La participación en la gestión ambiental : Un reto para el nuevo milenio

En la vida democrática moderna la participación ha adquirido una importancia fundamental. La idea de la participación indirecta y del papel inactivo de las personas y de las comunidades mostró su carácter insuficiente para resolver las complejidades de los asuntos contemporáneos y las necesidades de las naciones. Los cambios que se han dado en los últimos tiempos proponen un Estado que se relaciona de manera más directa con el ciudadano, con el cual toma además las decisiones a través de procedimientos de incidencia real y eficiente. La participación pasa a ocupar un puesto muy importante en la gestión del Estado, no solo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sino también con la cogestión, el seguimiento y la evaluación de las mismas. Sin embargo, no basta con que el derecho a la participación sea reconocido: también se hace necesario el establecimiento de escenarios para su ejercicio como una obligación por parte del Estado. La participación es el cimiento del Estado y de la democracia; un deber y un derecho que se sustenta en el principio de solidaridad y en la unión de las comunidades en pos de un objetivo o de la integración de todas las personas en la construcción de un mejor país. El derecho a la participación es un derecho de primera generación correspondiente a los derechos civiles y políticos. En temas ambientales, una regla importante para orientar la actividad del Estado es la incidencia ciudadana en todos los ámbitos, desde las acciones de ordenamiento ambiental hasta las que tienen que ver con la investigación, con programas de control y protección de recursos, en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales y en la planeación ambiental, entre otros. De esto se ha tenido conciencia desde la expedición del Código de Recursos Naturales en 1974, cuando se señaló que la actividad del Estado debería inducir a un manejo participativo, por cuanto se postula como regla de administración que debe promoverse la formación de asociaciones y de grupos cívicos para lograr la protección de los recursos naturales renovables y su utilización adecuada, con base en el estudio de las relaciones de la comunidad con tales recursos. Un componente importante para generar gobernabilidad es la participación de los diferentes actores sociales,1 la cual permite además una gestión ambiental planificada y evita la utilización de espacios judiciales para la defensa del derecho a gozar de un medio ambiente sano y para garantizar la inclusión en los programas, proyectos y decisiones en la materia. No obstante la importancia de esta fi gura, hoy se encuentran dificultades en su accionar, como la falta de educación, la ignorancia (se cree que solo se participa a través del voto) o el desconocimiento de los diferentes espacios y mecanismos de participación. Las posibilidades de intervención o manipulación que se presentan en muchos casos en el ejercicio de la participación, hacen que hoy exista desconfianza en la utilización de estos instrumentos y en las autoridades. Hoy se presenta el fenómeno del desencanto y la decepción en el ejercicio de la participación que obedece al fracaso y a la injerencia de intereses privados. Por esta razón, la participación termina viéndose como una demagogia dado que se ha legislado mucho al respeto pero no se han ejercido estos mecanismos o cuando se hace, terminan las comunidades por encontrar otros intereses en las decisiones finales. En materia ambiental, en Colombia en las últimas décadas se han establecido diferentes mecanismos y espacios de participación a través de los cuales se busca hacer realizar el derecho a gozar de un medio ambiente y garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarles. Sin embargo, los altos costos y los escasos resultados evidencian una deficiencia en su implementación lo cual incentiva el uso de mecanismos como las acciones populares. Después de la Constitución Política de 1991, que promovió los derechos ambientales y la democracia participativa, de la institucionalización del sector público encargado de estas materias con la creación del hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la reorganización del Sistema Nacional Ambiental a través de la Ley 99 de 1993, es necesario ver qué ha pasado con el principio según el cual la acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. La Universidad del Rosario, a través de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, viene trabajando en desarrollo del principio de participación ambiental a través de diferentes proyectos, en especial sobre los temas que tienen que ver con los mecanismos de tipo administrativo y judicial, mediante los cuales es posible hacerse parte en procesos como el de otorgamiento de una licencia o un permiso ambiental. Este documento contiene los resultados del proyecto de investigación financiado por el Fondo Institucional de la Universidad del Rosario, cuyo objetivo general es realizar una evaluación al ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para el otorgamiento de licencias ambientales en Colombia. Para ello se analizó