buenas prácticas para enriquecer el análisis o identificar las malas prácticas y así, proponer modelos que permitan el manejo eficiente de las agrocadenas buscando su desarrollo y perdurabilidad.
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Desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones “el estado de las cosas inconstitucional” ante las precarias condiciones del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC), sin embargo, los esfuerzos institucionales por superar dicho estado han tenido efectos nulos o limitados. Prueba de ello son las altas tasas de hacinamiento y reincidencia que siguen manifestándose crónicamente por el deficiente funcionamiento del sistema. Precisamente este diagnóstico con alternativas de solución presume que esta situación se debe a la ausencia de una política pública integral, al partir de la identificación de los principales obstáculos para la construcción de una política pública penitenciaria en Colombia entre los años de 1998 y 2014. El ejercicio antes mencionado se apoya en la utilización de dos herramientas metodológicas a saber: el análisis estructural “MICMAC” y el análisis de involucrados. De los resultados arrojados por estos métodos se elaboran así mismo tres recomendaciones sobre política pública penitenciaria.
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Con sustento en la propuesta de una teoría general de los convenios de la administración, el autor examina esa categoría general, así como sus dos grandes especies: los convenios celebrados entre las mismas entidades públicas (interadministrativos) y los convenios que la administración pública celebra con los particulares (administrativos). Desde ese examen, que identifica los rangos jurídicos de cada una de tales figuras, explora la tipología existente en el derecho positivo en relación con unas y otras. Con base en dicha aproximación, aborda, por ejemplo, el estudio de los convenios y contratos celebrados con organismos de cooperación internacional y con entidades estatales cooperativas, los convenios de organización, el convenio de delegación de funciones, los convenios administrativos de colaboración, los convenios administrativos de interés público y los convenios y contratos regulados por las normas de ciencia y tecnología. El presente trabajo- adelantado con el rigor académico propio de una tesis de maestría en derecho administrativo-, aunque parte necesariamente del derecho de los contratos estatales y sus leyes básicas (80 de 1993 y 1150 de 2007), al considerar que los convenios van más allá de un simple acuerdo de voluntades, desborda ese campo y avanza en el estudio del identificado por el autor como derecho de la organización de la administración pública, que tiene fundamento especial en la Ley 489 de 1998.
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La Función Pública puede entenderse como la herramienta necesaria que permite gestionar los recursos humanos que están al servicio del Estado y por ende de los ciudadanos, de ahí que el proceso de selección de los funcionarios públicos deba garantizar como mínimo transparencia, idoneidad, celeridad y mérito como elemento fundamental para quien detente un cargo público. De ajustarse a tales medidas se garantizaría legitimidad institucional y credibilidad en el sistema democrático. Si bien, el Estado colombiano ha tratado durante décadas hacer de este postulado una realidad, lo cierto es que en la práctica no se han concretado muchos de los propósitos y disposiciones que la Ley expresa, sino que por el contrario ha permanecido en el tiempo una constante ligada a manifestar la forma poco adecuada de como realmente se llevan a cabo los procesos de selección de funcionarios públicos, los cuales atienden más al clientelismo que a la idea de responder al deber ser. Esta monografía estudia en concreto los primeros cinco años de gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez, en lo relativo a la Función Pública, en donde se determinan algunos aspectos de lo que ha sido su gestión en relación con la propuesta administrativa y la coherencia de la misma frente a los hechos concretos que se manifiestan en lo concreto.
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Se analiza la Sentencia T-025/04 de la Corte Constitucional, estableciendo la relacion con la política pública de atencion al deslazamiento en Bogotá en la administración de Luis Eduardo Garzón. Periodo 2004-2007.
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Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.
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El objeto de esta monografía es identificar y analizar los elementos constitutivos de una política pública a fin de caracterizarlos en el programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores, y establecer si dicho programa constituye la base para la formulación de una política integral migratoria para Colombia.
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Partiendo del escenario de democracia participativa que establece la Constitución del 91 en Colombia, esta investigación se preocupa por identificar los factores que han determinado la participación en Cali en ejercicios de control ciudadano durante el periodo 2001 - 2007. Para ello se recurre principalmente a los conceptos de Cultura Política de Almond y Verba, y Democracia Fuerte de Benjamin Barber como categorías analíticas que permiten evaluar los niveles de participación registrados durante el periodo de estudio, y así concluir que la existencia de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de carácter negativo respecto al sistema político local, los rezagos de una configuración de dominación patrimonial, y las lógicas particularistas que promueve el liberalismo a ultranza, entre otros, han provocado un bajo nivel de participación ciudadana en ejercicios de control, que a su vez se caracteriza por ser predominantemente contestatario.
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A partir de la constitución de 1991 en Colombia se instauró la democracia participativa como el mecanismo idóneo para relegitimar al Estado, y como medio para incluir en el tránsito político a los sectores marginados de la sociedad colombiana. No obstante, el andamiaje y el juego participativo no dan prueba de ello, y por el contrario, lo que se expresa en la realidad política colombiana, es un escenario de mayores niveles de exclusión y marginalidad que se han incrementado por factores como la democracia participativa. Lo que pretende el presente escrito es demostrar el cómo se convierte la democracia participativa en un instrumento de dominación que favorece los intereses privilegiados de determinados actores, así como demostrar los fenómenos contradictorios que se establecieron en la constituyente de 1991 y que dieron forma al paradigma participativo.
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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.
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La presente monografía analiza la efectividad en la ejecución de la Política Publica de Reintegración Social y Económica, y toma como caso de estudio a Bogotá, durante el periodo 2006 y 2008. Para lograrlo, en el primer capítulo establece los fundamentos teóricos sobre Política Pública, el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración, y plantea un modelo de análisis para la política en estudio. En el segundo capítulo, realiza una contextualización del conflicto armado colombiano, de sus actores y las propuestas realizadas por los gobiernos para lograr la conciliación en el país. Así mismo, se analiza el cambio de reinserción a reintegración a través del estudio del Programa de Reincorporación a la Vida Civil y las críticas que llevaron a la creación de la Alta Consejería para la Reintegración. En el tercer capítulo presenta las condiciones determinantes en Bogotá para la reintegración, y expone así, la lucha armada en la ciudad, el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración, las características especiales de los desmovilizados que llegan a la ciudad, y los elementos que definen a las comunidades de acogida. En el cuarto capítulo efectúa el análisis de la Política Pública de Reintegración Social y Económica en Bogotá (2006-2008) en cuanto a la estructuración del problema, los involucrados, la evaluación de los resultados y la efectividad de la reintegración.
Resumo:
El propósito de esta investigación fue el de hacer un análisis transversal de la política pública de acceso al agua en Colombia, desde la implementación, funcionamiento y efectividad de la misma, en el contexto del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar.