601 resultados para IMPLEMENTACIÓN - GOBIERNO CORPORATIVO – COLOMBIA
Resumo:
La geografía colombiana es fuente de un sinnúmero de recursos socio-económicos y naturales así como también de amenazas a la población, ya que es un territorio propenso a ciertos fenómenos que desencadenan desastres, como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. Sin embargo, el Estado tiene una inmensa responsabilidad en la mitigación del riesgo de desastres que sufre la ciudadanía, pero las instituciones no han tenido la fortaleza para implementar políticas públicas eficientes que eviten que el impacto de estos fenómenos sea mayor. La presente monografía es un estudio de las políticas públicas en materia de desastres implementadas por el Estado, tomando como base los postulados del neo-institucionalismo y la teoría de Levitsky y Murillo sobre la fortaleza de las instituciones, reflejando una baja estabilidad y fuerza de implementación.
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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).
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La implementación del voto electrónico en Colombia, mandato legal originado en la Ley 892 de 2004 en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Política de Colombia, es el tema del presente trabajo, en el cual se hace un compendio histórico de la evolución del voto en Colombia, pasando a establecer los avances en el cumplimiento de la llamada por muchos “Ley de Voto Electrónico”, haciendo un recorrido por las actividades realizadas por la Organización Electoral, en especial, por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad gubernamental cabeza del proceso, donde se han cumplido algunas tareas encaminadas inicialmente a la realización de la prueba piloto que permita tomar experiencias para la implementación de dicho mecanismo. Así mismo, se hace una descripción de las dificultades tanto en Colombia como en otros países del mundo que han implementado el voto electrónico o lo están considerando. Un aspecto fundamental en el análisis son los estudios que tanto defensores como contradictores de este mecanismo de votación hacen, encontrando que con la misma fuerza se defiende y se ataca y que no hay una posición única, quizá la coincidencia está en que es un proceso que requiere de un alto grado de confianza de los actores involucrados, puesto que es lo que logra legitimarlo. Finalizando con las conclusiones, que dan cuenta de la realidad respecto a la viabilidad de la implementación del voto electrónico en Colombia.
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La reintegración social y económica de grupos y personas armados al margen de la ley es un tema polémico en el ámbito nacional como en el internacional. Aquí se intenta demostrar la debilidad del modelo de cooperación internacional en Colombia y su incidencia en el Programa de Reintegración de grupos y personas armadas al margen de la ley, partiendo de la precariedad institucional del modelo de cooperación internacional vigente durante el periodo 2002-2006, caracterizado por la limitada existencia de escenarios de coordinación, así como por la incidencia de externalidades políticas, económicas y diplomáticas. Se logra, de esta manera, evidenciar la presencia de vacíos institucionales que no permiten que la cooperación internacional dirigida a los procesos de reintegración tengan un adecuado manejo, así como el sentimiento de desconfianza que hay por parte de la comunidad internacional hacia los programas de reintegración, debido a los problemas estructurales del programa en sí, a su limitada cobertura, a errores de diseño y a las limitaciones en su implementación. Lo anterior, ha traído como consecuencia la formación de nuevos grupos armados al margen de la ley en las zonas donde ocurrieron las desmovilizaciones; de igual manera, la falta de cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho que esta desconfianza siga latente en el escenario de cooperación internacional.
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El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.
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De los 6.004 Km. de frontera terrestre de Colombia, 2.219 corresponden a los límites con Venezuela y 586 a los límites con Ecuador.1 Estas regiones se caracterizan por tener una amplia riqueza en recursos naturales y en especial de recursos hídricos, presentando éstos últimos fenómenos de estrés ambiental, como lo demuestran los casos analizados en el presente documento: la cuenca del río Catatumbo en la frontera colombo-venezolana, y las cuencas de los ríos Mira-Mataje, Carchi-Guáitara y San Miguel y Putumayo en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas cuencas presentan dificultades tales como el deterioro de la calidad del agua y alteraciones en la oferta hídrica natural causada por la extracción inadecuada de minerales, por los malos usos que se dan a otros recursos naturales como los páramos y la cobertura boscosa, y por el aumento de la demanda del recurso hídrico. Adicionalmente, las dinámicas del conflicto armado producen efectos adversos para el medio ambiente en estas regiones debido a la presencia de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de drogas ilegales, y a la voladura de oleoductos y gasoductos, principalmente. A la problemática socio-ambiental que se desarrolla en estas cuencas compartidas, se suma la carencia de esquemas de gestión binacional de los recursos hídricos que permitan mitigar el desgaste de los recursos naturales y contribuyan a la implementación de prácticas sostenibles para su explotación y a la solución de los problemas de inseguridad ambiental que se presentan en esta zona.
