Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

Los delitos contra la fe pública

Este texto busca aproximar a la manera como los delitos contra la fe pública se encuentran estructurados en el Código Penal y plantea críticas y aciertos a esta configuración normativa. Igualmente, se intenta sistematizar los delitos contra la confianza colectiva sirviéndose de la moderna teoría del delito, aquella que permite comprender la sociedad como realmente funciona en estos tiempos modernos. El libro se divide en cuatro grandes partes. En primer lugar, se delimita el objeto de tutela penal, la fe pública, mostrando su evolución con el paso del tiempo y las teorías que actualmente se encuentran en boga no solamente en el país sino en otras latitudes. Determinado el concepto de la fe pública, se pasa al análisis de cada uno de los capítulos de los delitos, como son, la falsedad de moneda, la falsedad de sellos y efectos oficiales y, por último, la falsedad documental. El libro se divide en cuatro grandes partes.

Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

La eficacia de la cooperación internacional con Colombia en la lucha contra la trata de niños y niñas entre el 2000 a 2007

Esta monografía busca analizar la eficacia de la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el Estado colombiano en la lucha contra la trata de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el periodo comprendido entre 2000 y 2007. Por un lado, se contextualiza el fenómeno de la trata de personas (TP), en especial de NNA tanto en Colombia como a escala mundial durante el periodo de 2000 a 2007; por otra, se define y analiza la cooperación internacional (CI) en el marco de dos teorías de las relaciones internacionales, a saber el la Interdependencia Compleja y el Neoliberalismo Institucional; por otra parte, se analiza la cooperación técnica de la OIM y la UNODC con el Estado colombiano en la lucha contra la trata de NNA en dicho periodo, se precisan sus alcances y se formulan aportes y recomendaciones para incrementar la CI.

Mecanismos jurídicos contra la corrupción en la contratación estatal en Colombia. Especial referencia en las acciones constitucionales en la lucha contra la corrupción

En el presente trabajo final, nos dispondremos a presentar un análisis de las distintas herramientas jurídicas en nuestro ordenamiento normativo, que son utilizadas para enfrentar la corrupción administrativa que se presenta en los procesos de contratación estatal en nuestro país.

Desconocimiento de la propiedad colectiva en Colombia: a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

La construcción de identidades de resistencia contra la guerra en Colombia. Caso de estudio : Ruta Pacífica de Mujeres

Este estudio analiza las identidades que están construyendo las mujeres en Colombia como propuestas políticas capaces de confrontar y visibilizar los efectos de la guerra en sus vidas, empleando dispositivos atribuidos tradicionalmente a los arquetipos femeninos.

Alcances y logros de la política pública colombiana en materia de niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de Trata de Personas: Período 2000-2007.

Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 – 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.

El poder del derecho urbanístico en la asignación de contenidos a los cuatro elementos estructurales de la propiedad privada

La tesis identifica y analiza los puntos de confrontación entre el derecho urbanístico y el derecho de propiedad, desarrollando reglas de ponderación para el tratamiento de la problemática.

El papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS- de la Comunidad Andina y su contribución al proceso de integración institucional para la lucha contra la corrupción en la región

En cualquier sociedad habrá ciertos niveles de corrupción. A esto se le denomina “corrupción normal o en equilibrio”, no como aprobación, sino para hacer notar que controlar la corrupción nunca será igual a eliminarla. La presente monografía se desarrolló con el ánimo de resaltar desde una perspectiva académica el trabajo que realizan las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Comunidad Andina de Naciones como aparato anticorrupción en la administración pública, y cómo su trabajo fortalece la integración institucional para la lucha contra la corrupción. En la actualidad, además de la existencia de las ramas ya tradicionales del poder público, la arquitectura institucional ha diseñado otras instituciones que contribuyen al control del Estado y con ello, a evitar que la acción de los agentes públicos se desvíe de su propósito fundamental de lograr los fines esenciales del Estado. Dentro de este cúmulo de instituciones, las Entidades Fiscalizadoras Superiores-EFS- se constituyen como mecanismos apropiados para combatir la corrupción, en virtud de su misión destinada a asegurar la correcta utilización de los recursos públicos.

Moralidad administrativa como derecho colectivo: análisis desde la jurisprudencia colombiana

Estudio del desarrollo del derecho colectivo a la moralidad administrativa y su protección a través de las acciones populares. Aproximación a la definición y contenido del derecho a partir de un análisis jurisprudencial. Perspectiva como mecanismo de lucha contra la corrupción.

Lectura teórica sobre la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas para combatir la trata de personas en Colombia

Este documento pretende a partir de preceptos feministas y de perspectivas provenientes de la administración pública y de la ciencia política, explicar la acción estatal a través de políticas o programas, legislaciones al más alto nivel que buscan reducir la trata de personas en Colombia, lo cual permite indagar sobre la inclusión de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.

La supervisión de los contratos celebrados por las unidades administrativas especiales y las superintendencias de la administración nacional

El documento contiene un análisis sobre la manera de controlar los contratos estatales antes y después de la expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)

Análisis de las críticas sobre asistencialismo estatal en la lucha contra la pobreza durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010), a través del Programa Familias en Acción

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hubo un gran crecimiento económico en Colombia; sin embargo, al final de su mandato había más de 20 millones de personas en condición de pobreza, es decir casi la mitad de su población. Como los problemas que trata de resolver la política pública no tienen soluciones absolutas, cada gobierno debe apostarle a diferentes soluciones. Dado los buenos resultados en las primeras evaluaciones del programa de transferencias condicionadas Familias en Acción, el gobierno de Uribe aumentó su cobertura y número de beneficiados. Sin embargo, dicho fortalecimiento fue criticado por diferentes personalidades públicas del país por considerarlo asistencialista, clientelista, proclive al uso electoral, entre otros. La presente disertación, analiza dichas críticas y las posibles razones que llevaron al gobierno de Uribe a fortalecer y ampliar el programa. Al analizar una política pública, lo importante no es alabar o desvirtuar sus alcances, sino resaltar los aportes positivos y sus debilidades para continuar con lo que está dando resultados y tomar las medidas pertinentes respecto a los nuevos problemas que se presentan. Dadas las dimensiones de la pobreza en Colombia, este tema debe ser una prioridad de todos los ciudadanos; su solución no puede quedar en manos del gobierno o del mercado, sino que debe haber un debate serio al respecto.

Análisis de la cooperación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a los programas de desarrollo alternativo del gobierno de Colombia. Caso: Programa Familias Guardabosques, en el período 2003-2008

El uso de estupefacientes a nivel mundial desde hace más de medio siglo ha aumentado considerablemente a pesar de los esfuerzos intergubernamentales y de la Organización de las Naciones Unidas. Se han llevado a cabo esfuerzos conjuntos para dar solución a esta problemática, pero la situación cada día ha empeorado más, el incremento del consumo, trajo consigo problemas como el aumento de los cultivos ilícitos para la producción, el uso indiscriminado de sustancias químicas para elaborar drogas ilícitas, el aumento de grupos de narcotraficantes encargados de comercializar la droga a nivel mundial, así como redes de receptores que distribuyen los estupefacientes a todos los rincones del mundo. Como respuesta a esta problemática, se han buscado soluciones alternativas a la problemática de los cultivos ilícitos.