122 resultados para Criminalidad -Véase- DELITO

em Universidad del Rosario, Colombia


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Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron varias querellas ante el Tribunal de Justicia Criminal del Nuevo Reino de Granada, en las que se denunciaba que había personas que ejercían los oficios médicos sin tener títulos que los acreditaran como facultativos en las artes curativas. Por ese entonces, se creía que quienes utilizaban yerbas y conjuros como métodos terapéuticos, por lo general mujeres, debían ser juzgadas como yerbateras-envenenadoras, porque no pretendían curar sino matar a quien consumiera sus preparados. El texto establece que los procesos criminales por envenenamiento constituyen un prisma en el que convergen diferentes problemáticas del periodo colonial neogranadino, relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfermedades, las creencias mágico-religiosas, el ideal de mujer en la época, la delincuencia, y las dinámicas de las instituciones españolas, entre otras. De esta manera, se estudió cómo fue la relación entre los aspectos jurídicos, las leyes criminales (dictadas por la Corona) y las conductas “desviadas” (relacionadas con el crimen por envenenamiento) de los habitantes del Nuevo Reino de Granada, entre los siglos XVII y XVIII. Para ello se revistaron desde diferentes perspectivas, varios temas del mundo colonial neogranadino, relacionados con los rumores, la comidilla, los chismes y la importancia de la comunicación hablada en el virreinato; el problema de la honra, como una de las virtudes más sobresalientes de la época y las creencias de la cultura popular con relación al envenenamiento y los diferentes métodos curativos.

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Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 – 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.

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A través de la libertad de expresión se analiza la legitimidad en los sistemas modernos del delito con el fin de determinar su capacidad de respuesta frente al proceso expansivo que afronta el Derecho penal. Se propone la aplicación del funcionalismo moderado en armonía con postulados del finalismo y funcionalismo moderado que tienen asidero en la Constitución, particularmente en cuanto a dignidad humana.

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El uso de estupefacientes a nivel mundial desde hace más de medio siglo ha aumentado considerablemente a pesar de los esfuerzos intergubernamentales y de la Organización de las Naciones Unidas. Se han llevado a cabo esfuerzos conjuntos para dar solución a esta problemática, pero la situación cada día ha empeorado más, el incremento del consumo, trajo consigo problemas como el aumento de los cultivos ilícitos para la producción, el uso indiscriminado de sustancias químicas para elaborar drogas ilícitas, el aumento de grupos de narcotraficantes encargados de comercializar la droga a nivel mundial, así como redes de receptores que distribuyen los estupefacientes a todos los rincones del mundo. Como respuesta a esta problemática, se han buscado soluciones alternativas a la problemática de los cultivos ilícitos.

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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.

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El pasado 16 de marzo de 2011, la Corte Suprema de Justicia se ocupó de un caso donde se califica a un Juez con el delito de falsedad ideológica en documento público. En este fallo se trazaron los lineamientos fundamentales de este delito, mismos que son analizados en el presente escrito para concluir que si bien el resultado del proceso en la Corte −la condena del procesado− es correcto, es necesario superar el entendimiento causal de este delito para interpretarlo de acuerdo con la moderna teoría de la imputación objetiva.

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Créase el Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (CEODD), como una dependencia de la Facultad de Economía

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Actualmente nuestro país padece una de las expresiones más dramáticas de violencia como es el Desplazamiento Forzado, resultado del conflicto armado interno, las nuevas dinámicas del enfrentamiento y la disputa por un control territorial. Este fenómeno ha ahondado en la exclusión social: aumentando los niveles de pobreza, la informalidad laboral, la continua violación de los derechos fundamentales, la falta de garantía en los derechos prestacionales, entre otras manifestaciones.

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Concretamente, desde una perspectiva meramente académica, analizaremos la guerra contra Iraq y Afganistán por parte de los Estados Unidos, así como de los países que suscribieron Estatuto de Roma que apoyaron esta empresa militar, a fin de determinar si en cada una de las guerras se puede hablar de una conducta amparada por la causal eximente de responsabilidad, o por el contrario, existieron excesos en el ataque, y en consecuencia, los países que participaron cometieron un delito de agresión en contra de los países atacados.

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El propósito de este artículo es el femicidio considerado como un delito por razones de género. Ofrece un análisis feminista de las dimensiones conceptuales del tipo penal; incluye los principales argumentos explorados en América Latina, examina diferentes aspectos defendidos por feministas y activistas del movimiento de mujeres, tiene en cuenta algunas reacciones desencadenadas por la tipificación y considera la estructura general del delito tal como ha sido aprobado en seis países: Costa Rica (ley especial, 2007), Guatemala (ley especial, 2008), México (ley general, 2007), El Salvador (ley especial e integral, 2010), Colombia y Chile (reformas del código penal, 2008 y 2010). Este studio es muy importante porque los asuntos penales, además de generar diferentes debates a nivel judicial y legislativo han abierto nuevas vías para continuar la investigación crítica de esta expresión extrema de las violencias de género que atacan los cuerpos de las mujeres y menoscaban el derecho a vivir una vida libre de violencias.

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Reseña del libro Kessler, Gabriel. El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito.Buenos Aires: Siglo XXI Editores; 2009, 288 p.

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Hoy en día el debate sobre la pregunta de cuáles conflictos sociales deben ser castigados desde la óptica de la política criminal aún continúa. La batalla para imponer un particular discurso de criminalidad está relacionada con el hecho de que el marco de la criminalización depende del legislador que refleja la expansión punitiva. El propósito de este artículo es discutir sobre la lucha entre modelos de criminalización, los cuales, de una parte, tienden a la aplicación del sistema criminal persiguiendo a la criminalidad de las clases poderosas y, de otra, buscan el criterio de intervención mínima para prevenir la excesiva intervención del derecho penal. 

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En la última década la prevención del delito se ha colocado en el debate académico y político de seguridad en América Latina. El involucramiento de la comunidad en este tipo de iniciativas ha tenido especial énfasis, sin embargo, las mismas han sido enfrentadas de forma confusa. Esta situación permite la consolidación de un discurso autoritario sobre la delincuencia y, a su vez, la aparición de procesos negativos como los linchamientos de supuestos delincuentes, actos que se presentan en la mayoría de países latinoamericanos. En este marco, el presente artículo define una aproximación conceptual a la participación comunitaria del delito, rescatando algunas prácticas prometedoras, así como identificando los principales desafíos pendientes para lograr una perspectiva integral y efectiva en la disminución de la violencia y la delincuencia.-----The prevention of the crime has been placed in the center of the academic and political security debate in Latin America. The involvement of the community has had special emphasis in this type of initiatives, nevertheless it has been faced not in a clear form. This situation encourages the consolidation of an authoritarian discourse and at the same time the emergence of negative processes such as lynching of supposed delinquents in many Latin-American countries nowadays. The present article defines a conceptual framework for community crime prevention, including some promising practices as well as identifying the main pending challenges to achieve an integral and effective perspective on violence and crime prevention.

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Estudio general del Derecho Penal Económico y la ubicación que tiene el delito de lavado de activos dentro de él. Igualmente, desarrollar de forma amplia los antecedentes históricos y normativos que ha tenido el blanqueo de capitales y su tipicidad

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El fenómeno de la infracción fiscal (evasión y fraude fiscal) no es simplemente transgredir el ordenamiento tributario, es también violar el precepto constitucional del Estado Social de Derecho que se concretiza en la obligación de los asociados