52 resultados para Art 121 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

em Universidad del Rosario, Colombia


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A lo largo de las últimas décadas, el papel de la Unión Europea como actor a escala global ha evolucionado de manera significativa. Dentro de esa nueva dinámica, su proyección hacia otras regiones del mundo entraña una enorme importancia para América Latina, y en particular para la región andina. En atención a ello, el inicio de las negociaciones para un acuerdo de asociación UE – CAN, que busca no sólo establecer una zona de libre comercio, sino avanzar hacia el diálogo político y la cooperación, se constituye en un paso histórico de acercamiento entre las dos regiones, en cuanto abre nuevas posibilidades de beneficio mutuo.

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Se analizará cuál ha sido el comportamiento de la IED y los mecanismos y acuerdos hasta ahora logrados en el marco de la Comunidad Andina, con el fin de determinar la influencia que estos han tenido en el caso específico del sector minero colombiano.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplala ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

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El fin de la Guerra Fría supuso no sólo el triunfo del capitalismo y de la democracia liberal, sino un cambio significativo en el Sistema Internacional; siendo menos centralizado y más regionalizado, como consecuencia de la proximidad y relaciones de interdependencia entre sus actores (no sólo Estados) y permitiendo la formación de Complejos Regionales de Seguridad (CRS). Los CRS son una forma efectiva de relacionarse y aproximarse a la arena internacional pues a través de sus procesos de securitización y desecuritización consiguen lograr objetivos específicos. Partiendo de ello, tanto la Unión Europea (UE) como la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC) iniciaron varios procesos de securitización relacionados con la integración regional; siendo un ejemplo de ello la eliminación de los controles en sus fronteras interiores o libre circulación de personas; pues consideraron que de no hacerse realidad, ello generaría amenazas políticas (su influencia y capacidad de actuación estaban amenazadas), económicas (en cuanto a su competitividad y niveles básicos de bienestar) y societales (en cuanto a la identidad de la comunidad como indispensable para la integración) que pondrían en riesgo la existencia misma de sus CRS. En esta medida, la UE creó el Espacio Schengen, que fue producto de un proceso de securitización desde inicios de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 90; y la SADC se encuentra inmersa en tal proceso de securitización desde 1992 hasta la actualidad y espera la ratificación del Protocolo para la Facilitación del Movimiento de personas como primer paso para lograr la eliminación de controles en sus fronteras interiores. Si bien tanto la UE como la SADC consideraron que de no permitir la libre circulación de personas, su integración y por lo tanto, sus CRS estaban en riesgo; la SADC no lo ha logrado. Ello hace indispensable hacer un análisis más profundo de sus procesos de securitización para así encontrar sus falencias con respecto al éxito de la UE. El análisis está basado en la Teoría de los Complejos de Seguridad de Barry Buzan, plasmada en la obra Security a New Framework for Analysis (1998) de Barry Buzan, Ole Waever y Jaap de Wilde y será dividido en cada una de las etapas del proceso de securitización: la identificación de una amenaza existencial a un objeto referente a través de un acto discursivo, la aceptación de una amenaza por parte de una audiencia relevante y las acciones de emergencia para hacer frente a las amenazas existenciales; reconociendo las diferencias y similitudes de un proceso de securitización exitoso frente a otro que aún no lo ha sido.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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El proposito del presente estudio de caso es analizar como fue creada la CAN y cómo ha sido el proceso de integración no solo en el aspecto económico sino en el aspecto físico, a su vez haciendo un seguimiento a su crecimiento que a su vez nos permite entender el porque de sus crisis hasta llegar al día de hoy con su problemática actual del retiro de Venezuela.

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Si bien el proceso de globalización supone mejorías en las economías y condiciones más ventajosas para la integración, éste no ha significado un avance considerable en la calidad de vida de América Latina en términos políticos, sociales y económicos. En efecto, las principales adversidades que debe enfrentar la región están asociadas a la concentración de la riqueza, a un desarrollo social incompleto, a economías vulnerables e insuficientemente diversificadas y a una débil gobernabilidad. A la luz de estas problemáticas y ad portas de cumplir 40 años de la integración andina, resulta necesario analizar su estado actual, así como los desafíos a corto y mediano plazo que este grupo deberá enfrentar. En virtud de lo anterior, el comentario OPEC No. 5 presenta un balance sintético de lo recorrido hasta el momento en tres ejes temáticos: gobernabilidad, cohesión social y asuntos económicos. Finalmente, se plantearán algunas inquietudes sobre el futuro de la integración andina.

