131 resultados para Juan Acosta


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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo estudiar la influencia de las agencias de Naciones Unidas, PNUD y OACNUDH, en la formulación de una política pública de DD.HH. y DIH en Colombia entre 2010 y 2014. Se argumenta que la cooperación internacional brindada por el PNUD y la OACNUDH, a través de su asesoría técnica, influyó determinantemente en el proceso de formulación de una política pública en materia de DD.HH y DIH durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Lo anterior, permitió no solo un cambio en la forma de construir políticas públicas, sino en la manera en que se aborda la situación de DD.HH. en el país, teniendo en cuenta la coyuntura de las negociaciones de paz con las FARC.

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El estudio de los derechos de aduana se aborda inicialmente a través de la definición que sobre los mismos efectúa el artículo primero del Decreto 2685 de 1999, denominado Estatuto Aduanero de Colombia, artículo que, como es usual en materia aduanera, comprende ciertas definiciones para la aplicación del mismo y enfatizando que las expresiones usadas en dicha compilación aduanera, tendrán el significado que ahí se determina.

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Escritura de un préstamo de 400 pesos realizado a Juan Antonio de Castro por el rector del Colegio Mayor del Rosario Agustín de Alarcón, del dinero de una beca fundada por José Martín Pradilla. Juan A. de Castro presenta la escritura con la descripción de los pagos y de las propiedades que van a sustentar el préstamo.

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Poder concedido a Mariano Pineda por María Eugenia de Caldas y su hijo Francisco Moyano, para vender a un esclavo mulato de 14 años llamado Juan Moyano. El expediente continúa con el registro de la venta del esclavo al rector del Colegio Mayor del Rosario Agustín Manuel de Alarcón.

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Solicitud de Juan Manuel de Longas de una certificación que constatara su hidalguía y limpieza de sangre, y haber sido colegial formal en el Colegio de San Bartolomé. El rector del dicho colegio, Domingo Manuel Viana respondió a la petición certificando que el colegial presentó sus informaciones como lo exigen las constituciones del colegio para la obtención de una beca, la cual disfrutó hasta que pasó al servicio de paje del Arzobispo de Santafé.

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El virrey y arzobispo de la Nueva Granada Antonio Caballero y Góngora aprobó mediante este decreto, el nombramiento de Juan Francisco Vázquez en una de las becas destinadas a los naturales de la ciudad de Tunja para cursar la cátedra de teología en el Colegio Mayor del Rosario

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Expediente de reclamo del rector del Colegio Mayor del Rosario Juan Fernández de Sotomayor y Picón contra la heredera de Carlos Burgos, Antonia de Castro y Barriga, por un préstamo de mil pesos y sus réditos concedidos al mencionado Burgos en 1788. Los mil pesos del principal pertenecían a una beca supernumeraria fundada por José Joaquín y Margarita de León y Herrera sobre una hacienda llamada San José en jurisdicción de Zipaquirá. El principal luego fue trasladado a la estancia de San José de Fucha propiedad de José María del Castillo y Rada.

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Registro de la última voluntad de Juan Agustín de León y Herrera, presbítero y cura propio del pueblo de Fontibón. Dispone de sus bienes en su hacienda de Fontibón y enumera las deudas que han contraído con él. Heredó a su sobrina Francisca de Arce una casa en el barrio de La Catedral de Santafé para dispusiera de ella durante su vida, aclarando que posteriormente debería pasar al Colegio Mayor del Rosario para la dotación de becas para sus parientes más cercanos.

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Juicio seguido por el tesorero del Colegio Mayor del Rosario contra los herederos de Francisca de Arce y León, por una casa ubicada en el barrio la Catedral, que la difunta heredó de su tío Juan de León; y que debería pasar a manos del Colegio Mayor tras la muerte de dicha heredera (24 de julio de 1845), como expuso Juan de León en su testamento. El juicio contiene la discusión de las partes y documentos probatorios del caso como copias de las cédulas reales de fundación del Colegio y las constituciones quinta, séptima, octava y novena que tratan sobre los colegiales y las becas (fol. 184-191), así como el testamento de Ana de León (Fol. 203v-) heredera del presbítero Juan de León. Se adjunta la resolución y autos del Tribunal del distrito de Cundinamarca (Fol. 219- 221) ordenando a Pedro de Herrera y Arce la entrega de la casa y tiendas legadas por Juan de León, al Colegio Mayor del Rosario, además del pago de los réditos producido por la propiedad. El expediente finaliza con una petición del tesorero del Colegio Mayor ante la muerte de Pedro de Herrera, para publicar edictos para convocar a sus herederos y que estos se hicieran cargo de la deuda y entrega de la casa.