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El Plan de Ordenamiento Territorial es la herramienta por antonomasia de organización del territorio en Colombia. La forma como se diseñe y haga uso de él afecta de manera decisiva la capacidad de los municipios para responder a las actuales y futuras realidades urbano-rurales. En este sentido, resulta importante, e incluso necesario, reflexionar sobre la orientación que este instrumento ha tenido, con el propósito de establecer su funcionalidad y pertinencia. Un ejercicio de esta naturaleza requiere de un proceso de investigación que contemple los siguientes procesos: 1. Indagación sobre el estado del arte en la materia, lo cual implica revisar, no sólo la normatividad y las teorías que le dan sustento -principios y objetivos- al ordenamiento territorial, sino, además, los resultados obtenidos mediante las políticas aplicadas. 2. Evaluación de la implementación, los contenidos y la base teórico-conceptual de los planes. 3. Construcción de un diagnóstico integral a partir del cual se puedan realizar propuestas que mejoren la forma como se construye el territorio desde los planes de ordenamiento territorial. El presente documento forma parte de ese proceso inicial de investigación, y pretende describir a grandes rasgos la naturaleza, características y alcance de los planes territoriales, con el propósito de tener insumos para los procesos de análisis venideros. En él, se empieza haciendo un recuento histórico del ordenamiento territorial desde distintos énfasis, mostrando la evolución de las políticas estatales en la materia; se continúa con el marco jurídico en el que se sustenta hoy el ordenamiento territorial en el país; luego, se adentra en la Ley 388 de 1997 para dar a conocer su naturaleza, los principios que la rigen y las herramientas de las cuales se dispone para ordenar los territorios de los municipios; de inmediato se efectúa una revisión de la manera como estos planes se han implementado por las autoridades municipales y las dificultades y aciertos que en ese sentido han tenido. Finalmente se expone una reflexión del camino que debe seguir la investigación dado el panorama encontrado.
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La excesiva proliferación de partidos políticos y listas a las corporaciones públicas, permitidas por la debilidad normativa de la Constitución de 1991 y la suspicacia de los políticos colombianos, hizo necesaria una reforma política en el año 2003. Esta reforma, manifestada en el Acto Legislativo 01 de 2003, modificó el sistema electoral colombiano; los cambios más visibles modificaron la forma de conversión de votos en escaños, la forma de candidatura y modalidad del voto, y la creación una barrera legal. Estas modificaciones llevaron a la reagrupación de los partidos políticos, pero no necesariamente a su fortalecimiento, ya que no establece las herramientas necesarias para la transparencia y la democratización interna de los partidos, que conllevarían a su real institucionalización. El Partido Social de Unidad Nacional , partido de La U-, es creado después de la implementación de la reforma y consigue la mayor votación nacional en sus primeras elecciones. Pero, ¿lo convierte ese resultado electoral en un partido fuerte?.
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Este documento estudia la implementación y resultados de la Política de Seguridad Democrática en la frontera sur de Colombia, específicamente en los departamentos de Putumayo y Nariño, en el periodo comprendido entre 2002 y 2007. Adicionalmente, se examina cómo la polarización de percepciones frente a la situación de seguridad de la frontera de Colombia con Ecuador afectó el entendimiento del problema y el encuentro de posibles soluciones. Se encuentra que esto limitó estudios comprensivos de seguridad para la implementación de una agenda restringida de soluciones, afectó la legitimidad de las políticas gubernamentales y una clara comprensión de los límites, alcances y logros de la Política de Seguridad Democrática, y finalmente obstaculizó la ubicación de elementos comunes y antagónicos entre las diferentes visiones, importantes para construir una agenda restringida y concertada de políticas que atendieran los problemas de la frontera de Colombia con Ecuador. La metodología seguida es en primera instancia estudiar las amenazas de la frontera sur de Colombia, tanto como sus dificultades legales, políticas y geográficas, intensificadas tras el inicio del Plan Patriota en 2004. Posteriormente se mide el impacto de la implementación de la PDSD en los dos departamentos frontera y se estudia cómo la política fue efectiva en la recuperación del territorio y en la consolidación de la Fuerza Pública. En último lugar se analizan algunas propuestas en torno a la idea de que la realidad de los departamentos de Putumayo y Nariño requiere tanto de gasto en defensa como de inversión social.
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Esta monografía pretende comparar la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia (1960-1975) con la Política de Defensa y Seguridad Democrática propuesta por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el periodo (2002-2006). A partir de lo anterior se plantean como sus propósitos particulares: exponer los elementos que influyeron en la formulación de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia (1960-1975) a la luz de la teoría de Sistemas de David Easton; describir los factores que influyeron en la formulación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática propuesta por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el periodo 2002-2006, a la luz de la teoría de Sistemas; establecer las diferencias y similitudes entre la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia y la Política de Defensa y Seguridad Democrática, mediante la utilización del método comparativo.
