183 resultados para Políticas de conservación


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Este estudio analiza la repercusión de las instituciones internacionales y el regimen al interior de éstas concerniente a la lucha contra drogas, en la política interna sobre reducción de demanda. Para esto nos debemos remitir al concepto de “Neoliberalismo Institucional” presentado por Robert Keohane quien afirma que aunque la política internacional carezca de un gobierno común, y se crea que prima la anarquía en las relaciones entre Estados, la política mundial está institucionalizada . Además, sostiene que “las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercen significativo efecto en el comportamiento de los gobiernos”10 Estas instituciones pueden tomar diferentes formas como: las organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales, los regímenes internacionales, y las convenciones. Colombia no está exenta de la influencia emanada del institucionalismo internacional, y con base en ello se deben crear políticas que vayan de acuerdo a lo aceptado dentro de las diferentes instituciones; tal es el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comunidad Andina de Naciones (CAN); organizaciones con las que el Estado ha adquirido compromisos al respecto, y que serán analizadas en el transcurso de este estudio. Asimismo estas instituciones pueden afectar las decisiones de los líderes, ayudando a determinar como se definen los intereses y como se interpretan las acciones. No obstante, la presión de los intereses internos ejerce efectos muchos mayores en la política estatal que las instituciones internacionales. Esto explica por qué desde 1998 a 2006 en cada uno de los períodos presidenciales hay variaciones en la acción política en cuanto la reducción de demanda de drogas ilícitas, pero se sigue actuando en un marco general presentado por las instituciones internacionales.Por otra parte los "Regímenes Internacionales" son definidos por Stephen Krasner como: “conjunto de principios, normas, reglas y procesos de decisión implícitos y explícitos, por los cuales las expectativas de los actores convergen en una área determinada de las relaciones internacionales”.13Es decir que no solo las organizaciones de las que hace parte Colombia afectan en la creación de las políticas, sino el régimen contenido al interior, en este caso la lucha contra drogas es un área específica la cual incluye la demanda de drogas ilícitas.

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Esta monografía se divide en tres secciones. En la primera parte se examina la oferta de cooperación internacional para la conservación de la diversidad biológica en la Sierra Nevada de Santa Marta tanto a nivel bilateral como multilateral en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. En este contexto, se revisa detalladamente el funcionamiento del mecanismo financiero del Convenio de Diversidad Biológica, es decir, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Seguidamente, se estudia la cooperación bilateral en materia medioambiental en la Sierra Nevada de Santa Marta, centrándose exclusivamente en el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial –por ser hasta el momento la única institución que ha planteado un proyecto en esta materia en la Sierra–. En la segunda sección, se analiza a la luz de la teoría de la cooperación de Robert Axelrod la oposición de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta a los dos proyectos de cooperación internacional planteados en materia de biodiversidad. En este contexto, se analiza la organización política de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada y su concepción del medio ambiente. Finalmente, en tercer lugar, se pretende analizar la información disponible para entender las implicaciones del Proyecto de Apoyo a la Conservación de la Biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta (2000-2003) en el marco de los objetivos establecidos en el Convenio de Diversidad Biológica.

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Las dinámicas de las relaciones internacionales luego del surgimiento de una Nueva Agenda de seguridad tras el fin de la Guerra Fría, han dado lugar a la aparición de nuevos y diferentes interrogantes relacionados con el rol de los diferentes actores y factores del Sistema Internacional, ante los temas propios del “Nuevo Orden Mundial”, entre ellos, las migraciones. A medida que la influencia de actores no Estatales se ha hecho más contundente en la configuración del contexto geopolítico mundial y, mientras que los Estados han ido redefiniendo constantemente sus estrategias para lograr la defensa de sus propios intereses –estén enfocados éstos hacia la conservación de su influencia o hacia la consecución de nuevas oportunidades-, los procesos de formulación y ejecución de las políticas exteriores de seguridad a propósito del tema migratorio, se han visto constantemente alterados, hasta el punto de ir en algunos casos, en contravía con sus principios rectores, es decir, con la identidad misma del país. Si bien, países como Canadá y México han asumido como un importante compromiso la reorientación de sus políticas hacia la cooperación como garante de la seguridad, aún persisten varias dudas en relación con la posición de estos dos países a propósito del tema: ¿ puede hablarse de coherencia entre su orientación política y los principios rectores de su política exterior?, ¿ Es decisiva la capacidad de injerencia de actores no Estatales en la configuración de la identidad e intereses de estos Estados, hasta el punto de poder hablar de la política exterior de seguridad de éstos, como una amalgama de intereses particulares? ¿Varía la influencia de factores sistémicos en los procesos de diseño y ejecución de las políticas exteriores de los países, dependiendo de su posición en el sistema internacional?

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El interés de este trabajo es determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, revisando los momentos y actores claves que participaron en este proceso, para el periodo 2006-2010. Lo anterior se realiza para establecer si la agencia responde a las lógicas de Buen Gobierno, entendido como la efectividad de los gobiernos para dar respuesta a sus gobernados y la consecución de alianzas público privadas en beneficio de lo colectivo, gobernabilidad democrática y gobernanza respectivamente. Como resultado de este ejercicio se determinó que la agencia puede considerarse, parcialmente, como un mecanismo de Buen Gobierno debido a que los beneficios no siempre son direccionados hacia el bien común.

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La siguiente reflexión sobre el disfrute del derecho a la ciudad de las mujeres y de todos sus derechos humanos en los contextos urbanos se realiza a partir de las dimensiones propuestas por el enfoque de seguridad humana, en las cuales se establecen los mínimos que requieren las mujeres para gozar de una vida urbana renovada y superar las limitaciones existentes en la ciudad como espacio no neutral, que produce y reproduce inequidades entre hombres y mujeres, donde se feminiza la pobreza y se exterioriza la violencia basada en género. En este sentido, este artículo de reflexión, en el cual se presentan los resultados de la investigación “El derecho a la ciudad de las mujeres: una mirada a su goce y reconocimiento en la ciudad de Cartagena de Indias”, retoma algunas ideas propuestas por el movimiento feminista y plasmadas en las Cartas del Derecho a la Ciudad, las cuales son leídas desde la definición hecha sobre derecho a la ciudad de las mujeres y las dimensiones de la seguridad humana, resaltando en ambas su carácter integrador, indivisible y necesario, para dejar a un lado las estructuras androcéntricas y patriarcales sobre la seguridad, la democracia y la ciudadanía.

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Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación.