123 resultados para Conservación de los recursos naturales - Legislación - Colombia

em Universidad del Rosario, Colombia


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El interés de este trabajo de investigación es explicar el tema del control geopolítico de los recursos naturales en Colombia en el periodo 2002-2011. Se analiza y explica cómo a partir del control territorial y el régimen de extracción desarrollados por la Drummond Company Inc. en el Departamento del Cesar se puede establecer su índice de poder geopolítico. Siguiendo los postulados de Michael Klare, respecto al desarrollo de una carrera internacional por los recursos energéticos mundiales, y los postulados de Kepa Sodupe, respecto a la posibilidad de reconfigurar los métodos de cálculo del poder, se avanza hacia los resultados de la investigación. Estos resultados permiten identificar de forma documentada el índice de poder geopolítico de una multinacional extranjera en el territorio colombiano.

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Esta monografía busca analizar cómo la normatividad forestal en la región de la Orinoquia, específicamente en el municipio de la Primavera, Vichada, puede convertirse en un factor generador de condiciones favorables para el desarrollo regional. Inicialmente, en el proyecto de la investigación, se propuso realizar el análisis a partir de la Ley General Forestal, pero en el transcurso del trabajo fue necesario replantear este foco de estudio, porque esta fue declarada inexequible por la Corte Constitucional Colombiana. Sin embargo, este viraje no afecta, sustancialmente el trabajo, ya que el propósito, más general, de la Ley era ordenar y agrupar las distintas medidas, instrumentos y disposiciones sobre el sector forestal que estaban dispersos en leyes anteriores, decretos reglamentarios y planes específicos formulados desde 1959 en adelante, por lo tanto al desaparecer la Ley, se regresa a la situación anterior, sin que desaparezcan los aspectos puntuales para el análisis, como son: la regulación de todas las actividades relacionadas con plantaciones forestales. La conservación y el manejo sostenible de bosques naturales y el establecimiento de varias plantaciones forestales. El otorgamiento del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), mecanismos de financiación, créditos, estímulos, incentivos, exenciones y garantías a la inversión. Las competencias para los diferentes entes e instituciones locales, regionales y nacionales.

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En este texto se presenta un espacio de intercambio de conocimientos desde una perspectiva científica, técnica y jurídica, para contribuir a la protección de los recursos naturales. Debido a la importancia de establecer mecanismos para proteger la biodiversidad y posibilitar la preservación de los conocimientos asociados especialmente al uso de la flora medicinal, la Línea de Investigación en Política y Legislación, del Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina, y la Línea de Derecho Ambiental y Grupos Étnicos, del Grupo de Derechos Humanos de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, desarrollaron este libro a través del cual la Universidad se propone profundizar en el panorama actual de la reglamentación y política –Internacional, nacional y local—respecto a la flora medicinal y al patrimonio cultural inmaterial asociado a esta.

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Estudio del impacto del control fiscal en la protección de los recursos naturales, desde una perspectiva analítica y critica que pretende hacer ver a través estudios teóricos y prácticos la influencia del control fiscal y los órganos que lo ejercen en el mejoramiento ambiental.

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La hipótesis planteada en el proyecto de investigación propone: La implementación de la titularización internacional de bosques para el Chocó, lo cual le permitirá al Estado y a las comunidades asentadas en el Chocó, preservar o conservar los bosques a través de la ley.

