Estudio crítico de la Ley 820 de 2003

Expedida la Ley 820 de 2003 la cual hace referencia al régimen de arrendamiento de vivienda urbana, se propusieron diferentes modificaciones en cuanto al régimen de servicios públicos domiciliarios, la solidaridad entre el arrendador y el arrendatario y se buscó reunir todas las normas que se encontraban a lo largo de la legislación colombiana que hacían alusión a dicho contrato. Habiendo transcurrido el lapso de seis años de su vigencia, existen varios problemas derivados de su aplicación que ameritan el estudio pertinente para encontrar la mejor manera de resolverlos legalmente o para proponer las reformas a la ley que sean necesarias para su perfeccionamiento.

Relación entre servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento básico sobre procesos de asentamientos urbanos. Estudio de caso: Ciudad Porfía (asentamiento informal) y Villa Codem (asentamiento formal), Villavicencio, 1983-2013.

El interés de este trabajo de grado es analizar la relación entre los servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento básico sobre los procesos de asentamientos urbanos. Estudio de caso: Ciudad Porfía (asentamiento informal) y Villa Codem (asentamiento formal), Villavicencio, de 1983 a 2013. Se identifica la naturaleza y los principios de los servicios públicos domiciliarios desde la legislación colombiana vigente y se describen los procesos de conformación y desarrollo de los asentamientos urbanos mencionados. Siguiendo finalmente la perspectiva teórica sobre hábitat desarrollado por UN Hábitat y con una metodología basada en la observación del territorio, se avanza hacia el resultado de la investigación que permite identificar los procesos dinámicos de consolidación, desarrollo y formación de estos asentamientos urbanos y su relación con los servicios públicos domiciliarios de agua y saneamiento básico.

Indirect expropriation in concession contract

 The work aims to demonstrate that an indirect expropriation of rights occurs when mining concession agreements are made for subsoil exploitation. The article looks at examples such as when administrative divesture for public utilities or for social interest is decreed to implement projects or environmental works; when any regulation or administrative action is taken determining protected areas or environment control of type; and when environmental control plans are implemented. The indirect expropriation occurs because a conflict exists between general interests and equality principles of the burdens, the contractual right of adherence to agreed upon provisions and the legality of prior legal regulations for the carrying out of such expropriation. 

Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia: la reforma diez años después.

This article studies some strategic issues on the implementation of structural reforms to public utilities in Colombia, establish on tha law 142 of 1994. The reform was held on a context of political debate where the palance favores a technocratic definition of the law. This jeans that local governments have been excluded from strategic decisions and that the model is characterized by its rigidity.

La Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (L1341/09). Actualización de un marco legal para un sector en constante evolución

La necesidad de preparar al sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer frente a los desafíos que trae consigo el desarrollo de la convergencia en todas sus dimensiones, implicaba plantear un nuevo equilibrio entre la promoción del desarrollo competitivo del sector y el cumplimiento de los compromisos sociales de cobertura derivados de la naturaleza de servicio público que ostentan las telecomunicaciones. En consecuencia, desde comienzos de 2007 se trabajó, con una permanente retroalimentación intragubernamental y sectorial, en la estructuración de los pilares del Proyecto de Ley 112/07 Cámara - 340/08 Senado, que culminó en la sanción presidencial de la Ley 1341 el30 de julio de 2009. Este nuevo marco legal para un sector en constante evolución constituye un hito sin precedentes, que rompe con la tradición de más de diez años y seis intentos fallidos de ajuste legislativo e institucional.