el esquema conceptual y la caracterización constitucional, legal, política, social y cultural del derecho a la participación ambiental en Colombia; se señaló la naturaleza jurídica y los efectos de los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental, para de esta forma poder analizarlos dentro de los procedimientos administrativos. Adicionalmente, con este proyecto, cuyos resultados se presentan a continuación, se pretende determinar cuáles eran los espacios de participación dentro de los procesos administrativos para el otorgamiento de una licencia ambiental y así establecer la posibilidad de emplearlos y su capacidad de incidencia en las decisiones ambientales. A través de este documento se podrá identificar el impacto de la participación en la gestión ambiental y la situación de este ejercicio en Colombia. El estudio realizado permite además establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa en materia ambiental. En este punto, y previo a la exposición de resultados, es preciso anotar que la totalidad del análisis que se realiza a continuación tiene como base información oficial suministrada por parte de las instituciones ambientales estatales correspondientes y que los documentos de soporte se encuentran debidamente archivados y disponibles en la Línea de Investigación para cualquier tipo de verificación. Los estudiantes que hacen parte de la Línea de Investigación han venido apoyando el proceso de recopilación y análisis de información. Este trabajo ha consistido en acceder directamente a algunos de los expedientes de estudio en las autoridades ambientales, tomar copias de la información relevante y diligenciar las guías de sistematización y análisis de los documentos. La metodología utilizada tiene como objetivo principal identificar las situaciones que tienen que ver con el ejercicio de los mecanismos de participación que hemos venido presentando y efectuar un análisis de las principales confrontaciones o problemáticas que se presentan entre la sociedad civil, las autoridades y los dueños de los proyectos por la ejecución de estos proyectos. Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero tiene que ver con los antecedentes y la contextualización en el ámbito jurídico nacional e internacional de la participación, desde las primeras formas de participación hasta lo acontecido en los últimos años en materia constitucional y legislativa. El segundo capítulo hace referencia a las clases, tipos, niveles, mecanismos y espacios de la participación, incluyendo de manera específica aspectos reglamentarios y jurisprudenciales. El tercer capítulo, de manera específica, se adentra en el análisis y conceptualización de la participación en materia ambiental. Aquí se hace referencia a la participación ambiental en el marco del derecho comparado y se establece el panorama, los elementos y espacios de incidencia de las comunidades en la gestión ambiental. En el cuarto capítulo se estudia el ejercicio de la participación administrativa ambiental en los procesos para las actuaciones administrativas, donde tienen competencia las autoridades ambientales, en especial la participación en el otorgamiento de licencias ambientales. Con este documento se pretende contribuir a la divulgación y al conocimiento de los diferentes mecanismos de participación ambiental, esperando que este sirva a las comunidades y a las autoridades ambientales para tomar los correctivos necesarios que permitan la concreción de espacios en los procedimientos y en la incidencia en la toma de decisiones ambientales. Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 estableció el compromiso del Estado de promover la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales que les incumben a las comunidades o a las personas en general, podemos ver como resultado de este proyecto de investigación que los espacios y mecanismos de participación no son suficientemente conocidos y ejercidos por la sociedad en general. Tampoco son promovidos por las autoridades ambientales. Evidencia de esta problemática se encuentra en los continuos conflictos o confrontaciones que se presentan cuando una empresa, o incluso el Estado, desea realizar un proyecto y encuentra oposición por parte de las comunidades que carecen del conocimiento de los mismos o que conociéndolos de fondo, no son tenidos en cuenta. Se encuentra en muchos casos escasa información y divulgación de los proyectos y de los programas de desarrollo que propone el gobierno nacional, o también que muchos de estos proyectos no atienden las necesidades e intereses de las comunidades que habitan el área de influencia de los mismos y además que sus reclamos no son escuchados en el proceso de toma de decisiones. Hoy el reto está en buscar solución para que se dé una verdadera participación, a través de programas que permitan difundir entre las comunidades el conocimiento de la democracia participativa y promover el fortalecimiento de la sociedad civil y de sus organizaciones para que la participación sea eficaz y permita construir de manera colectiva a un mejor país. La consigna debe ser: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.

