7 resultados para Asalariados

em Universidad del Rosario, Colombia


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La literatura sobre determinantes de los ingresos laborales ha evolucionado en sus fundamentos teóricos, metodológicos y estimaciones empíricas. Colombia no ha sido ajena a este proceso, pero su evolución, notoria en fertilidad, ha venido relajándose en rigor conceptual: se tiende a considerar a los cuenta propia y asalariados como categorías relativamente semejantes. Para mostrar el efecto de dicha relajación realizamos estimaciones conjuntas de determinantes del ingreso laboral para ocupados asalariados y cuenta propia, y luego las contrastamos con estimaciones más detalladas y desagregadas ilustrando los sesgos efectivos que se generan si no se tienen en cuenta las características laborales de los ocupados cuenta propia y asalariado.

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En este documento se realiza una nueva estimación de la discriminación salarial por género utilizando la metodología de descomposición de ecuaciones mincerianas sugerida por Oaxaca (1973) utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares 1984 – 1999. Se detecta un patrón estable que mantiene un diferencial salarial no explicado por variables de productividad, a favor de los hombres. Al parecer el incremento o reducción de esta brecha puede estar relacionado con el ciclo económico.

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Usando datos georreferenciados sobre mercado laboral para la ciudad de Bogotá, se desarrolla una estrategia empírica para identificar el efecto de la tasa de informalidad en el vecindario sobre la probabilidad individual de conseguir un trabajo informal. Se encuentra evidencia de la existencia de tales efectos del vecindario. Estos efectos funcionan de forma distinta para informalidad de trabajadores asalariados o independientes.

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Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.

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Este estudio analiza el efecto del uso de Internet sobre el ingreso laboral, eliminado el problema de endogeneidad que existe por motivos de selección. También se analizan los efectos seg un el lugar de acceso y las actividades realizadas en Internet. Para esto se utiliza Propensity Score Matching, tomando información para Colombia entre el año 2009 a 2011. Los resultados muestran que existe un efecto positivo, significativo y heterogéneo entre trabajadores asalariados y cuenta propia, siendo los últimos los más beneficiados. Con respecto al lugar de uso se encuentra un impacto positivo del uso del Internet en el trabajo y/o en el hogar, con una mayor magnitud en el primer sitio de acceso. Para el tema del manejo del Internet, no se encuentra efecto cuando se utiliza en actividades de entretenimiento, pero si cuando se usa en tareas educativas diariamente. Esto siguiere que usar este servicio aumenta la productividad y el capital humano, lo que se transforma en un incremento en los ingresos. Por tanto, se encuentra que el lugar de uso es una señal informativa para el mercado laboral, mientras que el impacto del manejo de esta herramienta depende de la frecuencia con que se realicen las actividades.

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La Justicia Penal Militar es el privilegio histórico más importante que ha sido concedido a las Fuerzas Militares colombianas debido a la función pública que desempeñan. De allí, que la presente investigación esté dirigida a comprender las causas que han conducido a que el Fuero Militar sea una figura cada vez más restringida no sólo en el mundo, sino en Colombia. Así mismo, el papel de las víctimas será transcendental en el trabajo para comprender un proceso de deslegitimación de la institución marcial traducido en la generación de un debate nacional en torno a la conveniencia de la ampliación de las competencias judiciales de su jurisdicción especial. Finalmente, se planteará una posible alternativa a partir de la conceptualización sobre la Justicia elaborada por John Rawls en el siglo XX, con miras solventar este fenómeno político, jurídico y social.

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Dada la persistencia de las diferencias en ingresos laborales por regiones en Colombia, el presente artículo propone cuantificar la magnitud de este diferencial que es atribuida a la diferencia en estructuras de mercado laboral, entendiendo esta última como la diferencia en los retornos a las características de la fuerza laboral. Para ello se propone el uso de un método de descomposición del tipo Oaxaca- Blinder y se compara a Bogotá –la ciudad con mayores ingresos laborales- con otras ciudades principales. Los resultados obtenidos al conducir el ejercicio de descomposición muestran que las diferencias en estructura están a favor de Bogotá y que estas explican más de la mitad de la diferencia total, indicando que si se quieren reducir las disparidades de ingresos laborales entre ciudades no es suficiente con calificar la fuerza laboral y que es necesario indagar por las causas que hacen que los retornos a las características difieran entre ciudades.