82 resultados para Legitimidad

em Universidad del Rosario, Colombia


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Francisco de Vitoria es un filósofo que ha sido generalmente estudiado y reconocido como jurista. Sin embargo, el análisis de su obra comprende múltiples aspectos que lo hacen un filósofo político. Su estudio arroja un concepto de legitimidad, que a pesar de ser dado dentro de un método propio de la escolástica medieval, da la entrada al estudio de la filosofía política moderna. Así, el concepto de legitimidad vitoriano, al ser analizado bajo el marco conceptual de Max Weber en su estudio sobre la dominación, convierte la filosofía política vitoriana en una especie de bisagra que se soporta tanto en la filosofía medieval como la moderna, y convierte al pensador burgalés en un visionario de la filosofía política moderna.

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Analizando las políticas económicas del régimen de Pinochet, se determina en qué sentido permitieron la construcción de legitimidad. Sin desconocer el uso de la fuerza, se sostiene que gracias a las políticas económicas, sus resultados y la nueva lógica económica en ellas incorporada, Pinochet llegó a ser legítimo para una importante porción de la población.

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La deslegitimación de los partidos políticos tradicionales en Colombia y Paraguay constituye un viaje de teorías y percepciones alrededor de la corresponsabilidad de la representación política que recae sobre electores y elegidos. A través de un estudio de la historia política y de los partidos en dos sistemas aparentemente distintos como lo son el sistema consociacional colombiano del frente nacional y el bipartidismo paraguayo durante la dictadura de Strossner se evidencia un desgaste institucional cuya resultante es la creciente desilusión del ciudadano, que conlleva el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y el rezago de las tradicionales.

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En este artículo se analizan de forma conceptual y crítica las relaciones entre legitimidad, dominación y derecho en el complejo aparato conceptual de la sociológica de Max Weber. El problema de investigación que guía toda la reflexión consiste en determinar criterios que permitan distinguir un poder legítimo de un poder ilegítimo. Se muestra que la concepción del Estado moderno, ligado a la racionalidad formal instrumental del derecho positivo, llevó a Weber a concluir que la legitimidad de una dominación depende de la legalidad, la eficacia y la continuidad. Se concluye que por razones metodológicas Weber renuncia a valoraciones normativas, lo que le impide dar una respuesta satisfactoria al problema de la legitimidad. Se afirma que sólo desde una racionalidad práctica o con arreglo a valores se puede establecer una relación entre legitimidad y justicia, dándole un apropiado tratamiento al asunto. 

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El presente es un artículo de revisión sobre el lugarde la memoria en los procesos de justicia y legitimidad,desde el Modelo Relacional Simbólico, desarrolladopor el Grupo de Mediación de Conflictosde Familia y de Comunidad de la Universitá Cattolicadel Sacro Cuore de Milán. En éste se hace unrecorrido por el lugar de la memoria y su relacióncon la legitimidad en la Psicología Social, así comouna revisión del papel que cumple el vínculo en elconcepto-estructural de la mediación de confl ictosen este paradigma. El concepto de “vínculo”, en elModelo Relacional Simbólico incluye dos ejes: elafectivo y el ético, y dentro de éstos se encuentranlas categorías de confianza, esperanza, justicia ylealtad. En la presente revisión se discute el papelque puede jugar la memoria como proceso vinculantede los marcos de justicia y legitimidad, y a suvez, el papel que pueden ejercer como propuestasde mediación de conflictos tanto en la familia comoen la sociedad.

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Esta investigación tiene como objetivo evidenciar la tensión entre legalidad y legitimidad, a raíz de la intervención de Estados Unidos en Irak en el año 2003. Dicha tensión es el resultado de la implementación de procedimientos democráticos que promovieron cambios legales en el gobierno iraquí. Sin embargo, fue la instrumentalización de tales procedimientos lo que generó una falta de legitimidad del gobierno iraquí por parte de algunos sectores sociales, debido a los intereses económicos, políticos y sociales que tenían aquellos grupos que detentaban el poder. La investigación ofrece un análisis sobre Irak bajo los conceptos de democracia formal, democracia sustancial, legalidad y legitimidad, con el propósito de comprender de manera detallada el tipo de democracia que se estableció en Irak y las tensiones generadas en la sociedad iraquí.

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Análisis de la dinámica legitimadora de la Corte Constitucional en el tributo de estampillas, considerado desde la jurisdicción departamental, en el Estado colombiano.