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El deterioro medioambiental, en particular la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ha tenido un crecimiento significativo a través de los años, debido a la constante transformación de los hábitats, la deforestación y especialmente por la sobre-explotación insostenible de los recursos existentes, trayendo consecuencias adversas para el desarrollo de los países más pobres, donde paradójicamente se concentra la mayor diversidad biológica del planeta. Es así como, surge la necesidad de responder a esta problemática y canalizar por medio de diferentes foros internacionales la atención de la comunidad internacional a la protección de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, legitimó los problemas ambientales como un tema de preocupación internacional lo que generó un impulso político sin precedentes que llevó a la firma de diferentes acuerdos, entre ellos, la Convención sobre el comercio internacional de fauna y flora (CITES) de 1975. Veinte años después en el marco del fin de la guerra fría, tuvo lugar en Río de Janeiro la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, la cual basándose en el Informe Brundtland reafirmó internacionalmente el hecho de que la “protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo”1. Cabe señalar que la Cumbre se convirtió en un hito internacional que ayudaría a guiar la cooperación de los estados y las organizaciones y el desarrollo de programas en el próximo siglo, al tener como resultado la adopción de diferentes acuerdos multilaterales como: la Declaración de Principios sobre Bosques, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se definen los derechos y las obligaciones de los Estados respecto a principios básicos sobre el medio ambiente y Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU con el mandato de coordinar las actividades de medio ambiente de las Naciones Unidas y supervisar la aplicación de lo pactado en la Cumbre del 92. Sin embargo, años después se vislumbra con gran preocupación en la Cumbre para la tierra + 5, la persistencia de la explotación indebida de los recursos naturales, y el continuo crecimiento de la pobreza. Es así como, en el 2002 con el objetivo de revisar nuevamente los éxitos y los fracasos registrados desde la Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Johannesburgo, África del Sur, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 10) donde se acordó la necesidad de fortalecer el multilateralismo por medio de instituciones internacionales más efectivas que promovieran el desarrollo sostenible y se reconoció al Convenio sobre la Diversidad Biológica como ente rector para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y como el instrumento principal para reducir la perdida de la misma al 2010.2 Asimismo, teniendo en cuenta que el CBD cuenta con la cooperación de diferentes organizaciones internacionales para dar total cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo, como es el caso de la UNCTAD, la UNDP, la UNEP, entre otras, en la presente monografía se analizará específicamente la cooperación de la UNCTAD, en la medida que se ha convertido en una organización que se ha preocupado por adoptar día a día un nuevo enfoque para la asistencia al desarrollo abordando conjuntamente el medio ambiente y el comercio, a través de programas de cooperación como es el caso del BTFP, que fue una de las primeras iniciativas de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a fomentar el comercio responsable para potenciar la sostenibilidad y mantener la biodiversidad.

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Los recursos fitogenéticos están conociendo una nueva valoración debido a que su escasez y el desarrollo de nuevas tecnologías han ampliado su potencial. Lo anterior ha generado una transformación en los dominios – público y privado – queinteractúan dentro del sistema de conservación.

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Después que muchos Estados se enriquecieran tanto intelectual como económicamente de la explotación o apropiación ilegal de la biodiversidad andina de la cual los miembros de la CAN eran país de origen, surge la necesidad de proteger la riqueza de la región, razón por la cual nace la Decisión 391 en 1996 sobre un Régimen Común de Acceso a Recursos genéticos. De esta manera los países miembros de la CAN se convirtieron en los primeros con un mecanismo de control para el acceso a los recursos genéticos y partición equitativa de los beneficios; buscando con ello sentar bases para la creación de conocimientos sobre el tema, el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, y la promoción del uso sostenible de los recursos. Sin embargo por razones de carácter nacional la implementación del mismo no ha progresado, generando que los casos de biopiratería aumenten e incluso sean difíciles de prevenir. Siendo este un tema de gran relevancia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, esta monografía examinará en las siguientes páginas la reglamentación nacional para comprender a mayor profundidad los defectos y/o cualidades de las decisiones tomadas por los Estados para la aplicación de la Decisión 391, y así mismo evidenciará las razones por las cuales la implementación de la Decisión no ha tenido éxito total sobre el control de la biopiratería, entre ellas la falta de reglamentación, la especificación de roles, la concientización ciudadana e incluso información al público en general.