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Esta monografía busca responder a las preguntas acerca de la responsabilidad política, su concepto, sus sujetos, su efecto, entre otras y su relación con el proceso de consolidación democrática en Colombia. Particularmente, pretende analizar si la responsabilidad política ha sido un elemento importante para generar el proceso de consolidación de la democracia colombiana durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el período 2002-2008.
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Debido al alto riesgo que presentan los trabajadores que están expuestos a adquirir enfermedades infecto contagiosas en nuestro medio, se determina la necesidad de evaluar el modelo administrativo de atención para riesgo biológico que se implemento en una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) en Colombia, con el fin de establecer medidas para el manejo pertinente y oportuno del evento, así como el seguimiento de los trabajadores, buscando disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades de alto costo como VIH, Hepatitis B y Hepatitis C, y de esta manera generar un impacto positivo en la atención y administración de los recursos. Para ello se realiza un análisis de datos de la población afiliada a la ARP que reportaron un accidente de riesgo biológico durante el 2009, y se realizan comparaciones de variables entre los casos positivos del primer período, comprendido entre los meses de enero y junio de 2009, y los que se presentaron posterior a la implementación del nuevo modelo de atención, período comprendido desde julio hasta octubre del 2009. Se encontró que el género masculino fue el más afectado, los departamentos con mayor reporte de casos fueron Atlántico y Bolívar, el sector económico más afectado fue el de recolección de basura y las lesiones fueron provocadas en su mayoría por objeto cortopunzantes. Con el nuevo modelo se evidenció un cambio positivo en términos de pertinencia, oportunidad de aviso y calificación del evento, en cuanto a costos se encontró que, por el momento, los períodos no son comparables por la variabilidad en tiempo, sin embargo, se proyecta un cambio positivo, no solo por los costos cuantificables, sino por los costos indirectos.
Resumo:
La presente monografía analiza el proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia y su incidencia en la reintegración de excombatientes, y tomo como caso de estudio a Medellín, durante el periodo 2006-20008. Para lograrlo en el primer capítulo se estudia el término negociación para conocer su significado y las implicaciones que tiene su utilización para después realizar una breve descripción del conflicto armado colombiano. Posteriormente se explica el caso concreto de Medellín, y se analizara el desarrollo la negociación en Colombia (2002-2005). En un segundo capítulo se examina la noción de reintegración contextualizándola en el caso de Medellín. Mientras que en el tercer capítulo, se identifica la relación de estos dos procesos y su incidencia en la reintegración de excombatientes en la ciudad de Medellín. Así, en primer lugar se expondrán las fallas de tipo estructural que impidieron una adecuada negociación entre el gobierno nacional y las AUC. Posteriormente se analizará el rol de la sociedad civil colombiana y la participación de la comunidad internacional en el proceso de negociación y en la posterior reinserción y reintegración de los excombatientes.
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La presente investigación pretende analizar la manera como los lineamientos de la Organización de Naciones Unidas, en el tema específico de la lucha contra el virus del VIH/SIDA, han logrado incidir en las determinaciones de la política interna del Estado Colombiano para la lucha contra el VIH/SIDA. Este estudio resulta interesante desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales, por que explica como las instituciones internacionales a partir de la creación de un régimen internacional, logran influir en el comportamiento de los Estados en temas específicos, los cuales, para este caso son las políticas públicas que ha realizado el Estado colombiano con el propósito de tratar a las personas que han contraído el virus en el país Las instituciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), han permitido el establecimiento de relaciones de cooperación entre los Estados, en la medida que se han configurado como espacios multilaterales de dialogo cuyo propósito es dar solución a problemas comunes que afectan y ponen en riesgo al sistema internacional. En dicho proceso de diálogo y negociación multilateral, se ha consolidado la creación de un régimen internacional, a partir del cual, los Estados participantes pueden llegar a acogerse voluntariamente influyendo dicha decisión en la elaboración de sus políticas internas.
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Una de las dificultades que enfrentan las grandes urbes, es manejar todo aquello que resulta del consumo diario de su población como lo son los residuos sólidos. Frente a esto los gobiernos, en su voluntad por transformar comportamientos, determinan las reglas de juego introduciendo políticas públicas que permitan modificar situaciones percibidas como insatisfactorias y problemáticas. Muchas veces aunque exista un universo normativo este no logran materializarse, evidenciando una brecha entre lo que se supone deben hacer los ciudadanos y lo que realmente hacen. Por lo anterior, involucrar los hábitos, concepciones e imaginarios colectivos en el análisis de la incidencia del comportamiento ciudadano en la implementación de la política pública en Bogotá en materia de residuos sólidos permite indagar sobre los hábitos y prácticas ciudadanas y su incidencia cuando de implementar una política pública sobre residuos sólidos se trata.