Bienes de titularidad pública: Patrimoniales y de dominio público. Una aproximación al sistema español

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Las tecnologías "PEER-TO-PEER" los derechos de autor y el "COPYRIGHT"

William Murray fue un jurista singular. Con el nombre literario de Lord Mansfield, creó para su época y para la posteridad una expresión inolvidable: ―Una persona puede usar una copia tocándola, pero no tiene ningún derecho a robarle al autor los beneficios multiplicando las copias y disponiendo de ellas para su propio uso‖1 . En esa opinión se apoyó para decidir el memorable caso de Millar v. Taylor2, donde por primera vez se sostuvo que los derechos de autor son perpetuos y nunca entran a hacer parte del dominio público. La disputa involucraba a Andrew Millar, un vendedor de libros que, en 1729, adquirió los derechos de edición sobre ‗The Seasons’, un poema de James Thomson. Cuando la protección de esos derechos expiró, Robert Taylor comenzó a publicar sus propias copias y a competir con Millar.

El concepto de prescripción en el derecho internacional público

La monografía se enmarcará dentro de las disciplinas del derecho civil bienes y del derecho internacional público, con el fin de llegar a la conclusión de que la doctrina y la jurisprudencia internacional está dividida en cuanto al concepto de la prescripción en el derecho internacional público

Libre competencia en el servicio público de televisión como un mercado especifico

Esta monografía de grado reúne en un mismo contexto dos ramas del Derecho, como lo son el Derecho de la Competencia, y el Derecho de las Telecomunicaciones (referida al sector del servicio público de televisión),

Análisis de los factores que han limitado la implementación de los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del sistema de transporte público colectivo en Bogotá

El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

La influencia de la construcción y recuperación del espacio público físico, en los procesos de fortalecimiento y formación de ciudadanía

Está investigación es un análisis de las políticas, discursos y programas que tratan sobre el espacio público en las administraciones de Bogotá iniciando desde la de Jaime Castro hasta la de Luis Eduardo Garzón. Este análisis demostró que los gobiernos distritales relacionaron el mejoramiento y generación de espacio público en la construcción de un ciudadano con una cultura política de partipante, ya que este territorio es el lugar donde se relacionaba y generaba procesos de auto reflexión y autodeterminación. Este discurso fue puesto en comprobación, para ello se usaron distintos estudios de renta del suelo, anomia, the broken windows, igualmente se analizaron encuestas de precepción realizadas por organismos institucionales y privados. Probando que la incidencia en el mejoramiento y adecuación del espacio público puede incidir positivamente en la construcción de la cultura política, siempre y cuando se realice adecuaciones en el espacio público intangible y físico, y se garanticen en primera medida los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¿Cuál es la manera como se realiza la rendición de cuentas en el sector público?. Un estudio realizado al modelo utilizado por la Contaduría General de la Nación

En 1991 la Constitución Política de Colombia incorporó las estrategias necesarias para hacer realidad la Rendición de cuentas como un proceso que contribuye a la gobernabilidad. El presente documento presenta no solo la legislación del gobierno sino también los modelos utilizados por la Contaduría General de la Nación-CGN y otras instituciones en diferentes países: Asociación Internacional de Administración de Ciudades-ICMA, Instituto Federal de Acceso a la Información-IFAI, Organización Internacional de Instituciones Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI y la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público-EURORAI. Adicionalmente se presentan conclusiones basadas en evidencia empírica proporcionada por los stakeholders y las recomendaciones necesarias para poner en práctica el concepto de Rendición de cuentas en la CGN y presentarlo ante los ciudadanos y otros stakeholders.

Análisis crítico del discurso político en la gestión urbana de Bogotá. Caso de estudio: políticas adoptadas sobre espacio público de parques en el periodo 1997-2000

El uso y percepción de los ciudadanos respecto a el espacio público, especialmente en parques, es congruente con el discurso político del Alcalde Mayor de Bogotá durante el periodo 1997-2000 referido a ellos, en la medida en que se tome en cuenta el contexto de diversidad presente en la ciudad y su dinámica como punto de encuentro social e identitario.

Análisis de la incidencia de las exenciones decretadas en la Ley Páez - 218 de 1995 en el gasto público

Se aborda de manera particular el análisis de las exenciones concedidas por el Estado mediante la Ley 218 de 1995, más conocida como la Ley Páez, tras la emergencia económica que sufrieron los Departamentos de Cauca y Huila. Se debaten los conceptos de gasto público y ahorro fiscal.

Análisis comparativo de las políticas de paz de los gobiernos Pastrana y Uribe en torno a la situación humanitaria en el departamento del Casanare (1998 -2006)

