19 resultados para Agricultura -- Nicaragua
em Universidad del Rosario, Colombia
Resumo:
En la década de los noventas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador se originaron procesos de post conflicto que tuvieron origen luego de finalizados los conflictos internos que enfrentaron los tres países durante la década de los ochenta. Dichos procesos tuvieron un balance positivo que en gran medida se debió a la nutrida participación internacional en especial de organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR- que tuvo cabida en tales escenarios como apoyo para la reconstrucción de estas Naciones que decidieron poner fin pacífico a sus enfrentamientos, y que gracias al cambio gestado en su enfoque operativo, este organismo logró jugar un papel destacado en tales procesos. Es por ello que ésta investigación analiza el papel que desempeñó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR- en los procesos de post-conflicto que atravesaron Guatemala, Nicaragua y El Salvador durante la década de los noventa tras los enfrentamientos internos del decenio anterior , apoyados en la teoría del Neoliberalismo Institucional.
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Esta monografía analiza los factores que obstaculizan el alcance de la cooperación de la FAO y el PMA en la lucha contra el hambre en India, entre el 2003 y el 2007, a partir de las teorías: Neoliberalismo Institucional y Regímenes Internacionales de R. Keohane, además de algunos conceptos de W. Easterly
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El Presente trabajo de investigación tiene por objeto identificar cual es la importancia geopolítica de los territorios que se encuentran actualmente en litigio ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por la demanda presentada por Managua ante este tribunal tanto para Nicaragua como para Colombia.
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En la última década, uno de los problemas considerados más relevantes de la política pública colombiana es la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que contempla no sólo la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sino también la utilización y estabilidad (disponibilidad continua) de alimentos sanos, limpios e inocuos para el consumo humano. En este marco, el gobierno de Garzón dio inicio política pública Bogotá sin indiferencia, junto con el programa Bogotá sin Hambre, que pretendía a través de diversos proyectos garantizar el derecho a la alimentación de la población de escasos recursos; uno de ellos es el proyecto 319 de Agricultura Urbana, el cual presenta continuidad hasta el momento. La presente investigación, realiza una evaluación externa y participativa al proyecto, desentrañando a través de la metodología del marco lógico, los objetivos y metas de dicho proyecto, para seguidamente evaluarlo apoyándose en la propuesta de Cohen y Franco (1992) y García y Ramírez (1994); bajo el supuesto de que su sostenibilidad depende del tipo de huerta, del apoyo institucional y del empoderamiento de los beneficiarios. Desde la mirada de los beneficiarios, se adelantó la evaluación de tres Estudios de Caso que permitieron desvelar los principios que regulan la política pública, las dificultades y problemas estructurales existentes a la misma.
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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.
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El fallo de la CIJ respecto del diferendo de Nicaragua contra Colombia reconfiguró las fronteras en el Caribe colombiano y el mapa de la nación. La mala socialización del fallo a nivel nacional y departamental, genera un ambiente de negativismo sobre el panorama actual y a mediano y largo plazo. Este ambiente da paso a una serie de reacciones que influyen en el debate nacional con respecto a los efectos del fallo, dejando de lado elementos de fondo pertinentes para su mejor comprensión, asimilación y debate. El Estudio de Caso que se desarrolla a continuación pretende, en primer lugar, contextualizar el proceso histórico y jurídico que dan paso a la sentencia de la CIJ. En segundo lugar, hacer un examen riguroso de los efectos generados en Colombia. Finalmente, en tercer lugar, se desea aportar elementos de análisis que se centren en los efectos reales para Colombia y el archipiélago.
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Los huracanes en Centroamérica ocurren con mayor frecuencia, ya que ésta es una región rodeada por el océano pacífico y el mar caribe, presenta altas temperaturas durante el año, calentándose así el agua, y a su vez, el aire húmedo que también se calienta y se expande y de este modo comienza a elevarse, como un globo de aire caliente. Lo anterior sucede de forma repetitiva y continua, el aire húmedo reemplaza al anterior y así sucesivamente, hasta que alcanza una velocidad determinada formando un huracán. Este fenómeno se ha venido incrementando durante los últimos años, debido a las variaciones en la temperatura a nivel global debido al fenómeno del cambio climático, que según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático “tiene que ver con un cambio del clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera del planeta y que se añade a la variabilidad natural del clima observada en períodos de tiempo comparables.”1 Este fenómeno “podría provocar la desaparición de los glaciares, disminuir la disponibilidad de agua potable para 70 millones de personas, intensificar las tormentas tropicales y los huracanes, y amenazar a las poblaciones costeras.”