Consentimiento informado como una forma de institucionalización de la autonomía

En general, las formas de interacción entre los seres humanos que están mediadas por referentes tales como: las costumbres, las tradiciones, la educación, la política y la ética, se preservan a través de la institucionalización. Lo que implica la creación de normas reguladoras de las acciones humanas mediante códigos de ética y deontológicos. En el ámbito médico aparecen procedimientos como el consentimiento informado, cuyo fin es garantizar que se respete al paciente el derecho a conocer la realidad de su situación médica y a tomar decisiones acerca de procedimientos que se deben realizar. El desarrollo de este texto busca reconocer en el consentimiento informado una forma de institucionalización de la autonomía. Ahora bien, según esto la pregunta que orientará este documento es ¿cuál es la naturaleza de esa autonomía que institucionaliza la práctica del consentimiento informado?

La integración escolar una experiencia en el gimnasio moderno

Ha sido nuestro interés desarrollar un Proyecto de Aplicación Práctica que permita realizar un aporte a partir del análisis del programa de integración escolar en el Gimnasio Moderno, como una respuesta a la necesidad de continuar trabajando a favor de los niños y jóvenes con discapacidad, respecto a la atención educativa. El Gimnasio Moderno desarrolla desde el año 2001 un proceso formal de atención educativa a estudiantes con discapacidad, como producto de una historia que resalta la filosofía humanística y la preocupación por responder a las necesidades educativas especiales de sus alumnos. El resultado del trabajo que presentamos a continuación, corresponde a la exploración de la experiencia de integración escolar en el Gimnasio Moderno, que recoge por una parte, la revisión teórica acerca de los conceptos más relevantes alrededor de este tema.

La integración escolar una experiencia en el gimnasio moderno

Este proyecto presenta una descripción y análisis de los avances respecto a la experiencia de integración escolar, que adelanta el colegio Gimnasio Moderno, con relación a su estructura, proceso y resultados, y proponer a través del análisis y otros referentes teóricos herramientas para avanzar en el proceso. El programa de integración escolar en el Gimnasio Moderno es el resultado de una experiencia educativa marcada por su filosofía humanista y por el reconocimiento de la diferencia, la diversidad y el respeto de los ritmos de desarrollo y distintos estilos de aprendizaje. El resultado del trabajo que presentamos a continuación, corresponde a la exploración de la experiencia de integración escolar en el Gimnasio Moderno, que recoge por una parte, la revisión teórica acerca de los conceptos más relevantes alrededor de este tema, (los planteamientos legislativos que se han promulgado, el desarrollo de algunos modelos que han sido planteados para la atención a dicha población, así como el tema de la integración escolar y el concepto de flexibilización curricular).

Diagnóstico de las condiciones normativas de radioprotección en los laboratorios de medicina nuclear en Santa Fe de Bogotá, durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 1998

La Organización Mundial de la Salud define la Medicina Nuclear como una especialidad que se ocupa del diagnóstico, tratamiento e investigación básica o clínica mediante el uso de trazadores radiactivos en medicina cuyo origen estuvo dirigido a estudios dinámicos y funcionales, realizado por primera vez en seres humano por Hevesy en 1.935. En Colombia, la medicina nuclear nace el 28 de julio de 1.955 cuando el Dr. Jaime Cortazar administra la primera dosis de I-131 en un paciente con hipetiroidismo en el Instituto Nacional de Radium, hoy en día conocido como el instituto Nacional de Cancerología. La primera gamacámaras, llegaron al país en la década de los años 70 como parte del Plan nacional hospitalario y fueron instaladas en el Instituto Nacional de Cancerología, y el hospital Militar Central, donde surgieron las primeras escuela de Medicina nuclear del país. En la actualidad, el Hospital de San José y la Fundación CardioInfaltil, también ofrecen esta profesión.

Estudio de factibilidad para el montaje de una microplanta inyectora de caucho

El proyecto que se desarrolla a continuación está dirigido a la reconversión industrial de una fábrica productora de empaques de caucho, cuyo proceso actual es el de vulcanización y se estima migrarlo al de inyección a través de la adquisición

Ingreso a la carrera administrativa

El origen de la Carrera Administrativa lo encontramos en Francia en el siglo pasado cuando surgió la preocupación de modernizar el Estado y así obtener un mayor rendimiento de la fuerza laboral, cuyo costo aumentaba día a día, motivo por el cual

Irán: una democracia factible

Entender desde una tribuna occidental las causas internas y externas de esa contradicción en el Irán de hoy cuyo objetivo general es determinar qué condiciones favorables al establecimiento de las instituciones democráticas presenta la República

La audiencia preparatoria en el código de procedimiento penal colombiano

La ley 600 de 2000 consagra en el ordenamiento procesal colombiano una figura que aunque nueva en nuestro medio, no lo es en otras latitudes, como es la audiencia preliminar, cuyo estudio comparado se aborda en este trabajo

Lineamientos básicos para un plan de mejoramiento y sostenibilidad de la cátedra UNESCO Gestión Integral del Patrimonio.

La Cátedra UNESCO “Gestión Integral del Patrimonio” de la UniversidadNacional de Colombia es una cátedra de carácter cultural cuyo objetivo principal es“Promover un sistema integrado de actividades de investigación, formación ydocumentación de la gestión integral

Modelo de prevención en el taller de molduras Peldar S.A.