La historia colombiana ha estado profundamente marcada por la existencia de un conflicto armado interno y por la intensificación del mismo en diferentes regiones del país, de acuerdo con los planteamientos de Fisas se puede hablar de su existencia cuando hay oposición consciente entre actores, grupos armados y el Estado, en el caso colombiano, los cuales persiguen objetivos incompatibles, conduciendo a enfrentamientos. Esta afirmación se hace visible a nivel regional, donde los Grupos al Margen de la Ley (GAML), se enfrentan constantemente con la fuerza pública, con el fin de lograr el dominio de algunos municipios y capitales de Colombia. Como consecuencia de estos enfrentamientos armados surge el incremento de desplazamientos forzados, masacres, homicidios, situación que terminó siendo el detonante de la agudización del conflicto armado interno, el cual en los últimos años ha aumentado su intensidad convirtiéndose en uno de los principales problemas del Estado. Tal es el caso de la situación que humanitaria en el Casanare, este departamento que se caracteriza por contar con su ubicación geoestratégica, lugar que cuenta con yacimientos petroleros importantes, hecho que ha suscitado en los últimos lustros el reporte de importantes dividendos para la región, permitió el desplazamiento de toda clase de grupos insurgentes, FARC, ELN, AUC, ACC y delincuencia común, poniendo en estado de vulnerabilidad a la población civil y a todos aquellos que están al margen del conflicto. Sin embargo, gracias a una serie de factores que desembocaron en el mandato por la paz en el año 97, obligó a los candidatos presidenciales de la época a construir un proceso de paz que buscara la finalización de la confrontación interna. En este sentido el candidato presidencial y después presidente electo Andrés Pastrana Arango, incluyó en su programa de gobierno, una serie de estrategias encaminadas a lograr la paz en todo el territorio nacional, y de hecho tuvo un efecto positivo dado que el siguiente gobierno continuó con esta labor encaminada a buscar el restablecimiento del orden público en esta región.

La autonomía de las entidades territoriales en la administración del servicio público educativo en Colombia

Este documento presenta un estudio de la autonomía administrativa de las entidades territoriales en la prestación del servicio público educativo en Colombia.

Las ciclorutas dentro del proceso de valorización del espacio público en Bogotá

La presente monografía realiza una definición del espacio público para luego analizar como las ciclorutas mediante las políticas públicas de las administraciones comprendidas entre 1995 al 2003 de los alcaldes Antanas Mockus y Enrique Peñalosa redefinieron y valorizaron el espacio publico para todos los ciudadanos en la ciudad de Bogotá.

La participación en materia ambiental : una estrategia en defensa de lo público

Hace veinte años Colombia era un pueblo ausente. Había mucho que escuchar y poco que opinar. La población era un actor silente que no participaba en las decisiones más importantes del país. Pero, para fortuna de la democracia, la Constitución Política de 1991 le dio un vuelco a la realidad colombiana. La participación dejó de ser una utopía y se convirtió en una realidad. Por eso, hoy existen diferentes mecanismos para que las personas puedan incidir en los asuntos que les interesan y que son esenciales para su vida. Esa gran fecha, 1991, además de traer cambios al modelo de Estado, significó un gran avance para la protección de los derechos colectivos. Se introdujo diversidad de normas que buscaban garantizar un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Por esta razón, la Constitución también es conocida como “Constitución ecológica”, pues está basada en una normatividad que encarna, como ninguna otra, los principios del Estado Social de Derecho, como el derecho a una vida digna y a la satisfacción de las necesidades básicas. No hay duda de que el esfuerzo de la Constitución Política es inconmensurable. Peleó una dura batalla y se encargó de consagrar y proponer mecanismos que hicieran efectivo el derecho a la participación de las personas en materia ambiental. Desde ese momento el país ha avanzado, no se puede negar que en la sociedad se creó una verdadera conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y el ambiente, ya que hoy en día existe una real preocupación por la defensa de lo público. Es tal el cambio de mentalidad que se ha producido, que el interés de los ciudadanos por participar en las decisiones ambientales y de ejercer su derecho a acceder a la información es mucho más contundente que hace veinte años. Sin embargo, la batalla no está ganada, aún queda mucho camino por recorrer. Hoy por hoy, en gestión ambiental, así como hay un inventario de éxitos, también hay una lista de asuntos sin resolver. Espacios y mecanismos anónimos. Aunque la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Desconocimiento de proyectos. Continuamente se generan conflictos o confrontaciones debido a que las empresas o incluso el Estado desean realizar un proyecto y encuentran oposición por parte de las comunidades, pues éstas desconocen cuál es objetivo del proyecto y sus alcances. Contravía.Ocurre que los nuevos proyectos de las empresas, sin fundamento alguno, resultan contrarios a los programas de desarrollo que propone el Gobierno Nacional y a los intereses de las comunidades, por lo que también se generan continuos enfrentamientos. Ausencia ciudadana.Muchas veces las comunidades implicadas no tienen un interlocutor válido que respalde sus intereses o a quien, por lo menos, puedan manifestar sus inconformidades, lo cual contribuye a la generación de conflictos de carácter ambiental. En otros casos, tampoco son tomados en cuenta sus requerimientos o sugerencias con relación a los proyectos.

La imposibilidad de la aplicación de la autoría mediata por dominio funcional de aparatos de poder en el sistema legal colombiano y los delitos de constreñimiento a delinquir y de inducción a delinquir como posibles fórmulas de solución

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, ha venido aplicando la teoría de la autoría mediata por dominio funcional de aparatos organizados de poder, para imputar responsabilidad a jefes de grupos armados al margen de la ley o a políticos vinculados con los mismos por los hechos cometidos por estas organizaciones. En el presente artículo sostenemos que esto no es posible ni resuelve la problemática de la violencia de género en este contexto, para lo cual se exploran los delitos de constreñimiento a delinquir y de instigación a delinquir para resolver esta problemática.

Los actos administrativos inmersos en el procedimiento tendiente a obtener la concesión de aguas superficiales. Una mirada desde la tradición dogmática del derecho público

El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.