95 resultados para Crímenes en contra de la humanidad

em Universidad del Rosario, Colombia


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Recopilación de una selección de los numerosos ensayos que Héctor Olásolo ha escrito sobre la Corte Penal Internacional en los últimos diez años.

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Documento acerca de la Intervención Humanitaria de la Doctrina ex post facto y Instituciones Judiciales a la noción de responsabilidad de protección y Preventiva del papel de la Corte Penal Internacional. Lección inaugural como Presidente en Derecho Penal Internacional y Procedimiento Penal Internacional en la Universidad de Utrecht , emitida el 18 de octubre 2010

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De la Doctrina de Intervención Humanitaria y ex post facto Instituciones Judiciales a la noción de responsabilidad de proteger y el papel preventivo de la Corte Penal Internacional. Lección inaugural como Presidente en Derecho Penal Internacional y Procedimiento Penal Internacional en la Universidad de Utrecht, emitido el 18 de octubre 2010

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Esta disertación busca analizar y contrastar los argumentos sobre una posible intervención en el campo de refugiados de Srebrenica en 1995 bajo el concepto de Seguridad Humana.

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La desaparición forzada es uno de los crímenes más atroces contra la humanidad principalmente porque es cometido por servidores públicos y por la restricción de los derechos fundamentales del individuo (vida, libertad, movilidad, entre otros)

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Dados los grandes cambios y desarrollos científicos, económicos y sociales, la industria ha generado avances tecnológicos de gran magnitud que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. A pesar de las buenas contribuciones que conlleva dicho desarrollo, se puede ver que soporta igualmente un sacrificio ambiental y social para hacerlos posibles. De acuerdo con el principio que establece la primacía del interés general sobre el particular, se han tolerado legalmente algunos daños ocasionados a los administrados en beneficio de la comunidad; pero lo anterior no puede desconocer las situaciones en las cuales se generan perjuicios que no deben ser soportados por la comunidad. Igualmente, la Constitución política establece mecanismos de protección en cabeza de todas las personas con el fin de proteger sus derechos, dentro de los cuales se encuentran los derechos de tercera generación. Estos derechos son protegidos a través de la acción popular como mecanismo idóneo, eficaz y directo, el cual busca su restablecimiento.

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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.

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Historias de mujeres ex combatientes en estado de reclusión” tiene como objetivo central reconstruir, visibilizar y analizar las experiencias de vida de cuatro mujeres excombatientes de las guerrillas postuladas a la Ley de Justicia y Paz.

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La persecución que se desarrolla en Tíbet desde la llegada del régimen comunista, ha generado un desacuerdo de la sociedad occidental frente a las políticas hostiles en contra de la etnia tibetana. Sin embargo, la violencia sistemática y lo que es considerado por muchos como genocidio, es utilizado como instrumento estratégico en política exterior. En este caso, la presente monografía busca analizar cómo el tema de los refugiados tibetanos en India, su lucha y denuncia a nivel internacional es la oportunidad a principios de la década del 60, para generar presión internacional en contra de la República Popular China, en la búsqueda del mantenimiento de la seguridad nacional (caso indio), además de un mayor status y prestigio.

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Esta monografía está dedicada a estudiar dos conflictos que tuvieron lugar en África tal como fueron los conflictos de Liberia y Sierra Leona, los cuales se prolongaron por muchos años y se caracterizaban por el uso de la fuerza en contra de la población civil como método de terror que en términos de Mary Kaldor pueden ser caracterizados como Nuevas Guerras, y como resultado de estos temores infundados, la población civil se convierte en desplazados o refugiados a causa de la violencia, los cuales no encuentran una fácil acogida en los países o lugares en los que buscan refugio y protección y así Zygmunt Bauman los caracteriza como Residuos Humanos como sinónimo del rechazo que recibe esta población y de las condiciones poco dignas humanamente a las que se enfrentan para sobrevivir ya que parecieran no tener cabida en las sociedades de acogida.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.

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El presente estudio de caso pretende explicar los mecanismos de respuesta que incorpora la política migratoria de España, específicamente la Ley Orgánica 4/2000. Este tipo de investigación permite observar el grado de incidencia entre las variables frente a las relaciones diplomáticas binacionales Colombia - España y tiene como objetivo analizar los mecanismos de respuesta de los migrantes colombianos frente a la política migratoria de España en el periodo 2005-2010. Se explican las acciones, proyectos y dimensiones de esta política migratoria y se analiza la posición de los migrantes colombianos frente a dicha política, que incide en aspectos relacionados con el empleo, la calidad de vida y la salud, mediante la teoría Push-Pull de Ernst Georg Ravenstein que permite establecer los mecanismos y las razones de aquellos que emigran. Finalmente, se determinan las acciones utilizadas por los grupos de presión que influyen en la articulación de las relaciones diplomáticas binacionales.

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Miguel de Cuevas presbítero servidor de fray Cristóbal de Torres, pide que se le pague la suma de 2.400 pesos por los quince años de trabajo en que desempeñó el cargo de capellán y otros dineros por el empeño de bienes y préstamo de dinero. El expediente incluye la petición, transcripción de los puntos del testamento de Fray Cristóbal de Torres concernientes al señor Miguel de Cuevas y testimonios de su tiempo de trabajo. El caso se resuelve con la aprobación del pago del dinero a Miguel de Cuevas.

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La Real Policía Montada (Royal Ca­nadian Mounted Police o Gendarmerie Royale du Canada) es quizás el primer y más importante ícono de la nacionalidad canadiense en un país cuyos símbolos patrios fueron creados recientemente después de la década de 1960. Mientras la Real Montada fue fundada en 1864, la tradicional bandera canadiense con la hoja del arce fue adoptada en 1964 y el himno nacional en 1980. Así, creció de la mano de la joven nación y aseguró la colonización hacia el oeste procurando la soberanía para la confederación que se inició en el siglo XIX. Esta institución hace parte de la iconografía de Canadá gracias a cientos de cuentos infantiles, tiras cómicas, películas y series de televisión que hicieron de esta policía un símbolo de orgullo, honestidad y devoción. El mítico sargento King de las tiras cómicas o la película que prota­gonizara Shirley Temple Susannah of the Mounties catapultaron esta idea positiva de la policía canadiense hasta el punto que Disney compró por algunos años los dere­chos del famoso uniforme de casaca roja, pantalón azul marino con raya amarilla y el sombrero de ala ancha y plana. Sin embargo, el panorama de la policía en Canadá es más complejo del que a sim­ple vista representa esta imagen idílica. La coexistencia de diferentes cuerpos de po­licía, las actividades encubiertas en contra de los independentistas quebequéses o los intentos frustrados por implementar algu­nas reformas en las políticas de seguridad son la otra cara de la moneda. Aun así, en términos estadísticos la policía canadien­se es una de las mejores dotadas, pagas y organizadas en el mundo. Los índices delincuenciales y los sentimientos de inse­guridad son bajos y una doble estrategia de inversión social y gasto en seguridad ciu­dadana y orden público han dado réditos tangibles. Este artículo pretende dibujar una síntesis de la policía y la seguridad ciudadana en Canadá señalando las con­tradicciones y desajustes de su evolución así como los logros alcanzados.