La instrumentalización del derecho fundamental a la salud a través de la prestación del servicio público

La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

Hermenéutica jurídica de la competencia en Colombia : estudio de la Cláusula de Prohibición General del artículo 7 de la Ley 256 de 1996

La tesis tiene como objetivo central, desde un punto de vista crítico en el que se resalta la influencia de la política y del sistema económico en las decisiones judiciales, exponer la forma en que las autoridades judiciales y administrativas han interpretado las normas que regulan la competencia en Colombia, específicamente el caso del artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Y preguntarse si dependiendo del método de interpretación que se acoge al momento de fallar se busca reforzar o no el modelo económico liberal, en especial la adopción de los argumentos que sustentan la decisión.

Análisis del Modelo de Cooperación Internacional para la Reintegración de grupos armados al margen de la ley en el periodo 2002-2006 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez

La reintegración social y económica de grupos y personas armados al margen de la ley es un tema polémico en el ámbito nacional como en el internacional. Aquí se intenta demostrar la debilidad del modelo de cooperación internacional en Colombia y su incidencia en el Programa de Reintegración de grupos y personas armadas al margen de la ley, partiendo de la precariedad institucional del modelo de cooperación internacional vigente durante el periodo 2002-2006, caracterizado por la limitada existencia de escenarios de coordinación, así como por la incidencia de externalidades políticas, económicas y diplomáticas. Se logra, de esta manera, evidenciar la presencia de vacíos institucionales que no permiten que la cooperación internacional dirigida a los procesos de reintegración tengan un adecuado manejo, así como el sentimiento de desconfianza que hay por parte de la comunidad internacional hacia los programas de reintegración, debido a los problemas estructurales del programa en sí, a su limitada cobertura, a errores de diseño y a las limitaciones en su implementación. Lo anterior, ha traído como consecuencia la formación de nuevos grupos armados al margen de la ley en las zonas donde ocurrieron las desmovilizaciones; de igual manera, la falta de cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho que esta desconfianza siga latente en el escenario de cooperación internacional.

Itinerario y énfasis del ordenamiento territorial en Colombia : reflexiones al cumplir la Ley de Desarrollo Territorial, Ley 388 de 1997, una década de vigencia

El Plan de Ordenamiento Territorial es la herramienta por antonomasia de organización del territorio en Colombia. La forma como se diseñe y haga uso de él afecta de manera decisiva la capacidad de los municipios para responder a las actuales y futuras realidades urbano-rurales. En este sentido, resulta importante, e incluso necesario, reflexionar sobre la orientación que este instrumento ha tenido, con el propósito de establecer su funcionalidad y pertinencia. Un ejercicio de esta naturaleza requiere de un proceso de investigación que contemple los siguientes procesos: 1. Indagación sobre el estado del arte en la materia, lo cual implica revisar, no sólo la normatividad y las teorías que le dan sustento -principios y objetivos- al ordenamiento territorial, sino, además, los resultados obtenidos mediante las políticas aplicadas. 2. Evaluación de la implementación, los contenidos y la base teórico-conceptual de los planes. 3. Construcción de un diagnóstico integral a partir del cual se puedan realizar propuestas que mejoren la forma como se construye el territorio desde los planes de ordenamiento territorial. El presente documento forma parte de ese proceso inicial de investigación, y pretende describir a grandes rasgos la naturaleza, características y alcance de los planes territoriales, con el propósito de tener insumos para los procesos de análisis venideros. En él, se empieza haciendo un recuento histórico del ordenamiento territorial desde distintos énfasis, mostrando la evolución de las políticas estatales en la materia; se continúa con el marco jurídico en el que se sustenta hoy el ordenamiento territorial en el país; luego, se adentra en la Ley 388 de 1997 para dar a conocer su naturaleza, los principios que la rigen y las herramientas de las cuales se dispone para ordenar los territorios de los municipios; de inmediato se efectúa una revisión de la manera como estos planes se han implementado por las autoridades municipales y las dificultades y aciertos que en ese sentido han tenido. Finalmente se expone una reflexión del camino que debe seguir la investigación dado el panorama encontrado.

La reparación integral a las víctimas en Colombia, análisis crítico a la “ley de víctimas”; caso del departamento de Nariño

La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

Una mirada al papel del precedente judicial y su aplicación por parte de los jueces administrativos y de la administración pública. estudio del propósito de las sentencias de unificación jurisprudencial y del mecanismo de extensión de jurisprudencia, consagrados en la ley 1437 de 2011.

El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.

Los estándares de la Corte Interamericana y la Ley de Justicia y Paz

El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en gestores de paz o en agentes de acuerdos humanitarios individuales) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber regulado esa relación.Para identificar y evaluar la presencia del derecho dentro de esa negociación, este texto ha sido dividido en seis capítulos. El primero, hace una aproximación conceptual al concepto de estándares, entendidos como las pautas y reglas articuladas por el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El capítulo dos, reconstituye los estándares construidos por la Corte Interamericana, relacionados con los derechos de las víctimas desde juzgamientos hechos a Honduras, Guatemala, Perú y Colombia.

