¿Régimen del terror o aceptación pasiva?: cultura política nicaragüense durante el régimen de los Somoza (1936 – 1979)

Esta monografía busca explicar la incidencia de la cultura política nicaragüense en el mantenimiento del régimen de los Somoza (1936 – 1979). Se explorará la incidencia de la cultura política nicaragüense en el régimen autoritario tradicional de los Somoza a través de las orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas de la población, que permitieron el mantenimiento y una relativa estabilidad y duración de aquél en Nicaragua. Se comprenderá el régimen somocista como un régimen autoritario tradicional. Posteriormente, siguiendo los postulados de Gabriel Almond y Sidney Verba, se identificará los principales elementos de la cultura política nicaragüense durante el régimen de los Somoza y por último, se explicará cómo incidió la cultura política en la aceptación pasiva del régimen, el uso del terror como una herramienta de estabilización y la ausencia de una identidad ciudadana democrática.

Serie de Documentos. Facultad de Jurisprudencia N° 73. El sujeto jurídico indígena de la política pública para personas víctimas del conflicto armado ubicadas en Bogotá

Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.