Una mirada al papel del precedente judicial y su aplicación por parte de los jueces administrativos y de la administración pública. estudio del propósito de las sentencias de unificación jurisprudencial y del mecanismo de extensión de jurisprudencia, consagrados en la ley 1437 de 2011.

El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.

Determinantes de la cooptación de la contratación pública en la administración de Samuel Moreno

Este trabajo busca identificar los determinantes de la administración pública, que desencadenaron la cooptación corrupta de la contratación de la calle 26. Usando la teoría sobre corrupción de Klitgaard, se propone que la presencia de un poder de monopolio, una alta discrecionalidad y la poco eficacia del control permitieron que la entidad encargada de la contratación del calle 26 fuera sometida a intereses externos. A través de la metodología de gestión del riesgo se reconstruye el contexto de la entidad para identificar las amenazas y debilidades que explican este sometimiento.

La acción pública estatal dirigida a la población con discapacidad privada de la libertad (1991-2013)

El propósito principal de la investigación es determinar los problemas del accionar público estatal dirigido a la población con discapacidad privada de la libertad, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 hasta el año 2013. De acuerdo con lo anterior, se quiere demostrar que los problemas del accionar público estatal radican en la emisión de soluciones improvisadas que se han desarrollado frente a las necesidades de la población con discapacidad privada de la libertad. Para ratificarlo, el trabajo se valdrá del institucionalismo normativo así como de la perspectiva de interseccionalidad para analizar de qué manera los problemas del accionar público estatal afectan el ejercicio y la garantía de los derechos de esta población.

¿Podemos sostener la deuda pública?

Se presentan argumentos que indican que es necesario, ahora, diseñar una estrategia convincente de generación de superávit fiscales primarios futuros (permanentes) cuyo rango está entre 0.9% y 1.5% del PIB, de manera que el actual nivel de endeudamiento pueda ser juzgado sostenible. En tal caso, su resultado inmediato sería la reducción del “spread” de la deuda.

Formación de la deuda pública en Colombia (1821-1873)

El presente documento es una revisión detallada de la formación y cambios de la deuda pública colombiana desde la Constitución de Cúcuta hasta 1821, cuando se reconvierte toda la deuda pública externa bajo la ley de 21 de mayo de 1873. Este documento busca señalar los componentes de la deuda a lo largo del periodo señalando cambios importantes por causas externas (guerras) o causas internas (insolvencia y necesidad de recomponer la deuda y sus pagos). Este documento está principalmente basado en la codificación nacional de todas las leyes de Colombia a partir del año 1821 y la revisión de otras fuentes secundarias.

Corrupción y delitos contra la administración pública especial referencia a los delitos cometidos en la contratación

La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

La carrera administrativa en el marco de la función pública en Colombia

El presente libro, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y territorial, y en los sectores central y descentralizado. La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y la jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen posible aclarar la nomenclatura, es decir, el lenguaje respectivo y que permiten construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desempeñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública.

Los delitos contra la fe pública

Este texto busca aproximar a la manera como los delitos contra la fe pública se encuentran estructurados en el Código Penal y plantea críticas y aciertos a esta configuración normativa. Igualmente, se intenta sistematizar los delitos contra la confianza colectiva sirviéndose de la moderna teoría del delito, aquella que permite comprender la sociedad como realmente funciona en estos tiempos modernos. El libro se divide en cuatro grandes partes. En primer lugar, se delimita el objeto de tutela penal, la fe pública, mostrando su evolución con el paso del tiempo y las teorías que actualmente se encuentran en boga no solamente en el país sino en otras latitudes. Determinado el concepto de la fe pública, se pasa al análisis de cada uno de los capítulos de los delitos, como son, la falsedad de moneda, la falsedad de sellos y efectos oficiales y, por último, la falsedad documental. El libro se divide en cuatro grandes partes.

La política pública de desplazamiento forzado en Colombia: una visión desde el pensamiento complejo

a ciencia que estudia los cambios de estado de los sistemas o de los fenómenos es la termodinámica. Este texto hace hincapié en la segunda ley de la termodinámica, que expresa la entropía o el grado de desorden de un sistema. La importancia de esta ley radica en que evidencia la irreversibilidad de los cambios de estado y la naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos, al establecer una línea del tiempo. Este paradigma del conocimiento representa para las ciencias sociales y los estudios políticos un reto en cuanto a la interpretación de fenómenos sociales de alta complejidad, como lo puede ser el desplazamiento forzado y su política pública de atención, pues revela un diálogo entre el paradigma clásico de la ciencia y el paradigma de las ciencias de la complejidad creciente.