Teniendo en cuenta el sistema general de riesgos profesionales, expresado en la ley 100de 1993 y estructurado mediante el decreto ley 1295 de 1994, cuyo propósito incluye laprevención de riegos y la elaboración de programas de salud ocupacional, se considerade gran importancia la evaluación de las condiciones de bienestar físico, mental y socialde los trabajadores de la industria del vidrio, específicamente del Taller de Molduras dePeldar S.A. como medio para lograr una mejor productividad.

Percepción del riesgo en trabajadores de la mina de carbón la morena

Los diferentes estudios realizados en el sector de minería de carbón hablan de problemáticas específicas en salud que afectan a la población trabajadora y otros con enfoque del impacto social y económico que tiene este tipo de actividad. Uno de los estudios fue realizado en la zona minera del valle de Ubaté, cuyo objetivo fue determinar los factores de riesgo de carga física y postura forzada, relacionados con alteraciones osteomusculares en mineros. Realizado por Edgar Humberto Velandia Baca, Médico especialista en Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo y Juan José Muñoz Robayo, Médico especialista en Epidemiología y Medicina del Trabajo. La metodología que se utilizo para el estudio fue de corte transversal. 49 mineros fueron evaluados de acuerdo con el tipo de manto de las minas de carbón y con el puesto de trabajo. Para la valoración de las condiciones de salud de los trabajadores se diseñaron dos instrumentos de evaluación: el de historia clínica y laboral y el formato de registro de condiciones osteomusculares, los cuales fueron aplicados por un médico fisiatra. Para la valoración de la carga física y la postura se utilizó el método OWAS (Ovako Working Posture Analysis System).

Responsabilidad de los funcionarios administrativos en el otorgamiento de licencias ambientales caso URRA I

El medio ambiente es hoy por hoy un sujeto más de derecho en nuestra comunidad, haciéndose acreedor de derechos, que, le son garantizados a través de normas cuyo fundamento es el bienestar de la comunidad y la garantía de la existencia de un medio

El creyente religioso como un animal esperanzado: Wittgenstein y la creencia religiosa

Este trabajo pretende hacer una terapia, propia de la metodología sugerida por el segundo Wittgenstein, respecto de la visión que sostiene a la creencia religiosa como una creencia cuyo contenido es empírico, proponiendo que dicha visión debe ser disuelta y dando como posibilidad en cambio una nueva analogía que lleve a su comprensión a través de contextos de esperanza.

La eficiencia administrativa frente a los derechos laborales adquiridos, en la escisión del instituto de seguros sociales

Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el ISS prestaba los servicios de salud a los asalariados del sector privado en un monopolio que no le exigía ningún esfuerzo. El déficit acumulado por la falta de los aportes de la nación previstos en la Ley 90 de 1946 y los cambios en su naturaleza jurídica no le permitieron asumir el reto de la libre competencia de los actores dentro del sistema, por lo que su gestión fue cuestionada por los organismos de control y por varios fallos judiciales adversos que profundizaron su crisis financiera, sumado a los altos costos laborales por los beneficios de la convención colectiva de trabajo, cuyos mayores beneficiarios eran los servidores de las clínicas y CAA, llevando a la formulación del Documento Conpes 3219 del 31 de 2003 denominado “PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SALUD”, cuyo resultado fue la expedición del Decreto 1750 de junio 26 de 2003, que ordenó la escisión de la vicepresidencia prestadora de servicios de salud, clínicas y centros de atención ambulatoria (CAA) y la creación de siete empresas sociales del Estado. La escisión produjo cambios significativos en materia laboral para los servidores que hasta esa fecha laboraban en calidad de trabajadores oficiales del Instituto ya que fueron incorporados automáticamente a las plantas de personal de las nuevas empresas en calidad de empleados públicos, con excepción de los que desempeñaban cargos directivos o funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y servicios generales, considerados trabajadores oficiales; cuyo régimen salarial y prestacional es el estipulado para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional (artículos 16 y 18), lo que condujo al aparente desconocimiento de los derechos adquiridos por estos servidores en materia de negociación colectiva. El Decreto 1750 de 2003 fue demandado por vulnerar el ordenamiento superior y, en sentencias de control de constitucionalidad y desde la teoría de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional estimó que el artículo 18 era restrictivo por hacer referencia solo a los derechos adquiridos en materia prestacional sin contemplar los relativos a materia salarial y los contenidos en convenciones colectivas de trabajo. Al existir entre el Instituto de Seguros Sociales y sus trabajadores una convención colectiva de trabajo vigente, de conformidad con las Sentencias C-314 de 2004 y C 349 de 2004, la Corte Constitucional indicó que dicha convención debía aplicarse a los servidores de las nuevas entidades por el tiempo de su vigencia.