El enfoque de género y la reparación colectiva en la aplicación de Justicia Transicional. Asociación de mujeres ANMUCIC en Colombia, como actor en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011-2014).

El propósito de este estudio de caso es analizar la forma en la que la Ley de Víctimas y restitución de tierras del 2011, especialmente el mecanismo de la ruta de reparación colectiva, contemplando un enfoque de género, ha contribuido al empoderamiento de la mujer víctima del conflicto armado en Colombia. Se pretende analizar cómo ha sido el proceso de implementación de dicha herramienta en la organización de mujeres ANMUCIC (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia). Por medio de esta investigación se busca identificar cómo se puede llegar a tener una ley en el postconflicto que contribuya al reconocimiento de la mujer a través de su implementación.

Justiciabilidad de los Derechos Colectivos. Balance de la ley de acciones populares y de grupo (Ley 472 de 1998) en sus primeros 10 años 1998-2008.

Este libro presenta un balance del primer decenio de la ley de acciones populares y de grupo en Colombia, elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Excelencia en la Justicia. El Diagnóstico realizado con una metodología cuantitativa y cualitativa, presenta aspectos significativos de la aplicación de la Ley 472 de 1998 a fin de formular propuestas, elevar los niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés público y plantear una agenda futura de investigaciones en la materia. El texto contiene artículos y ponencias presentados por reconocidos conferencistas nacionales e internacionales que participaron en el Seminario Internacional Las acciones populares y de grupo. Balance de los diez años de la Ley 472 de 1998. Diagnósticos, retos y perspectivas realizado los días 16, 27 y 28 de agosto de 2008. Las ponencias fueron organizadas en páneles: balance del constituyente, del legislador, de los operadores judiciales, del ministerio público y finalmente, avances en la garantía de los derechos colectivos y retos de las acciones de grupo.

Impedimentos en la aplicación efectiva de la Ley de Justicia y Paz en materia de DDR y justicia transicional. Estudio de caso: el surgimiento de las Bacrim en Antioquia (2006-2008)

El objetivo de este estudio de caso es demostrar en que medida la incapacidad del Estado influyó en el surgimiento de las Bacrim en el departamento de Antioquia. Para tal fin, se aborda la problemática desde una perspectiva tanto explicativa como analítica, dado que pretende examinar la relación causal entre el fenómeno armado en Antioquia y las causas que llevaron a su surgimiento mediante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, teniendo como punto de partida la incapacidad estatal en tres niveles: en infraestructura económica para el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración con las Autodefensas Unidas de Colombia, en administración de justicia para el proceso de justicia transicional y para recuperar el monopolio legítimo de la violencia.

La protección social de las familias monoparentales en la ciudad de Bogotá 1991 -2015: una realidad más allá de la ley

Con el paso y las transformaciones sociales, políticas y legales que implica una constituyente, en este caso la del 91, que daba nacimiento a la constitución del mismo año, se originó además una transición hacia un Estado social de derecho, pluriétnico y laico, el cual planteaba un discurso de diversidad e inclusión de la diferencia en diferentes aspectos de la vida social. Sin embargo, en el caso de la familia, esta constitución no representó cambios respecto al discurso estructura y funciones en la sociedad, pues perpetuaba el discurso familista, de una única forma legítima de familia: la nuclear patriarcal, implicando una falta de reconocimiento de la diversidad familiar en Colombia y provocando a su vez una afectación en la atención y protección social de las familias no reconocidas en Colombia. Tal es el caso de las familias monoparentales, cuya estructura no se corresponde a este discurso ideal de familia y gracias a su falta de reconocimiento tanto legal como social, la atención y protección social que reciben por parte del Estado, a través de las instituciones públicas de protección familiar, es parcializada a las jefaturas monoparentales femeninas, al igual de estigmatizadas. Pese a esto, desde 2013, ante la actual coyuntura de reivindicaciones sociales que buscan el reconocimiento de la diversidad de la familia en el país, han surgido mecanismos legales por parte de la corte constitucional, así como nuevas políticas de familia tanto a nivel nacional, como local, que están haciendo sus primeros acercamientos a lo que es la diversidad familiar y a cómo incluir y proteger a las familias. A lo largo del contacto con las instituciones públicas de protección familiar, donde se mostraron nuevas alternativas y avances que aunque representativos, aun no son suficientes, persistiendo la invisibilización tanto social como legal y una protección social parcializada de las familias monoparentales.

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes en la reincidencia de actos delictivos de los adolescentes en conflicto con la ley. caso: centro forjar ciudad bolívar

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el papel del Centro Forjar Ciudad Bolívar en la reincidencia de actos delictivos de los adolescentes infractores, basado en la teoría de la justicia restaurativa que se busca generar desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. De esta manera, se pretende demostrar que, al ser una política pública para generar una justicia restaurativa, su implementación ha sido fundamental dentro de la localidad, para generar un proceso de reinserción social y acompañamiento para evitar la reincidencia de actos delictivos de estos adolescentes. Para lograr este objetivo se utilizará un análisis metodológico cualitativo, basándose en estudios de las fuentes primarias, trabajo de campo a partir de entrevistas realizadas en el Centro Forjar de Ciudad Bolívar, para entender el impacto de la política pública en la localidad.