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El poder económico, como el político, debe dividirse y limitarse para impedir que, mediante su abuso, las libertades económicas más fundamentales sobre las que se erige nuestro modelo de Estado sean resquebrajadas. La cuestión es, entonces, de qué mecanismos puede valerse legítimamente el Estado para salvaguardar el orden económico como bien jurídico tutelado. Una sociedad como la nuestra, con mayor sensibilidad hacia el riesgo y con mayor conciencia de los peligros que la asechan, parece demandar con mayor intensidad la intervención punitiva para prevenir esas conductas que afectan las libertades económicas, o que limitan la capacidad del Estado para intervenir y dirigir, dentro de los límites que la Constitución le concede, la economía. Los delitos económicos y el derecho penal económico son la respuesta del legislador a ese reclamo de mayor control de los riesgos implícitos en la actividad económica. Sin embargo, principios tradicionales como la lesividad, culpabilidad o legalidad, que desde la Ilustración han servido de contención al desborde del poder punitivo del Estado, parecen oponerse a esta expansión del derecho penal y cuestionan la legitimidad del Estado, para valerse del derecho penal como mecanismo de prevención de las conductas que afectan el orden económico y social.

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La Función Pública puede entenderse como la herramienta necesaria que permite gestionar los recursos humanos que están al servicio del Estado y por ende de los ciudadanos, de ahí que el proceso de selección de los funcionarios públicos deba garantizar como mínimo transparencia, idoneidad, celeridad y mérito como elemento fundamental para quien detente un cargo público. De ajustarse a tales medidas se garantizaría legitimidad institucional y credibilidad en el sistema democrático. Si bien, el Estado colombiano ha tratado durante décadas hacer de este postulado una realidad, lo cierto es que en la práctica no se han concretado muchos de los propósitos y disposiciones que la Ley expresa, sino que por el contrario ha permanecido en el tiempo una constante ligada a manifestar la forma poco adecuada de como realmente se llevan a cabo los procesos de selección de funcionarios públicos, los cuales atienden más al clientelismo que a la idea de responder al deber ser. Esta monografía estudia en concreto los primeros cinco años de gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez, en lo relativo a la Función Pública, en donde se determinan algunos aspectos de lo que ha sido su gestión en relación con la propuesta administrativa y la coherencia de la misma frente a los hechos concretos que se manifiestan en lo concreto.

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En una época gobernada por la razón, en la que cada decisión está sustentada en argumentos, EEUU, junto con otros Estados, ha promovido la necesidad de aplicar los principios racionales a las Relaciones Internacionales. Esta campaña se ha efectuado para evitar repetir episodios lamentables de la historia, como cuando en el nombre de Dios, pueblos con mayor poder bélico se embarcaron en cruzadas contra los más débiles. Así, hoy las acciones de los Estados, especialmente cuando incluyen el uso de la fuerza, idealmente deberían tener un sustento ideológico racional, para no repetir injusticias del pasado, y por el contrario, mostrarse como necesarias para el bienestar de la Comunidad Internacional, la cual ha legitimado intervenciones militares de un Estado, o un conjunto, que han liberado sociedades de regímenes totalitarios, o llevado la paz a territorios en guerra, al tiempo que ha condenado la violencia sin motivos aparentemente racionales. Ejemplo de condena se ve contra los ataques del 11 de septiembre del 2001, ejecutados en nombre de Dios. Pero el 11-09 no solo desencadenaron opiniones negativas, sino que llevaron a EEUU a una lucha internacional contra el terrorismo, acudiendo a intervenciones militares en países como Iraq, que sin tener relación directa con los ataques del 11-09 ha despertado interrogantes sobre la legitimidad de estas políticas. ¿Tienen el derecho EEUU para condenar a quienes hoy apelan a Dios para ejecutar sus actos? ¿Acaso EEUU está libre de pecado?. Esta monografía indagará sobre la relación religión-política exterior de EEUU, estudiándola durante la administración de George W. Bush, investigando en la historia de la nación, y observando la continuidad de esta práctica en la próxima generación de líderes del país.

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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.

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La investigación analiza la percepción de la población de la zona nororiental de Barrancabermeja sobre el Centro de Convivencia Ciudadana. Determina si la vinculación que han tenido los habitantes de estas comunas a los programas y proyectos del Centro, ha contribuido a la reconstrucción de la legitimidad y de la relación entre la población y las autoridades públicas.

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Los proyectos políticos están en constante necesidad de legitimidad para llevar a cabo las acciones que planean y para mantenerse en el poder mientras las desarrollan, de esto no ha escapado la política latinoamericana y menos aún la venezolana. En su recorrido de más de dos décadas Hugo Chávez utilizó la simbología para hacerse al poder y lograr encaminar los deseos (y los votos) de los venezolanos hacia la idea de revolución y reconstrucción del país que él representa. El proyecto Chávez es de carácter expansionista y el manejo de la simbología que se utiliza en él va encaminado también hacia el posicionamiento a lo largo y ancho del continente de la doctrina promulgada por su líder.

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A través de la libertad de expresión se analiza la legitimidad en los sistemas modernos del delito con el fin de determinar su capacidad de respuesta frente al proceso expansivo que afronta el Derecho penal. Se propone la aplicación del funcionalismo moderado en armonía con postulados del finalismo y funcionalismo moderado que tienen asidero en la Constitución, particularmente en cuanto a dignidad humana.