Análisis de los factores que han limitado la implementación de los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del sistema de transporte público colectivo en Bogotá

El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

Control de la constitucionalidad de los decretos expedidos con fundamento en facultades otorgadas en actos legislativos

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Decreto rectoral No. 1461: Por el cual se modifican los capítulos II y III de los Decretos Rectorales No. 986 y 998 sobre incentivos económicos por producción académica

"El Rector de la Universidad del Rosario en uso de sus atribuciones Constitucionales, Considerando: Que el Colegio Mayor de Nuestra del Rosario se ha definido como una Universidad de docencia que hace investigación. Que, teniendo en cuenta el crecimiento de la Universidad en términos de publicaciones científicas en la última década, es pertinente reformar los instrumentos de fomento a la investigación científica, entre otros los relacionados con incentivos económicos por producción académica. Que una política de incentivos busca fomentar y fortalecer aquellos aspectos de la vida académica que una Universidad desea promover y como tal debe responder a las dinámicas de las áreas de conocimiento desarrolladas en la Universidad de manera flexible y evolutiva. Que el presente decreto rectoral establece los lineamientos que constituyen un marco general a partir del cual las unidades académicas, teniendo en cuenta las características propias de cada una de sus disciplinas, pueden acceder a incentivos económicos por producción académica para sus profesores. Decreta: Adoptar los lineamientos sobre incentivos económicos a la producción académica de acuerdo con las disposiciones institucionales generales y específicas para cada unidad académica."