La reafirmación de los recursos administrativos como requisito de procedibilidad en Ley 1437 de 2011: una posición privilegiada de la administración pública en Colombia frente a los particulares

La problemática que aborda este trabajo comprende el análisis de las implicaciones y del significado de la reafirmación del trámite de los recursos administrativos como un requisito de procedibilidad que el particular debe agotar para poder acudir a la jurisdicción administrativa cuando pretende dirimir una controversia originada en una decisión adoptada por una autoridad pública. Nos preguntamos, si con ello, se cumplió todo aquello que inspiró a los precursores de la expedición del nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. La investigación se desarrolló a partir de un plan de trabajo divido en dos partes. En la primera, se analizó la doble connotación que caracteriza a los recursos administrativos, así como la evolución, la efectividad y la importancia de aquellos de cara a los privilegios de la administración pública. También se abordaron las modificaciones que el legislador ha efectuado a esta herramienta de autocontrol de las decisiones administrativas y la jurisprudencia expedida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en esta materia. En la segunda parte, con el fin de establecer si la reafirmación del agotamiento del recurso de apelación como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción administrativa, traduce los propósitos del legislador al expedir el nuevo código administrativo y de lo contencioso administrativo, se plasmaron aspectos que debieron considerarse en esta reforma, en el marco de las tendencias de un Estado Social de Derecho y de la problemática de la congestión judicial que intenta afrontar el legislador. En ese marco, se explicaron los aspectos que permitieron constatar que los propósitos del legislador se desdibujaron al mantener la obligatoriedad de agotar los recursos administrativos para que el particular pueda someter una controversia a la jurisdicción administrativa.

Desafíos y oportunidades de la capacidad del gobierno colombiano en la implementación de la política pública de gestión integral del riesgo (ley 1523 de 2012)

La geografía colombiana es fuente de un sinnúmero de recursos socio-económicos y naturales así como también de amenazas a la población, ya que es un territorio propenso a ciertos fenómenos que desencadenan desastres, como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. Sin embargo, el Estado tiene una inmensa responsabilidad en la mitigación del riesgo de desastres que sufre la ciudadanía, pero las instituciones no han tenido la fortaleza para implementar políticas públicas eficientes que eviten que el impacto de estos fenómenos sea mayor. La presente monografía es un estudio de las políticas públicas en materia de desastres implementadas por el Estado, tomando como base los postulados del neo-institucionalismo y la teoría de Levitsky y Murillo sobre la fortaleza de las instituciones, reflejando una baja estabilidad y fuerza de implementación.

Factores determinantes del margen entre la deuda corporativa y la deuda pública en Colombia

The paper makes an assessment of the factors behind corporatemargin. Corporate margin is defined as the difference between the public debt spot rate and the corporative debt spot rate graded AAA and AA. Following Elton et al (2001), in corporate margin is defined as the sum of three factors:issuer default risk, issuance costs and systemic risk. The data used contains daily trading data from the Colombian Electronic Market (MEC) since January 2005 to November 2009. The default probabilities are estimated from atransition matrix calculated by the two main risk rating agencies within the Colombian market.

“La construcción de la opinión pública digital en Colombia: Twitter y Juan Manuel Santos: un estudio de caso”

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar el papel de las redes sociales en el proceso de conformación de la opinión pública en Colombia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que se quiere comprobar es que las redes sociales han ejercido un papel de herramienta configuradora de agendas en el gobierno de Juan Manuel Santos. Las antiguas formas de comunicación como las tertulias en los cafés y las discusiones cara a cara se han reemplazado por las conversaciones “online”, modificando así los procesos comunicativos entre los individuos y la forma de producir opinión pública. Para llevar a cabo esta investigación es pertinente desarrollar los conceptos de opinión pública, esfera pública y redes sociales; además de hacer uso de un método de recolección y análisis de información cualitativo con herramientas cuantitativas como las encuestas, estadísticas y gráficas.

Relación de libros donados por la biblioteca pública de Santafé al Colegio Mayor del Rosario

La biblioteca pública de Santafé envía un inventario de libros duplicados de su colección como obsequio para el Colegio Mayor del Rosario. El rector José Joaquín de Guzmán y Franqui agradece la donación

Serie de Documentos. Facultad de Jurisprudencia N° 73. El sujeto jurídico indígena de la política pública para personas víctimas del conflicto armado ubicadas en Bogotá

Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.