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En 2007 comienzan las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. En 2008 dicho Acuerdo fracasa. Las razones del fracaso pueden ser pensadas desde lo ideológico, no obstante, existe una limitación institucional que debe ser estudiada con mayor detenimiento para poder entender la dinámica andina frente a la dinámica europea.

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Esta monografía avanza en la revisión conceptual que permita establecer posibles alternativas de control en los acuerdos de cooperación bilateral, regional y multilateral, que contribuyan a mitigar el efecto de la biopiratería en Colombia debido al acceso de los recursos genéticos. Parte de un análisis comparado de los aspectos básicos de control propuestos para las negociaciones en materia ambiental que se llevaron a cabo en tres ámbitos distintos: el bilateral, el multilateral y el regional, tomando como referencia el tema de la protección de los recursos genéticos de acuerdo con lo establecido en la Convención de Diversidad Biológica, la Decisión 391 de 1996 de la Comunidad Andina y el texto del TLC entre Colombia y Estados Unidos, con énfasis en la negociación de los temas ambientales. Lo anterior con base en información secundaria, referida específicamente a publicaciones oficiales de gobierno, tratados, textos y revistas académicas especializadas, páginas oficiales y publicaciones de institutos de investigación, las cuales permitieron un acercamiento más profundo a los puntos de observación.

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Los retos del sistema internacional, de este tiempo, sugieren la necesidad de Instituciones Internacionales que fomenten la cooperación para la consecución de objetivos comunes que los Estados, por si solos, no podrían afrontar sin altas dificultades; ello, sumado a la globalización, ha creado la necesidad de avanzar en procesos de integración que faciliten dicha cooperación. La Comunidad Andina -CAN- no es ajena a esos retos y por el contrario ha avanzado, a su manera, en una integración subregional para buscar mejores oportunidades para los Países Miembros. Sin embargo las dinámicas del Sistema Internacional son muy cambiantes y cada vez exigen mayores esfuerzos. En ese sentido algunos órganos de la CAN no han podido situarse a la altura de sus retos y la escasa voluntad política de los Estados se ha transformado en el limitante mayor de la adaptación de dichos órganos a las nuevas necesidades. Tal es el caso del Parlamento Andino, un órgano que fue concebido bajo unos parámetros claros y definidos, buscando suplir unas necesidades determinadas y que tras más de tres décadas de su creación no logra satisfacer las mismas. Este trabajo pretende analizar la influencia del Parlamento Andino en el proceso de consolidación de la CAN y evidenciara sus logros y, sobre todo, sus dificultades.

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Este trabajo pretende hacer un análisis del papel que juega Brasil dentro de la CPLP, con el fin de confirmar su papel de liderazgo dentro de esta organización. Así mismo, da cuenta de como mediante esta comunidad Brasil ha tenido un mayor acercamiento con el continente africano y esto le ha permitido fortalecer su proyecto de liderazgo global y su injerencia en asuntos internacionales.

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El objetivo de este trabajo no es otro que analizar la visibilidad los parlamentos Andino y Europeo en sus respectivos procesos de integración, lo que permitirá comparar su accionar y vislumbrar qué le hace falta al Parlamento Andino para ser similar al Parlamento Europeo y que el primero pueda contribuir con la profundización de proceso de integración andina, tal y como lo ha hecho el segundo, sin sugerir en ningún caso un problema de instituciones en este campo. Se percibe entonces la necesidad de resaltar por medio de este trabajo, la importancia que ostenta el Parlamento Andino como el órgano principal deliberante de la Comunidad Andina, tomando sus procesos en general como herramienta fundamental de dicha institución y proponiendo, a partir de un análisis comparativo del papel integrador del Parlamento Europeo, ideas que pudieran ser muy útiles para dar un nuevo impulso a la integración andina. Ideas que pudieran llevar a revisar preceptos bajo los cuales se ha creado la CAN pero que, según lo que se ha demostrado a través de la historia, pueden ser objeto de controversia dependiendo de la coyuntura internacional que afecte los intereses de la esta comunidad.

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La presente investigación analiza la política exterior de los países de la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, así como el comportamiento de la organización misma. El objetivo del estudio es identificar, desde el punto de vista político, las razones por las cuales los gobiernos participantes de la CAN incurren continuamente en el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la organización.