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El artículo se divide en tres grandes partes. La primera parte presenta los antecedentes del caso relativo a la delimitación en el mar Caribe entre Nicaragua y Colombia. Analiza la competencia de la Corte Internacional de Justicia – CIJ (la Corte) de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de la Corte; en consecuencia se estudia la declaración de aceptación de la Competencia de la Corte presentada por Colombia ante la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1937, y el Pacto de Bogotá de 1948, así como su aplicabilidad y alcance con relación al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. La segunda parte hace una detallado análisis de la decisión de la Corte relativa a las excepciones preliminares, en la que determinó que la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina era colombiana, que el tratado Esguerra- Bárcenas no es un tratado de delimitación marítima y que es competente para conocer sobre el fondo del asunto. La tercera parte señala las actuaciones que faltan por realizarse en lo relativo al fondo del caso.
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El artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que todo Estado que considere tener un interés de orden jurídico que pueda ser afectado por la decisión de un litigio podrá solicitar intervenir, siendo la Corte quien decida respecto de dicha solicitud. Los últimos desarrollos jurisprudenciales de la Corte en materia de intervención mostraban cómo las discusiones surgidas, a escala jurisprudencial y doctrinal, alrededor de la interpretación y aplicación de la intervención parecían haber desaparecido. Sin embargo, las recientes decisiones de la Corte respecto de las solicitudes de intervención de Costa Rica y Honduras en la Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Colombia han revivido de nuevo la controversia. Este artículo presenta una introducción general a la institución de la intervención, explicando la aplicación que la Corte ha dado a la misma y analiza cada uno de los requisitos que deben cumplirse para intervenir en asuntos sometidos a la Corte para su solución. Como conclusión, se realiza un comentario y análisis de las decisiones de la Corte en las más recientes solicitudes de intervención.
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Se presenta a continuación una traducción no oficial al idioma españoldel texto de la Sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia el 19de Noviembre de 2012, del caso Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua c.Colombia). El texto original de la Sentencia puede ser consultado en la páginaWeb de la Corte, en la siguiente dirección: http://www.icj-cij.orgLa presente traducción es exclusivamente para fines de divulgacióny no tiene carácter oficial.
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Traducción del Fallo de la CIJ
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Este artículo identifica aspectos donde emergen tensiones entre distintas formas de llevar a cabola actividad agraria, sus impactos territoriales y las respuestas de los agentes sociales tanto desde elplano material como discursivo. Para ello analiza un partido de la región pampeana argentina dondetradicionalmente se han desarrollado producciones trabajo-intensivas orientadas al mercado internocon participación de productores familiares, en el cual se constata la expansión de la agriculturaextensiva orientada a los mercados mundiales. Frecuentemente considerada como ilustrativa delparadigma de los agronegocios, este tipo de agricultura se asocia a la gran escala, la búsqueda debeneficios de corto plazo y la creciente deslocalización del lugar de producción de aquel donde seinvierten los excedentes obtenidos.Si bien existen elementos que dan cuenta del afianzamiento del denominado modelo de los agronegociosen el territorio analizado, sus rasgos no se reproducen de manera mecánica y homogéneaen el espacio rural. Existen situaciones híbridas y procesos no directamente atribuibles a la influenciaque uno de ellos adquiere sobre el otro. Además, la importancia de los productores familiares y laíndole de sus comportamientos productivos pueden representar posibles frenos a su expansión. Noobstante su debilidad como actores sociales para posicionar sus intereses constituye un indicadorde sus dificultades para persistir dentro de la estructura agraria que se consolida.
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El artículo analiza el surgimiento y la caída de un movimiento de contraguerrilla (“La Contra”) en Nicaragua. Ubica este movimiento dentro de la Revolución Sandinista (1979 – 1990) y el programa de reformas estructurales del gobierno sandinista, trazando el inicio y el desarrollo del proceso de exclusión y alienación de segmentos de la población, especialmente en cuanto a los pueblos étnicos de la costa atlántica y al campesinado medio de la región fronteriza con Honduras. Enfatiza el papel de fuerzas ajenas (las FFAA argentinas, la CIA) en materia de entrenamiento y financiación y analiza el desarrollo de las campañas sociales y militares dentro del conflicto armado que surgió. Termina con el efecto principal: el desangramiento de la Revolución Sandinista tras la derrota militar de la Contra y la pérdida electoral en 1990 como consecuencia.
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La Seguridad Alimentaria requiere un aumento de la producción, unas cosechas fiables en servicios de recolección y distribución que operen de manera eficiente y oportuna. Una agricultura intensiva que no deteriore las tierras de cultivo