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Esta monografía avanza en la revisión conceptual que permita establecer posibles alternativas de control en los acuerdos de cooperación bilateral, regional y multilateral, que contribuyan a mitigar el efecto de la biopiratería en Colombia debido al acceso de los recursos genéticos. Parte de un análisis comparado de los aspectos básicos de control propuestos para las negociaciones en materia ambiental que se llevaron a cabo en tres ámbitos distintos: el bilateral, el multilateral y el regional, tomando como referencia el tema de la protección de los recursos genéticos de acuerdo con lo establecido en la Convención de Diversidad Biológica, la Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina y el texto del TLC entre Colombia y Estados Unidos, con énfasis en la negociación de los temas ambientales. Lo anterior con base en información secundaria, referida específicamente a publicaciones oficiales de gobierno, tratados, textos y revistas académicas especializadas, páginas oficiales y publicaciones de institutos de investigación, las cuales permitieron un acercamiento más profundo a los puntos de observación.

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La columna vertebral de esta monografía es determinar cuál y cómo ha sido la función del Río Grande de la Magdalena, foco de inexplorado y desconocido potencial para el progreso del país. A través de diferentes herramientas que el Estado ha estructurado para darle de nuevo valor y preponderancia social, productiva y ambiental a la principal pero subutilizada vía fluvial de Colombia; visto desde un enfoque sistémico enmarcado en la estrategia de desarrollo sostenible, siendo el principal objetivo y desafío de la actualidad para un Estado social de derecho como es el Colombiano

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Esta monografía busca estudiar y evaluar la efectividad del Mecanismo Financiero del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. El estudio se centra en la efectividad que dicho mecanismo ha tenido en Colombia, como país en desarrollo que ha obtenido algunos beneficios del mismo desde 1994, cuando se hizo Parte del Protocolo y hasta 2004, período en el cual, se ha implementado este instrumento en el país para contribuir a la solución mundial al problema del agotamiento de la capa de ozono, a través de la eliminación del consumo de las sustancias químicas que producen ese efecto y alentando la conciencia ambiental.

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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.

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La especialización en Derecho Ambiental y la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario presentan la publicación Ciudades ambientalmente sostenibles, con la cual pretenden aportar elementos al conocimiento y a las posibles soluciones de los conflictos ambientales existentes en nuestro país. Este proyecto obedece al interés que tienen los investigadores, profesores y estudiantes del programa de Especialización en Derecho Ambiental en seguir cooperando, a través de la investigación y el conocimiento, en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos, mediante la identificación de las problemáticas e impactos ambientales que se presentan en los centros urbanos, los cuales e han venido incrementando con el crecimiento de las ciudades. La importancia del tema planteado en esta publicación obedece a la necesidad de contar con políticas públicas en la materia y con procesos de planificación urbana que involucren de manera transversal la variable ambiental, dado que la población que se concentra en las urbes y el proceso de industrialización terminan por generar cambios en los hábitats y afectan los recursos naturales y el ambiente. el crecimiento rápido de las ciudades compromete el suministro de recursos para garantizar la seguridad alimentaria, cambia el uso del suelo, disminuye la biodiversidad, genera desechos en grandes cantidades e implica la concentración de contaminables como consecuencia de los vertimientos y de las fuentes fijas y móviles, como elementos inherentes del sector productivo y el transporte urbano.

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el sistema de humedales ha sufrido intensas modificaciones sus áreas aledañas han sido rellenadas, invalidas y desecadas. Los asentamientos urbanos y las actividades industriales aumentaron ostensiblemente los caudales de las aguas vertidas

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El interés de esta investigación es analizar los antecedentes y desarrollo del interés colombiano en la Antártida, así como la relación de cooperación colombo-chilena y la importancia geoestratégica del continente blanco, a partir de diferentes conceptos: geoestrategia, política exterior colombiana y cooperación internacional. Teniendo en cuenta que la Antártida refleja los intereses geoestratégicos de muchos países desde comienzos del siglo XX, Colombia no puede dejar de lado sus aspiraciones en el Sistema Internacional y por esta razón decide ingresar al Tratado Antártico en 1989, sin embargo, es necesario definir cuáles son las pretensiones geoestratégicas del país suramericano en este territorio y precisar la probabilidad de su cambio de estatus en el mismo que le permita obtener provechos materiales de forma unilateral en materia de recursos, actividad diplomática, política exterior y posición geográfica.